jueves, enero 21, 2021

"16 AND RECOVERING", concurso de microrrelatos para autores con edades entre los 15 y los 29 años.

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Fad lanza el concurso de relatos

"16 AND RECOVERING"

en colaboración con MTV SPAIN

¡Queremos enviarle un mensaje de esperanza a las personas que están atravesando un bache en el camino! Buscamos historias, reales o de ficción, en las que se reflejen problemas relacionados con los consumos de drogas y/o la salud mental y se visibilicen formas para abordarlos y superarlos.

 

¡El ganador/a conseguirá un pack de merchandising MTV compuesto por gorra, camiseta y tote bag!

Texto alternativo
  • Pueden participar jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
  • La extensión máxima de los relatos es de 500 palabras
  • El plazo para participar finaliza el 31 de enero de 2021.
  • Los y las participantes deberán seguir los perfiles en Instagram de @fadjuventud y @mtvspain.
  • Y comentar una de las publicaciones sobre el concurso mencionando a dos amigos.
  • Un jurado compuesto por Fad y MTV Spain valorará los relatos.
Texto alternativo

¡Comparte y difunde en este ENLACE!


Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La norma crea, en consonancia con las directrices europeas, 
la figura de la persona consumidora vulnerable
un concepto variable (puede considerarse que se es por edad, conocimientos, ingresos, acceso a la información…) 
que se define como una persona en especial indefensión en relaciones concretas de consumo 
que le impide ejercer sus derechos en igualdad.
BOE Núm. de 17,  
20 de enero de 2021.  

A expensas de un análisis con más profundidad se adjuntan aquí 
los referencias que el Decreto Ley tiene con la infancia y la adolescencia: 

"....En esta línea, la Nueva Agenda del Consumidor subraya la necesidad de abordar las necesidades específicas de consumidores que, por sus características o circunstancias, requieran una mayor protección para garantizar la toma de decisiones en las relaciones concretas de consumo acorde con sus intereses.

Entre ellas, en la Agenda del Consumidor se destacan las siguientes: la necesidad de garantizar tanto la asequibilidad de los productos, bienes y servicios, como la disponibilidad de un información clara, accesible y fácil de manejar sobre ellos; la adopción de un enfoque justo y no discriminatorio en la transformación digital; la educación permanente, la sensibilización y la formación, especialmente a niños, niñas y menores de edad; o la protección frente a prácticas discriminatorias por razón de género... 

Asimismo, entre las dificultades que impiden el desarrollo en condiciones de igualdad en las relaciones de consumo por cuestiones de género, la violencia de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual han de ser contempladas en razón de su especial incidencia. La violencia de género sitúa a las mujeres en riesgo de exclusión social, frustrando sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o sus expectativas de  independencia económica, todo ello como consecuencia del control que ejerce el agresor  sobre las víctimas mujeres. Según datos de la Cruz Roja, el 84 % de las mujeres víctimas de violencia de género están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que afecta de una forma directa a sus relaciones de consumo.

Adicionalmente, y en el ámbito de la cuestión de género, se encuentran las familias monoparentales. Estos colectivos, encabezados por mujeres en un 81 % de los casos, afrontan necesidades que los sitúan en una posición de desigualdad en las relaciones de consumo. El 46,8 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media. Asimismo, las mujeres que encabezan estos hogares han de enfrentarse a situaciones de empleabilidad inestables, debido a las escasas posibilidades de conciliación que ofrecen las empresas, lo que provoca que muchas de ellas se puedan encontrar en situación de  desempleo o de trabajo en situación irregular dada su condición.

También se debe prestar especial atención a la situación de los niños, niñas y adolescentes que, de acuerdo con el INE, suponen el 17,6 % del total de la población, siendo los menores de 16 años el colectivo más afectado por el riesgo de pobreza relativa  según la encuesta de condiciones de vida. En sus relaciones de consumo, los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, presentan una mayor sensibilidad a la publicidad y a las prácticas comerciales agresivas, disponen de menor capacidad para reconocer el peligro, pueden sentirse atraídos por la apariencia de productos que entrañen riesgos para su salud o seguridad, o pueden presentar mayor sensibilidad frente a la toxicidad de  determinadas sustancias químicas. Requieren, como la Nueva Agenda del Consumidor advierte, medidas de educación permanente, formación y sensibilización...."

Se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda....

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Eva Belmonte. 

Consumidores vulnerables, veto a algunos desahucios y etiquetado, todo en un nuevo Decreto Ley

La norma crea esa figura para dar paso a posibles reformas que protejan a estas personas y modifica las condiciones para que un juez pueda frenar el desahucio de personas en situación de extrema necesidad aunque no tengan contrato de alquiler o hayan ocupado la vivienda.

La norma crea, en consonancia con las directrices europeas, la figura de la persona consumidora vulnerable, un concepto variable (puede considerarse que se es por edad, conocimientos, ingresos, acceso a la información…) que se define como una persona en especial indefensión en relaciones concretas de consumo que le impide ejercer sus derechos en igualdad.

Pero no es un concepto 100% nuevo. La Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, que es la que modifica, ya enumeraba, entre los derechos de los consumidores, “la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión”.

