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«Familias ayudando a familias: el eslabón perdido», Renovando desde Dentro, nº 13.


Marta Llauradó,
Renovando desde Dentro, nº 13.


Una familia en apuros

Laura[1] es una mujer venezolana, con residencia legal en España, viuda y madre de dos niños pequeños. Su marido murió después de una larga enfermedad coincidiendo con el deterioro de la economía del país. La emigración se vislumbró ante ella como la única posibilidad de no sucumbir a la pobreza. Desde el principio, tuvo claro que no iba a emigrar sin sus hijos. Tras un largo y difícil periplo, con diversos cambios de localidad y de domicilio, consiguió su permiso de residencia y de trabajo, y un contrato temporal en una empresa por el que está obligada a trabajar muchos fines de semana.

La familia vive en Barcelona, en una habitación alquilada. Laura tiene una hermana viviendo en la misma ciudad, cuyos horarios de trabajo por turnos y su propia vida personal no siempre le permiten ocuparse de sus sobrinos y , en ocasiones “no le quedaba otra” que dejarlos solos y trabajar con un ojo en la pantalla de su móvil.

Su trabajadora social le habló del Servicio de Familias Colaboradoras (SFC)[2]. Este servicio del ayuntamiento de Barcelona dispone de un banco de familias (personas) voluntarias que se ofrecen para dar un apoyo a familias en situación de vulnerabilidad que por distintas razones tienen dificultades para atender a sus hijos e hijas pequeños.

Laura tenía muchas dudas. Una madre del colegio de sus hijos, que también es atendida por los Servicios Sociales, la inquietaba. “Me coloca una cabeza grandísima, diciéndome que me van a quitar a los niños, que te lo pintan todo muy bonito y que presiente eso”. “A mí me dio tanto nervio que le dije a la trabajadora social: ‘No, tranquila. Ya veo con mi hermana cómo hago’”.

Sus hijos siguieron quedándose solos en algunas ocasiones y fue entonces cuando la trabajadora social le dijo a Laura que tenía que acudir al SFC sí o sí, porque en el caso de que los niños sufrieran algún percance debían estar protegidas, tanto ella, como madre, como la trabajadora social, por la responsabilidad que tiene de ofrecer este recurso.

“María, es que tengo miedo”, le dijo Laura a la trabajadora social.

Su principal miedo era que en la familia colaboradora hubiera una persona que pudiera tener una conducta abusiva con sus hijos, hasta el punto de que ya los iba advirtiendo de cómo detectarlo, cómo avisar y cómo salir corriendo. “Este es un miedo que tenemos la mayoría de las madres, una figura masculina desconocida que se quede a solas con nuestros hijos”.

Entre tanto, conoció a una familia atendida por el SFC, que le habló así del servicio: “Para mí es una bendición. Adriana ha estado ya en dos familias porque la primera tuvo que dejar de colaborar por atender otras necesidades”. A Laura esta idea de discontinuidad no le gustaba para sus hijos, pero la familia la tranquilizó: “Las dos familias han sido magnificas”, y siguió apartando sus temores.

Finalmente, decidió cerrar oídos a los comentarios negativos y aceptó la mediación del SFC. Por teléfono le informaron de las condiciones del servicio y de las características de la familia seleccionada para colaborar en su caso. “Cuando me dijeron que era Mónica, una mujer que vivía sola, me sentí muy aliviada”.

Una familia dispuesta a arrimar el hombro

Mónica es la persona que colabora con Laura. Se ofreció al SFC, deseosa de hacer un voluntariado social que para ella tuviera algún sentido. Tras un proceso de valoración psicosocial y de una visita a su domicilio por parte de las responsables del servicio fue admitida en el banco de familias colaboradoras. Aunque vive fuera de Barcelona, su disponibilidad horaria y sus circunstancias personales le permitieron aceptar la propuesta de cuidar a los dos hijos de Laura los fines de semana en los que esta tenía que trabajar.

Primero, tuvo una reunión en la oficina del SFC con la coordinadora y la familia al completo. Tras las oportunas presentaciones, se les explicó a los niños lo que iba a pasar y con quién, y se les pregunto por sus gustos, preferencias, rutinas, etc. A continuación, ambas familias plantearon sus condiciones, para finalmente acordar que Mónica recogería a los niños los viernes a la salida de la escuela y los llevaría a su casa para devolverlos el domingo a una hora y lugar convenidos. De este modo, llegaron a la firma de un acuerdo de colaboración por un periodo de seis meses, el tiempo máximo contemplado por el servicio, aunque renovable si continua la necesidad de apoyo.

Unos días después, Mónica propuso que Laura fuera con los niños a su casa, para conocerse mejor y para que pudiera tener un idea tranquilizadora de las condiciones en las que iban a estar sus hijos. También para que los niños se sintieran acompañados ante esta novedad en sus vidas. A partir de ese momento, los niños van solos a casa de Mónica, donde disfrutan de un tiempo de ocio en el campo: participan en algunas tareas, van en bicicleta, juegan a la pelota, ven la televisión, juegan a videojuegos…, y realizan salidas a la playa, a comprar, al cine, etc. Tanto Mónica como los niños se comunican con Laura en distintas ocasiones, ya sea para informar de alguna incidencia, mandar fotos o para darse las buenas noches o los buenos días.

Transcurridos los primeros seis meses de forma satisfactoria, Laura y Mónica se han sentado de nuevo en la mesa del SFC y han renovado el acuerdo para los siguientes seis meses.

La percepción del servicio por parte de Laura ha cambiado totalmente, tanto es así que cuando la mamá recelosa sigue con su discurso, Laura le dice: “Deja de ser tan obtusa. Tú no sabes la ayuda que te aporta el SFC. Te quitarías todas las dudas si solicitaras el SFC. Yo siento su apoyo cien por cien y estoy muy tranquila. Es una persona ideal. No me esperaba ver cómo la barrera de lo extraño desaparece”.

