Estados Unidos alerta del auge de la explotación infantil en los minerales de las energías verdes

Washington identifica 204 productos que se producen con trabajo de menores o forzado en 82 países de todo el mundo, incluidos la mayoría de los de Latinoamérica

EL PAÍS

MIGUEL JIMÉNEZ

09-SEPT 2024

Mujeres y niños trabajan en una mina de cobalto en Kivu del Sur, en República Democrática del Congo,
en julio de 2023. AUGUSTIN WAMENYA (GETTY)

Muchos de los minerales básicos para la generación de energías verdes están contaminados por la explotación infantil y el trabajo forzado. Esa es una de las conclusiones del informe Sudor y esfuerzo: trabajo infantil, trabajo forzado y trata de seres humanos en el mundo, la completa radiografía bienal sobre la materia que realiza la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, recién publicada. El informe detecta un alarmante aumento del número de productos y países en los que se recurre a ese tipo de explotación.

Desde 2022, la lista que elabora la ILAB ha pasado de 159 bienes en 78 países a 204 productos en 82 países. Entre los productos añadidos hay bienes de consumo, electrónica, prendas de vestir, textiles y manufacturas, entre ellos algunos que no habían sido identificados anteriormente como objeto de explotación laboral como los azufaifos, el plomo, el níquel, el cloruro de polivinilo y los calamares. En la lista aparecen cuatro nuevos países. Dos de ellos por aplicar trabajo forzoso: Bielorrusia (muebles y madera), Mauricio (prendas de vestir). Los otros dos, por producir bienes tras importar materias primas fruto del trabajo infantil: Países Bajos (chocolate y pasta y polvo de cacao con cacao importado de Ghana y Costa de Marfil) y Corea del Sur (indio, con zinc de Bolivia).

La complejidad de la cadena de suministros mundiales puede ocultar la explotación. “De hecho, en algunos casos está diseñada para ocultar la visibilidad de las prácticas laborales, subrayó en Washington el pasado jueves Thea Mei Lee, subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo en un encuentro con periodistas internacionales. “La falta de transparencia, combinada con la demanda de productos baratos por parte de los consumidores, la presión para mantener los costes bajos y la búsqueda de mayores márgenes de beneficio, crea unas condiciones en las que persisten las prácticas de explotación laboral”, añadió.

Lee puso el acento en al aumento de la explotación para la producción de minerales. Los niños de la República Democrática del Congo, Zambia, Zimbabue y Bolivia extraen minerales esenciales como cobalto, cobre, litio, manganeso, tantalio, estaño, wolframio y zinc, según el informe. Trabajan en minas artesanales y a pequeña escala mal reguladas, realizando tareas peligrosas como excavar túneles, transportar cargas pesadas y manipular sustancias tóxicas.

Asimismo, el trabajo forzoso forma parte de la cadena de suministro de otros minerales cruciales, como el aluminio y el polisilicio de China, el níquel de Indonesia y, de nuevo, el cobalto, el tantalio y el estaño de la República Democrática del Congo. Los trabajadores se enfrentan a abusos como horas extraordinarias excesivas e involuntarias, trabajo inseguro, salarios impagados, multas, despidos, amenazas de violencia y servidumbre por deudas, según las autoridades estadounidenses.

“Muchos de estos materiales son vitales en la producción de tecnologías verdes”, explicó Thea Mei Lee, del Departamento de Trabajo. El cobalto y el litio son esenciales para las baterías de los vehículos eléctricos. El polisilicio capta la energía solar y el indio ilumina las luces LED. “Esto pone de relieve un reto creciente que no podemos permitirnos el lujo de ignorar. ¿Cómo equilibramos nuestra urgente necesidad de energía limpia con el imperativo de proteger a los trabajadores vulnerables? ¿Podemos garantizar que nuestro camino hacia un futuro más sostenible no esté pavimentado con explotación laboral?”, se preguntó.

