José María Vera, director ejecutivo de Unicef España, reivindica la importancia de que el sector privado incorpore la atención a los colectivos más jóvenes (y vulnerables) en el diseño de sus estrategias para estrechar las brechas de desigualdad.
Es frecuente pensar que el único impacto negativo de la empresa en los derechos de niños y niñas es el trabajo infantil. Es cierto que más de 160 millones de niños en el mundo trabajan, muchos bajo las peores formas de explotación laboral. En ello tienen que ver las cadenas de valor globales de empresas que no abordan con contundencia la lucha contra esta forma de laminar la vida de los niños.
Dicho esto, los impactos son más y más diversos, tanto en el lado negativo como en la capacidad que tiene la empresa para contribuir a la defensa y promoción de los Derechos de la Infancia. Productos nocivos, marketing engañoso de los mismos, la actuación de las plataformas tecnológicas y su impacto en el desarrollo y la salud mental de la infancia o la calidad del empleo de padres y madres y las dificultades de conciliación para una crianza presente son algunos ejemplos de impactos negativos con una potencia devastadora cuando se combinan con una débil protección social frente a las violencias y ansiedades.
La regulación europea apunta en la buena dirección para contener estos impactos negativos, aunque vaya lenta y se quede corta en ocasiones. La Directiva de Información sobre la Sostenibilidad Corporativa llevará a miles de empresas a reportar en detalle su actividad e impacto social y ambiental, recorriendo no solo lo predecible, sino todas las áreas del negocio y las operaciones. La Taxonomía verde y la social –pendiente ésta última de aprobación– darán claridad a lo que es y no es sostenible, a lo que tiene impacto social positivo y lo que no. Transparencia indispensable para prevenir el «green/social washing». Finalmente, la recientemente aprobada Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad, por más que se haya debilitado en la etapa final de su negociación en el Consejo de la Unión Europea, supone un hito en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de un planeta sostenible, exigiendo a las empresas mecanismos de identificación de riesgos y medidas de mitigación de estos. El andamiaje completo incide también en aspectos que afectan a la infancia como los mencionados en este artículo.
Las empresas están evolucionando hacia un mayor compromiso climático y, en menor medida, social. La transformación necesaria –impulsada por la regulación, algunos inversores y buena parte de la ciudadanía– no se puede limitar a las esquinas de la actividad empresarial, sino que debe afectar al corazón de esta, a su estrategia y operaciones. Sin desdeñar acciones puntuales positivas, son los cambios en los modelos de negocio y un manejo diferente de la tensión riesgo-tiempo-retorno los que pueden provocar giros sistémicos que reviertan las brechas sociales y la emergencia climática.
Dicho esto, hay que mencionar cientos de iniciativas de empresas solas o en alianza con organizaciones sociales, administraciones públicas y universidades que apuntan a abordar estos de manera decidida. En un foro reciente organizado por Ethic e ING España sobre La Revolución de las Finanzas Sostenibles se abordaron estos asuntos. Cabe remarcar tres puntos aportados al debate:
- La financiación verde debe completarse con la social, que se está quedando atrás. Las conexiones son evidentes: el impacto en la infancia del cambio climático o la necesidad de llevar a cabo transiciones justas socialmente, por ejemplo. Además, las brechas sociales han aumentado desde la pandemia.
- La educación financiera es esencial para enfrentar los desafíos sociales, ya que habilita para el empleo, da autonomía y abre oportunidades. El sector financiero –e ING es un ejemplo– puede aportar su experiencia y capacidades para hacer una contribución inmensa en este terreno.
- Las alianzas entre varios actores de diferentes sectores son esenciales para enfrentar desafíos sociales. Nunca son evidentes, sobre todo a la hora de ponerse manos a la obra y conformarlas de manera efectiva. Dicho esto, si se pone el foco en lo que se quiere lograr (en el impacto), se genera confianza, se respetan las restricciones de cada uno y se pone en valor la aportación de organizaciones, empresas y administraciones públicas. Los resultados son a otra escala; la necesaria.
Un buen ejemplo de lo anterior es la alianza Generation Unlimited España que impulsamos desde Unicef España y en la que nuestras empresas aliadas, ING España e Iberdrola, varias organizaciones sociales y la Universidad Politécnica de Madrid, buscamos la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cientos se han formado y empleado aplicando metodologías innovadoras que pretendemos escalar a otras empresas y a la política pública.
Los grandes retos sociales y ambientales –y de forma especial los que afectan a la infancia– deben y pueden ser abordados con determinación. Para ello hace falta el compromiso y la contribución de todos, también de una empresa que apueste por el impacto social positivo como el corazón de su propósito y negocio.
