La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados ha publicado el dictamen que recoge las principales conclusiones y recomendaciones de los cuatro grupos de trabajo: Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, Reactivación Económica, Sanidad y Salud Pública y Unión Europea.

La Plataforma de Infancia junto con organizaciones de infancia comparecieron el pasado 29 de mayo en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados. En esta comparecencia se insistió en la necesidad reforzar las políticas de infancia con el fin de reducir las desigualdades ya existentes antes de la crisis del COVID-19.

En lo que respecta a la infancia, el dictamen alerta sobre el riesgo de que la crisis post-COVID vuelva a tener un fuerte impacto sobre las generaciones más jóvenes y señala que niños y niñas han sido uno de los colectivos más expuestos a situaciones de adversidad en esta crisis. Además, destaca que el confinamiento, el cierre de escuelas y el estrés familiar en los hogares han sometido a segmentos de la infancia a situaciones en que su seguridad y bienestar pueden quedar comprometido.

Asimismo, el dictamen apunta como especialmente virulentas las consecuencias para los niños y niñas tutelados, refugiados y víctimas de abusos y violencia, para quienes esta crisis ha multiplicado exponencialmente las condiciones de sufrimiento y vulnerabilidad. Según el dictamen, en estas situaciones están en juego no solo el cumplimiento de sus derechos específicos como niños y niñas, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también sus oportunidades vitales.

El dictamen pone el acento en el crecimiento de una generación de niños y niñas que han vivido en muchos casos ya en esta década una crisis económica que comprometió́ gravemente su bienestar y oportunidades, y que pueden afrontar ahora un nuevo ciclo recesivo en que no se dispongan todavía de mecanismos de protección adecuados.

Para abordar las consecuencias negativas de esta situación, el dictamen formula diversas recomendaciones en materia de infancia e insta a los poderes públicos a tomar las siguientes medidas:
  • Asegurar, en coordinación con las comunidades autónomas, la alimentación de niños y niñas vulnerables durante el curso escolar mediante la aprobación de un umbral de renta estatal que garantice el derecho a esta alimentación en todo el territorio nacional.
  • Adecuar el programa VECA a las condiciones de la “nueva normalidad” con el fin de asegurar el verano escolar y una alimentación saludable de los niños y niñas en situación vulnerable.
  • Adoptar las medidas necesarias para prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias y asegurar una disponibilidad suficiente de apoyo y asistencia, especialmente en caso de las familias con niños en situaciones desfavorecidas.
  • Incrementar el apoyo y acompañamiento a las familias de acogida, y agilizar trámites y valoración en las situaciones de retirada de la guarda y custodia, asegurando al máximo y priorizando siempre el interés y la seguridad de los y las menores.
  • Impulsar la atención temprana para todos los niños de 0 a 6 años. Desarrollar un sistema de atención temprana universal, gratuita, integral y de calidad para toda la infancia que lo necesite y sus familias de manera que se provean los servicios y recursos necesarios independientemente del lugar donde residan.
  • Elaborar, en el marco del diálogo social, una propuesta de “tiempo de trabajo corresponsable”, que deberá incluir una reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género.
A pesar de estas recomendaciones, lamentablemente el dictamen no menciona importantes medidas propuestas por las organizaciones de infancia en su comparecencia, como la adopción de una prestación orientada a apoyar a las familias más vulnerables en la crianza de los hijos e hijas. El dictamen se remitirá al Pleno del Congreso de los Diputados el próximo día 17 de julio, para su debate y aprobación.