Lo que sí marca la modificación son obligaciones para las empresas tanto en la información previa a un contrato como en sus ofertas, que deben ser, añade, “claras, comprensibles, veraces” y estar en formatos accesibles, especialmente de cara a estas personas vulnerables. También deberán tenerlas en cuenta de cara al etiquetado de sus productos.

Además, añade la obligación general de incluir en la etiqueta, además de toda la información obligatoria hasta ahora, instrucciones para una correcta gestión de los residuos.

Las administraciones, por su parte, deberán poner en marcha políticas públicas destinadas a la protección de estas personas consumidoras vulnerables y prestar especial atención a sectores en los que abunden (por su complejidad, por ejemplo, como pasa con los servicios financieros) en sus programas de formación del consumidor, también en aquellos que están obligadas a emitir en las teles y radios públicas.

Además, el Decreto Ley añade entre los sectores que podrán ser objeto de reglas más estrictas, junto a los servicios financieros y los bienes inmuebles, a los servicios de telecomunicaciones y energía. Y habla de esas personas consumidoras vulnerables o la complejidad de ciertos sectores como una de las razones que permiten que una administración haga controles de mercado para evaluar la calidad de productos y servicios.

Modificaciones al veto a los desahucios

Aunque se contó de pasada y sin entrar en detalles en la rueda de prensa de ayer martes tras el Consejo de Ministros, el Decreto Ley también modifica las condiciones para que se suspendan los desahucios en el caso concreto de personas sin contrato de alquiler o título similar, ya sea porque se cedieron sin papeles o porque fueron ocupadas.

El Decreto Ley que en diciembre prorrogó la suspensión temporal durante el estado de alarma de los desahucios de personas vulnerables (que no superen cierto nivel de ingresos y no tengan otro lugar donde vivir) añadió también un nuevo supuesto: casas habitadas sin contrato de alquiler, ya sea porque se han cedido sin papeles o porque han sido ocupadas. Pero, eso sí, en este caso concreto las condiciones son mucho más exigentes y solo se permite que permanezcan en la vivienda, si lo decide un juez, en casos extremos.

Así, además de no alcanzar esos ingresos mínimos y no tener otro lugar al que ir, para que un juez pueda frenar temporalmente el desahucio tienen que ser familias con algún miembro dependiente, víctima de violencia de género o menores a cargo. Y solo lo podrá hacer en caso de que el propietario sea una empresa o un gran tenedor (más de diez inmuebles) y vivan allí desde antes de la entrada en vigor, en diciembre de 2020, de ese Decreto Ley.

Pero hay más condiciones. Lo que hace la norma publicada hoy es modificar algunas de las ellas. Así, hasta ahora, no se podía frenar el desahucio si la entrada o permanencia era consecuencia de un delito. El Decreto que entra en vigor mañana permite que se pueda suspender también en caso de que se trate de un procedimiento penal (no solo civil) y aunque se haya cometido un delito (por ejemplo, de usurpación), siempre que no haya habido intimidación o violencia sobre otras personas.

Por otro lado, sigue estando prohibido suspender el desahucio si la vivienda es la vivienda habitual o segunda residencia de otras personas, pero a partir de ahora también si pasa eso y el inmueble es propiedad de una empresa (hasta ahora solo se aplicaba esta norma a casas propiedad de personas físicas).

Con todo esto, el juez tendrá en cuenta si es un caso de extrema necesidad y si han cooperado con las administraciones públicas para encontrar una solución antes de decidir si paraliza el desahucio o no. Pero la lista de condiciones que se deben cumplir para que pueda paralizar un desahucio sin papeles, y solo hasta el fin del estado de alarma, es larga:

Condiciones que se deben cumplir para que un juez pueda paralizar temporalmente un desahucio en casos de no tener contrato de alquiler

  • Personas vulnerables (condiciones iguales que para la paralización del resto de desahucios):
    • Que el responsable de pagar el alquiler se quede en paro, le hayan aplicado un ERTE, haya reducido su jornada por motivo de cuidados (en caso de ser empresario) o haya sufrido otras circunstancias similares que supongan una “pérdida sustancial de ingresos”.
    • Que los ingresos de la unidad familiar no superen, en el mes anterior a la solicitud: tres veces el IPREM (1.613,52 euros). Cuatro veces en caso de que la familia cuente con algún miembro con discapacidad, dependiente o incapacitado. Cinco veces si el deudor es discapacitado físico de al menos un 65%, o mental de un 33%, o en casos de enfermedad grave que no le permita trabajar, ya sea a la persona que paga la renta o a su cuidador. Estas cantidades se incrementarán 0,1 veces el IPREM por cada mayor de 65 años y por cada hijo (0,15 veces en familias monoparentales).
    • Que el pago del alquiler y los suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, telecomunicaciones y pago de la comunidad) supongan el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar.
  • Que la vivienda sea propiedad de una empresa o entidad o de un gran tenedor (más de 10 inmuebles).
  • Que no sea residencia habitual de ninguna persona, ni segunda residencia, independientemente de quién sea el propietario (hasta hoy, este punto solo afectaba a casas propiedad de empresas, no de personas).
  • Tienen que ser familias con algún miembro dependiente, víctima de violencia de género o menores a cargo.
  • Haber entrado a la vivienda, que debe ser vivienda habitual, antes del 23 de diciembre de 2020.
  • Que estén en un proceso civil o penal iniciado por su propietario para recuperar la casa.
  • Que en la entrada o permanencia no haya habido intimidación o violencia sobre las personas.
  • Que no se realicen actividades ilícitas en el interior.
  • Que hayan cooperado con las administraciones para encontrar una solución.
  • Si se cumple todo lo anterior, que el juez decida que es un caso de extrema necesidad.

miércoles, enero 20, 2021

Hablando de Infancia y Adolescencia: HDIA Revista GSIA. Mes Enero 2021.

Hablando de Infancia y Adolescencia

La Asociación GSIA edita esta publicación periódica  y  digital,
que analiza la actualidad recogida por los medios 
en relación a la infancia y la adolescencia, 
aportando nuestro propio enfoque 
con distintos secciones, artículos y columnas de opinión.




Los niños y las niñas cuentan o no cuentan. Sabemos de muchas noticias que quisieron explicarnos cómo hay que contar o no contar niños y niñas en los reencuentros familiares por navidad. Pero más allá de la "anécdota" numérica nos llama la atención el papel que han jugado los niños/as en la actualidad durante la Navidad. Una Navidad en la que claro está, los niños y niñas cuentan para la ilusión, para el "cuento" de los Reyes Magos, pero
 ¿Cuentan realmente como sujetos participativos 
en las decisiones importantes para sus vidas?.

 ¿Damos visibilidad y escucha a sus propios relatos?.   
Esta cuestión nos hace rememorar las etapas por la que hemos transitado con los niños y las niñas desde la declaración del estado de alarma. Primero, nos dijeron que los niños eran hipercontagiadores, motivo de cerrar los parques; segundo, tuvieron que experimentar la nueva normalidad escolar, motivo de abrir las escuelas y las ventanas de las aulas de par en par como medida de seguridad; tercero sumar o restar a los niños y niñas en los reencuentros por navidad, motivo de garantizar reuniones familiares que no superaran la norma impuesta de cada Comunidad Autónoma. 

Todo esto da sólo para pensar una cosa, para los adultos y adultas los niños y las niñas no cuentan. Tanto, si por contar, se trata de una “cuenta”: una reunión familiar de 10 personas es una reunión de 10 adultos/as y por tanto “un niño no puede ser considerado como un adulto”, o si se trata de congregar a niños y niñas distribuidos en burbujas y en aulas donde sólo les sale a cuenta llevar abrigo y manta para atender a la lección, o si la cuenta o el cuento se convierte en responder a la pregunta: ¿pueden contagiar? Entonces, son niños y niñas nominales por asintomáticos, o sea personas que pertenecen a un determinado grupo de edad y que ponen en peligro la cohabitación entre adultos/as. Aunque todo es peor, las niñas y los niños no sólo no son un grupo humano desclasificado y no contabilizado sino tampoco les permitimos que cuenten su relato. 
La navidad para los niños, pero sin los niños....

En este número, la sección Escaparate GSIA se dedica al #CovidUnder19: La vida durante Coronavirus, Derechos de niños y niñas durante la pandemia por Coronavirus: puntos de vista y experiencia de la niñez.

No te lo pierdas.

Equipo GSIA.  

Acceso a números anteriores de 
la Revista "Hablando de Infancia y Adolescencia".

También en la web puedes encontrar Documentación relativa a la infancia y la adolescenciaartículos, documentación, investigaciones, estudios,  legislación, etc.

Justicia juvenil. Informe OIA 2020

 Berta Ruiz Benítez, 
Escuela Andaluza de Salud Pública, 
Junta de Andalucía. 


El cuaderno Justicia Juvenil forma parte de la serie monográfica Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, en la que abordamos la realidad de la población menor de 18 años en la Comunidad Autónoma centrándonos en aquellos contextos importante para su desarrollo vital, a partir de una serie de indicadores cuantitativos procedentes de fuentes como registros oficiales y encuestas consolidadas.

En el primer capítulo de este cuaderno incluimos información sobre personas menores de edad inmersas en procesos judiciales, en el segundo capítulo ofrecemos la información disponible sobre aquellos jóvenes condenados en sentencia firme, caracterizándolos según sexo y edad, así como recogiendo información sobre el tipo de infracciones cometidas y las medidas impuestas. Igualmente se incluyen datos evolutivos para trazar una tendencia temporal.

En Andalucía, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, durante 2019, el número de chicos y chicas entre 14 y 17 años enjuiciados fue de 4.858, con una tasa de 133 juicios por cada 10.000 jóvenes entre 14 y 17 años. Los chicos muestran un mayor porcentaje de juicios (80,3%) respecto a las chicas (19,7%); entre los 16 y 17 años (68,7%) son más frecuentes los juicios por infracciones. En estos últimos diez años, la evolución del número de juicios a menores de edad ha descendido un 33%. Del total de personas menores de edad enjuiciadas, un 85,8% obtuvo imposición de medidas, de los que tan solo un 28% fue por delitos leves.

