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MasOrange y UNICEF España se unen por los derechos de la infancia en el entorno digital

UNICEF España y MasOrange, a través de su marca Orange, han firmado una colaboración estratégica para impulsar la defensa de los derechos de la infancia y proporcionar a los niños, niñas y adolescentes un entorno digital seguro y responsable.


CORRESPONSABLES

21 de enero de 2025



Fuente: MasOrange

Esta innovadora alianza, que se ha firmado para los próximos tres años, busca también promover una conectividad inclusiva a nivel internacional, contribuyendo a cerrar la brecha digital de menores en el uso de la tecnología en países en situación de vulnerabilidad.


La alianza alcanzada entre MasOrange y UNICEF España es la primera que se realiza en nuestro país entre una empresa de telecomunicaciones y esta organización con la intención de inspirar al sector de la tecnología en España para seguir creando un entorno digital que permita garantizar la protección, educación y participación de los niños, niñas y adolescentes en un entorno digital seguro.


Compromisos de MasOrange, como líder del sector, por establecer y potenciar los estándares más altos en la protección del menor


Gracias a este acuerdo, el Grupo MasOrange se compromete a:

  • Integrar a los menores como grupo de interés de la empresa: con el fin de que sus derechos sean tenidos en cuenta en el ámbito empresarial para establecer y potenciar los estándares más altos en lo que a su protección se refiere.
  • Evaluar el impacto que tiene la actividad de la empresa –sus productos y servicios– en el desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes: se asegura que las necesidades de los menores sean consideradas y que el entorno digital tenga una influencia provechosa en su crecimiento, aprendizaje e interacción social, con el apoyo de los recursos y guías de UNICEF hacia el sector.
  • Sensibilizar y movilizar a los clientes de MasOrange y a la sociedad en su conjunto en la importancia de una conectividad segura para los menores, fomentando un compromiso colectivo con la protección de la infancia y la adolescencia en el ámbito digital.
  • Trabajar conjuntamente con las instituciones, sociedad civil y otros actores clave con el objetivo de que las leyes y regulaciones garanticen los derechos de los menores en el entorno digital.
Giga, una iniciativa internacional para conectar todas las escuelas del mundo a Internet

La alianza, desde su compromiso con la equidad y los derechos de la infancia a nivel global, también apoyará Giga, una iniciativa internacional liderada por UNICEF junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), que busca garantizar la conectividad a Internet en todas las escuelas del mundo en 2030, de forma que los estudiantes puedan mejorar en su acceso a la educación, información y oportunidades de futuro.


Casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, y uno de cada 10 son jóvenes. Esto supone una brecha digital que limita el desarrollo y las oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes. Giga está contribuyendo progresivamente a cerrar esta brecha y, hasta el momento, ha mejorado el acceso a Internet de más de 12 millones de estudiantes. El proyecto es una referencia de cómo la suma de capacidades y know-how del sector público y privado es capaz de acelerar el acceso urgente a la educación de las nuevas generaciones.


José María Vera, Director Ejecutivo de UNICEF España, ha destacado la importancia de unir fuerzas para velar por los derechos de la infancia, también en el ámbito digital. “El entorno digital puede generar riesgos para los niños, niñas y jóvenes, pero al mismo tiempo no podemos obviar las oportunidades de aprendizaje que brinda para que puedan prosperar. Es esencial escuchar la voz de los niños y adolescentes, y fomentar un diálogo abierto con familias y educadores. Involucrar al sector privado es fundamental y, por ello, esta alianza es un paso crucial para garantizar sus derechos y promover un entorno digital más seguro y justo para todos”.


“La colaboración con MasOrange representa una oportunidad única para generar cambios significativos en la industria tecnológica y avanzar en la protección de la infancia en el mundo digital tanto en España como en el mundo”, ha concluido José María Vera.


Por su parte, el Consejero Delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha afirmado que “en Masorange, como líder del sector en España, estamos comprometidos con el uso responsable de la tecnología entre nuestros jóvenes de forma que esta se convierta en una oportunidad de crecimiento, educación y entretenimiento y promoviendo un uso seguro, responsable y provechoso para todos”.

