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La Ministra Rego quiere que el Juzgado de Infancia de Gran Canaria “sea una realidad en muchas partes de España”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, 
visitó este jueves el pionero órgano judicial de la capital grancanaria.

Tomás Martín, magistrado con especialización en Violencia contra la Infancia; Nieves Lady Barreto, consejera de Justicia del Gobierno de Canarias y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia (d).

El Juzgado de Violencia contra la Infancia recibió este jueves la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego
Se trata de un proyecto pionero en España que comenzó en Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2021 y que se espera tenga también representación en el resto del territorio nacional. “Se trata de seguir trabajando e implantando medidas para que esto sea una realidad en muchas partes de nuestro país”, señaló Rego durante la visita.

A diferencia de lo que se ha conseguido en la capital grancanaria, en el resto de España “hay otro tipo de experiencias. Tenemos la ley, que es una herramienta útil que contempla el desarrollo del marco judicial y las necesidades de niños y niñas”, apuntó la ministra de Juventud e Infancia. No obstante, para que puedan replicarse tribunales de esta índole sería necesario un “importante impulso legal como se hizo en su momento con los juzgados de violencia hacia las mujeres”, afirmó Nieves Lady Barreto, consejera de Justicia del Gobierno de Canarias. Además, quiso recalcar que la creación del Juzgado de Violencia contra la Infancia “nació gracias a la iniciativa por parte de numerosos de jueces que quisieron trabajar de una manera distinta”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, 
visitó el pionero órgano judicial en violencia contra la Infancia.

El órgano judicial lleva tres años operando con un volumen de casos que supera la cifra de 550. Tomás Martín, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y primer magistrado con especialización en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, destacó que existen “dos tipologías delictivas que están por encima de las demás. Una es la violencia sexual intrafamiliar y la otra, el maltrato físico”
Asimismo, expresó que estas dos problemáticas se enlazan con “muchísimos problemas que tenemos en nuestra sociedad como son la exclusión social o la pobreza infantil”.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia sobre niños y adolescente, Tomás Martín, socio Asociación GSIA..

Al ser preguntado por las dificultades a la hora de tratar este tipo de casos, después de tres años de experiencia, respondió que “obstáculos ninguno. El abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el ámbito de la administración de justicia partía desde un escalón más bajo. Por lo tanto, creo que podemos afirmar rotundamente que con una buena formación y especialización de todos los operadores intervinientes, se pueden alcanzar resultados óptimos”, destacó el magistrado.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria encarrila su tercer año de actividad. Tomás Martín, profesional de referencia dentro del organismo, señaló que durante todo este tiempo “la experiencia ha sido positiva. La voluntad de la administración y del Gobierno de Canarias es expandir este método de trabajo, contribuyendo a la creación de estos espacios en todas las Islas”. Además, la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, confesó que “se está trabajado para que el tribunal llegue a islas como Lanzarote o Tenerife”.





Rebajar la edad penal no solucionará la violencia sexual entre adolescentes. Entrevista a Carme Guil, magistrada.

“Endurecer el Código Penal nunca resuelve los problemas sociales”.
Rebajar la edad penal no solucionará la violencia sexual entre adolescentes 
y apuesta por la educación: “La alfabetización sexual es esencial”

Entrevista a Carme Guil, magistrada y Experta en justicia restaurativa. 

Guil preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación.
Guil preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. XAVIER JUBIERRE

En tiempos de populismo punitivo, la visión humanista de la Justicia de la magistrada de la Audiencia de Barcelona Carme Guil supone nadar a contracorriente. Experta en justicia restaurativa y especialista en menores, esta experimentada jueza repasa en esta entrevista los métodos alternativos al proceso penal, al tiempo que advierte contra la tentación de intentar solventar problemas sociales como la violencia sexual a golpe de Código Penal.

Preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). ¿Está poco extendido este sistema en nuestro país en comparación con los países de nuestro entorno?

En asuntos civiles y mercantiles tenemos una ley de mediación desde el año 2012, pero no ha evolucionado. La ciudadanía no tiene el debido conocimiento de la institución de la mediación. Persiste la cultura del litigio y la interposición de demandas, lo que nos lleva a no tener en cuenta otras opciones. 

Pero hay otras opciones.

Las opciones son tanto la mediación como otros métodos alternativos de resolución de controversias, o adecuados como decía la ley de eficiencia procesal que se ha quedado en un cajón. Son los sistemas alternativos al litigio. Estamos acostumbrados a que sea siempre otro el que decida por nosotros. En cualquier tipo de conflicto –familiar, vecinal, laboral– hay muchas posibilidades de que las partes se sienten a dialogar y sean capaces de solucionar ellas mismas el conflicto. Solo hay que acudir a la vía judicial cuando la intervención del juez es necesaria, no en todos los casos. 

Una de estas formas alternativas es la Justicia restaurativa. ¿Cómo la definiría?