Esta es una de los cientos de historias que ha albergado el SFC desde su inició en 1984. En ella quedan reflejadas muchas de las características del Servicio. Como he dicho ya, su finalidad es ofrecer un apoyo temporal a familias en situación de vulnerabilidad que por distintas circunstancias (conciliación de la vida laboral y familiar, enfermedad, formación, respiro…) no pueden atender todo el tiempo a sus hijos e hijas pequeños.

Esta colaboración interfamiliar se apoya en cuatro principios básicos: proximidad, temporalidad, complementariedad y voluntariedad.

La proximidad entre las dos familias facilita la colaboración por razones prácticas y evita la desubicación de los niños de sus entornos habituales. Por su parte, el servicio se mantiene próximo a las dos familias, realizando un seguimiento y estando siempre disponible para atender cualquier duda o incidencia que pueda surgir a lo largo de la colaboración.

El principio de la temporalidad implica que la colaboración, ya sea por horas, por días concretos o por periodos de convivencia, es tan temporal como lo es la necesidad de apoyo por parte de la familia usuaria, con una duración máxima de seis meses, renovable por otros seis meses si la necesidad persiste.

El principio de la complementariedad implica que la familia colaboradora atiende solo aquellas necesidades de los niños que no pueden ser atendidas por su propia familia, en un marco de confianza mutua, basado en una relación fluida y colaborativa entre ambas familias.

Por último, el principio de la voluntariedad implica que las familia colaboradoras sean personas que se ofrezcan voluntariamente al servicio, sin recibir una prestación económica a cambio.

El Servicio se caracteriza también por su flexibilidad. La franja horaria en las que las familias usuarias necesitan este apoyo es tan diversa (determinadas horas, días o periodos de convivencia) como lo puede ser la disponibilidad de las familias voluntarias. De este modo, el servicio puede ajustarse a múltiples circunstancias.

Las familias usuarias llegan al servicio derivadas desde otros servicios del ámbito educativo, social o sanitario cuando se detecta una necesidad o se recibe una demanda de apoyo. El SFC les facilita el contacto con una familia colaboradora próxima a su domicilio (el caso de Laura y Mónica es poco frecuente en este sentido) cuya disponibilidad y circunstancias encajen con su demanda concreta de apoyo. Ambas familias, tras conocer la necesidad de una y la disponibilidad de la otra, acuerdan por escrito los términos de esta colaboración.

Este servicio tiene especial relevancia en los entornos de las grandes ciudades donde las condiciones y el ritmo de vida, la diversidad social y cultural, y el anonimato implican que no se den las relaciones de apoyo entre vecinos o, incluso, entre familiares que, de forma natural, se dan en núcleos de población más pequeños. En definitiva, este servicio provoca artificialmente el encuentro entre dos familias , en un marco garantista para ambas, que permite superar la barrera del miedo a lo desconocido.

Por otra parte, esta colaboración abre la puerta (o no) a una relación más sólida, de forma que, una vez finalizada la colaboración, la familia usuaria puede continuar contando con el apoyo de su familia colaboradora, si así lo desean , al margen del SFC.

“En la mayor parte de los casos se trata de una madre sola, una realidad familiar que no necesariamente está desestructurada… La mediación que realiza el SFC es muy importante porque da garantías a una y otra familia… Irene, la mamá con la que colaboro, alucinó cuando se enteró de que a las familias colaboradoras se les exigía un certificado de delitos de naturaleza sexual… Empiezas como vecina y puedes acabar siendo familia”. (Carolina, una familia colaboradora).

El perfil mayoritario de los usuarios de este servicio es el de una familia emigrante monoparental, encabezada por la madre, con serias dificultades económicas y que no cuenta con suficientes personas de confianza que puedan apoyarla en momentos en los que, por razones diversas, sus hijos pueden quedar desatendidos.

Alisha, nacida en Bangladesh y con residencia legal en España, tiene un hijo de seis años. Víctima de violencia de género, vive con unos familiares en un piso de cuarenta metros cuadrados, mientras espera (desespera) que le sea concedida una vivienda social. Desde hace un año se recupera de una grave enfermedad. Le preocupaba ver a su hijo encerrado durante los fines de semana, sin espacio para jugar y sin poder socializar con otros niños realizando actividades lúdicas. Los Servicios Sociales la derivaron al SFC.

Mis familiares me decían: ‘¿Te lo van a raptar o qué?’. Sí, tenía miedo. Un hijo único… Pero pensé que si firmaba un contrato no iba a pasar nada malo. El miedo desapareció en el momento en que conocí a la familia colaboradora. Son superamables y muy buenas personas. Tienen un niño y mi hijo está encantado de pasar con ellos los fines de semana alternos. Que él disfrute me hace disfrutar”.

“Con su carácter extrovertido, Alisha nos dio pie a establecer una rápida comunicación. Es una persona muy implicada en el bienestar de su hijo. El proceso de su enfermedad le llegó a afectar bastante y estuvimos pendientes para hacerle más fácil la entrega y la recogida del niño… El hacer calmoso de Kiran ha contagiado a mi hijo y a nosotros mismos”. (Lluïsa y Pau, la familia colaboradora de Alisha).

En la actualidad el banco de familias colaboradoras está constituido por 86 familias y se realiza una media de cien colaboraciones por año. La demanda es muy superior, indicando la necesidad de captar nuevas familias, objetivo en el que las profesionales del servicio dedican no pocos esfuerzos. Por otra parte, no tengo noticia de la existencia de un servicio similar en otros municipios españoles, salvo en Manresa, cuyo ayuntamiento ofrece el servicio “Fer de tiets (Hacer de tíos)”[3] con similares características.

