viernes, enero 18, 2019

Presupuestos Generales del Estado 2019:



El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incorpora, por primera vez, un informe de impacto en infancia, una petición histórica de las organizaciones que forman parte de la Plataforma de Infancia. 

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado supone un avance notable para tratar de reducir las tasas de pobreza infantil de nuestro país. En 2017, último año con datos oficiales al respecto, 630.000 niños y niñas vivían en situación de pobreza severa, según los datos del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Un 7,5% de la población infantil en España.
El anteproyecto de Ley recoge un incremento de la partida más efectiva para acabar con la pobreza infantil, la prestación por hijo a cargo que pasará de 291 a 341 euros para las familias en riesgo de pobreza (24,25 euros mensuales a 28,4 euros mensuales) y hasta los 588 euros al año para las familias con una renta inferior al 25% del umbral de la pobreza (49 euros mensuales).


Desde la Plataforma de Infancia consideramos que esta medida es muy positiva pero insuficiente. Dicha medida sacaría de la pobreza a unos 82.000 niños y niñas este año, dejando la tasa de pobreza infantil severa en un 6,6%. Dicho objetivo, aunque positivo, se sitúa por debajo del que el Gobierno acordaba recientemente con Unidos Podemos, incrementar la prestación actual de 291 euros al año a 473 euros al año por hijo a cargo, reduciendo el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500.
Consideramos que el enfoque es adecuado, aunque sería deseable que, de manera progresiva, se alcanzase una cobertura de al menos 100 euros mensuales para la prestación por hijo a cargo y que se mejorasen los umbrales de pobreza infantil, tal y como se aprobó el pasado diciembre por unanimidad en el Congreso de los Diputados en la PNL sobre Pacto de Estado por la Infancia. Nuestro país tiene un déficit claro en la inversión en la infancia, donde se destina un 1,3% del PIB en protección a la infancia frente al 2,4% de la media europea. Dato especialmente dramático en un país donde 1 de cada 3 niñas y niños están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone aproximadamente unos 2,6 millones de niños y niñas.
Otra cuestión positiva a mencionar es el incremento de las partidas de apoyo en la educación a los niños y niñas más vulnerables. El anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado contempla una dotación total de 1.780 millones de euros para el programa de becas y ayudas a estudiantes, los que supone 205 millones más que en 2018, con un incremento del 10% en la partida de becas. Se destina también 50 millones más en la partida de libros de texto. Se apuesta por la universalización de la educación de 0 a 3 años facilitando la inversión de los ayuntamientos, pero sin una dotación económica adecuada en los PGE, y se destinan más ayudas comedor para familias en riesgo de exclusión.
Las organizaciones de infancia están trabajando en propuestas para mejorar el actual borrador y tratar de que en caso de ser aprobado apueste claramente por mejorar la situación de la infancia. España debe solventar una de las carencias más claras de su estado del bienestar, la protección de los niños y niñas, y apostar progresivamente por situarse en la media europea.

Red Coria, Corresponsales Infantiles y Adolescentes.

coria



CORRESPONSALES INFANTILES, ADOLESCENTES 


“Promoviendo y protegiendo Derechos”Niños, niñas y adolescentes miembros de los Consejos Consultivos y de los Grupos Organizados. 

A través de los medios tradicionales y alternativos, los niños, niñas y adolescentes han demostrado y demuestran su capacidad para comunicar y debatir públicamente sobre asuntos relacionados con sus derechos, aspiraciones e inquietudes. 
Con el objetivo de promover una mayor y mejor difusión de lo que los niños, niñas y adolescentes están haciendo en la región para promover y proteger sus derechos, el IIN-OEA y los Consejos Consultivos de la Región han creado la red de CORRESPONSALES INFANTILES, ADOLESCENTES (CORIA), para que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de acceso a la información, con el propósito de informar y comunicar acerca de la promoción y protección de sus derechos y de aquellos temas que les afecten.


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Publicaciones del IIN vinculadas a la red CORIA





El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) es el Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos en materia de niñez y adolescencia. 
Como tal, asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo  a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes  en la región. En este marco, el IIN destina especial atención  a los requerimientos de los Estados Miembros del Sistema  Interamericano y a las particularidades de los grupos regionales.

A un año de haberse creado la primera Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes de la región (2017),   el IIN publica el primer documento de una serie que llevará por nombre “Cuadernos CORIA”. Recientemente ha publicado su nº2.


                                                 Cuaderno Coria nº 2











Fuente Nuestra Voz a Colores: la página oficial sobre participación del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN-OEA). 
Surgió como un espacio virtual donde niñas, niños y adolescentes organizados y representantes de los distintos Estados pudieran dialogar y ser consultados sobre temas de su interés.


miércoles, enero 16, 2019

Día Internet Segura 2019, día 5 de febrero.