Lo que dice la evidencia científica sobre el porno en menores: “Las restricciones no funcionan”

Los expertos coinciden en que las medidas para restringir el acceso al porno de los menores anunciadas por el Gobierno no abordan el problema principal, la preocupante falta de educación sexual entre los más jóvenes



eldiario.es

Antonio Martínez Ron

4 de julio de 2024






El anuncio del ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, de la implantación de un proceso de verificación de la edad para impedir el acceso a pornografía online por parte de los menores ha dado lugar a una encendida polémica sobre los aspectos tecnológicos y de privacidad, pero también sobre el nivel de evidencia científica en el que se basan. ¿Es cierto que existe una relación directa entre el consumo de porno y actitudes sexistas? ¿Es la causa de un aumento de la violencia sexual, como argumenta el ministro?

En lo referente a la primera cuestión, numerosos estudios muestran vínculos consistentes entre el uso de pornografía y una mayor cosificación sexual y creencias más estereotipadas sobre los roles de género. “El 90% de los jóvenes cree que el porno es fiel a la sexualidad real y para 1 de cada 3 es su única fuente de información afectivo-sexual”, insistió Escrivá, una circunstancia que todos los especialistas coinciden en que hay que evitar, en especial en lo que se refiere a los contenidos más violentos. Sin embargo, el ministro vinculó la pornografía con el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores, cuando la evidencia científica no es suficiente. 


“La evidencia de una relación causal entre la exposición a la pornografía y la agresión sexual es escasa y, en ciertos momentos, puede haber sido exagerada por políticos, grupos de presión y algunos científicos sociales”, concluye una de las revisiones sistemáticas más completas sobre los efectos del porno en la población general. Una revisión de 2016 centrada en el consumo de pornografía en adolescentes durante 20 años concluyó también que el porno “está relacionado con actitudes y conductas sexuales, pero la causalidad no está clara”. 


El principal escollo para alcanzar conclusiones es la escasez de estudios sobre el efecto de la pornografía, en parte por un “estigma general en las ciencias sociales hacia la ciencia sexual”. Los efectos relacionales del uso de la pornografía no se comprenden completamente y es probable que haya moderadores importantes que no se hayan considerado del todo, resumen los metanálisis sobre el tema.


¿Pánico moral o alarma justificada?


Para algunos especialistas, como el psicólogo Ramón Nogueras, el debate está trufado de prejuicios e ideas erróneas. “Todo este pánico moral en torno al porno no está fundamentado en la evidencia”, asegura. Nogueras cita otros argumentos que rebajan la alarma social sobre este tema. En primer lugar, enumera, hay estudios que sugieren que la relación entre la disponibilidad de pornografía y la violencia sexual es inversa: se asocia con una menor agresión sexual a nivel de población. Por otro lado, y contrariamente a la creencia, no es cierto que el porno sea cada vez más violento, sino que la mayoría de usuarios prefieren un porno suave y más mainstream. Y, finalmente, hay pruebas aplastantes de que la edad media de inicio de relaciones sexuales en jóvenes siguen siendo los 14 años, aunque el ministro citara los 8-11 años (el malentendido se perpetúa por un informe de la UIB que documenta los 8 años como el caso más extremo en la parte baja del registro).


Otros especialistas, como Alejandro Villena, psicólogo, sexólogo y coordinador técnico de la campaña “Hablemos de… Sexualidad” del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, se sitúan en el otro extremo. En su opinión, que no se haya demostrado causalidad entre porno y violencia sexual no significa que no tenga un efecto. “Muchos estudios de revisión sistemática no encuentran conclusiones sólidas por los problemas metodológicos, no porque no haya esta relación”, defiende. Villena cree que el consumo de pornografía es una práctica nociva y de riesgo que tiene impacto en diferentes niveles: agresividad, estereotipos de género, machismo, conductas sexuales de riesgo, uso irresponsable del preservativo, posible desarrollo de adicción, así como un aumento de la soledad y alteración de las expectativas y creencias sobre el sexo. “Merece la pena cambiar la conciencia colectiva de que el porno es un juego o una forma más de obtener placer”, asegura a elDiario.es


En la misma línea se manifiesta el psicólogo José Luis García, autor del libro ‘¿Hablamos de porno?’. “Creo que hay suficiente evidencia científica para que nos tomemos en serio este problema”, afirma. Aunque reconoce que no hay ningún estudio que establezca una relación de causa-efecto y que intervienen muchos más factores en la violencia sexual, está convencido de que el porno produce adicción, alteraciones cerebrales y problemas de pareja. “Un informe del Senado francés decía que el 90% de los vídeos pornográficos contienen violencia sexual”, cita. El psicólogo subraya que en una buena parte de estos vídeos aparecen conductas violentas como ofrecer dinero a una chica por la calle, escupir, tirar de los pelos, felaciones con arcadas e incluso tortura sexual. “La prueba de que hay contenidos inadecuados en línea es que en 2020 Visa y Mastercard le dijeron a Pornhub que si no quitaba los vídeos robados no permitirían el pago en la plataforma y al día siguiente desaparecieron 10 millones de vídeos”, recuerda.