La vida de las familias con hijos e hijas menores de edad tiene una dimensión relacional no exenta de carencias (soledad, enfermedad, estrés, obligaciones laborales, cuidado de otros familiares…) que van a determinar que los padres y madres no estén siempre disponibles para atender las necesidades de sus hijos e hijas y a tener que recurrir a apoyos externos.

En este sentido , las administraciones han articulado algunos servicios profesionales de apoyo. En Cataluña, por ejemplo, se ha creado el servicio CONCILIA, que atiende a niños y niñas de familias con pocos recursos económicos, fuera del horario escolar, en un lugar concreto y en una franja horaria determinada que no siempre se ajusta a la necesidades de las familias.

Sin embargo, tanto a los servicios de atención y protección de la infancia y la adolescencia como a la sociedad misma se nos escapa la importancia que para las familias con dificultades tiene la existencia de una red social de apoyo entre iguales. Quizás porque se les supone y la damos por hecha. Quizás porque pensamos que ya existen servicios profesionalizados que se ocupan de ello o porque “vete tú a saber quién es esta gente”.

La red social de apoyo ha demostrado ser fundamental para la estabilidad familiar y más, si cabe, en los momentos difíciles. Esta red la constituyen normalmente los parientes, los amigos, los vecinos, quienes de una forma natural y espontánea, sienten a la vez la necesidad y el deseo de arrimar el hombro, en una suerte de reciprocidad en la que el alivio de una es también la satisfacción de la otra. Estas relaciones naturales de apoyo mutuo se va forjando a lo largo del tiempo con la convivencia, con los relatos comunes y con las avenencias y las simpatías.

Un pez fuera del agua

Aunque la ausencia de red social se puede dar por diversas circunstancias, afecta en mayor grado a las familias inmigrantes o desplazadas de su lugar de origen y, entre ellas, a las familias monoparentales. Su aislamiento social puede verse agravado por la precariedad laboral y económica en la que malvivan. Por otra parte, la atención a sus hijos se convierte en un lastre para desarrollar sus proyectos laborales y de formación, y las mantiene en una vulnerabilidad crónica.

Las familias que han decidido salir de su país o de sus entornos de origen, huyendo casi siempre de la pobreza, a la que puede haberse sumado la violencia familiar o social, lo hacen porque vislumbran un futuro mucho más prometedor y liberador para ellas y para sus hijos, pero no deja de ser un salto al vacío. Tienen que empezar de cero, en ocasiones desconociendo el idioma o en la mas absoluta soledad.

Con el pretexto de controlar los flujos migratorios, las políticas de los países de destino no se lo ponen fácil. Su regularización está sujeta a que tengan un precontrato de trabajo que tarda años en llegar, viéndose obligadas a sobrevivir en la economía sumergida. Mientras la regularización no llega, no pueden acceder a los servicios sociales, con la excepción de la “gratuidad” de los servicios sanitarios y de los servicios de educación obligatoria.

Con la regularización no terminan sus dificultades en lo que se refiere al acceso a la vivienda, a unos ingresos suficientes y estables, y a las condiciones laborales que se ven obligados a aceptar, propias de los sectores en los que suelen encontrar empleo (hostelería, limpieza, cuidado de personas…). Su supervivencia es un constante y frágil equilibrio en el que cualquier incidente, cualquier pago inesperado, cualquier enfermedad, las puede llevar al traste.

El informe Abriendo ventanas. Infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social publicado por UNICEF España[4] aborda la citada problemática a la que se enfrentan estas familias y las consecuencias que su no resolución tiene sobre sus hijos e hijas en todos lo ámbitos. En él se subraya (p. 151) como factor de riesgo la ausencia de redes familiares extensas y considera como factor protector la existencia de estas y de redes sociales con familias autóctonas en el lugar de residencia.

Aunque ese informe no distingue entre hogares biparentales y monoparentales, hay que añadir el dato de que, según un informe de 2021[5], ocho de cada diez familias monoparentales (cerca de   1,5 millones) están encabezadas por la madre, con un riesgo de pobreza veinte puntos superior (47,3 %) al riesgo medio estatal (27,4 %). No es de extrañar, por tanto, que las familias demandantes del SFC sean mayoritariamente familias monomarentales de origen extranjero.

Una pregunta y algunas posibles respuestas

¿Cómo ha sido posible que un servicio como el SFC, que lleva más de treinta y cinco años proporcionando algo tan importante (así lo reconocen numerosos informes sobre las familias en situación de dificultad) como es una red social de apoyo en la propia comunidad, no tenga apenas réplica en los 63 municipios españoles con más de 100.000 habitantes?

Desde la reflexión que esta pregunta ha suscitado entre los integrantes del grupo Renovando desde dentro, puedo apuntar algunas razones:

- Los servicios sociales, en lo que respecta a la atención a la infancia y a la adolescencia, están estructurados de tal forma que los ayuntamientos tienen atribuidas unas facultades determinadas y la administración autonómica otras, con una nítida separación entre ambas. De este modo, se ha llegado a consolidar una forma de intervención en la que los servicios sociales de base, al no disponer de otros recursos, ejercen una labor exclusiva de vigilancia. Cuando la situación de los menores es insostenible son derivados a los servicios especializados del sistema de protección de la Comunidad Autónoma. No existe o ha desaparecido en la filosofía de los servicios sociales la protección de los menores desde la propia comunidad, la protección de proximidad. Sin embargo, desde la lejanía, el sistema de protección autonómico, a través de un complejo entramado institucional, acude con toda la caballería.
- El soporte a las familias con hijos e hijas menores de edad que se articula desde los ayuntamientos es, en su mayor parte, de tipo económico, siendo una tarea ingente la gestión o tramitación de los mismos, dada la diversidad de estos apoyos (ingreso mínimo vital, ayudas por hijo o hija a cargo y por discapacidad, para el pago del alquiler y de los suministros, para los alimentos, becas comedor, etc.) y la letra pequeña de los mismos. En su diseño no están contempladas las redes sociales de apoyo ni otras soluciones creativas, dentro de la propia comunidad, a los problemas cotidianos de las familias.
- La lógica del mercado ha alterado las relaciones sociales hasta el punto en el que han desaparecido formas colaborativas que tradicionalmente han sido tablas de salvación en momentos de crisis personal, familiar o social. “Hoy por ti, mañana por mí. ¡No me debes nada, faltaría más!”. Todo se ofrece a cambio de dinero y bajo la ley de la oferta y la demanda. Esto explica, en parte, el auge de la especialización que hace a los profesionales y no a los ciudadanos responsables exclusivos de tales tablas de salvación.

Por último, no quiero acabar este apartado sin mencionar un aspecto que ha sido apuntado por las dos familias usuarias entrevistadas y que condiciona su percepción de los servicios sociales: el miedo a perder el control sobre sus hijos. Leyendas o no, muchas familias temen a los servicios sociales, que son vistos más efectivos controlando que ayudando, llegando, en algunos casos, a la desidia. “La asistenta social del distrito anterior solo me atendió por teléfono y nunca me habló del SFC”, explica Laura como familia usuaria.

El miedo también afecta a la comunidad autóctona en la que se asientan estas familias. Se trata tanto de un miedo real a lo desconocido, a lo extraño, como de una excusa para no acercarse a ellas: el antes mencionado “vete tú a saber quién es esta gente”.

No podemos esperar que este apoyo interfamiliar se produzca de forma espontánea. La dilatada experiencia del SFC nos demuestra que, por raro que nos parezca, la artificialidad inicial de esta colaboración es solo eso: inicial.

La creación del SFC significó un trabajo previo de análisis de las necesidades y de los recursos, de los pros y los contras, de los beneficios y de los riesgos, hasta llegar a la configuración de un modelo que corresponsabiliza a la sociedad en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes a través del apoyo interfamiliar.

El modelo está listo para que, con las necesarias adaptaciones, pueda ser implementado, por parte de las administraciones locales, en las grandes ciudades, especialmente en aquellas con importantes porcentajes de población inmigrada.

Las familias usuarias de este servicio podrían ser la punta del iceberg de una demanda subyacente, que hoy por hoy no tiene a quién dirigirse, pero cuya atención puede significar acceder a un nivel de seguridad más alto del que muchas familias andan faltas y que, sin duda, mejoraría la atención que reciben sus hijos e hijas.

[1]Se han utilizado nombres ficticios para proteger la identidad de las personas que han sido entrevistadas.

[2]https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/es/canal/servei-de-families-collaboradores (página en castellano) y https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/servei-de-families-collaboradores (página en catalán).

[3]http://www.manresa.cat/web/menu/4360-atencio-a-la-infancia-adolescencia-i-familia (página web en catalán).

[4]Quiroga, V.; y Alonso, A. (2011). Abriendo ventanas. Infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social. S.l.: UNICEF (España) y Fundació Pere Tarrés. https://www.unicef.es/publicacion/abriendo-ventanas-infancia-adolescencia-y-familias-inmigradas-en-situaciones-de-riesgo

[5]Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. (2021). Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil. https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/madre-no-hay-m%C3%A1s-que-una-monoparentalidad-g%C3%A9nero-y-pobreza-infantil.

El peso de la precariedad laboral en la pobreza de los hogares con niños.

"En España, el 70% de niños en pobreza viven en hogares con uno o más trabajadores; y pese a que solo un 27% de los hogares en España hay menores, los hogares con menores constituyen la mayoría de hogares en pobreza laboral (53%). No obstante, a menudo se piensa en la pobreza laboral y la pobreza infantil como problemas separados. La mayor parte de los análisis sobre la pobreza laboral en España usan datos de un momento en el tiempo y se focalizan en individuos que trabajan. Sin embargo, dado que los hogares comparten necesidades y
recursos, entender los factores que incrementan el riesgo de pobreza requiere poner el foco en los hogares."
Lanau, Alba ; Lozano, Mariona
Revista Perspectives Demogràfiques, 2022; abril; (27) : 1-4 pp.
Centre d´Estudis Demogràfics,
ISSN: 2696-4228.


El estudio ha analizado la relación entre pobreza laboral y pobreza infantil, una relación a la que se había prestado poca atención en España hasta la fecha. España tiene una de las tasas de pobreza laboral más elevadas de la Unión Europea. Es una tasa que se mantiene relativamente estable en el tiempo: entre el 12 y el 15% de hogares con trabajadores viven en pobreza. Pese a una leve reducción entre 2018 y 2020, España se mantiene como el segundo país con más pobreza laboral, solo por detrás de Rumania.

Según el estudio, "la pérdida o disminución de ingresos de un adulto incrementa el riesgo de pobreza en un contexto en que dos salarios son, a menudo, necesarios para evitar la pobreza", a su vez "numerosos estudios científicos han destacado las dificultades que experimentan las madres para entrar o mantenerse en el mercado laboral, así como la vinculación entre maternidad y menores salarios" (resumen sacado del SiiS Servicio de Información e Investigación Social).

FOESSA constata que la exclusión aumentó en la Comunidad de Madrid tras la pandemia, y ese Gobierno no lo ve..

Los hogares con más probabilidades de exclusión social son 
aquellos tienen personas menores de 18 años.
El 22% de los madrileños se encuentra en exclusión social, 
370.000 personas más que antes del Covid-19.