Los datos proporcionados por el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, indican que, en el año 2019, en Andalucía, un total de 2.975 chicos y chicas de 14-17 años fueron condenados en sentencia firme, lo que supone 81,6 chicos y chicas condenados por 10.000 menores entre 14 y 17 años. Un 78,8% fueron chicos y un 21,2% chicas, alrededor del 60% cuentan con 16-17 años. Suponen un 20,3% de las personas menores de edad condenadas en España (14.112), y en cuanto a la evolución de este indicador, en Andalucía se ha mantenido una tendencia descendente desde 2013, disminuyendo en un 13% el número de chicos y chicas condenados en sentencia firme.

El total de infracciones cometidas fue de 5.179. Un 81% de las infracciones fueron cometida por chicos, y principalmente con edades comprendidas entre los 16 y 17 años (29,5% y 29,1% respectivamente). Por otro lado, se han dictaminado un total de 4.725 medidas, siendo las más frecuentes La libertad vigilada (42,7%), la prestación en beneficio de la comunidad (14,2%) y el internamiento semiabierto (11,5%) entre las tres supusieron más del 60% del tipo de medidas impuestas.

Por último, este año se ha incluido el apartado sobre personas menores de edad condenadas por delitos sexuales. En 2019, en Andalucía se registraron 88 chicos y chicas entre 14 y 17 años condenados en sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, suponen un 21,2% del total de España (416). En Andalucía, se registraron 111 delitos sexuales cometidos por jóvenes de 14 a 17 años, suponen un 20,3% del total de delitos sexuales registrados en España (548 delitos contra la libertad e indemnidad sexual). Un 44,7% de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos en España fueron abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años (245), un 30,1% por abusos sexuales (165) y un 10,9% por agresiones sexuales (60). Se impusieron 185 medidas, suponen un 21,9% del número de medidas registradas en España (846 medidas). En España, la libertad vigilada es la medida más frecuente (36,8%), así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima (28,1%) o el internamiento cerrado (12,9%)..

martes, enero 19, 2021

La situación de Cañada en Hoy por Hoy, y Pronunciamiento de Defensa de Niños y Niñas Internacional, España.

Àngels Barceló entrevista, en Hoy por Hoy, 
a Rocío García, responsable territorial de la FSG en Madrid, 
para conocer la situación que se vive en la Cañada Real tras los cortes de electricidad en la zona.
Programa: Hoy por Hoy
Editorial: Cadena SER
Emitido el 19.01.2021,



Pronunciamiento de DNI, España
ante las consecuencias nefastas en la vida de más de 4500 personas 
en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana.




lunes, enero 18, 2021

La Sociología de la Infancia y los Desafíos de la Pandemia por COVID-19. Convocatoria CI-17 FES, Congreso Andaluz Sociología.

 

Reunión intercongresual CI-17 FES (Sociología de la Infancia)

 

LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA POR COVID-19

    Viernes, 22 de enero de 2021. De 18:20 a 20:20 horas

Abierto a miembros del CI17 de la FES y otros congresistas y personas interesadas

Programa

 1 - Plan de trabajo y actividades desarrolladas por el
Comité. Novedades y eventos próximos.

Lourdes Gaitán. Presidenta del Comité


    2 - La mirada sociológica ante la pandemia y su repercusión en la vida
de niñas, niños y adolescentes
(“sociología de urgencia” en el confinamiento).

Iván Rodríguez, Lucía del Moral, Elisabet Marco y Daniel Gabaldón. Equipo directivo del Comité


   3 - Coloquio: iniciativas en el campo de la investigación y la
intervención.


Todas las personas que asistan podrán presentar sus iniciativas

 Enlace de acceso.






La juventud como chivo expiatorio.

Para desarrollar una estrategia de contención del virus eficaz, 
es necesario dejar de lado la visión adultocéntrica 
e incorporar a los jóvenes a las decisiones de política pública.

                    Pablo Vommaro Pandemia y Juventud, 

Robert Pricop/Unsplash)

Sin evidencias para culpar a los jóvenes, se plantea un debate inconducente que nos debilita frente a desafíos que sólo van a crecer. ¿Quiénes son los trabajadores de reparto, delivery y plataformas que han continuado trabajando en condiciones cada vez más precarizadas aun en los momentos más estrictos de la cuarentena? ¿Quiénes son los que sostienen la primera línea del sistema de salud, las enfermeras que se inician, los médicos residentes? ¿Quiénes están en los barrios populares, en las comunidades y en los territorios de la economía popular trabajando junto a las mujeres para garantizar la alimentación, el apoyo escolar o las medidas de cuidado y protección ante el virus? ¿Quiénes han perseverado en la educación virtual a pesar de desigualdades crecientes en conectividad, acceso a dispositivos y condiciones habitacionales, contando con el apoyo de madres, padres y docentes?.

La respuesta: las y los jóvenes.
Por eso, plantear que las juventudes están en las fiestas clandestinas o aglomerados en playas, ríos y centros de veraneo es ver sólo una parte del guion y ocultar película. Ante el aumento sostenido de contagios y muertes por el virus se ha instalado un debate acerca de la responsabilidad de las juventudes, a partir de una nota publicada en el Dipló por José Natanson (1), donde llamaba la atención sobre el riesgo de cargar las tintas sobre los jóvenes, respondida por un artículo de Daniel Feierstein (2).
En esta nota sostengo que culpabilización de las juventudes ante el alza de la pandemia no responde a evidencias, sino más bien a un discurso contraproducente que no contribuye a evitar contagios o a promover políticas de cuidado y prevención. ¿A qué se debe este discurso acusatorio hacia los jóvenes?.

Culpables
Una de las causas que dan cuenta de este fenómeno es la falta de escucha hacia las voces juveniles, la ausencia de una mirada generacional en los discursos mediáticos y las políticas públicas y el predominio de una perspectiva adultocéntrica, que produce las juventudes a imagen y semejanza de lo que los adultos esperan que los jóvenes sean.
No se trata, como sugiere correctamente Feierstein, de pensar los jóvenes versus los adultos. Lo necesario, coincidiendo con Natanson, es incorporar la perspectiva generacional, escuchar, reconocer y visibilizar a las juventudes y sus diversas prácticas en tiempos de pandemia. Generar empatía, diálogo y comprensión, más que acusaciones morales, culpabilización y solo punición.
Estamos de acuerdo con Feierstein en que tenemos que entender los comportamientos juveniles dentro de una dinámica social más amplia. Las conductas de desaprensión, los discursos que critican o llaman a no cumplir las medidas sanitarias dispuestas por los gobiernos y quienes muchas veces no dan el ejemplo son dirigentes adultos y no las juventudes. Las y los jóvenes se producen y son producidos como expresión y parte de lógicas sociales más amplias y es por eso que depositar en ellos las causas de todos los males y usarlos como chivo expiatorio provoca rechazo y reacciones negativas por parte de los propios jóvenes, cuyos comportamientos supuestamente se busca cambiar.
Junto con las niñas y los niños, las y los jóvenes son quizá el sector social menos considerado en la pandemia. Como parte de una omisión más general que se arrastra desde hace años, la mirada juvenil estuvo ausente de las políticas públicas impulsadas para mitigar o contrarrestar el avance del virus.
Los jóvenes encararon la virtualización de la educación como pudieron, la mayoría vieron precarizadas sus vidas y sus condiciones laborales, muchos de los que habitan los barrios populares fueron criminalizados y perseguidos por fuerzas de seguridad. También protagonizaron las estrategias comunitarias y populares de cuidado y protección. Pero esto se invisibiliza enfocando sólo en las juventudes de sectores medios y medios altos urbanos que se aglomeran en las playas y los ríos y que concurren a las llamadas fiestas clandestinas.
La dimensión afectiva, vincular, de sociabilidad y encuentro es poco considerada en este debate. Fue subvalorada en los últimos meses y lo sigue siendo. Por un lado, la pandemia mostró una ambivalencia. Potenció las relaciones y comunicaciones a través de los espacios digitales (principalmente habitados por jóvenes). Al mismo tiempo, esta expansión del mundo digital mostró la necesidad de los encuentros presenciales. Lo virtual no es suficiente si de emociones y sociabilidad juveniles se trata. El encuentro corporal, cercano, sigue siendo fundamental, potente y valorado por las y los jóvenes.
Así las cosas, ¿qué previsiones se tomaron para incorporar las prácticas juveniles de esparcimiento, ocio y tiempo libre en la planificación de la temporada de verano en pandemia? Se hizo hincapié en los protocolos para los lugares de alojamiento, para el transporte o para el ingreso a las localidades. Pero, una vez más, la mirada generacional estuvo ausente a la hora de pensar qué harían las juventudes, protagonistas del verano, para encontrarse y celebrar.
La prohibición, la punición y las restricciones (necesarias para mitigar la pandemia) prevalecieron, sin pensar en alternativas que las complementen. Si hay cosas prohibidas, ¿qué es lo que se habilita? ¿Cuál es la posibilidad, lo que se ofrece como opción, lo que sí se puede hacer?.