Son todos aquellos sistemas en los que participan tanto la víctima como los implicados en el delito para intentar reparar el daño causado y alcanzar, si se puede, un acuerdo. Se busca trabajar tanto la responsabilización como la reparación del delito.

¿Qué se le ofrece a la víctima en este tipo de procesos?

Un espacio de escucha activa y atención, que no quiere decir terapéutico, pero se pregunta a la víctima qué quiere y qué necesita. Es algo que debe decirse muy claro: las víctimas confían en el sistema penal, pero es un coto muy cerrado donde los objetivos son otros a la escucha.

¿Un proceso restaurativo puede transcurrir al mismo tiempo que uno penal?

La justicia restaurativa debe ser un proceso paralelo al penal. En algún momento pueden encontrarse, si se alcanza un acuerdo o hay una reparación efectiva, pero muchas veces transcurren paralelamente sin interaccionar. En ocasiones es en la fase de ejecución de la sentencia, ya celebrado el juicio y sustentados los recursos, donde hay la posibilidad de encuentro más claro porque la víctima necesita tiempo y el espacio restaurativo debe empezar cuando la víctima lo desee. 

No todo pasa por un encuentro entre víctima y victimario. Un ejemplo reciente de justicia restaurativa, plasmado en la película ‘Maixabel’ [que narra los encuentros entre Maixable Lasa, viuda del político socialista Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, y dos de los terroristas que cometieron el atentado], sí incluye encuentros, pero no todos los procesos restaurativos pasan por un encuentro. Hay otras fórmulas muy útiles para las víctimas.

¿Por ejemplo?

Están los círculos de sentencia, los círculos de diálogo o también las conferencias. Los círculos son espacios restaurativos en los que participan otras personas, aparte de la víctima y el victimario, como familiares o grupos de apoyo. Se organizan encuentros que permiten la escucha activa y que la persona que ha cometido el delito se responsabilice y entienda los efectos de su conducta y el daño que causa a la sociedad.

También hay experiencias que quieren reflejar que es la sociedad en conjunto, además de las víctimas concretas, la que se ve afectada por un tipo de delitos, como por ejemplo los que van contra la seguridad vial. En este círculo participaron miembros de los Mossos d'Esquadra, yo como jueza, un corredor del París-Dakar, un bombero y un accidentado grave con lesiones medulares a consecuencia de un accidente de tráfico. Las conferencias están muy extendidas en países como Nueva Zelanda.

¿En España, en cambio, la cultura del punitivismo está demasiado extendida?

Absolutamente extendida. Lo digo con toda la convicción: el proceso penal no soluciona ningún problema. El proceso penal no puede solucionar toda la violencia que hay en la sociedad, la de género o la violencia sexual. El proceso penal se limita a juzgar unos hechos y a una persona con unas normas muy tasadas y con un sistema de garantías fruto de muchos años de evolución de los derechos humanos.

El punitivismo es una especie de varita mágica que cree que cuando se introduce un artículo en el Código Penal se va a solucionar un problema o que se activa cuando la sociedad reclama para una persona una pena ejemplarizante, como si fuera a suponer un cambio significativo. Todos los partidos políticos de este país, tanto de izquierdas como de derechas, han practicado el punitivismo.

Tanto la izquierda como la derecha han practicado el punitivismo

Los últimos datos de la Generalitat muestran que pasar mucho tiempo en la cárcel no funciona.

El ingreso en prisión, si es simplemente una privación de libertad, no produce ningún efecto en la persona. Cuando acabe la pena de prisión, tendremos a una persona mucho más aislada de lo que entró y probablemente mucho más problemática. El punitivismo es un error y la sociedad debe darse cuenta de que los cambios se producirán con la asistencia social o con la educación, no con muchos años de cárcel.

¿Al proceso penal se acaba trasladando la falta de diálogo que muchas veces tenemos como sociedad, lo que lleva a buscar únicamente el castigo?

Efectivamente. Parece que no pasa nada si una persona no va a la cárcel, o que el sistema fracase si hay una sentencia absolutoria, y no es así. Los medios de comunicación fomentan en muchas ocasiones esta visión y que la sociedad tenga integrado que la única solución es el castigo y, de entre todas las penas, la pena de prisión, y eso es completamente falso. Por altas que sean las penas de prisión no bajan los delitos. 

Un fenómeno criminógeno no depende de la pena prevista en el Código Penal. En España hemos ampliado las penas hasta la prisión permanente revisable y no hemos conseguido que deje de haber ciertos tipos de asesinatos. Esto es especialmente problemático porque, en comparación con los Estados de nuestro entorno europeo, somos un país extremadamente seguro, donde el número de delitos graves –asesinatos, violaciones– es más bajo. Hay que luchar contra los clichés y las demandas tan punitivistas que llevan a pensar que la única respuesta es el castigo y la pena de prisión. 

¿Fue una oportunidad perdida la pasada legislatura no derogar la prisión permanente revisable? 