Fila para la entrega de comida en la asociación de vecinos de Aluche por la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria de la covid-19

Los principales resultados de este trabajo de investigación alertan de que la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.

El informe que se ha presentado, junto con el informe global de la “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación. Un equipo de encuestadores profesionales ha llamado a más de 90.000 puertas a nivel estatal y 7.000 hogares en Madrid, recogiendo la información de casi 19.000 personas en el Estado, y 1.600 personas en Madrid.

Los resultados de esta investigación reflejan que en la Comunidad de Madrid un millón y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone cinco puntos más que antes de la pandemia (del 17% en 2018 al 22%), es decir, 370.000 personas más en exclusión social. Es especialmente grave el aumento de las personas en situaciones más difíciles, con un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas.

Los resultados también indican un aumento de la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 22%, que contrasta con el crecimiento del 18 % de las rentas de las personas con mayores ingresos. El desplome de rentas del quintil con menores ingresos explica el aumento de la pobreza severa.
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Cuando se niega esa realidad, sin tan siquiera leer ese Informe, se hace flaco servicio a la sociedad; si además se es un representante y gestor de la sociedad quien lo niega, mal vamos: Básicamente, lo indignante es que los poderes públicos estén tan aislados, segregados y retirados de este otro Madrid que es real”, reflexiona Marta Domínguez*.
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Ocho expertos en exclusión social desmontan al consejero de Ayuso: 
Si no ve pobres, demuestra su ceguera”.

Catedráticos y representantes de organizaciones que trabajan con los más vulnerables
 destacan el valor técnico y metodológico del informe de Cáritas 
frente a los argumentos del portavoz del Gobierno ante la exclusión social.

Cualquier académico sabe que la exclusión es más que la pobreza. Lo sabe el Eurostat, el INE y cualquier estadística”. Quien habla es Pedro Cabrera, catedrático de Sociología en la Universidad Pontificia de Comillas, con más de 36 años de investigación sobre la pobreza y exclusión social. Él es uno de los ocho expertos consultados por EL PAÍS para tratar de aclarar si el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, tenía razón cuando el miércoles menospreció un informe de Cáritas, organización ligada a la Iglesia Católica, que eleva la exclusión social en la Comunidad de Madrid a niveles de 2008, con millón y medio de afectados. ”¿Por dónde estarán?”, se preguntó el consejero con sorna. Un día después, la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, lo respaldaba: “Empeñarse en dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”.

Pero ninguno de los consultados avala su tesis.Siendo consejero de educación, demuestra poco nivel técnico y bajo mi punto de vista un nivel ético ínfimo al descalificar el programa FOESSA, que es el más completo, objetivo e independiente que hay en este país”, señaló ayer Cabrera. “Participan 150 investigadores de ocho universidades e institutos, lo que le da un carácter de estudio independiente que no tiene otro, y además se prolonga durante décadas, lo que nos permite hacer una visión longitudinal sobre la pobreza masiva y la exclusión galopante de este país”.

El catedrático continuó: “Que [Ossorio] se permita decir que no ve pobres, demuestra su ceguera, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una persona culta que ocupa una posición de relevancia, y sus declaraciones no pueden ser más que un empeño de su voluntad de no querer ver la pobreza y además en querer matar al mensajero, respetada por todo el mundo académico. Los pobres existen. Si no los ve, es que no los quiere ver o que se mueve en espacios de privilegio, o donde no tiene ocasión de cruzarse con los espacios de la periferia, marginalidad y ocultamiento”.

Sí, señor Ossorio, en Madrid hay pobres”, recalca también Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, por sus siglas en inglés). ”Es intolerable e inaceptable la forma en la que [el consejero] se dirige a las personas en situación de pobreza”.

Ossorio: "Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres. ¿Pues por dónde estarán?"

“Los datos de Cáritas siempre son rigurosos”

En opinión de este experto, los datos de Cáritas “siempre son rigurosos”. Y añade: Nuestro informe AROPE los corrobora y se elabora con datos oficiales de Eurostat y el INE, con indicadores comunes para toda la UE. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades más ricas de España y Europa, pero mantiene unos niveles de pobreza insultantes y nada dignos para una región en la que el señor Ossorio es un alto responsable”.

”Negar la objetividad y validez de los indicadores de pobreza constituye una temeridad”, afirma Alexander Elu, especialista en pobreza de la ONG Save the Children. “Las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social ofrecidas por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE adoptan una metodología e indicadores comunes y estandarizados en toda la Unión Europea”, puntualiza. “328.873 niños, niñas y adolescentes en Madrid viven en hogares con unos niveles de ingresos por debajo del umbral de la pobreza”.

Mónica Martínez-Bravo, profesora de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, institución de investigación de economía del Banco de España, cuestiona la metodología usada por Ossorio. ”Afortunadamente, tenemos datos estadísticos y la evaluación del nivel de pobreza no necesita ser determinada sobre la base de impresiones subjetivas (cómo lo que vemos al salir a la calle)”, puntualiza. “El consejero habla de objetividad, pero se contradice cuando sugiere que las impresiones subjetivas de los ciudadanos pueden tener más peso que un informe de Cáritas”.

Daniel Sorando, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y doctor en Sociología por la UCM, trata de interpretar las declaraciones del portavoz regional: “Pueden entenderse desde dos lógicas compatibles entre sí: por un lado, su ignorancia de la metodología con la que se mide la desigualdad y la pobreza en ciencias sociales; y, por el otro lado, su ignorancia de la sociedad que gobierna el equipo al que da voz”. Él remite a los datos del INE: “El 38,3% de los madrileños tenían dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes en 2020; el 28,8% no puede afrontar ningún gasto imprevisto; el 23,8% no se puede ir de vacaciones al menos una semana al año; y el 10,8% no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada”.