Recreación responsable
Una idea concreta que aún es posible implementar: crear una mesa de trabajo con organizaciones y referentes juveniles para pensar alternativas que hagan posible la recreación y el disfrute del tiempo libre en el verano sin generar situaciones de descuido y riesgo. Es decir, convocar a las juventudes, escucharlas, reconocerlas, dialogar. Prevenir y prever, más que actuar luego de que los descuidos se produjeron.
Esta dimensión de interlocución y argumentación es fundamental, porque la evidencia muestra que solo apelar a una responsabilidad con el prójimo y con las personas mayores desde un discurso adultocéntrico no genera los efectos buscados. No se trata de justificar o resignarse a la irresponsabilidad social. Pero es necesario que las y los jóvenes comprendan la importancia del cuidado individual y social y sean convocados a pensar juntos las alternativas concretas para lograrlo.
Las dimensiones sociales y colectivas son fundamentales en estos esfuerzos. El relajamiento de los cuidados en las últimas semanas muestra, además del cansancio de grupos cada vez más amplios de la población, que el discurso de la responsabilidad individual tiene sus límites: se agota. Y que es necesario enfatizar un mensaje de prevención y cuidado social, colectivo, comunitario. No exigirles a las juventudes comportamientos que otros grupos sociales son incapaces de tener. Buscar a los jóvenes como aliados de estas iniciativas y no construirles como chivos expiatorios de los males sociales es un camino a explorar.
Por otra parte, sabemos que el aumento de los casos en los últimos días no se debe a las aglomeraciones juveniles o solo a la nocturnidad. Es más bien un efecto de discursos y prácticas sociales habilitadas desde las políticas públicas. Con bares repletos, transportes públicos sobreocupados y empleadores forzando a los trabajadores a regresar a la presencialidad, ¿el rebrote es causado por las juventudes? Ya se sabe que los contagios crecen en lugares cerrados poco ventilados. Quizá los gobiernos deberían preocuparse más por evitar estos comportamientos, promover el teletrabajo (para que haya producción con menos circulación) e incentivar una gastronomía estival únicamente al aire libre, que por culpabilizar a las juventudes.
Desde ya, para tomar medidas efectivas de mitigación de la pandemia hacen falta políticas públicas activas que promuevan los cuidados sociales y compensen la inevitable retracción de la actividad económica. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Ayuda al Trabajo y la Producción (ATP) fueron medidas acertadas en ese sentido; millones de jóvenes los recibieron. Su interrupción atenta contra las posibilidades de protección colectiva de los sectores que más la necesitan y que menos posibilidades tienen de encontrar alternativas al trabajo presencial.
Como señalamos en un reciente documento elaborado por el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (3), es preciso implementar políticas públicas de prevención y promoción más eficaces, integrales, transversales, situadas y singularizadas, que incluyan las voces juveniles con un mensaje que focalice en las medidas necesarias para el cuidado y las alternativas permitidas ante las restricciones y no tanto en el castigo y la culpa. Es con y desde las juventudes -y no en su contra- que podremos afrontar más afectivamente la actual coyuntura de rebrote y proyectar un mundo mejor en la pospandemia.

1. https://www.eldiplo.org/notas-web/que-hacer-con-los-jovenes-irresponsables/
2. https://www.eldiplo.org/notas-web/apostar-a-nuestra-mejor-version/
3. “Ante la responsabilización de les jóvenes por la nueva ola de contagios”, comunicado del GEPoJu (IIGG-UBA): https://www.facebook.com/gepojuiigg/

* Pablo Vommaro, Profesor e investigador UBA/CONICET-CLACSO. Co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (IIGG-FSoc, UBA).
Por Pablo Vommaro*
La responsabilidad de los jóvenes en el rebrote de coronavirus generó un debate en el Dipló acerca de su estigmatización y culpabilización. En esta nota, el especialista en juventudes Pablo Vommaro explica que, para desarrollar una estrategia de contención del virus eficaz, es necesario dejar de lado la visión adultocéntrica e incorporar a los jóvenes a las decisiones de política pública.

domingo, enero 17, 2021

Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y movilizaciones sociales. Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19.

 


III Seminario Internacional, Interdisciplinario e Interinstitucional. 

Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y movilizaciones sociales. Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19. 

Programa Seminario de Estudios 
de las Infancias y las Juventudes REIR,
25, 26 y 27 de enero de 2021

Transmisión en vivo por Facebook, Live https://www.facebook.com/REDinfanciasLA

Formulario de inscripción: http://bit.ly/SeminarioREIR 
(se recibirá por correo liga Zoom)
El III Seminario Internacional, Interdisciplinario e Interinstitucional de Estudios de las Infancias y las Juventudes. Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y movilizaciones sociales. Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19, pretende ser un espacio de encuentro y diálogo. En un contexto donde la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a un confinamiento mundial, los problemas de las infancias y las juventudes se han agudizado con mayores desigualdades. Los espacios de la casa-escuela-trabajo se desbordan borrando las fronteras entre ellos y modifican nuestras prácticas cotidianas. Las reacciones ante este confinamiento han sido múltiples y diversas, sin embargo muchas de las violencias preexistentes al confinamiento se profundizan y otras más han surgido. Los movimientos sociales y resistencias comunitarias también han sido confinadas, no obstante muchas continúan en la lucha desde un sentido de solidaridad por defender la dignidad y la vida de los pueblos y colectivos...

sábado, enero 16, 2021

Abusos en el Deporte: El deporte español ante el gran reto de la protección a los menores.

El Consejo Superior Deportes insta a las federaciones a cumplir las obligaciones legales
 e implementar los nuevos protocolos para prevenir delitos y garantizar el amparo a las víctimas.