La sexóloga Laura Morán, en cambio, cree que una parte del discurso antiporno tiene un halo de puritanismo. “Violencia sexual siempre hubo y antes no se accedía al porno”, señala. A su juicio, cuestionar que a una persona le pueda erotizar que le tiren del pelo es confundir fantasía con realidad . “Están demonizando la creatividad erótica del ser humano”, recalca. “Si hay consentimiento, y deseo, me pregunto cuál es el problema”. 


Las restricciones no funcionarán 


Para Morán, el principal problema que produce el consumo de porno en menores y adolescentes es la falta de información, porque genera expectativas que no son reales. “Los chicos aprenden que es así como se trata a una chica sin que nadie les diga que eso no funciona así”, explica. “A un niño pequeño cuando empieza a ver Supermán le explicas que él no va a volar. En multitud de ámbitos explicamos a los menores que lo que están viendo es ficción, es curioso que lo hagamos con todo menos con el sexo”. Por eso considera que el plan del Gobierno carece de la pata más importante, que es una buena campaña de educación sexual, y no solo a un público juvenil, sino desde la infancia. 


El gran problema del abordaje anunciado por Escrivá es, para la sexóloga, que los menores no van a dejar de buscar porno por estas limitaciones y lo harán a través de medios incluso más peligrosos. “En psicología decimos que la restricción conlleva el atracón: restringirles el uso les va a llevar a querer buscarlo de forma más desesperada, y se van a exponer a otros medios que son peores”, argumenta . “La herramienta eficaz aquí es la educación sexual, no es la restricción, porque la restricción se la van a saltar”, añade Nogueras. “Las restricciones son ridículas, siempre que se intenta restringir el acceso a la pornografía los adolescentes encuentran las formas de hacerlo”.


Incluso los psicólogos que celebran las medidas del Gobierno reconocen que las restricciones no son efectivas si no van a acompañadas de educación sexual a los menores. “Todo lo que sea dificultar el acceso a las web porno me parece bien”, afirma García. “Pero las prohibiciones no funcionan, la historia está llena de casos en los que se produce lo contrario”. “Esta medida puede retrasar el acceso y, por tanto, los impactos más graves que se producen a edades tempranas”, reconoce Villena. “Pero la educación afectiva sexual sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país”. 


Para el experto, durante años se ha enfocado la educación sexual desde el miedo, en referencia a la prevención de enfermedades o ponerse el preservativo, pero se ha hecho poco hincapié en lo que tiene que ver con la afectividad. “Falta enseñarles la capacidad para poner límites, entender las emociones del otro, el deseo sexual de la otra persona, los elementos que son fundamentales a la hora de vivir una relación sexual recíproca y placentera”. “Generación tras generación, seguimos aprendiendo sexo en la calle, con los amigos, con fuentes que no son las más adecuadas”, concluye García. “Y esa es la verdadera raíz del problema”.  

Compromiso empresarial con los derechos de la niñez y la adolescencia Informe Anual 2023 en América Latina y el Caribe

El sector empresarial es un aliado clave de UNICEF y un motor para lograr resultados a gran escala en pro de la realización de los derechos de la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe.



unicef América Latina y el Caribe

Junio 2024 

Anne-Claire Dufay
Director Regional a.i. de UNICEF 
para América Latina y el Caribe




En 2023, nuestras alianzas y colaboraciones con empresas han demostrado cómo el liderazgo y compromiso de este sector pueden transformar las vidas de millones de niños, niñas, adolescentes y sus familias. A través de alianzas estratégicas y de la creación de valor compartido, logramos resultados para todos, creando nuevas oportunidades y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


En 2023, UNICEF trabajó con el sector empresarial en 21 de nuestras 24 oficinas de país en América Latina y el Caribe, y a nivel regional, logrando el fortalecimiento de alianzas existentes y el desarrollo de nuevas oportunidades con más de 2.000 empresas y otros grupos de interés. Mediante su inversión, influencia, innovación y políticas corporativas, el sector empresarial contribuyó a abordar retos clave que impactan a los niños, niñas y adolescentes en la región.