Una Internet mejor comienza contigo: 
conviviendo con respeto para una Internet segura.

El Día de Internet Segura, “Safer Internet Day” (SID, por sus siglas en inglés) es un evento promovido por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, que se celebra cada mes de febrero con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes. 
El SID se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año y reúne a millones de personas de todo el mundo para impulsar cambios positivos y concienciar acerca de la seguridad en Internet, organizando distintos eventos y actividades.

Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, para convertirla en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa. El SID se dirige a niños y jóvenes, padres y tutores, profesores, educadores y trabajadores sociales, así como a las empresas y responsables políticos, animándoles a participar de forma activa en la creación de una Internet mejor.

En 2019 se celebra el 5 de febrero. Con el objetivo de celebrar el carácter positivo de Internet, el lema 2019 "Una Internet mejor comienza contigo: conviviendo con respeto para una Internet segura", nos invita a sumarnos al movimiento global, participar y aprovechar lo mejor de Internet para unir personas.


Desde Internet Segura for Kids (IS4K), como parte de la red panaeuropea INSAFE de Centros de Seguridad en Internet, estas son las actividades que realizaremos para celebrar este día.

*.- Participa en nuestro concurso “CyberChallenge Internet Segura”.
*.- Charlas de concienciación en ciberseguridad.
*.- Cómo celebran el SID los centros escolares.

*.- Otras acciones.

Con un enfoque global y comunitario, el SID 2019 nos anima a sumarnos y contribuir al movimiento. 





martes, enero 15, 2019

Una infancia de todos y de nadie.

En los cuentos infantiles se infunde miedo a los niños con seres desconocidos que llegan para asustarlos o llevárselos, como el coco o el hombre del saco. Estos personajes del folclore infantil reflejan bien la idea de protección en la que se socializan los niños: una concepción de la seguridad que se basa en la desconfianza hacia los desconocidos, en protegerse frente a los extraños. 
Sin embargo, la realidad nos enseña algo bien distinto: los datos sobre violencia infantil indican que el coco de los niños suele estar en casa. Según la Fundación ANAR, en la mayoría de casos de violencia registrados a través de su teléfono de ayuda el agresor pertenece al entorno familiar.




Quien se aproxime al problema de la violencia contra la infancia en España quedará impactado por su magnitud y el alcance de sus consecuencias. El Consejo de Europa estima que uno de cada cinco menores —especialmente las niñas— es víctima de violencia sexual. Sin embargo, las denuncias en España sólo representan el 4% de los casos totales, según cálculos de la Fundación Educo. Además, en los últimos años han aumentado los casos de violencia familiar y de acoso escolar. Es posible que una parte de este incremento se deba a una mejora de los mecanismos de denuncia. Pero los casos que llegan al sistema representan la punta del iceberg de un fenómeno soterrado cuya magnitud real es difícil de conocer, debido tanto a la heterogeneidad en los registros como a las dificultades para detectar los casos.

Las consecuencias de la violencia infantil son devastadoras. Las víctimas padecen sus efectos durante la vida adulta porque la violencia compromete su desarrollo: lastra su educación y afecta negativamente a su salud mental y física. La prevención es la principal medida para combatirla. Y la detección temprana es fundamental para minimizar sus secuelas. El problema es que en muchos casos la denuncia nunca llega. Los menores que sufren una agresión sexual tienen problemas para reconocerse como víctimas, bien por su corta edad, porque en muchos casos están afectados por algún tipo de discapacidad intelectual, o por el propio trauma que causa la violencia. Además, el hecho de que en la mayoría de casos la violencia sexual sea intrafamiliar dificulta la denuncia e impide que el sistema pueda actuar.



Las víctimas padecen sus efectos durante la vida adulta porque la violencia compromete su desarrollo.


Teniendo en cuenta la magnitud y efectos de la violencia contra la infancia ¿qué impide a una sociedad erradicar un fenómeno que es moralmente inaceptable y que lastra su capital humano futuro? 
Uno de los motivos es la consideración de la infancia como una etapa transitoria sin derechos plenos. Los menores son percibidos como adultos en proyecto, como mini-personas con derechos incompletos. Esta concepción social del menor ilustra la brecha existente en muchos países entre la norma social y la norma legal, pues la regulación internacional sobre infancia establece muy claramente que la protección de los niños frente a toda forma de violencia es un derecho fundamental.