A medida que se acelera la revolución de la energía verde, también lo hace la demanda de minerales esenciales. “Cuanto más tardemos, más niños se verán obligados a trabajar en minas peligrosas, más trabajadores sufrirán explotación y más arraigados estarán los abusos laborales en las cadenas de suministro de minerales esenciales”, añadió Lee, que reclama establecer protecciones como ubicar las nuevas inversiones en energías limpias en países que se comprometan a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores e imponer restricciones comerciales a los que no lo hagan, de forma coordinada con otros países.

Escalada en China

En lo que se refiere a la explotación infantil, la ILAB ha retirado cuatro productos desde la anterior edición ante las pruebas de que se ha eliminado el trabajo infantil en su producción más allá de incidentes aislados: arándanos de Argentina, sal de Camboya, gambas de Tailandia y fluorita de Mongolia.

La lista de bienes producidos con trabajo infantil incluye a la mayor parte de los países de Latinoamérica, sobre todo con productos agrícolas. Se mantienen en la lista Argentina (con 10 productos), Bolivia (11), Brasil (23), Colombia (10), República Dominicana (5), Ecuador (7), El Salvador (7), Guatemala (6), Honduras (3), México (15), Nicaragua (7), Panamá (2) y Perú (5), y entra Venezuela, con el oro. Hay también casos de trabajo forzado y en tres países (Argentina, Bolivia y Colombia), bienes que se producen con trabajo forzado infantil.

En paralelo, la ILAB ha publicado su informe anual de Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, que se centra en los esfuerzos de determinados países y territorios beneficiarios del comercio estadounidense para eliminar las peores formas de trabajo infantil mediante legislación, mecanismos de control, políticas y programas sociales. De los 131 países evaluados, solo seis obtuvieron la valoración más alta de avance significativo: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Moldavia. La mayoría de los países recibieron una evaluación de avance moderado, pero otros 47 países registraron un avance mínimo, según el informe.

Marcia Eugenio, directora de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Seres Humanos (OCFT), insistió en el encuentro con periodistas que “las empresas deben establecer sólidas medidas corporativas de diligencia debida y rendición de cuentas para proteger a los trabajadores en toda su cadena de suministro”. “Los informes brillantes y los complejos procesos corporativos no bastan para abordar los abusos laborales sistemáticos. Las empresas deben implantar una sólida supervisión sobre el terreno con los trabajadores y los sindicatos en el centro del proceso, colaborar con las partes interesadas locales y aplicar estrictas medidas de rendición de cuentas en toda su cadena de suministro”, añadió.

En relación con el trabajo forzado, Thea Mei Lee destacó la explotación laboral que impulsa el dominio de la producción mundial de China. Desde al menos 2016, el Gobierno de la República Popular China ha sometido a los uigures y a los miembros de otros grupos étnicos minoritarios predominantemente musulmanes de Xinjiang a genocidio, trabajos forzados impuestos por el Estado y crímenes de lesa humanidad, dijo. “Desde 2020, hemos identificado seis bienes producidos por trabajo forzoso uigur en China, y este año hemos añadido seis más, entre ellos sosa cáustica, silicio de grado metalúrgico, cloruro de polivinilo, calamares, azufaifas y aluminio”. “Esta escalada es muy preocupante, ya que China es uno de los principales exportadores mundiales, si no el principal, de casi todos estos bienes contaminados”, subrayó. 

El 56,3% de los niños, niñas y adolescentes de Argentina fue pobre multidimensional en 2023

Más de la mitad de los niños/as y adolescentes del país sufrieron al menos una de las siguientes privaciones en 2023: Alimentación, salud y vivienda, Subsistencia, Crianza y socialización, Educación, Acceso a la información y Protecciones especiales: trabajo infantil

UCA

Universidad Pontificia Católica Argentina

15/08/2024

El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) junto al Banco Hipotecario, Infancia en Deuda, la Fundación Alimentaris, la Fundación La Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría publicó el documento de investigación Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023.