Gracias al apoyo de empresas y aliados y mediante asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, hemos logrado:

• Movilizar más de 21 millones de dólares a los programas de UNICEF;

• Contribuir a la adopción de políticas nacionales sobre nutrición, debida diligencia empresarial, lactancia materna y trabajo; y prevención de la explotación sexual;

• Alcanzar a más de 5 millones de niños, niñas, adolescentes y familias.


UNICEF colabora con los sectores público y privado para acelerar y amplificar su inversión, impulsar la innovación y ampliar nuevas ideas y soluciones que garanticen que todos los niños, niñas y adolescentes aprendan y desarrollen su máximo potencial. En 2023 UNICEF lanzó la iniciativa “Líderes por la educación”, una alianza regional que busca afrontar la crisis de aprendizaje agravada por la COVID-19.


Asimismo, celebramos como hito en 2023 la participación, por primera vez, de la juventud en foros regionales y globales sobre empresas y derechos humanos. Las juventudes de la región alzaron sus voces, instando a los gobiernos, las empresas y las Naciones Unidas a garantizar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes tanto en las discusiones como en los espacios de toma de decision sobre la debida diligencia en sus territorios.


En 2024, cuando se conmemora la adopción de los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, hacemos un llamamiento al sector empresarial a reafirmar su compromiso con los derechos de la niñez y la adolescencia, forjando asociaciones estratégicas y potenciando la acción colectiva para lograr un mayor impacto en nuestra región.


Este informe destaca las principales alianzas y buenas prácticas empresariales implementadas con éxito en 2023, con testimonios de nuestros aliados quienes resaltan el poder transformador de nuestro trabajo colaborativo en favor de millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Esperamos que estas intervenciones los puedan inspirar para sumar esfuerzos y ampliar nuestra misión.



Unicef América Latina y el Caribe. Informe anual 2023

Contenido

Prólogo 7

1. Cómo contribuye el sector empresarial al logro
de resultados para la niñez y la adolescencia 8

1.1 Supervivencia, desarrollo y acceso a dietas saludables 12

  1. 1.2  Desarrollo infantil temprano, educación y desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo 16

  2. 1.3  Protección contra la violencia, la explotación y el abuso 27

  3. 1.4  Acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene y a un medio ambiente sostenible 30

  4. 1.5  Políticas sociales y de cuidado 37

  5. 1.6  Prevención de desastres y acción humanitaria 41

2. Abordando los impactos adversos del sector
empresarial en la niñez y la adolescencia 46

3. Llamamiento al sector empresarial para fortalecer
su compromiso con la niñez y la adolescencia 52

Acceso al documento (pdf)


 

Ana Caballero, abogada: “Garantizar los derechos de los menores supone regular el mundo digital, no controlar a los niños”

La experta lidera el grupo asesor del Gobierno para la protección de los menores en internet y explica que las familias quieren ayudar a sus hijos, pero no saben cómo: “Se quieren formar y no encuentran herramientas, por eso hay que fomentar las escuelas de padres y madres”



elDiario.es

Sofía Pérez Mendoza

4 de junio de 2024



La abogada Ana Caballero parte de una premisa en esta entrevista: no existen medidas estrella para regular el mundo digital que por sí solas lo vuelvan perfecto para los niños y las niñas. Desde ese punto de partida, la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital está dirigiendo el trabajo de un comité de 50 expertos y expertas a quienes el Ministerio de Juventud acudió en busca de ayuda para proteger a los menores en el entorno de internet. Con el trabajo inacabado –tienen de plazo hasta después de verano– y sin un informe cerrado de diagnóstico ni una propuesta concreta de medidas, el Gobierno ha sacado adelante este martes un anteproyecto de ley con este mismo fin. “El objetivo que debemos plantearnos es conseguir un entorno lo suficientemente protegido para el menor donde pueda ejercitar todos sus derechos de una manera plena”, asegura.


¿Han arruinado los móviles la salud mental de los jóvenes, como sostiene Jonathan Haidt en su último libro?


No he leído el libro, pero efectivamente he visto informes en los que las pantallas pueden producir problemas en la salud física y mental de los niños y los adolescentes. Hablar de los móviles es reduccionista y simplista, la problemática está en los contenidos adictivos. 


¿Se puede obligar a las empresas a poner sistemas de control parental en sus aparatos en España, como pretende la ley para proteger a los menores en el entorno digital?