Básicamente, lo indignante es que los poderes públicos estén tan aislados, segregados y retirados de este otro Madrid que es real”, reflexiona Marta Domínguez*, profesora de Sociología Urbana de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora sobre vulnerabilidad. “La vulnerabilidad y la pobreza son realidades sociales. Negarlas es legitimar que se puede seguir haciendo política para las clases acomodadas”.

A lo que agrega: “Vemos que la población vulnerable está agotando sus vías de subsistencia y no hay políticas públicas que ayuden. La retracción del estado del bienestar deja en la estacada a gran parte de la población y, en Madrid, a muchos colectivos (mujeres, inmigrantes, mayores, jóvenes precarios) que malviven y subsisten gracias a las redes informales y de apoyo mutuo”.

“Ossorio dice algo correcto y, a la vez, comete un grave error, señala Gabriela Jorquera, asesora en el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. “Es correcto que Madrid es una comunidad rica, pero lo que registramos es una enorme desigualdad: hay gran cantidad de altas rentas y a la vez un grupo grande de personas que vive en condiciones de mucha pobreza y precariedad económica”. Ella se extraña de que el consejero no conozca esta realidad, porque, recuerda, se concentra en barrios extensos de Madrid. “Basta que se dé una vuelta por Vallecas, Carabanchel, Parla o Fuenlabrada, regiones y distritos que concentran altas tasas de precariedad, pobreza y exclusión”, agrega. En su opinión, las declaraciones de Ossorio reflejan “una percepción muy antigua y desajustada de lo que es la pobreza: no es una marca visible, tiene que ver con las condiciones del día a día”.

“Nosotros avalamos este informe porque se incluyen expertos en toda esta materia”. recalca también Ernesto Gasco, otro asesor del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. “Esta es una imagen real. Las administraciones deberían de ser más respetuosas con estas organizaciones. Hay que poner en marcha instrumentos para paliar la brutal desigualdad de la Comunidad de Madrid”.

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* Marta Domínguez, asociada de la Asociación GSIAProfesora Sociología Urbana UCM (Premio extraordinario 2003). Previamente, trabajó en la administración local (1987-2002). Directora de la Revista UCM Sociedad e Infancias y miembro del comité académico del Master de Políticas de Infancia y Adolescencia de la Escuela de Gobierno de la UCM.  Coordinadora local del Master Erasmus Mundus 4 cities y miembro del grupo coordinador de la FES de Sociología Urbana. Ha publicado artículos sobre infancia y ocio, infancia y formas familiares, y además, sobre las dimensiones culturales de la ciudad y la integración, segregación socioespacial, desigualdad social, identidad urbana, colectivos vulnerables, planificación estratégica, etc.



"Aprende y Educa", 1º Encuentro online Up!family.

Up!family (antigua Universidad de Padres), 
la rama formativa para padres y madres de la fundación Edelvives 
que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre.


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Por el derecho de los hijos de familias monoparentales se iguala y supera el derecho laboral.

El permiso de maternidad
¿es solo un derecho de la madre a cuidar 
o es también un derecho del niño/a a ser cuidado?
Últimamente resoluciones judiciales reconocen el derecho de las familias monoparentales, 
en base al derecho de los hijos de estas familias a ser tratados 
en igualdad respecto a los hijos de las demás familias,  
a disfrutar, por ello, de las mismas semanas de permisos laborales que las biparentales. 
El punto de inflexión puede llegar con un dictamen del Tribunal Supremo.
Madres monoparentales demandan al Estado: 
"Está muy bien que igualen los permisos de paternidad, 
pero nuestros hijos siguen teniendo menos derechos".

Madres paseando con niños. F. Josefina B. EP.
Aún llegan a contarse con los dedos de una mano, pero en los últimos meses se han acumulado varios pronunciamientos judiciales sin precedentes en España:
todos reconocen el derecho de madres solteras a disponer de las mismas semanas de cuidado de sus bebés recién nacidos que los hogares de dos progenitores. Acumular el permiso de paternidad y maternidad parece empezar a ser una realidad incipiente para estas familias, que llevan tiempo reclamando un cambio en la ley y que se están movilizando y acudiendo a los tribunales amparadas por diferentes sindicatos y asociaciones con la intención de abrir una brecha ante lo que consideran "una discriminación" por su tipo de hogar.

A la sentencia que lo reconoció por primera vez en España en noviembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, se sumó otra en Galicia hecha pública a primeros de mayo y el pasado viernes otra en Valencia. El Juzgado de lo Social nº16 de esta comunidad falló que una mujer tiene derecho a disfrutar de ambos permisos en contra del criterio de la Seguridad Social, que hasta el momento ha denegado estas peticiones. Y entre fallo y fallo, se produjo otro pronunciamiento más hace tres meses, en este caso del Consejo General del Poder Judicial, que movió ficha y avaló la acumulación de permisos para una magistrada de Catalunya que es madre monoparental.

En todos los casos se concede a las mujeres el derecho de disfrutar de semanas adicionales al permiso de maternidad, en algunos incluso el tiempo completo que correspondería a la suma de ambos permisos, sin restar las semanas que la ley obliga a que se disfruten tras el parto para los dos progenitores, y por lo tanto simultáneas. Así ocurrió con la sentencia de Euskadi: 16 semanas de permiso de maternidad más ocho del permiso de paternidad que en 2019, año en el que nació la hija de la mujer demandante, le correspondía al otro progenitor. La otra opción que también están reconociendo algunos jueces, como el caso de Valencia, es la de conceder el número de semanas que pueden alargar como máximo el cuidado del bebé los hogares biparentales: desde el pasado 1 de enero, cuando entraron en vigor las 16 semanas para cada progenitor, son 26 –16 de maternidad y diez de paternidad, ya que seis son obligatorias tras el parto–.