La prisión permanente revisable partía del populismo punitivo y, en la práctica, se ha aplicado de forma muy puntual porque realmente tenemos muy pocos casos que tengan la gravedad para justificarla. Lo que no hemos visto hasta ahora es la ejecución de esa pena. La ejecución de una prisión permanente revisable, que en sí misma es indeterminada, genera muchos problemas, y los vamos a ver de aquí a un tiempo cuando los condenados ya lleven mucho tiempo en prisión. España ya tenía y tiene algunas de las penas de prisión más largas de Europa. ¿Hacía falta la prisión permanente?

Hablaba de que los medios en muchas ocasiones fomentan el punitivismo. ¿La clase política también?

Llevamos más de 45 reformas del Código Penal en democracia, muy continuas y de mucha profundidad. En la pasada legislatura se reformó varias veces el Código Penal, pero sin una idea de conjunto, sin tener en cuenta aspectos que desde el punto de vista de la técnica legislativa son indispensables porque, a la hora de interpretar la ley que tenemos que aplicar, a los jueces nos generan muchos problemas. El Código Penal tiene contradicciones entre artículos y contiene descripciones farragosas y a veces interminables de los tipos penales, que parece que quieren integrar todos los verbos posibles. 

Una de las últimas reformas legislativas, la ley del ‘solo sí es sí’, reitera el veto a la mediación en estos casos. ¿Está de acuerdo? 

La ley del ‘solo sí es sí’ perpetúa el veto a la mediación introducido en la ley contra la violencia de género de 2004 al prohibir la mediación y conciliación. Pero la justicia restaurativa no es una mediación ni una conciliación, es algo diferente. No pasa por un acuerdo, un encuentro o una negociación. La justicia restaurativa trata de encajar las necesidades de la víctima en un espacio distinto. 

Decirle a una mujer que no puede ser escuchada ni hablar porque la ley prohíbe la mediación creo que es una grave limitación al derecho de ejercitar como ella quiera sus derechos. Esta limitación de la ley incide en un error que ha sido puesto de manifiesto por muchos operadores, no solamente penalistas, sino de fuera del proceso penal, por muchas personas que están trabajando con víctimas de violencia sexual. En la justicia restaurativa creemos que la víctima tiene derecho a hablar y a ser escuchada. Y esto también lo dice el estatuto para todas las víctimas. ¿Por qué limitarlo con las víctimas de violencia de género o de violencia sexual? 

La otra pata de la polémica de esta ley fue las rebajas de penas. ¿Se exageraron los efectos de esas rebajas? ¿Cómo lo percibieron desde dentro de la judicatura?

Hubo una utilización de la reforma con un sesgo claramente intencionado para dar una visión de que la ley producía unos efectos que van precisamente en contra del punitivismo. Los medios de comunicación lo acentuaron claramente al exigir al Consejo General del Poder Judicial y a los Tribunales Superiores de Justicia cuántas revisiones de condena había. Pero la noticia no era que se hubiera revisado una pena, sino solo que se había revisado a la baja. 

Se ha hecho muchísimo daño con este tema. Primero a las víctimas, pero también al sistema penal, porque se ha puesto en tela de juicio de una forma absolutamente superficial el trabajo de los jueces. Los años de privación de libertad de una persona, el derecho fundamental a la libertad y los derechos de las víctimas son cuestiones muy serias y se ha hablado de ellas como si fuera un mercadeo en el que simplemente lo importante era si había un año más o un año menos de condena. 

Los efectos que una pena de prisión tiene en una persona no son para hablar tan a la ligera. Pensar que una persona va a pasar de estar condenada a diez años a ‘solo’ siete… ¿Cómo que ‘solo’ siete? ¿Qué se ha hecho en estos siete años? ¿Esta persona ha tenido algún cambio? ¿Hay riesgo, cuando salga, de que haya otras víctimas? Esto es lo que hay que contemplar, no tanto si son seis meses o dos años menos de condena. Políticamente se hizo un muy mal uso de esta polémica y se defendió muy mal una ley que tiene cosas muy buenas porque incide en el origen del problema de la violencia sexual.

La violencia sexual en la adolescencia ha existido siempre, 
pero ahora se denuncia más

¿La reforma de la reforma de la ley les ha comportado más problemas a la hora de aplicarla y revisar las penas?

Hemos tenido varias revisiones y hemos hecho una interpretación, que en algunos casos está pendiente de recurso porque la Fiscalía no lo ha compartido y en otros las defensas no lo han compartido. El Tribunal Supremo ya ha marcado la línea jurisprudencial. Estamos aplicando la reforma de la reforma, como no puede ser de otra manera, con las dificultades propias de la precipitación legislativa. Esta necesidad periódica de cambiar el Código Penal, para hacerlo luego a la ligera y con deficiencias técnicas, es algo que deberíamos reflexionar como sociedad y los políticos en particular.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de agresiones sexuales con menores implicados, tanto víctimas como acusados. Con su experiencia como magistrada y exfiscal especialista en menores, ¿ha notado un aumento de este tipo de casos en los últimos años?