No he tenido acceso al anteproyecto. Todo lo que he visto ha sido a través de la prensa. No hay ningún impedimento para que, con el fin de proteger al menor, se pueda obligar al fabricante a poner sistemas de control parental por defecto. No creo que haya mayor problema. Otra cosa son los contenidos por lo que llamamos el “principio de país de origen”. Si la sede de una empresa dentro de la Unión Europea es Irlanda, sus contenidos se sujetan a esa normativa nacional por la transposición de una directiva de comunicación audiovisual.


O sea, ¿se puede obligar a Xiaomi, por ejemplo, a instalar un mecanismo concreto en sus dispositivos cuando se quieren comercializar en España?


Sí, no veo mayor problema en regular lo que pretende la ley española.


¿Hasta dónde se debe apretar a las empresas?


No es una cuestión de apretar a las compañías. El objetivo que debe plantearse es cuál es el interés superior del menor, si está lo suficientemente protegido para disfrutar de un entorno saludable y sano, o para beneficiarse de las oportunidades que la tecnología le ofrece. No es cómo limitamos a las empresas, sino cuál es el fin de las regulaciones: proteger a los vulnerables que son los niños y adolescentes. Desgraciadamente es un problema grave y se agravará más. Es el comienzo. Estamos empezando a ver lo que se nos viene encima.


La ley se ha presentado antes de que se haga público el informe del grupo de 50 expertos que lidera y al que el Ministerio de Juventud acudió en busca de orientación. ¿La norma se ha basado en sus recomendaciones? 


No conozco la norma. El comité de expertos a día de hoy no tiene el anteproyecto y no puedo entrar a valorar algo que desconozco. Lo que sí que puedo decir es que celebramos que por fin se haya puesto en la agenda pública la protección del menor en el entorno digital de una forma u otra. Y esto lo digo como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.


Esto es una demanda que surge de la sociedad civil. Hace un año presentamos un Pacto de Estado firmado por más de 200 entidades. Pongamos las bases, para eso nos ha llamado el Ministerio. Esto ya me parece un éxito, que un país se preocupe de meter en su agenda política un asunto que es demandado por la sociedad civil.


Ahora bien, lo importante con el anteproyecto es el consenso en las medidas, que atañen a todo tipo de instituciones. En el comité estamos haciendo un diagnóstico que nos lleva mucho tiempo y dedicación. Trabajamos en medidas regulatorias y no regulatorias.


¿Les ha sorprendido que se aprobara el anteproyecto antes de que presentaran el diagnóstico?


Es una cuestión política en la que no me voy a meter y tiene que ver con los ministerios. Yo tengo un encargo muy claro: tenemos que presentar un informe para tener un diagnóstico y unas medidas a corto, medio y largo plazo. Y aún estamos trabajando en ello. De lo que me voy a ocupar es de respetar los plazos convenidos, que acaban en septiembre. Eran seis meses desde marzo.


Confiamos en que se busque una forma para que el informe del comité pueda participar en el anteproyecto entre otras cosas porque se está haciendo muy buen trabajo, no solo de diagnóstico sino de medidas a implementar. No hay ninguna medida estrella. Nada que digamos: “si hacemos esto, el mundo digital será perfecto para los menores”. Requiere esfuerzo, análisis y mucha dedicación. Hay juristas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pediatras o docentes. Es importante tener todos esos enfoques para entender la problemática.


¿Qué medidas han puesto al Gobierno sobre la mesa como comité? 


No puedo hablarte de las medidas como comité, pero sí las que proponemos desde la Asociación Europea para la Transición Digital y que están centradas en la responsabilidad de las empresas. Por ejemplo, con la ética algorítmica, para que los algoritmos que diseñen y que usen no contengan sesgos, que respeten la seguridad, la privacidad… Pero, sobre todo, que cuando estos algoritmos se diseñen se tengan en cuenta si son productos o servicios destinado a menores. Y en tal caso prevalezca el interés superior del niño o la niña.


También el asunto de los patrones adictivos. Creemos que debe regularse y que debe haber una colaboración en la que la industria se comprometa allí donde no pueda llegarse por regulación. También hemos propuesto que se destine un porcentaje del impuesto digital a investigaciones sobre adicciones y problemas comportamentales, como se hace con el impuesto sobre el tabaco.


¿Otros países europeos tienen leyes de este estilo?  