Y en todas las situaciones, los pronunciamientos apuntan al mismo principio como argumento clave: el interés superior del menor. "Lo que hacen es tratar de interpretar la ley de una manera amplia y protegiendo a los niños porque entienden que sus derechos no pueden verse mermados por pertenecer a un tipo de familia", cree David Molina, abogado del sindicato CSIF que ha representado a la mujer valenciana. 
El fallo, al igual que el de Euskadi, determina que negar la opción implica "una conculcación del derecho de igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño" debido a que "la atención, cuidado y desarrollo del menor sufriría una clara merma respecto a aquellos otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir". Una línea similar siguió el CGPJ, para el que lo contrario "vulneraría el derecho a la no discriminación" de los niños y niñas "al impedirles que se beneficien del mismo tiempo de cuidados y atención directos que habrían tenido al nacer en una familia de dos progenitores".

Este es el enfoque de derechos del niño que han defendido en los últimos años las familias monoparentales, que celebran la ampliación de los permisos de paternidad para ahondar en la igualdad de género, pero al mismo tiempo lamentan que ellas sigan en la misma situación. Zuriñe Quintana, la mujer que reclamó por vía judicial en Euskadi y abogada del sindicato ELA, cree que la norma actual "es totalmente discriminatoria" e "implica que se han olvidado de nosotras" –según el INE, la inmensa mayoría de las familias monoparentales en España son mujeres–. "Quedamos en un segundo plano", recalca Quintana, cuyo hija nació en junio de 2019.
A la espera del Supremo

Aún así, y a pesar de que las resoluciones de los últimos meses comienzan a abrir la puerta a esta opción, es previsible que el punto de inflexión venga con la decisión del Tribunal Supremo, que si admite a trámite el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el fallo del TSJ vasco, deberá pronunciarse y unificar doctrina al respecto. 
Preguntado por el caso, el Ministerio Público explica que la intención del recurso es "la necesidad de que el Supremo fije doctrina respecto a un tema tan novedoso como este", mientras que el Alto Tribunal aún no ha dictaminado si lo admite. 
Para Quintana, sin embargo, el recurso "es irresponsable" y "significa que la Fiscalía (que es la defensora nata del niño) está intentando que las familias monoparentales no tengamos los mismos derechos que las biparentales. Es incomprensible que recurra algo así". Con todo, de admitirlo, será el criterio del Supremo el paraguas en el que se ampararán los posteriores pronunciamientos y puede significar un antes y un después para estas familias.

Porque son cada vez más las mujeres que están acudiendo a los tribunales; las últimas han sido dos profesoras de Zaragoza defendidas por el sindicato CGT. Desde el CSIF apuntan a que una vez hecha pública la sentencia el pasado viernes, "otras tres o cuatro mujeres se han puesto en contacto con nosotros" en los últimos días para iniciar la batalla legal. Otras han sido acompañadas por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), una de las primeras organizaciones que empezó a visibilizar esta cuestión. Su presidenta, Carmen Flores, califica de "muy importantes" los últimos dictámenes porque "es una cuestión de derechos", pero lamenta al mismo tiempo "que seamos nosotras una a una las que tengamos que denunciar en función de nuestros propios recursos", por lo que reclama una reforma en la ley, puesto que la argumentación de la Seguridad Social para denegar las peticiones de quienes lo han reclamado se basa en que no es una posibilidad contemplada en la normativa vigente.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial se agarró a una de las excepciones que sí atiende la norma. Lo cierto es que los permisos por cuidado de hijo no permiten el traspaso de las semanas de uno a otro progenitor, pero hay una única salvedad: si la madre biológica fallece, el otro progenitor asumirá las semanas porque se entiende que su muerte "no puede limitar el tiempo total que los dos progenitores habrían podido dedicar al menor", esgrime el organismo, que considera que esto puede aplicarse "de forma análoga" al caso de las monoparentales puesto que su finalidad es "el beneficio del menor y su interés superior".
"No se puede ignorar su realidad"

En el centro del asunto, explica Libertad González, catedrática de Economía especializada en brecha de género y ámbito laboral, está el equilibrio entre las diferentes consideraciones que entran en juego a la hora de hablar de permisos parentales: "La cuestión es si estos derechos son derechos del individuo, del menor, de la familia y hogar...Y esto depende de cuál sea el objetivo que persigue, y que normalmente son varios: el bienestar del niño en los primeros meses tras nacer, la conciliación de la vida familiar y laboral y factores relacionados con la igualdad de género. La clave será analizar qué impacto tendría facilitar que las madres solteras acumulen ambos en estos elementos", considera la experta.

La reivindicación no es nueva; ya en la tramitación en 2019 del decreto que amplió los permisos fueron varias las formaciones políticas, entre ellas Compromís, Ciudadanos, PNV o ERC, las que reprocharon al Gobierno que obviara la posibilidad de que los progenitores que críen solos a sus hijos pudieran acumular las semanas de ambos permisos o elegir a otra persona de su familia o de su entorno cercano para que disfrutara del segundo. Esto es algo que plantea la profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Barcelona (UB), Núria Pumar, que señala la "escasa flexibilidad" del régimen español para estos casos. "No se puede ignorar la realidad de estas familias y ahora mismo es dar un trato igual para situaciones desiguales. Eso para mujeres que deben hacer frente a responsabilidades familiares en un mercado laboral muy agresivo", cree la experta.