La violencia sexual en la adolescencia ha existido siempre, pero lo que sí hemos notado es que se denuncia más. En la adolescencia existen muchos riesgos de que los comportamientos superen la línea porque es una etapa de asunción de riesgos, de descubrimiento y de crearse una identidad propia. Está bien que se denuncie más porque así los poderes públicos pueden intervenir en algo que antes se quedaba solo en la esfera privada. La víctima antes se quedaba incluso sola, y no había posibilidad de ayudarla.

Siempre ha habido mucha violencia sexual, y continuarán saliendo casos. La cifra negra de víctimas menores, niños, niñas y adolescentes se da sobre todo dentro del núcleo familiar. Son los casos que los especialistas nos dicen que son más numerosos y más desconocidos porque es difícil que salgan del entorno familiar.

Es decir, que los casos de violaciones múltiples en la calle que crean más alarma social son mucho más excepcionales que los abusos en el ámbito familiar.

Sí, son casos muy excepcionales. Los adolescentes tienen un comportamiento grupal y gregario. Esto les lleva a hacer cosas que solos, a lo mejor, no harían, ya sea un robo con violencia o una agresión sexual. Es importante entender este tipo de comportamientos, que no justificarlos. Hay que intervenir con estos adolescentes, pero si solo intervenimos con la respuesta penal y el castigo, aunque sean menores, no va a ser suficiente. Rebajando la edad penal de los menores o aumentando el tiempo de duración de las medidas de internamiento no conseguiremos luchar contra la violencia sexual.

Hay que educar, la alfabetización sexual es lo esencial. Tenemos a niños y niñas que están aprendiendo con la pornografía y se comportan en las relaciones sexuales en base a los modelos aprendidos con la pornografía. Esto es un riesgo porque la pornografía tiene un sesgo claramente machista y basado en el supremacismo del hombre y en una mujer sumisa que disfruta con la dominación. Si nosotros no enseñamos a los chicos y a las chicas cómo hay que relacionarse con el otro y que las relaciones afectivo-sexuales no pasan por la dominación, no vamos a solucionar el problema. ¿Cambiamos el Código Penal o nos tomamos en serio la educación sexual?

Si decía que el proceso penal no soluciona los problemas, imagino que aumentar las penas tampoco.

Endurecer el Código Penal nunca resuelve los problemas sociales. No vamos a solucionar el problema de la violencia sexual ni aumentando las penas ni internando más tiempo a los adolescentes. Este camino no tiene un buen resultado.

Invertimos mucho más en el castigo que en ayudas para las víctimas

¿Los políticos prefieren cambiar el Código Penal porque es más barato que destinar recursos a la educación y a los servicios sociales?

El punitivismo parece que sale gratis, pero la pena de prisión tiene un altísimo coste. No solo para la persona que va a prisión, que normalmente pierde su trabajo o incluso su entorno familiar, sino que socialmente tiene un coste elevadísimo. En algunos países se han llegado a disminuir las penas de prisión por un tema de coste: el sistema basado solamente en pasar mucho tiempo en la cárcel se convirtió en insostenible. 

Por otro lado, sabemos que hay medidas penales alternativas a la cárcel que funcionan muy bien, y debemos potenciarlas. Invertir mucho en prisiones supone un coste elevado a cambio de frutos muy reducidos. En cambio, las medidas penales alternativas que no pasan solo por el punitivismo permiten invertir socialmente, educativamente y en ayudas a las víctimas. Todavía invertimos mucho más en el castigo que en ayudas para las víctimas. ¿Les hemos preguntado a ellas qué preferirían? Yo creo intuir la respuesta.

¿Esa tentación por el populismo punitivo también afecta a la izquierda?

El populismo punitivo ha sido incorporado por todos los partidos políticos, independientemente de si son de izquierdas o de derechas. Puede parecer que el populismo punitivo tiene que estar más ligado a regímenes dictatoriales, pero no es así. Ocurre en todo el mundo y en otras democracias además de la española. Parece que la única obsesión es más y más prisión e incorporar más conductas al Código Penal.

El Derecho Penal tiene que ser la última intervención. Hay otras posibilidades, como sanciones administrativas o la justicia restaurativa. ¿Por qué no aplicamos más la justicia restaurativa en los delitos leves? ¿Qué sentido tiene que dos vecinos que se han peleado y se han dado un par de empujones vayan a un juez para que les diga que efectivamente se han dado un par de empujones y les ponga una multa a cada uno? ¿Qué efecto tiene esa multa en la relación entre ambos y en toda la comunidad de vecinos? Se debería invertir más en espacios de diálogo para intentar solucionar los conflictos de base, lo que permitiría evitar nuevos conflictos y las escaladas de conflicto que son muy frecuentes en determinados ámbitos.

¿No se pone suficiente énfasis en las medidas penales alternativas al encarcelamiento?

Hace falta más proyección de este tipo de medidas. En Catalunya, donde este tipo de medidas alternativas se habían trabajado mucho, hay un retraso importante en su avance al que hay que poner solución. Y en el resto de comunidades la dotación económica sigue siendo muy baja.