Italia y Francia lo están haciendo muy bien. Especialmente Francia, porque está siendo ambiciosa en su regulación. Nos gustaría que aquí también fuese así con el control parental por defecto en los dispositivos y la limitación de uso en centros escolares.


¿España debería hablar con otros países para intentar realizar acciones o normativa conjunta?


Para eso está la Unión Europea. Como europeísta que soy, confío plenamente en que toda la maquinaria europea se ponga manos a la obra. Es bueno que unos países hablen con otros para ver cómo han enfocado estos asuntos, aunque tengan autonomía. Espero que el Gobierno tenga en cuenta el informe cuando se ponga a disposición y que vayamos avanzando con normativa nacional porque el tema es urgente y Europa es una maquinaria lenta. Cuando haya normativa específica comunitaria, sería mejor que se canalizara a través de reglamento –que debe aplicarse a los países por igual– en lugar de por directiva. En este caso sería solo un marco.


Volviendo al anteproyecto, se aumenta la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales de 14 a 16 años. ¿Es efectivo si los usuarios ya se lo saltan? 


Creo que es una medida importante pero que para ser efectiva necesita de dos cosas: un sistema de verificación de edad y que el contenido esté clasificado y categorizado. Sin estos dos elementos es complicado que tenga alcance.


¿Cuánto contribuye en el problema la falta de herramientas de las familias para abordar esta realidad? Muchas veces no saben qué recursos hay disponibles e incluso hacen usos problemáticos de los dispositivos en su casa, delante de sus hijos. 


Percibimos una mayor sensibilidad y concienciación, pero las familias se quieren formar y no encuentran herramientas. Quieren educar a sus hijos para que no les ocurra nada en el ámbito online. Sin embargo, los propios madres, padres y docentes desconocen el mundo digital. Es importante dotar de competencias al menor, a todos los profesionales vinculados a la infancia y a los padres y madres. Una de las medidas del pacto es fomentar las escuelas de padres para que se formen y puedan ayudar a sus hijos a disfrutar de las bondades de la tecnología.


¿Cómo se puede saber si tu hijo o hija está atravesando el rubicón de empezar a tener problemas con las tecnologías? 


Lo que recomiendo a los padres y las madres es que visiten el Plan de Salud Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría. Está basado en la evidencia científica y establece recomendaciones. Lo mejor que se puede hacer es formarse y seguirlas para prevenir cualquier tipo de problemática posterior.


Si me preguntas por síntomas: es importante ver el número de horas que se pasa conectado a los dispositivos, si tiene contactos con amigos o no, si ha cambiado su ánimo... Son pequeños inputs para estar pendiente pero no quieren decir que tenga un problema de adicción a la tecnología. Es una cuestión de estar pendientes y acompañar en el uso hasta que ganen la autonomía digital. No le das dinero al niño a los cinco años para que vaya a comprar el pan; bueno, esto es un poco igual.  


Hecha la ley, hecha la trampa. Muchos niños y niñas ya tienen un gran dominio de las herramientas digitales para usar una VPN [herramienta que simula que el usuario está en otro país]. ¿Hasta dónde puede llegar una ley sin desproteger otros derechos? 


Los abogados siempre decimos que cuando hay una colisión entre dos derechos se tiene que ver cuál de los dos prevalece. Si me dices que el menor tiene derecho a informarse a través de redes sociales, pero se pone en peligro por el uso que hace y el contenido que ve, o se conecta a una página de contenidos de adulto: ¿qué prevalece, la libertad de información o la integridad mental y el bienestar del menor? El bien jurídico protegido es el segundo.


Se debe ponderar caso o caso y no generalizar. El objetivo que debemos plantearnos es conseguir un entorno lo suficientemente protegido para el menor y en el que pueda ejercitar todos sus derechos de una manera plena. Y en un mundo de riesgos, esto se hace regulando, no controlando a los menores. Regulando el ecosistema para que puedan disfrutar de todos sus derechos. 


¿Es optimista con los efectos que tenga esta ley, si sale adelante? 


Cualquier pasito que se dé, bienvenido sea. Lo importante es proteger a los menores. En el tercer sector estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en este último año especialmente. Hemos pasado de no hablar del asunto a que exista bastante sensibilización, que se pidan respuestas y que se reaccione para fomentar un entorno digital seguro para beneficiarse de la tecnología. En lo político, soy mujer de consenso. Espero que los partidos sean capaces de apartar cualquier criterio partidista para solventar un problema serio. No puede haber divergencias, debemos ir todos a una porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos.