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Las relaciones afectivo sexuales en la infancia y la adolescencia. IX Jornada GSIA

La pregunta que queda en el aire es quiénes y cómo vamos a acompañar 
a nuestros hijos e hijas a una visión y vivencia positiva de la sexualidad, cómo 
“una energía que nos impulsa a buscar afecto, contacto, placer, ternura e intimidad.., 
influye en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones e interacciones 
y por tanto está relacionada con nuestra salud física y mental”. 
Si seguimos eludiendo esta labor, sin abordar con ellos sus inquietudes y experiencias, 
sus conocimientos, hábitos, riesgos, comportamientos, los dejamos solos.




Esperemos que a este escaparate no haya que ponerle “farolillos” 
como a los del afamado barrio de Ámsterdam. 
En un mundo hipersexualizado como el nuestro, con web de contactos, 
cosificación de las relaciones, hiperexposición de los cuerpos…; 
unir la palabra sexualidad a infancia y adolescencia causa estupor y escándalo.

Sin embargo, programas televisivos como “Generación porno”, noticias de prensa sobre el aumento de las agresiones en manada entre personas menores de edad están presentes en los medios y causan alarmismo, fomentando una visión negativa, agresiva y crítica sobre el ejercicio de determinadas prácticas sexuales en jóvenes. 
En este contexto, decidimos embarcarnos desde GSIA, en el reto de organizar nuestra IX Jornada del GSIA con el tema de “Las relaciones afectivo-sexuales en la infancia y la adolescencia. Diálogos intergeneracionales”.
Queríamos construir con ellos otras narrativas y discursos diferentes a los que el mundo adulto construye sobre ellos sin ellos.
Si siempre nos es difícil su participación, al colisionar con el horario lectivo, en esta ocasión percibimos más obstáculos en la organización. El tema producía preocupación y rechazo. Sin embargo, el alto número de inscritos en las Jornadas y el hecho de que muchos de los participantes vinieran del mundo educativo, tanto de las entidades de tiempo libre como del entorno escolar, nos convenció aún más de que era necesario crear este espacio de debate respetuoso y libre.

Organizamos tres mesas de diálogo con expertos del mundo académico, profesionales de la atención directa, representantes de padres/madres y familias, chicos y chicas.

La primera mesa se centró en si existía o no educación sexual, sobre qué contenidos y quién debía impartirlos. La respuesta fue bastante unánime: no existe una educación sexual universal, pública, consensuada e integrada en la comunidad educativa.
Con ellos hablamos de la necesidad de recuperar la educación sexual como esa gran asignatura vital para la cual los padres y madres se sienten cohibidos, dando respuesta desde las propias demandas de sus hijos, que toman un papel más proactivo. 
Los chicos acuden a internet, a las secciones de las revistas, al conocimiento de sus iguales… y a menudo ese acercamiento les causa frustración porque no obtienen el saber y el acompañamiento que necesitan. Tampoco la escuela ha asumido esta tarea, ya que la educación sexual que se recibe está centrada en lo biológico, la genitalidad, la salud reproductiva y la prevención de los embarazos no deseados o la ETS. 
La formación afectivo-sexual que incluye poder hablar con ellos de temas de su interés como la identidad de género, la orientación sexual, las prácticas erótico-sexuales, la propia autoestima, la búsqueda del placer, las relaciones y vínculos que se construyen, el propio autoconocimiento…quedan, “con suerte” , incorporadas como tutorías, charlas de en muchos casos de entidades externas, no garantizando una equidad de acceso a un derecho reconocido por la Convención de Derechos del Niño y de la Organización Mundial de la Salud.
La transmisión de las expectativas, estereotipos, creencias sobre la sexualidad son culturales, están en lo
preverbal, en las conductas observables, en las pautas de crianza, los juicios de valor, las costumbres, la religión… están en todas partes desde antes de nacer. Por eso, convertir esto en una cuestión ideológica en la que hablar de “adoctrinamiento”, en vez de libertad de elección, autodeterminación y autonomía, donde los hijos y las hijas van a  recibir de su entorno convivencial y de su contexto cultural diversidad de modelos sobre los cuales se afianzarán como personas, sorprende.

En la segunda mesa convenimos que este es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos años en cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, la transformación del marco legal sobre la elección de la identidad de género o sobre la salud reproductiva. Sin embargo, los datos de diversos barómetros anuncian que han aumentado los jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género y se han incrementado los discursos de odio por ejemplo hacia la homofobia o la transfobia. Sigue pues existiendo una brecha entre los avances conseguidos y las repercusiones y trasformaciones sociales que han de acompañarla.
La discriminación sigue existiendo, la presión social, las burlas, las agresiones, la falta de empatía… pero al menos, ahora, determinados hechos no quedan impunes, son rechazados, tienen consecuencias. Es necesario reeducar desde el reconocimiento y la convivencia con el “otro” distinto que yo, salir del adulto-centrismo, generar conversaciones preventivas con los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, las redes sociales han generado redes de apoyo a la identidad, a un posicionamiento activo, que ha servido para fortalecer a aquellas personas del colectivo LGTBQ+ que viven en otros contextos como el rural.
Existe un salto generacional y muchos de nuestros jóvenes tienen una visión de mayor libertad y diversidad, de ruptura de patrones patriarcales y heteronormativos.

¿Pero qué opinión tienen sobre el tema del consentimiento? Este tema lo abordamos en la tercera y última mesa de diálogo. El consentimiento es entendido como un acuerdo de intimidad, en igualdad, respeto mutuo y sincero, en el que creamos un vínculo de confianza mutua. Por eso puede ser reversible, porque los límites negociados pueden cambiar…, porque “no vale todo”, porque eso no me apetece, porque sé autocontrolarme en sintonía con el otro.
¿Y en el caso de las personas menores de edad cómo valorar la madurez para el consentimiento? El marco jurídico y social entiende que un niño o niña de menos de 12 años no puede dar su consentimiento, entre iguales entre 12-16 años si pueden establecer relaciones consentidas entre ellos y a partir de los 16 años también con adultos si no hay una relación de sumisión-poder, coacción o diferencia de edad de más de 4 años. Sin embargo, la pubertad según los pediatras se ha adelantado y la sociedad fuerza un acortamiento de la infancia y un alargamiento de la adolescencia y la juventud. No es de extrañar, por tanto, que el interés por la sexualidad omnipresente en el mundo adulto también esté en nuestra infancia.

La pregunta que queda en el aire es quiénes y cómo vamos a acompañar a nuestros hijos e hijas a una visión y vivencia positiva de la sexualidad, cómo “una energía que nos impulsa a buscar afecto, contacto, placer, ternura e intimidad…, influye en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones e interacciones y por tanto está relacionada con nuestra salud física y mental”. Si seguimos eludiendo esta labor, sin abordar con ellos sus inquietudes y experiencias, sus conocimientos, hábitos, riesgos, comportamientos, los dejamos solos.

Y como sociedad y mundo adulto: ¿Cómo tener un análisis completo del fenómeno que permita diseñar políticas y actuaciones públicas que abarquen todas las perspectivas de dicho fenómeno y les incorporen activamente en la búsqueda de soluciones y en los procesos de prevención e intervención dirigidos a ellos?.

Nosotros desde GSIA creemos en la necesidad de esa escucha y en su capacidad de agencia en la
construcción colectiva y seguiremos impulsando espacios para conseguirlo.

Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, España. Una Respuesta Necesaria.

 "ESTE INFORME DA RESPUESTA A UNA SITUACIÓN DE SUFRIMIENTO Y SOLEDAD 
CUBIERTA POR UN INJUSTO SILENCIO". Ángel Gabilondo.

Los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. 
Un problema que ha causado mucho daño. 
La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, 
de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, 
y por una parte muy importante de la sociedad, 
en una institución que ha tenido un poder innegable en España 
y una autoridad moral en la sociedad.
La respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, 
ha estado caracterizada durante mucho tiempo 
por la negación o la minimización del problema.



El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega esta semana a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”, Una respuesta necesaria, dando cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja.

El Informe cuenta con 777 páginas y está alojado íntegro  en la web del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es). En el mismo, además de una presentación del titular de la institución y una introducción general, se recoge, entre otras cosas, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas, detalles de una encuesta encargada a GAD3, marco jurídico, y conclusiones-recomendaciones que son elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno de España para “la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con el objetivo de la encomienda”, según se explicita en la mencionada PNL.

El Defensor del Pueblo, señala, así lo hace constar en la introducción del Informe, que “se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Ángel Gabilondo pone de relieve la importancia que las víctimas han tenido en todo momento a la hora de abordar los trabajos que ahora concluyen. “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.

 Respuesta de la Iglesia y de los poderes públicos

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.

Se ha de reconocer, al mismo tiempo, que la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas. Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.  

Por su parte, los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica. Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Recomendaciones

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. La creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Así como diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos. (Todas las recomendaciones, integras, pueden ser consultadas en el Parte VIII Capítulo 2 del Informe).

Ángel Gabilondo, que ha dirigido los trabajos y presidido la Comisión Asesora de expertos, subraya que el Informe se ha configurado sobre la base de testimonios de las víctimas. “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.

Testimonios

La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

La atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por especialistas contratados para la ocasión (tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas). Las primeras víctimas fueron atendidas, en la Unidad de Atención a las Víctimas, el 6 de julio de 2022.

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.

Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación. Especial mención requiere la colaboración del diario El País, que inició sus investigaciones periodísticas en octubre de 2018 y que ha entregado hasta en cuatro ocasiones sus archivos a la institución Defensor del Pueblo para completar los trabajos.

Algunos de los testimonios recogidos en la Unidad de Atención a las Víctimas, con citas explícitas, se incluyen en el Parte III Capítulo 4 del Informe, tras contar con autorización previa del autor.

La mayoría de los victimarios conocidos son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.

Comisión Asesora

Tras recibirse la encomienda del Congreso de los Diputados, se comenzó a trabajar en el ámbito de actuación en tres direcciones. Además de la Unidad de Atención a las Víctimas y de pensar en la constitución de un Foro de Asociaciones, se creó, como se ha  indicado, una Comisión Asesora, compuesta por expertos externos: diecisiete asesores que pertenecen al ámbito profesional y académico con experiencia en atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y victimología, y profesionales que han dedicado su vida a la docencia o a jóvenes o han escrito y estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adultas. Esta Comisión se ha reunido en trece ocasiones. La primera, el cinco de julio de 2022. La última, el 28 de septiembre de 2023.

 Más de ochenta reuniones

El Defensor del Pueblo ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos y con superiores y miembros de la misma, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

Objetivo y Metodología

El objetivo del Informe ha sido el de describir la dimensión del fenómeno, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas, con el fin de que las recomendaciones emitidas sean útiles para la prevención y la reparación de las víctimas. Asimismo, se espera que los trabajos realizados y las conclusiones a las que los mismos han llegado contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes.

El Informe se ha realizado a partir del análisis interdisciplinar de la información recogida por diversas fuentes, como se ha apuntado, entre ellas los trabajos de campo propios, como una encuesta realizada por GAD3 para la institución Defensor del Pueblo que contextualiza el problema.

Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Asimismo, la encuesta de GAD3 también concluye que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13 % que la agresión se registró en el ámbito religioso.

El 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

La encuesta demoscópica, encargada por la institución siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones. Los datos desglosados de la encuesta se incluyen en la Parte III Capítulo III del Informe. Esta es la primera encuesta que se realiza con estas características desde 1994, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales hizo una similar, aunque la actual incluye más preguntas relacionadas con la problemática específica aquí examinada, y la muestra es muy superior.

El Informe indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones de este Informe no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas.

Ángel Gabilondo subraya que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.

 


‘El silencio roto’: el ‘podcast’ sobre la investigación de la pederastia en la Iglesia española

Los periodistas de EL PAÍS que han destapado el escándalo de la pederastia en la Iglesia española cuentan cómo fueron los tres años de trabajo que llevaron a abrir por primera vez unas pesquisas sobre los oscuros episodios en la jerarquía eclesiástica

EL PAIS

MARTA CURIEL - ÍÑIGO DOMÍNGUEZ

Madrid - 07 MAY 2022 - 05:45 CEST



El silencio roto es una miniserie sonora de tres episodios que permite conocer los entresijos de tres años de investigación periodística. Un trabajo de EL PAÍS que ha propiciado la primera causa oficial sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia en España. Los periodistas que han destapado el escándalo de pederastia cuentan cómo fueron esos años de pesquisas que finalmente llevaron a que por primera vez en la historia se abriera una investigación oficial al respecto.





1. Un muro de silencio 

Cómo empezó la investigación sobre los abusos de la Iglesia española




2. Algo que nunca le conté a nadie 

Cómo, a pesar de los cientos de testimonios que recibió EL PAÍS, la Iglesia seguía tapando lo ocurrido



3. 385 páginas

Cómo el equipo del periódico hizo llegar un dosier con 251 denuncias inéditas al Papa. Y cómo eso lo cambió todo






Créditos

  • Marta Curiel: Entrevistas, guion, realización, montaje
  • Íñigo Domínguez: Narración
  • Isabel Cadenas: Diseño de sonido, edición, producción ejecutiva
  • Ana Ribera: Edición
  • Nicolás Tsabertidis: Diseño de sonido, mezcla, grabaciones en estudio
  • Fernando Hernández: Dirección de arte
  • María José Durán: Diseño

Disponible en las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | RSS Feed

Hablemos de incesto

La mitad de agresiones a menores, como poco, la efectúan sus familiares. No quiero pensar que la voluntad de denunciar a una institución como la Iglesia supere a la de acabar con estos actos nefandos dentro del seno de las propias familias


Elisa Beni

elDirario.es


Dejó dicho Lord Byron que el mejor profeta del futuro es el pasado. No le faltaba razón. Uno se da cuenta a cada momento. La casualidad ha hecho que repare en ello al contemplar el mismo día en la prensa la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica –que afirma que ha afectado al 0,6% de la población española– y la impactante campaña del gobierno francés contra el incesto, es decir, contra las violencias sexuales y los abusos cometidos contra los niños en el seno de la unidad familiar. Si nauseabundo es el abuso cometido por los clérigos en uso de su supremacía escolar o espiritual, ¿qué dejamos para los abusos y violaciones cometidos por padres, abuelos, padrastros u otros en el seno de la familia? Cada tres minutos se comete uno de estos actos en Francia, así lo dice crudamente la campaña iniciada allí. ¿En España sucede menos o, simplemente, es una olla aún por descubrir? Más lo segundo que lo primero. 


Un “p'tit secret”. Así relata en los duros spots una niña el chantaje emocional que acompaña a las violaciones o abusos incestuosos. Ese secreto entre el menor y el abusador al que quiere y en el que confía. Creo en la necesidad de restauración de las víctimas de los sacerdotes y en la obligación de la Iglesia de hacer frente a esta indecente realidad, pero también creo en la obligación social de destapar lo que sucede muros adentro y de dejar de taparnos los ojos pensando que se trata de algo que sucede poco o que sucede solo en entornos desestructurados porque todos los informes existentes dicen lo contrario. “Todos los días te cruzas con personas que han sufrido el incesto en la infancia y con otros que lo han practicado”, afirma la secretaria de Estado de Infancia francesa. ¿De verdad creemos que esto no sucede en España?


Miremos al futuro también, a la prevención, a la muestra del rechazo social absoluto a esta realidad que sigue produciéndose y que incluso aumenta entre nosotros. La última preocupación expresada respecto a nuestro país es la de la ONU a través de su 'Observación sobre el noveno informe periódico en España', que la secretaria de Estado de Igualdad presentó hace tan solo seis meses. No habrán visto que el tema de la infancia abusada haya copado los titulares ni las campañas. Sin embargo, el comité “observa con preocupación que la legislación y los esfuerzos para atender las formas específicas de violencia de género contra las mujeres y las niñas como el incesto (...) son insuficientes en España”, de lo que alertan al gobierno. Los “informes oscuros” que se han manejado, aportados por asociaciones como Alanna, Clara Campoamor, Feminicidios y otras elevan las 3.206 denuncias oficiales recogidas en el Rumi de 2021 hasta 5.865 casos de los que sólo se habría producido condena judicial en 738. Recordemos que los niños no pueden denunciar y que tiene que hacerlo un adulto (la madre, un médico, un profesor...).


Nuestros niños son igualmente masacrados por estos delitos y por los cometidos por miembros de la Iglesia. Las consecuencias son igualmente devastadoras. No quiero pensar que la voluntad de denunciar a una institución como la Iglesia supere a la de acabar con estos actos nefandos dentro del seno de las propias familias. ¿Qué se ha hecho contra esto último? Claramente, poco o nada. Las asociaciones que trabajan estos temas llevan dirigiéndose al Congreso y al Senado desde 2015, con varias reiteraciones incluso este mismo año, que no han obtenido respuesta. ¿No le interesa esta horrible realidad a nuestros representantes? ¿Es un tabú demasiado difícil de vencer?


Ni siquiera nuestra Justicia ofrece una respuesta adecuada a los retos de una realidad más cruda de lo que queremos asumir., en aumento con visos de empeorar. La pornografía pederástica se ha convertido en un escándalo en alza donde estos degenerados encuentran una especie de normalización de sus peores instintos. Según el informe realizado en nuestro país hace unos años por Save the Children tras el análisis de procedimientos concretos, en pocos casos de denuncia se lleva a cabo por la Justicia una investigación exhaustiva, más bien se tiende al sobreseimiento que apenas es recurrido por la Fiscalía. La ong denunció también falta de motivación y ponderación en las resoluciones al aplicar el principio de superior interés del menor, insistencia en la “normalización” de la relación del menor abusado con el progenitor denunciado, poca especialización infantil de los equipos psicosociales, falta del impulso del procedimiento penal, fallos en la aplicación por los juzgados de Familia de la prejudicialidad penal y, llegan a decir, prejuicios de partida contra las madres denunciantes cuando está en marcha un proceso de divorcio. Al final ha calado el mensaje de la madre manipuladora que influye en los niños y denuncia al padre para sacar ventaja. Las infamias de ciertos grupos en la red no salen gratis y tienen repercusiones.


En medio de todo ese maremágnum burocrático y judicial hay muchos menores sufriendo, menores que serán adultos con un trauma difícil de superar y que tal vez intenten en el futuro exigir reparación y justicia a una sociedad que no ha sido capaz de protegerles ahora. ¿Somos como sociedad mejor que la Iglesia como institución? ¿No nos estamos, autoridades y ciudadanos, tapando los ojos como en su caso hicieron y hacen los prelados? ¿Somos de verdad mejores que ellos?

El Gobierno francés, por primera vez, ha utilizado la palabra incesto junto al abuso y violación de menores. Nunca antes se había hecho. Según los datos en el tiempo que han tardado en leer ese artículo un menor ha sido violentado por sus propios familiares. “Quería golpear en el estómago a nuestros conciudadanos” ha dicho la artífice de la valiente campaña francesa. Participo de su loable objetivo. El mejor profeta del futuro es el pasado y la byroniana reflexión nos permite afirmar que en el sufrimiento de los testimonios recogidos por Gabilondo podemos ver el dolor que ahora mismo se está fraguando en una infancia que será adulta. 


Hablemos del incesto y de que la mitad de agresiones a menores, como poco, la efectúan sus familiares. Estoy segura de que hasta este artículo será leído por el autor de un incesto porque están entre nosotros, cada día, asquerosamente impunes.


Hagamos algo, seamos mejores y más efectivos que las sotanas.


El día de la verdad sobre la pederastia en la Iglesia española

El Defensor del Pueblo desvela hoy los resultados del primer informe oficial sobre los abusos en el clero, que se prevé recoja cientos de miles de víctimas de abusos. La investigación del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española

El PAIS

IÑIGO DOMÍNGUEZ / JULIO NÚÑEZ

Madrid - 


El histórico informe sobre los abusos en el clero, muy duro con la institución, convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Se basa en una encuesta a 8.000 personas que cifra los afectados en un 1,13% de la población. Recomienda que el Estado también asuma su indemnización

España tendrá hoy el primer relato oficial de algo que hasta ahora oficialmente aún no existe, porque apenas hay datos sobre ello y ha sido un secreto oculto durante décadas: la realidad de la pederastia en la Iglesia católica, con cifras, estimaciones y una radiografía de lo ocurrido en las últimas décadas, también en cuanto a la responsabilidad de los poderes públicos. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta a las 11.30 en el Congreso la investigación encargada por la Cámara, decidida casi por unanimidad en marzo de 2022 —con el único voto negativo de Vox—, y que ha realizado durante 15 meses. También incluirá propuestas legales para abordar el problema y atender a las víctimas.

La expectación es máxima ante las primeras cifras oficiales de un fenómeno que la Iglesia, hasta hace dos años, reducía a “muy pocos casos”. Se espera, en cambio, una estimación de cientos de mi- les de víctimas, según los cálculos de este diario y todos los expertos consultados que toman como referencia las investigaciones y encuestas en los demás países católicos. Por ejemplo, en Francia, que en 2021 estimó 330.000 víctimas en el ámbito religioso, en un país donde el peso de la Iglesia ha sido mucho menor que en España durante el franquismo y en el sistema educativo.


El Defensor se ha nutrido de información y testimonios por varias vías -entrevistas con más de medio millar de víctimas, la base de datos de este periódico, archivos judiciales y los registros facilitados por la propia Iglesia—, pero también ha encargado una en- cuesta demoscópica, que será la primera que afronta esta cuestión en España. La única existente, realizada en 1995 por el catedrático de la universidad de Salamanca, Félix López, con una pequeña muestra, señaló que un 4,7% de los encuestados había sufrido abusos en ámbito religioso.


Es un paso decisivo en la búsqueda de la verdad que ha sido posible por la investigación que en 2018 inició EL PAÍS. Ese año, el periódico abrió un correo electrónico al que han escrito más de mil personas por primera vez dio voz a cientos de víctimas ocultas, comenzó a contabilizar los casos, creó la única base de datos pública existente y, en 2021, forzó un giro definitivo en la Iglesia y las instituciones para que por fin se movieran para sacar la verdad a la luz.


La cuestión irrumpió en la agenda política con un informe sobre pederastia en la Iglesia que EL PAÍS entregó en diciembre de 2021 al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Contenía testimonios contra 251 sacerdotes, religiosos y laicos, casos todos inéditos hasta el momento, y obligó a la Iglesia española a afrontar una gran investigación. También, por primera vez, los partidos políticos empezaron a hablar en serio de crear una comisión de la verdad o emprender una indagación a nivel oficial, al estilo de las realizadas en otros países. La propia Iglesia, que hasta entonces negaba el problema y rechazaba hacer una investigación interna, encargó una auditoría al bufete Cremades & Calvo Sotelo en febrero de 2022. Un mes después, el Congreso encomendó al Defensor iniciar una investigación oficial. Entretanto, en dos años este diario ha presentado cuatro informes, que en total recogen 545 casos, con 704 testimonios que ocupan más de 1.300 páginas.


En una carrera tácita con el despacho de abogados por entregar el informe, Gabilondo llega primero. Y la Iglesia española, que siempre se ha negado a revelar lo que sabe, deberá responder a las conclusiones del Defensor sin tener aún lista su propia versión de los hechos y sus propias estimaciones. De hecho, las relaciones de la Conferencia Episcopal con el bufete se han tensado en el último mes, pues la fecha de entrega, prevista inicialmente para marzo, se pospuso a junio, luego a otoño y ahora se espera para fin de año. Hace dos semanas, los obispos llegaron a darle un ultimátum de diez días, que no ha acatado.


Las víctimas aguardan con impaciencia este primer paso desde las instituciones para abordar esta lacra, y lo cierto es que ni siquiera se sabe cuántas son: el primer paso será precisamente ese, una primera estimación oficial. Hasta ahora solo existe la base de datos de este periódico, que registra en este momento 1.036 acusados y 2.206 víctimas en casos documentados. Según los expertos, es solo la punta del iceberg.


El porcentaje que se repite en todos los países católicos que han estudiado el fenómeno es que los curas y religiosos responsables de abuso de menores son entre un 4% y un 7% del clero. El 4%,en España, supondría 8.200 personas, aunque si se aplica este porcentaje solo al clero masculino se sitúa en 4.400 personas. Si se considera el 7%, la cifra ascendería al 14.350, que serían 7.700 solo en el clero masculino.


El Defensor del Pueblo creó dos equipos de trabajo, uno compuesto por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas y una comisión asesora formada por 17 especialistas y miembros de la oficina del Defensor, que ha elaborado el informe. La unidad de escucha a las víctimas abrió un correo electrónico y un teléfono de atención. Contó con una oficina y el equipo se ha desplazado por varias ciudades españolas.


Gabilondo tendrá que explicar por qué ha decidido presentar la investigación tras solo 15 meses de trabajo. No tenía un plazo fijo. Si se compara con investigaciones similares en países como Francia o Australia, los trabajos han sido muy breves. En Australia se alargaron hasta los cinco años y se entrevistó casi a 4.500 víctimas. En Francia la comisión empleó casi tres años y en 17 meses recibió 6.500 llamadas y mensajes. Posteriormente, realizó 250 entrevistas. También encargó una encuesta, a través de una muestra representativa de 28.000 personas: estimó que 5,5 millones de niños habían sufrido abusos en Francia, de los que 330.000 en el seno de la Iglesia católica, más de un 4% del total.


En España los únicos datos aportados por la Iglesia pertenecen al informe Para dar luz que hizo público el pasado junio, en el que los obispos admitían 728 casos de pederastia y contabilizaban 927 víctimas. Pero son datos parciales, ya que solo hacen referencias a las denuncias que las diócesis y órdenes religiosas han recibido desde 2019 en sus oficinas de atención a víctimas, que tuvieron que abrir por orden del Papa. Sigue sin dar a conocer el número de casos que ha gestionado durante décadas en sus tribunales eclesiásticos. Del mismo modo, la CEE tampoco incluía en ese documento detalles de cada caso (nombre o iniciales del acusado, lugar y fecha) a diferencia de lo que hacen las diócesis de EE UU o, más recientemente, el obispado alemán de Aquisgrán.


La cooperación de la Iglesia con el Defensor del Pueblo ha sido escasa. Gabilondo declaró hace un año que no veía “mucho entusiasmo” en las instituciones eclesiásticas para colaborar con su investigación. En marzo de 2023 solicitó por carta a los obispos españoles todos los casos de abusos sexuales que conocieran desde 1950. Una semana después la CEE le entregó seis tomos. Solo uno de ellos referente a los casos que conocía, pero sin precisar los nombres de los acusados.


Informe 'Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España'.

 En 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual. 

Save the Children

5 de Octubre de 2023



Son datos de nuestro último informe 'Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España'. en el que se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España.


En mayo de 2021 se produjo un avance fundamental en la protección frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes en España con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Esta ley supone un cambio de paradigma, confirmando que la prevención es la clave para acabar con la violencia contra la infancia. Al año siguiente, en noviembre de 2022, se aprobó la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia (EEVIA), que pretende ser una hoja de ruta para aterrizar a todos los niveles la propia LOPIVI.


Entre otras medidas, ambos textos prevén la atención integral a las víctimas y la especialización de la justicia en violencia contra la infancia y adolescencia. De he- cho, la propia LOPIVI establecía la obligación al Gobierno de presentar, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, otro Proyecto de Ley para llevar a cabo esta especialización. Por otra parte, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual y su reforma también contemplan avances en relación con la respuesta del sistema y la atención a víctimas de violencia (sexual en este caso), entre ellas, la inclusión del modelo Barnahus como modelo de atención integral.


A día de hoy, no existe un proyecto de ley específico para la creación de una justicia especializada en violencia contra la infancia. En la última legislatura, se impulsaron tres proyectos de ley referidos a la reforma del sistema de justicia: sobre eficiencia organizativa, procesal y digital. Estos proyectos eran la oportunidad para la creación de esta especialización, sin alternativa de regulación propia.


Publicamos nuestra primera investigación sobre la respuesta del sistema ante el abuso sexual infantil en 2017 (“Ojos que no quieren ver”) y en 2021 volvimos a publicar un análisis sobre los principales datos en el “Dossier sobre abusos sexuales a la infancia en España”. Ahora, Dos años después de la aprobación de la LOPIVI (Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia ), actualizamos una vez más los datos con nuestro informe “Por una justicia a la altura de la infancia” tomando como referencia los años 2021-2022 para compararlos con años anteriores, especialmente con el periodo 2019-2020.


Índice del informe:

  1. Introducción 
  2. Características del abuso sexual 
  3. Qué sucede cuando se denuncia un abuso sexual 
  4. Valoración de tendencias por comunidades autónomas 
  5. La justicia especializada como obligación 
  6. La propuesta 


Acceso al Informe (pdf)