El documento ofrece una evaluación y monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana durante los últimos trece años. Resalta que los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares pueden ser cuestionados como indicador del bienestar especialmente cuando se trata de la infancia. Esto se debe a que hay privaciones que afectan a los niños, las niñas y adolescentes que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares.

Desde este enfoque, se ofrece un índice de pobreza multidimensional basada en cinco dimensiones del desarrollo de la infancia y adolescencia que en el país guardan correspondencia con derechos humanos. 

Se ha definido el desarrollo humano desde la etapa prenatal, reconociendo su crucial desarrollo en el entorno familiar durante la lactancia. Este proceso de crianza requiere tanto de una alimentación nutritiva como de un apoyo emocional. Además, para sostener el desarrollo humano, se necesitan una combinación integral de recursos materiales, sociales y culturales.

Satisfacer estas necesidades implica reconocer las formas socioculturalmente establecidas y aceptadas en la sociedad. Entonces no parece suficiente con que una sociedad alcance el despliegue de funcionamientos valiosos en algunos de sus miembros, sino que es necesario que al menos se pueda garantizar un “mínimo” para todos. El desarrollo humano se expresa en clave con el enfoque estructuralista en el modo en que se distribuyen las estructuras de oportunidades, pero también en el logro de igualdad en los resultados en el colectivo social.

Basándonos en el marco normativo del Estado Argentino y en el conocimiento científico, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) ha creado una gama de dimensiones e indicadores para evaluar y monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en entornos urbanos.

Las dimensiones de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia son las siguientes: 1) Alimentación, salud y vivienda; 2) Subsistencia; 3) Crianza y socialización; 4) Educación; 5) Acceso a la información; y 6) Protecciones especiales: trabajo infantil.

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados y balance de la serie de indicadores que habitualmente se ofrece a nivel de la población de niños, niñas y adolescentes, en el período 2010-2023.

 

Resumen de resultados:

Desafíos de la Pobreza Estructural: progresos desiguales y privaciones injustas

Desde 2011 hasta 2023, se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza. El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes.

El impacto de la pandemia por COVID-19 fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización, y si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la postpandemia, en 2023, se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales. 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas

En el marco de los estudios del Barómetro, se ha construido un índice de pobreza multidimensional que establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo. Con tal propósito, se seleccionan seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación.

Se obtuvo que el 56,3% fue pobre multidimensional en 2023 según el umbral total. Es decir, más de la mitad de los niños/as y adolescentes del país sufren al menos una privación de las mencionadas.

Por otro lado, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, proporción tan alarmante como la de indigencia monetaria infantil (16,2%). Estos números eran aún más elevados al inicio del periodo analizado (2010). En este sentido, estamos en presencia de mejoras, particularmente en la pobreza multidimensional medida de acuerdo con el umbral severo. Esto es debido a los avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda y en materia de escolarización.

2. Derecho a la alimentación

El 32,2% de los niños/as y adolescentes en la Argentina Urbana actual sufren inseguridad alimentaria. Es decir, no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi 1 de cada 2 niños/as y adolescentes pobres lo manifiesta al tiempo que entre los no pobres la incidencia no alcanza el 10%.

Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria ha permanecido estable en alrededor del 20% y luego ha pegado un salto importante en 2018 para alcanzar el tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020 en el contexto de la pandemia COVID-19 y el ASPO.

Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos. Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho tanto a corto como a mediano plazo. En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. Debido a los altos niveles de inflación y al bajo poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas, especialmente en los sectores mas vulnerables de donde la pobreza infantil tiene una mayor prevalencia.

3. Derecho a la salud

El 55,8% de la población de niños/as y adolescentes no cuentan con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.

De este 55,8%, 90% son del estrato social mas bajo, 65,1% son del Conurbano Bonaerense y 65,4% son niños/as y adolescentes que pertenecen a hogares monoparentales. Por otro lado, si bien sigue siendo considerable la proporción de niños/as y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y 17 años, estos déficits se redujeron casi un 50% en comparación al año 2020.