Pensemos en una pena corta de prisión, que son las más habituales por ejemplo en los delitos contra la seguridad vial. Este tipo de delitos han llevado a la cárcel a muchísima gente con penas cortas, a veces por no poder pagar una multa. En una pena corta de prisión, las posibilidades de trabajar con esa persona para evitar que reincida son muy restrictivas. Por lo tanto, es mucho mejor una pena alternativa o una forma alternativa de cumplimiento como es la suspensión de la pena de prisión. El problema es que todavía se vende que si se suspende la pena de prisión, los condenados quedan impunes. Y no es así

Niño que ingresó a un cártel para pagar su droga, luego aprendió a torturar y mató a sus amigos.

 Reinserta documentó una serie de testimonios de niños, niñas y adolescentes 
que fueron reclutados por el narcotráfico.
La historia de Marcos es sólo una de las historias:
Marcos, el niño que ingresó a un cártel para pagar su droga, 
luego aprendió a torturar y mató a sus amigos.



Marcos fue detenido a los 17 años, luego de una corta vida en la que 
perteneció a dos cárteles que operaban en el sureste del país. (Cuartoscuro)

Con una infancia marcada por el encarcelamiento de su padre y un deseo por ser admirado, Marcos comenzó a los 13 años a consumir drogas, comenzó a drogarse para pagar sus narcóticos y terminó formando parte de un cártel en el que primero, aprendió a torturar y luego, por órdenes, tuvo que matar a sus amigos de su niñez.
Así lo relató Marcos, un joven que se identifica bajo ese nombre y cuyo caso quedó documentado por la Asociación Reinserta en el Estudio Niñas. niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada, publicada en el año 2021.

El documento tiene una aproximación a los datos sobre reclutamiento de menores en tres distintas regiones del país y advierte sobre la falta de datos oficiales que permitan conocer la cantidad de niños, niñas y adolescentes son captados por la delincuencia organizada para sostener sus actividades de extorsión, secuestro, venta de drogas, entre otros delitos.

Reinserta citó a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) que advirtió que para 2011, la cantidad de menores de edad reclutados por el narcotráfico ascendía a 35 mil, pero para 2018 autoridades mexicanas - sin especificar cuáles - documentaron hasta 460 mil menores captados.

Marcos se encuentra entre ellos. Cumpliendo una medida privativa al momento de rendir su testimonio a Reinserta, el adolescente reveló la admiración que tenía por su papá, pese a que este estaba en la cárcel por pertenecer a una organización delictiva.

“De lo poco que me acuerdo es que lo admiraba mucho, todos en la colonia lo conocían y lo respetaban”, recordó el menor en su testimonio, y admitió que ello lo motivó a querer ser como él, con tal de tener un poco de admiración y ser reconocido.

Originario de Cancún, Quintana Roo, el joven recordó que el ambiente carcelario no le era ajeno al momento de visitar a su padre en el Centro de Readaptación Social, pues incluso uno de sus tíos había estado preso al menos cuatro ocasiones por robo y narcomenudeo. Es por esta cercanía que aceptó que en su familia la cárcel era algo normal y fue tras ello, a los 13 años de edad, que Marcos comenzó a consumir drogas.

Primero fueron la marihuana y el alcohol, justo cuando cursaba la secundaria, a la cual le perdió el gusto, motivo que lo llevó a dejar la escuela y comenzar a llegar a casa alcoholizado y drogado.

Marcos habló sobre cómo entre los jóvenes con los que se drogaba se encontró con una mujer que vendía la droga, quien le contó que era buscada por criminales para matarla. Él le ofreció ayuda y tiempo después comenzaron una relación, producto de la cual tuvieron una hija.

Las pandillas fueron parte de su vida y con ellas emprendió su camino hacia drogas sintéticas, como la piedra, la cocaína y el cristal. Drogas adictivas y costosas que lo llevaron a un siguiente nivel, el robo.

Con su pandilla comenzó a robar para poder comprar su droga, y según lo relató él mismo, fue también el primer delito por el cual fue detenido, junto con portación de arma de fuego, sobre la cuales tenía una afición, pues las había idealizado a través de las series sobre narcotraficantes.

“Me gustaba su vida (de narcos), lo que habían logrado, el dinero que tiene, me emocionaba decir ‘Yo algún día voy a ser como él’”, pensaba Marcos en aquel entonces.Tiempo después, conoció a una persona que trabajaba para una organización criminal, a quien le pidió ayuda para conseguir trabajo y dinero.

A los 15 años de edad, Marcos ya buscaba ascender de rango “sicario”, para lo cual se le establecieron una serie de pruebas como atacar a un grupo criminal antagónico y después comenzar a vender droga. Con ello, llegó el adiestramiento para usar drogas, torturar, desmembrar personas y otras prácticas.

La búsqueda de mayores ingresos y el próximo nacimiento de su hija lo llevaron a tomar una decisión crucial, que fue la de cambiar de cártel. Ahí las reglas eran distintas, no se le permitía consumir drogas y se le sentenció a ser asesinado si, en caso de ser detenido, revelaba información sobre la estructura de la organización.

Otra prohibición era matar niños o mujeres, pero ahora sus tareas consistían también en secuestrar y torturar persona. Estas nuevas acciones lo llevaron a separarse de su familia e incluso a asesinar a amigos.

Un cateo en su casa derivó en su detención. La policía municipal ingresó a su casa, lo golpearon, torturaron e intimidaron para que revelara información sobre el cártel para el cual trabajaba. Todo ello, cuando tenía ya 17 años de edad.

Al momento de rendir su relato para Reinserta, Marcos estaba cumpliendo una medida privativa de dos años y medio. Con una perspectiva distinta de la vida, aseguró que buscaría ver a su hija y lamentó que la delincuencia es vendida como “lo más chin***” y en realidad es “pura soledad, tristeza y amargura”.

Evento Europeo de la Juventud, EYE2023 en línea: definir el futuro de la UE está en tus manos. Parlamento Europeo EYE2023.

Miles de jóvenes de entre 16 y 30 años de toda la UE se reunirán los días 9 y 10 de junio,en el Evento Europeo de la Juventud (EYE, por sus siglas en inglés), que se celebra en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, para desarrollar y compartir sus ideas sobre el futuro de Europa.

A youth is pictured with the hands in the air in victory sign during the openin of the European Youth Event EYE2020 held in Strasbourg  a year and a half the due date on 8 of October 2021 due to the pandemic. © European Union 2021 - EP - Dysturb/Chauvin Guillaume
EP - Dysturb/Chauvin Guillaume 

Se trata de una oportunidad única para que los participantes interactúeninspirándose mutuamente a la vez que intercambian puntos de vista con expertos, activistas, creadores de contenido y responsables políticos en pleno corazón de la democracia europea.

Únete a nosotros de forma online en el evento juvenil del Parlamento Europeo EYE2023 y comparte tus ideas sobre el porvenir de Europa.

Nuevas actividades

La quinta edición del evento, EYE2023, contará con actividades presenciales e híbridas en Estrasburgo. Están previstas alrededor de 200 actividades, incluidos debates, oportunidades para establecer contactos con otras personas y actividades artísticas y deportivas y cursos interactivos.

Algunas de las actividades se organizan en cooperación con otras instituciones, organizaciones internacionales, sociedad civil y organizaciones juveniles.

Echa un vistazo al programa completo del evento.

Participa en línea

Aunque no puedas venir a Estrasburgo en persona, tienes la oportunidad de participar desde cualquier lugar. Podrás seguir las actividades en el salón de plenos del Parlamento y hacer preguntas uniéndote a la comunidad en línea EYE2023.

Además, podrás participar en talleres y paneles sobre empleos verdes, digitales e híbridos; competencias; y derechos que tendrán lugar el 9 de junio. Consulta el programa online de todos los actos del 10 de junio, en el que se abordarán desde cuestiones sociales hasta los preparativos de las elecciones europeas de 2024.

Podrá seguir los eventos en directo en Facebook y en el centro multimedia del Parlamento. 

Aquí encontrarás todos los enlaces, que estarán disponibles tanto en la mayoría de las lenguas oficiales de la UE como en el lenguaje internacional de signos.

Haz oír tu voz sobre el futuro de Europa
Tu opinión y preocupacion sobre los problemas a los que se enfrenta Europa hoy en día también son importantes. Entra en youthideas.eu, explora las propuestas y reacciona ante ellas, sugiere cómo podrían hacerse realidad o presenta tus propias ideas. Los planteamientos más populares debatidos durante EYE2023 se publicarán en el Informe de Ideas Juveniles, redactado por jóvenes editores y presentado a los eurodiputados durante una audiencia en Bruselas en otoño de 2023.

La primera unidad policial especializada en violencia sobre menores de España se crea en Canarias.

Este nuevo operativo trabajará bajo la supervisión del 
Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, 
cuyo titular es Tomás Luis Martín.

Esta unidad ha incorporado a cuatro agentes, que ya trabajaban en el ámbito de menores, para poner en funcionamiento un equipo dedicado en exclusiva a la prevención, detección y protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Este nuevo operativo trabajará bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular es Tomás Luis Martín.

El magistrado ha destacado que es la primera unidad adscrita a un juzgado para la violencia contra la infancia y la adolescencia con carácter «hiperespecializado» para trabajar en casos de violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad y contra la libertad sexual así como la trata de seres humanos si alguna de las víctimas es menor de edad.

«Canarias se va consolidando en referente mundial en protección a la infancia y la adolescencia» y con esta unidad «tiende a la excelencia y a unos modos diferentes, más humanizados, de abordaje con criterios terapéuticos y de empatía inmediata», ha señalado en la presentación del nuevo equipo de la Policía Canaria.

Las islas están dando «pasos enormes» en esta cuestión, ha destacado Martín, ya que no solo cumplen con lo que exige la ley sino que profundizan en mejorar «el tránsito de la víctima desde que entra en contacto con las autoridades, especializadas y capacitadas para tratar estas situaciones víctimas».

«Hablamos de víctimas que pueden tener tres o cuatro años y que han sufrido un delito muy grave« por lo que se necesita de profesionales con »una capacidad y fortaleza mental muy grande que hay que poner en valor«, ha razonado el juez.

La unidad está integrada por «personas cualificadas y con formación, que se han presentado voluntarias y que tienen la sensibilidad y la fortaleza« necesaria para lidiar con estas situaciones.

En cuanto a la prevalencia de los delitos de violencia contra la infancia y la adolescencia, ha advertido de que «hay muchos casos que aún no vemos» aunque ha apuntado que «se ha elevado muchísimo el número de denuncias, de una media de 27 a más de 100» durante noviembre, diciembre y enero.

La violencia intrafamiliar «se eleva en situaciones tensas» y en libertad sexual «se están registrando más denuncias» lo que significa que «la población ve efectiva y confía en la operatividad de los servicios públicos, que les anima e impulsa a poner los hechos en conocimiento de la justicia», ha apuntado el magistrado.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha confesado su «enorme satisfacción» por poner en marcha esta unidad especializada para «la protección de menores, a disposición de la autoridad judicial» con profesionales «capacitados, disponibles y competentes».

Esta unidad especializada de menores «es germen de otras acciones de los próximos meses», ha adelantado Pérez, que «viene a cumplir el mandato judicial en la investigación, prevención, protección y detección de la violencia a menores» y en «inmediata conexión al estar ubicada en los juzgados».

El comisario jefe de la Policía Canaria, Luis Alonso Santos, también ha compartido la «satisfacción» de ver al cuerpo «colaborando aún más con la Fiscalía y las autoridades judiciales».

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha «felicitado» a Canarias por esta iniciativa que pone en servicio «un nuevo recurso y dispositivo para mejorar los niveles de protección a los menores»

2023-2024 Hoja de Ruta para la Acción sobre Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes y la Privación de Libertad

DNI, en colaboración con Terre des Hommes y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra las las niñas, niños y adolescentes (NNA), organizó el Foro Mundial sobre Justicia para las NNA y la Privación de Libertad, celebrado en Nuakchot, Mauritania, los días 8 y 9 de noviembre de 2022.
 
El Foro adoptó una hoja de ruta para la acción con las actividades de seguimiento llevadas a cabo por los socios del Estudio Mundial. La hoja de ruta describe los esfuerzos de colaboración de las diversas partes interesadas, integrando un enfoque intersectorial y de múltiples partes interesadas. El marco temporal de la hoja de ruta es 2023-2024, hasta el quinto aniversario del Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre las NNA Privados de Libertad, cuando se evaluarán los progresos y se definirán los próximos pasos.

De cara al futuro, es importante seguir aprovechando y utilizando la gran cantidad de información y datos recopilados, así como las recomendaciones formuladas, para dar un impulso que ponga fin a la privación de libertad de los niños.

2023-2024 Hoja de Ruta para la Acción sobre Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes y la Privación de Libertad

El Foro Mundial sobre Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y la Privación de Libertad, celebrado en Nuakchot (Mauritania) los días 8 y 9 de noviembre de 2022, hizo balance del trabajo realizado por el Panel de ONG sobre NNA Privados de Libertad desde la publicación del Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre las NNA Privados de Libertad en 2019. El Foro Mundial identificó buenas prácticas, así como cambios estructurales y en los sistemas que previenen la privación de libertad y facilitan la aplicación de alternativas.

La hoja de ruta es un trabajo en curso y se actualizará periódicamente

Si su organización desea contribuir o unirse a la asociación para aplicar las recomendaciones del Estudio Mundial, escriba a: globalstudy@defenceforchildren.org

 

Descargue la Hoja de Ruta 2023-2024 aquí

Practica la primera prueba preconstituida con menor que declara desde su casa. Hito del Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas.

Hito del Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas: 
Practica la primera prueba preconstituida con menor que declara desde su casa. 
Esta prueba evita que tenga que asistir al juicio.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria -el de Instrucción número 3-, realizó ayer (02/03/2023) la primera toma de la declaración de una víctima menor de edad de un delito contra la libertad sexual desde su propio domicilio, lugar designado por la propia víctima para prestar testimonio. 

Este pionero Juzgado lo alberga el de Instrucción número 3 de Las Palmas.

La declaración tendrá el valor de una prueba preconstituida, de modo que la víctima no tendrá que acudir al acto del juicio oral, si este se produce. Un hito.

Evitar la revictimización o victimización secundaria es uno de sus objetivos.


Mientras el juez Tomás Martín interrogaba a la víctima, que estaba en su domicilio, en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, el resto de las partes, cuya intervención es obligatoria -representante de la Fiscalía, abogados de las partes- escuchaban y veían todo desde la sala de observación de las dependencias del Juzgado. 