Al mismo tiempo hay voces que ponen sobre la mesa otro factor: el riesgo de que estas mujeres se vean penalizadas en el trabajo por una ausencia prolongada. Libertad González apunta a que la medida "facilitaría la conciliación de las madres y la cuestión sería ver si tendría impacto en el desarrollo de su carrera profesional. Hay que tener en cuenta que son dos meses y medio más, no es tanto tiempo, y que las familias monoparentales son un grupo heterogéneo". Flores, por su parte, considera que "siendo cierto que las mujeres son sancionadas en el mercado laboral por la maternidad, si esta está protegida, debería estarlo en todos los casos" y más allá de las semanas iniciales de permiso, señala que para que esto, en general, no ocurra "hay que cambiar la mirada hacia el propio mercado laboral y las empresas, pero no perjudicar a nuestros hijos".

¿Qué es una familia monoparental?. / La letra ‘p’ es inocente.

Traemos aquí dos notas sobre la monoparentalidad: 
una recogida en Gencat sobre la propia definición, su composición, tipologías.... 
Y otra es una disertación de Alex Grijelmo sobre la P o la M 
en la palabra monoparental, y monomarental.

¿Qué es una familia monoparental? 

Según la normativa aplicable, se entiende por familia monoparental aquella que está formada por uno o más hijos menores de veintiún años, o de veinte y seis si estudian, que conviven con una sola persona y dependen económicamente.

- Las familias monoparentales pueden estar formadas por: 
    .- Una persona progenitora y sus hijos o hijas que conviven con otras personas con las que no tienen un vínculo matrimonial ni forman una unión estable de pareja. 
    .- Una persona viuda o en situación equiparada con hijos o hijas a cargo. 
    .- Una persona separada o divorciada que tiene la guarda de sus hijos o hijas y que cumple alguno de los requisitos siguientes:

- No percibir la pensión de alimentos fijada judicialmente.

- Percibir la pensión por un importe inferior al 50% del IRSC (índice de renta de suficiencia de Cataluña) por cada niño.

- En caso de que la persona haya sufrido abandono o violencia machista, de acuerdo con la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista con niños a cargo.

- En caso de que un progenitor tenga niños a cargo y que el otro progenitor esté encarcelado u hospitalizado o en otras situaciones similares durante un año o más.
 
- Hay dos categorías de familias monoparentales: la especial y la general. 
    .- Especial: 
        Familias monoparentales con dos hijos o más. 
        Familias monoparentales en las que el progenitor o un hijo o hija tenga reconocida                    una discapacidad o esté incapacitado para trabajar. 

     .- General:  El resto de familias monoparentales.

Fuente: Gencat

La letra ‘p’ es inocente.
El término “monoparentales” 
no sólo no tiene nada de malo 
sino que tampoco tiene nada de masculino.
Alex Grijelmo, 
El País

El lenguaje del feminismo atesora muchas virtudes, pero ha de lidiar con un problema. Las virtudes consisten en que denuncia y combate las discriminaciones. El problema reside en que una parte de los hablantes se siente ajena a ciertas expresiones y extiende su rechazo a quienes las emplean.

La ministra Irene Montero escribió en Twitter el 17 de abril: “El Ingreso Mínimo Vital es urgente. Para muchos hogares, en gran parte monomarentales, cada día que pasa sin esa ayuda es un día más sin comer”.

Incluso entre electores de Podemos habrá extrañado esta palabra, “monomarentales”, inventada ya hace años para evitar el genérico “monoparentales”.

Sin embargo, “monoparentales” no sólo no tiene nada de malo sino que tampoco tiene nada de masculino. Su letra p se ha identificado erróneamente con la inicial de “padre”, y por eso se pone en su lugar la inicial de “madre”. La policía antidiscriminatoria, como casi todas las policías, actúa con buena intención pero comete de vez en cuando algún exceso.

No hay rastro alguno de “padre” en “monoparental”, a diferencia de lo que sucedería con “monopaternal” (ahora sí de pater). “Parental” viene de “pariente”, término que puede abarcar a madres y padres, primas y primos, abuelas y abuelos.

Por increíble que le parezca a algún policía de la inclusión, “pariente” no se relaciona con “padre” sino con “parir”. Procede de parentis, participio de pario en latín; y de ahí tenemos “parentela”, “perentesco” y “emparentar”, vocablos que agrupan a personas que constituyen un matrimonio o cuyos partos se entienden figuradamente cercanos a él. Nadie hasta ahora había hablado de “marentela”, “marentesco” y “enmarentar”, que tampoco procederían de mater sino de una inexistente oposición etimológica con parentis.

Ahora bien, las familias monoparentales están formadas en un 82% por mujeres solas con sus hijos. Este dato invita a crear una palabra que resalte tan amplio porcentaje, y compartimos el descarte de la alternativa “monomaternal” (que significaría “con una sola madre”) porque la mayoría de las familias de dos progenitores cuentan también con una sola madre: un padre y una madre forman una familia monomaternal y a la vez monopaternal, pero no monoparental. Y supongo que al desecharse “monomaternales” surgió la malformación “monomarentales”.

¿Cómo resolver todo esto? Tal vez, acudiendo a los recursos propios de nuestra lengua: “familia solomaternal” o “familia solopaternal”. Puestos a inventar, estas opciones tendrían al menos cierta lógica y serían transparentes al entendimiento. Ambas comunican que se habla de una familia encabezada por uno solo de los dos hipotéticos parientes principales.

“Solomaternal” y “solopaternal” pueden convivir con el genérico “monoparental”. Porque tan pariente es la madre como el padre (incluso más, pues ella pare y por tanto es la pariente). Por si fuera poco, “pariente” ni siquiera necesita variación de género: “esta pariente mía es cariñosa”, “este pariente mío es cariñoso”.

Y sí, ay, empieza por p. Pero confiamos en haber convencido a estas alturas a la policía inclusiva de que la letra p no ha hecho nada malo y de que, por tanto, se le debería retirar la denuncia.