Eleonora Giovio / Faustino Sáez

El último caso (conocido) de abusos sexuales a menores en el deporte se cerró a finales de noviembre con una condena de 15 años y medio de prisión para Carlos Franch, exentrenador de un club de gimnasia artística de Betxí, un pueblo de 5.700 habitantes en la provincia de Castellón. Franch se aprovechó de su relación de superioridad derivada de su condición de entrenador para abusar de gimnastas menores de dos generaciones diferentes a lo largo de más de 20 años. Las denuncias realizadas en 2017 fueron 12, pero sólo en tres casos los delitos no habían prescrito. Ni la federación de gimnasia valenciana ni la española (RFEG) abrieron una investigación interna cuando las menores denunciaron a Franch a la Guardia Civil.

Estaban obligados a hacerlo por los protocolos para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual que el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptó en 2013 y que ha actualizado a finales de 2020 para adaptarlos a la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el 9 de junio por el Gobierno para su tramitación parlamentaria. Ese nuevo protocolo se está aplicando ahora mismo en el CSD en el procedimiento abierto para investigar las denuncias de dos gimnastas de rítmica del Centro de Alto Rendimiento de León por insultos y trato vejatorio.

El proyecto de Ley endurece las penas, modifica los plazos de prescripción de los delitos —que se empieza a aplicar cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como antes, para facilitar la denuncia que suele hacerse en edad adulta— y apuntala un marco legislativo apenas sostenido por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y en vigor desde julio de 2010. Más allá de ese texto, la actuación de las organizaciones españolas hasta 2019 frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limitaba a campañas de concienciación, sin seguimiento, ni legislación para proteger a los niños de manera efectiva. 

Una lacra mundial cuya gestión queda casi siempre 
en manos del coraje de los propios supervivientes.

Ahora el CSD y las Federaciones afrontan el reto de implementar de manera efectiva los protocolos y las medidas que garanticen el amparo. También, según dicta la nueva ley, tendrán que hacerlo todas aquellas entidades que realizan actividades deportivas con menores de forma habitual. El reto es erradicar la violencia, el abuso y el acoso desde la iniciación (clubes, escuelas municipales) hasta la alta competición.

jueves, enero 14, 2021

Más de 100 organizaciones exigen al Gobierno que acabe con los cortes de luz que se reparten por todo el Estado.

 #NadieSinLuz   #NoMásCortes.  

Más de 100 organizaciones de todo el Estado hemos registrado esta mañana una petición 
al Presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Derechos Sociales
 en la que les instamos a que, con carácter inmediato, pongan fin a la interrupción del suministro eléctrico
 que vienen sufriendo al menos 12 barrios de todo el Estado. 
Además, criticamos “el posicionamiento de las administraciones públicas 
del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas (Endesa, Naturgy u otras),
 rindiéndose ante un discurso simplista, desoyendo sus obligaciones con la ciudadanía 
y alejándose de la protección de los derechos fundamentales”.




  • Los cortes se están produciendo en al menos 12 barrios del territorio español
  • Las administraciones han de garantizar el derecho a una vida digna, que pasa por el derecho al suministro eléctrico

Las organizaciones señalamos que “las compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva a distintos puntos del territorio español, como a La Cañada Real (Madrid), el Distrito Norte (Granada), Font de la Polvora (Girona), El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), de Sant Roc (Badalona), el Polígono Sur, El Cerro del Águila, El Tardón y Torreblanca (Sevilla) o Culubret (Figueres)”. Mientras tanto, las compañías aumentan sus beneficios millonarios, suben el precio de la luz un 27%, son señaladas por posibles violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y cientos de familias son privadas de sus derechos fundamentales al carecer de suministro.

Las organizaciones advirtimos que “las administraciones públicas asumen y comparten el discurso de las eléctricas, vinculando de manera vaga y generalizada la ausencia de suministro con el cultivo de marihuana”. 
En este sentido, criticamos que “las eléctricas tienden a criminalizar y responsabilizar a los vecinos y vecinas de estos barrios, dejando al margen del discurso factores como la ausencia o antigüedad de las infraestructuras eléctricas en estas zonas o su obligación de garantizar un servicio a sus clientes”. 
Por ello, sostenemos que “la explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando, pero criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social, y resulta profundamente injusto y estigmatizador”.
De este modo, destacamos que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado varias veces al respecto de los argumentos expuestos por las compañías eléctricas y las administraciones, expresando que resultan “falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia”. Por ello, Fernández Marugán ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para tratar este asunto con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos. 
Del mismo modo, recordamos que recientemente distintos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que “la falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación”.

Sin embargo, “a pesar de la crítica situación en la que se encuentran miles de familias por los continuos cortes de suministro eléctrico, las administraciones públicas siguen sin preocuparse por la salud, la vida digna y el bienestar de las familias de estos barrios”.

 En su opinión, el papel de las administraciones pasa por garantizar que “todas las personas tienen derecho a una vida digna, lo que incluye el acceso a los suministros básicos de energía eléctrica. El resto de situaciones deben ser tratadas en su complejidad de forma separada: la vulnerabilidad socioeconómica, la ausencia de perspectivas laborales para parte de la población y el cultivo de marihuana, todos temas difíciles y que exigen un abordaje profundo y multidimensional”.