4. Derecho a un hábitat digno

La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: el tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. el déficit de saneamiento trata de aproximar carencias en estos servicios en concreto. En 2023 un 39,5% lo padece, porcentaje que se mantiene bastante estable desde 2018.

Por otra parte, el déficit en las condiciones de medio ambiente alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas. Asciende al 49,4% del total de niños/as y adolescentes y en los últimos años se ha incrementado a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos de inicio del periodo en 2010.

Por último, deben mencionarse dos indicadores que aproximan otros problemas en el espacio de la vivienda. Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de niños/as y adolescentes y el hacinamiento a un 18,7% y 18,4%, respectivamente.

5. Derecho a la subsistencia

En 2023, el 62,9% de los niños/as y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% vive en situación de indigencia. Esta es la cifra más alta desde el 2010. Desde el 2020, las transferencias de ingresos no contributivas, entre la que se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzaron a mas del 44% de los niños/as y adolescentes.

Derecho en los espacios de los procesos de crianza y socialización

La EDSA ofrece una serie de indicadores relacionados a los estilos de disciplinamiento, opciones de formación y socialización secundaria no escolar para niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años y oportunidades de estimulación emocionales e intelectuales en niños/as entre 0 y 8 años.

En el marco de la postpandemia y de la reapertura de los establecimientos educativos, la violencia de los adultos de referencia hacia los niños/as y adolescentes había disminuido fuertemente. Esta tendencia se acentuó en 2023, con indicadores que incluso llegaron a los valores más bajos de toda la serie 2010-2023. A pesar de ello, aún persisten disparidades sociales regresivas para los niños/as más vulnerables.

En el grupo de niños/as entre 0 y 8 años, se destaca que el déficit de estimulación verbal en esta población asciende al 28%, el déficit de interacción a través del dibujo entre 1 y 8 años al 16,4%, a través de las canciones al 11,5% y mediante el juego al 5,6%. Estos déficits en estas estrategias de estimulación se relevan estructurales y poco permeables a la situación socioeconómica del país.  

El 52,4% de la población entre 5 y 17 años no realiza deporte fuera de la escuela. Por otra parte, el 80,8% de este grupo etario no concurre a actividades culturales. Es decir, la mayoría de los niños/as y adolescentes de estas edades están excluidos de estos espacios alternativos al escolar.

Por otro lado, el comportamiento sedentario frente a pantallas, que hace alusión a la exposición excesiva y frecuente a pantallas, afecta a 7 de cada 10 niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años. En 2020 aumentó considerablemente con respecto al anterior y desde entonces se sostuvo en esos niveles.

6. Derecho a la información

Dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a Internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora. Todos estos déficits han mejorado desde el 2010 hasta hoy. El que menos mejoró a lo largo del periodo fue el déficit en el acceso a una computadora doméstica, probablemente porque este recurso sigue siendo económicamente inaccesible para muchos hogares. En tal sentido, las diferencias por estrato socioeconómico son relevantes.

A inicios del periodo había 3 de cada 4 niños/as y adolescentes que no tenían acceso, en 2023 solo hay uno. La popularización de este recurso fue trasversal al nivel socioeconómico.

Por otro lado, el déficit en lectura de textos impresos y en tener una biblioteca en el hogar alcanzan al 60,1% y al 68,4% de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años, respectivamente. Más de la mitad de los niños/as y adolescentes mayores a 5 años no presenta el hábito de lectura en 2023. Estos porcentajes son mayores a los del inicio del periodo en 2010, lo que denota una evolución opuesta a la del grupo de indicadores vinculados a las carencias de recursos tecnológicos.

7. Derecho a la educación

El 23% de los niños/as de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados. la inasistencia a establecimientos de educación inicial es siempre más alta que la no concurrencia a la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, desde 2010 se advierte una tendencia positiva en la asistencia a centros educativos en los más pequeños y que tiene la característica de ser común a todos los estratos sociales.

Por otro lado, el 82,6% de los niños/as y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal. En 2023, no parecen existir diferencias importantes en la cobertura de la educación primaria en comparación a la secundaria. Donde sí se observan divergencias es entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor.