Al concluir el interrogatorio, las partes pudieron hacer a la víctima, a través del magistrado, las preguntas que estimaron procedentes, asegurando así el pleno respeto a los principios de contradicción y defensa, pero al mismo tiempo, atendiendo a las especiales circunstancias de vulnerabilidad de la víctima. 

Tanto durante como al concluir la declaración, la frecuencia cardíaca y niveles de estrés de la presunta víctima fueron estables y óptimos, elementos que el juzgado registra mediante pulseras que porta la víctima con el fin de asegurar su bienestar durante la declaración.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) destacan que «este modo de realizar la denominada prueba preconstituida -que evita que las personas denunciantes tengan que acudir al acto del juicio, al quedar grabado su testimonio, con los requisitos mencionados- se revela esencial para casos de presuntas víctimas con discapacidad, determinados trastornos en los que un cambio de espacio pueda incidir en su testimonio o personas especialmente vulnerables necesitadas de especial protección»

MEDIOS ADECUADOS
El sistema monitoriza la frecuencia cardiaca y el nivel de estrés mientras se practica la prueba

El Juzgado ha destacado que todo esto ha sido posible a partir del impulso de la Consejería de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y del apoyo firme de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, para la dotación de los medios precisos que permitieran realizar una diligencia de un modo hasta ahora desconocido, se subraya desde el órgano judicial.

Según explica, mediante la dotación de los dispositivos técnicos adecuados (denominados Bird en el ámbito profesional), el personal del juzgado puede conectarse telemáticamente desde cualquier punto de la Isla con la Ciudad de la Justicia), logrando que el testimonio de la víctima quede grabado en alta resolución, tanto la imagen como el sonido. 

El TSJC destaca que la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia y, en el marco de su desarrollo, la estrategia nacional de erradicación de la violencia contra la infancia y adolescencia «remarcan la necesidad de crear y fomentar entornos protectores, se enfatiza desde el órgano judicial».

Los sistemas amigables son multidisciplinares, practican la atención integral y comunican y se coordinan entre ellos, «poniendo el bienestar del niño, niña o adolescente en el centro».

Evitar la revictimización o victimización secundaria es uno de sus objetivos. 

Un entorno seguro se define como aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social. Con esta experiencia se trata de seguir avanzando en la consolidación de servicios amigables o adaptados: «sistemas que garantizan el respeto y la efectiva realización de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes al más alto nivel posible, teniendo presentes en particular los principios de participación, de no discriminación, del interés superior y de supervivencia y desarrollo». 

Esto supone, señala el TSJC, que la concepción y el funcionamiento de los servicios como la justicia, los servicios sociales y sanitarios se adaptan a las necesidades específicas de cada niño o adolescente y protegen su integridad, dignidad y privacidad, cuentan con profesionales formados en materia de infancia y adolescencia y comunican de forma adaptada a las capacidades, edad y madurez de estos.

El primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, ha cumplido con éxito su primer año de existencia.

 El primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, 
ha cumplido con éxito su primer año de existencia, 
ha proporcionado un modelo integral de protección 
que busca evitar la victimización secundaria. 
Además ha entrado a formar parte recientemente 
del Banco de Conocimientos e Innovación (BCI) 
del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
Y es referente para otras Administraciones de Justicia del Estado.

Profesionales del Equipo del Juzgado.


El funcionamiento de este 1º órgano judicial especializado en violencia contra la Infancia y la Adolescencia y dirigido por el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, 
ha sido estudiado por el BCI del INAP 
de cara a la implantación de órganos similares en todo el país.

Según este organismo, el juzgado especializado en la violencia contra la infancia y la adolescencia es un «proyecto piloto» desarrollado en las Palmas de Gran Canaria y que está destinado, principalmente, «para mejorar la respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial a menores víctimas de abusos sexuales».
Proyecto referente
Se trata del primer juzgado especializado en España en esta materia, que, además, «ha contado con el apoyo y trabajo de diferentes actores involucrados, como médicos forenses, policía nacional o asistentes sociales, entre otros», destaca el INAP.
Además, resalta que este órgano, adscrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con unas instalaciones «especialmente diseñadas para transmitir bienestar y calma» a los menores, que «solo tendrán que prestar declaración una sola vez» durante toda esta fase del procedimiento judicial y, además, contarán con la asistencia de «todos los agentes sociales» necesarios en un trabajo conjunto «en el mismo espacio para facilitar el proceso».
Según el documento, este proyecto «constituye un hito en nuestro país, como en 2005 lo fueron los juzgados de violencia sobre la mujer». Su puesta en marcha, que coincide con la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia, «permitirá extenderse a todos los juzgados de España en solo dos años».
Según este juzgado, en su primer año de trabajo -de octubre 2021 a octubre 2022-, se han instruido cerca 400 causas, de las que se han practicado cerca de 100 pruebas preconstituidas o exploraciones a víctimas mayores de 14 años.
El proyecto ha sido tomado como referencia de buenas prácticas por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento del País Vasco y también la Generalitat Valenciana ha mostrado su disposición a replicar el proyecto piloto del Juzgado.