DOCUMENTACIÓN
 Carta a Presidencia del Gobierno por los cortes de luzDescarga
 Carta a la Ministra Transición Energética por los cortes de luzDescarga
 Carta al Ministro de Derechos Sociales por los cortes de luzDescarga

    1. AA VV de Cañada Alshorok Sector 5
    2. Ajuntamiento Albaicín (Granada)
    3. Ajuntamiento Centro-Sagrario (Granada)
    4. Alianza contra la Pobreza Energética
    5. Alianza de Mareas y Movimientos Sociales
    6. Alianza por la Solidaridad
    7. Andaira, S. Coop. Mad.
    8. Anticapitalistas
    9. Asablea Interprofesional Granada
    10. Asamblea Feminista Unitaria de Granada
    11. Asamblea local Izquierda Unida Granada
    12. ASIGE
    13. Asoc. Vecinal El pueblo que queremos
    14. Asocación de Vecinos de Maliaño
    15. Asociaciò Veïns i Veïnes el Besòs
    16. Asociación Andaluza de Barrios Ignorados
    17. Asociación Antirracista Raíces
    18. Asociación Apoyo
    19. Asociación Barró
    20. Asociación Cultural Candela (Madrid)
    21. Asociación Cultural Tabadol de la Cañada Real
    22. Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni
    23. Asociación de vecinos “Casería de Montijo” (Granada)
    24. Asociación Desarrollo Comunitario Intercultural (ADCIL)
    25. Asociación Domitila Hernández, Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
    26. Asociación El Fanal
    27. Asociación ForoServSocial Madrid (Asociación para la Defensa de los Servicios Sociales Públicos)
    28. Asociación Gitana Anaquerando
    29. Asociación Juvenil Amigos de Almanjayar y Cartuja
    30. Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
    31. Asociación madrileña de Salud Pública
    32. Asociación Morvedre Acull Sagunto
    33. Asociación NORU
    34. Asociación Nueva Cartuja (AAVV Granada)
    35. Asociación para el Desarrollo Glocal Engranaje
    36. Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias
    37. ASOCIACIÓN PASOS PARTICIPACIÓN
    38. Asociación Primero Vivienda Granada
    39. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
    40. Asociación Provivenda (Andalucía)
    41. Asociación San Francisco de Asís
    42. Asociacion SocioCultural la Paz
    43. Asociación Vecinal Alto del Arenal
    44. ATD Cuarto Mundo España
    45. Boza Sur
    46. Buscando Vivir
    47. Café Feminista
    48. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)
    49. CGT (Federación provincial de Granada)
    50. CGT Costa Granada
    51. CGT-MCLMEX
    52. Circulo de Silencio Vitoria
    53. Círculo del Silencio Pontevedra
    54. CNT Sevilla
    55. Colectivo Feminista Las Garbancitas
    56. Colectivo feminista Las Tejedoras
    57. Colectivo parad@s de Terrassa
    58. Comunidades Cristianas Populares de Andalucía
    59. Coordinadora Asambleas de Trabajadores/as en Paro
    60. Coordinadora de Barrios
    61. Coordinadora de Vivienda Madrid
    62. Coordinadora Granadina de ONGDs CONGRA
    63. Cp San Carlos Borromeos
    64. Donantes de Risas
    65. Ecologistas en Acción
    66. El Desván Social
    67. Enginyeria Sense Fronteres
    68. Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana
    69. Federación Red Artemisa
    70. Fundació Ateneu Sant Roc
    71. Fundación Gizakia Herritar
    72. Fundación Lestonnac Montaigne
    73. Fundación Manolo Moreno por una Vivienda Digna-Granada
    74. Fundación PROCLADE Vigo
    75. Fundación Secretariado Gitano
    76. Gonzalo Aróstegui Lasarte
    77. Granada Acoge
    78. Granada Visible
    79. Grup de Solidaritat Es l’hora
    80. Grupo de inequidades en salud-salud internacional Sociedad madrileña medicina familiar y comunitaria
    81. Igualdad UGT Madrid
    82. Integración Para la Vida (INPAVI)
    83. Irídia – Centre de Defensa de Drets Humans
    84. Izquierda Anticapitalista Revolucionaria – IZAR
    85. Jóvenes Pensionistas
    86. La Garbancita Ecológica
    87. Madres por el Clima
    88. Marea Verde Granada
    89. Morvedre Acoge
    90. Mundo en Movimiento
    91. Oxfam Intermon (Granada)
    92. Parroquia Ntra Sra de la Guía, Madrid
    93. Plataforma Bienvenod@s Refugiad@s de La Rioja
    94. Plataforma de pensionistas de Sanse
    95. Plataforma Interdistritos Barrios Hartos (Sevilla)
    96. Plataforma Metropolitana de Granada por las pensiones públicas
    97. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
    98. Plataforma RMITuDERECHO
    99. Red Artemisa
    100. Red Solidaria de Acogida
    101. Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel
    102. Rede de apoio ás persoas refuxiadas
    103. Rede Social Galicia Sur
    104. Sant Roc Som Badalona
    105. Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Casa de Paso
    106. Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Madrid
    107. Stop Desahucios Granada 15M
    108. Unión Romaní Madrid
    109. USTEA Granada
    110. Zoralé Romís