El déficit educativo es un indicador compuesto por aquellos que no asisten a establecimientos educativos o asisten, pero con sobreedad. En el estrato socioeconómico más bajo, su incidencia se ubica por encima del promedio general y es notablemente elevada en el universo de niños/as y adolescentes en edad de ir a la secundaria (53,9%). En casi todos los años de la serie temporal, se destaca también que es más alta en varones que en mujeres y en quienes viven con un solo adulto de referencia con respecto a quienes viven con dos.

En cuanto a las carencias en el dictado de algunas materias para niños/as y adolescentes que pueden concurrir a la escuela y en la extensión de la jornada. Para 2023, se estima que al 59,1% de la población escolarizada en la educación primaria no le enseñan computación. Por su parte, al 22,3% no le dictan asignaturas como música, plástica y/o educación física y el 44,9% no cursa una materia ligada al aprendizaje de un idioma extranjero.

En los tres indicadores existen grandes diferencias entre educación de gestión privada y estatal. Si se compara la incidencia de estas privaciones entre aglomerados, el déficit en materias de tipo programáticas se releva muy alto en el Conurbano Bonaerense al tiempo que las privaciones en computación e idioma extranjero se profundizan en el Resto urbano del Interior.

Por último, hay que subrayar que muy pocos en edad de cursar primaria (apenas el 9,9%) son los que asisten a doble jornada. No obstante, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta proporción asciende al 46,4% y toma una distancia considerable de los otros aglomerados del país.

8. Derecho a la protección social contra el trabajo infantil

La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) contiene información del trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado. Si se tienen en consideración estas dos medidas, la estadística señala que el 13,7% realizó al menos una de las dos en 2023. De forma separada, el 5,2% participó de tareas domésticas y 9,5% en actividades económicas.

El indicador que mide propensión a realizar actividades domésticas intensivas en niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años incide más en las mujeres que en los hombres mientras que el que mide propensión al trabajo en actividades económicas en niños/as y adolescentes entre las mismas edades tiene mas incidencia en hombres. Además, ambos tienen más frecuencia entre adolescentes que en niños/as en edad de cursar el preescolar o el colegio primario.

Acceder al documento: Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023.

 

UNICEF: los derechos de las niñas y los niños no pueden esperar

Según la Convención de los Derechos del Niño, la ley internacional más ampliamente ratificada de la historia, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a la salud, a la educación, al cuidado y a una alimentación saludable, entre otros. Sin embargo, en el mundo de hoy, todavía enfrentan numerosos desafíos.

infobae

Luisa Brumana

12 Jun, 2024

Foto de archivo de una niña caminando por una calle de una zona deprimida en la
Ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En Argentina, la pobreza en la infancia y la adolescencia, por ejemplo, es un problema que persiste desde la vuelta a la democracia: según el informe presentado en marzo por UNICEF, basado en estadísticas oficiales, más de siete millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza por ingresos y más de dos millones, en la indigencia.

Hoy, otro dato alerta. Según la octava encuesta sobre la situación de los hogares con niñas, niños y adolescentes de UNICEF, 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne (76%), verduras (58%) y lácteos (57%) en comparación al año pasado, y más de un millón se saltean por lo menos una comida diaria. Una alimentación balanceada y nutritiva es especialmente importante en las infancias: una niña y un niño malnutrido pueden sufrir consecuencias futuras en su salud que impedirán su pleno desarrollo.

Esta situación se da en un contexto particular: los ingresos de casi la mitad de los hogares - casi tres millones- no alcanzan para cubrir los gastos básicos: no sólo los de alimentación, sino también los de salud y los de educación. En nueve de cada 10 hogares, estos ingresos alcanzan para comprar menos productos de la canasta básica que el año pasado; en el 82%, no logran solventar gastos específicos como útiles escolares, transporte, vestimenta y calzado; y en un 23% se dejaron de comprar medicamentos. En el 68% de los hogares que perciben alguna transferencia social (AUH, Potenciar Trabajo, Progresar y Prestación Alimentar) el dinero les alcanza para menos de la mitad de los gastos.

La insuficiencia de los ingresos tiene como consecuencia otro fenómeno: el endeudamiento, que afecta al 23% de los hogares. Las familias deben recurrir a diversas estrategias para llegar a fin de mes: un 31% recurrió a algún préstamo o fiado para la adquisición de alimentos; un 41%, a sus ahorros para gastos corrientes y un 45% utiliza más que antes la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

Además, existe otro efecto que alerta: el trabajo adolescente. Uno de cada cuatro adolescentes realiza actividades destinadas al mercado y un 12% busca trabajo. Además, aumenta el trabajo no remunerado como limpiar y cocinar (88%) o cuidar a otros niños o personas mayores (44%). Esto empeora significativamente la calidad de vida y las oportunidades a futuro de estos adolescentes: un 6% de ellas y ellos no sabe si van a poder terminar el secundario, cifra que asciende al 11% en el caso de los hogares endeudados.

Si bien la pobreza en la niñez y adolescencia en Argentina es un problema estructural, demostrado por el hecho que nunca bajó del 30% en los últimos 40 años, se puede erradicar, y debe ser una prioridad hacerlo.

En UNICEF trabajamos para que las niñas y los niños se beneficien de un marco de protección social con financiamiento adecuado y de políticas públicas de calidad que contribuyan a reducir la pobreza para mejorar su presente y su desarrollo futuro. Para ello, desde 2020, el organismo monitorea las condiciones de vida de los hogares con niñas, niños y adolescentes, a través de encuestas periódicas con dos objetivos centrales: poner los derechos de las chicas y chicos en el centro del debate público y brindar herramientas eficaces para la toma de decisiones. El bienestar y los derechos de las niñas y los niños no pueden esperar. Hoy, más que nunca, deben ser la prioridad de la agenda pública.

Niños esclavos. La puerta de atrás, Exposición fotográfica.

Ayer 12 de junio lo dedicó la ONU al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

En el mundo hay 160 millones de niños esclavos. 
Más de la mitad viven en África Subsahariana. 

En la exposición fotográfica ‘Niños esclavos. La puerta de atrás’, 
Ana Palacios cuenta las historias de niñas y niños 
que han conseguido recuperar su infancia interrumpida, 

tras periodos de explotación laboral esclavista.

Niños Esclavos. Ana Palacios.

Acceso avance de la exposición en PhotoEspaña 2024

Esta exposición documenta, por primera vez, la esclavitud, el rescate, la rehabilitación y la devolución a sus familias de niños víctimas de trata en África Subsahariana la región con más niños esclavos del mundo.

Ana Palacios relata las historias de vida de más de cincuenta niños esclavos que han conseguido encontrar, abrir y atravesar esa “puerta de atrás” para recuperar su infancia interrumpida. Unos protagonistas que luchan por entender, aceptar y olvidar un pasado lleno de abusos y que cuentan con el apoyo de Misiones Salesianas, Carmelitas Vedruna y Mensajeros de la paz junto con otras instituciones que los acompañan en su proceso.

Comisariada por Chema Conesa, la muestra cuenta con 86 fotografías, si bien, el proyecto completo incluye un libro, la exposición y un documental, fruto de tres años de investigación en Togo, Benin y Gabón, que visibiliza y sensibiliza sobre esta grave vulneración de los derechos humanos de la infancia a través del arte de la fotografía y el cine.

Después de tres años de investigación, cuatro viajes a Togo, Benín y Gabón y cinco meses de convivencia con medio centenar de niñas y niños que han sufrido diferentes formas de esclavitud, la fotoperiodista Ana Palacios (Zaragoza, 1972) recoge sus miradas en la exposición Niños esclavos. La puerta de atrás. La muestra forma parte de PHotoESPAÑA 2024.

Puede visitarse en el Museo Misiones Salesianas (c/ Lisboa, 4, Madrid) hasta el 30 de noviembre de 2024.