Otro de los factores que explica la incapacidad de una sociedad para proteger a su infancia es la persistencia de una concepción patrimonialista del menor. Para ilustrarla sirve la anécdota que cuenta en sus charlas Jorge Cardona, uno de los miembros del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, quien se vio obligado a abandonar un centro comercial tras intentar impedir que una madre pegase a su hijo. Que se amoneste a quien denuncia el maltrato y no a quien lo ejecuta evidencia bien la creencia de que los niños pertenecen a sus progenitores y que las relaciones dentro de la familia conciernen a una esfera privada en la que nadie debe inmiscuirse. Esta cuestión fue objeto de debate en España hace más de una década durante la discusión de la llamada “ley del cachete”, que planteaba eliminar la cobertura legal del uso “moderado” del castigo corporal. Aunque la aprobación de la ley contribuyó a reforzar la idea de que la protección de la integridad física de los menores es también una responsabilidad de los poderes públicos, todavía existe margen para mejorar la jurisprudencia existente sobre el maltrato infantil y la sensibilización de la sociedad acerca del mismo.

Combatir la violencia contra la infancia no es fácil. Se necesita una acción contundente de los poderes públicos que sea capaz de contener su tendencia a reproducirse, pues los niños que sufren violencia son más propensos a convertirse en su vida adulta en responsables de infligirla. Sin embargo, como cualquier otra política que esté destinada a combatir los factores que lastran el desarrollo de la infancia, la lucha contra la violencia infantil representa una inversión con un amplio retorno social. No sólo compensa la pérdida de productividad y de ingresos que se deriva de su impacto negativo sobre el progreso profesional y personal del individuo. También contribuye a reducir los costes de atender a un grupo de la población que muestra peores niveles de salud mental y física y mayores niveles de criminalidad. Se estima, por ejemplo, que la violencia sexual supone un coste de 979 millones de euros para las arcas públicas.



Todavía existe margen para mejorar la jurisprudencia española existente sobre el maltrato infantil.


Proteger a la infancia de la violencia o el maltrato —y de la pobreza, la discriminación o la exclusión de cualquier forma de participación social que otorgue mayores oportunidades vitales— contribuye a preservar el futuro capital humano, económico y social de un país y también su dignidad como sociedad. Aunque en España se han dado pasos importantes para equiparar nuestro ordenamiento jurídico a la regulación internacional en materia de protección del menor, la infancia no se concibe como un bien público. Se dice a menudo que la protección de los menores es responsabilidad de todos. Pero la infancia no necesita tanto simpatizantes de su causa, como alguien que se apropie de ella. Sin prioridad en la agenda política, ni estructura institucional que facilite una actuación integral para impulsar su desarrollo, la infancia de todos acaba siendo la infancia de nadie, y la efectividad de las políticas se pierde en un mar de intervenciones sectoriales no siempre coordinadas.

Esta realidad puede transformarse si se culminan algunas de las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha recientemente. Todos los grupos parlamentarios ratificaron hace unos días una proposición no de ley para un Pacto de Estado por la Infancia. Y en el último Consejo de Ministros de 2018 se aprobó el anteproyecto de ley integral para erradicar la violencia contra la infancia, dando respuesta a las repetidas exigencias de las entidades del tercer sector y del Comité de los Derechos del Niño, quienes llevan tiempo requiriendo a los poderes públicos una ley integral que garantice una mejor protección del menor en todo el territorio.

En todo lo relativo a la infancia debería prevalecer una colaboración sostenida en el tiempo entre actores políticos, administraciones públicas y el tercer sector. Un consenso resistente a los ciclos políticos y ajeno a la confrontación que caracteriza el debate ideológico en otros ámbitos. Por eso, el fracaso de las actuales iniciativas legislativas en materia de infancia no sólo representaría una mala noticia para el desarrollo y la protección de los menores, sino también un claro indicador del deterioro institucional del país.

Sandra León 
es directora del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Niños muertos en la frontera de Estados Unidos: ¿responsables?.

El día 6, Jakelin Caal, de 7 años de edad, 
y el día 25, Felipe Gómez, de 8 años. 
Marcelo Colussi.



En el transcurso de diciembre pasado murieron dos menores de edad en la frontera entre México y Estados Unidos, ambos de origen guatemalteco: el día 6, Jakelin Caal, de 7 años de edad, y el día 25, Felipe Gómez, de 8 años. ¿Hay responsables?

Dejar la cuestión en manos de “un” responsable es sesgar el análisis, ver solo una parte (muy parcial) del problema. Es, en otros términos, hacer una lectura moralista de un fenómeno infinitamente complejo: ¿quién tiene la culpa? Suena a confesionario eso. No se trata aquí de visiones maniqueas, de buenos y malos, de culpables e inocentes. En todo caso, esas muertes no son sino un síntoma visible de estructuras socio-económico y políticas profundas, de las que se habla poco o nada, quedándose siempre en el discurso periodístico amarillista de la noticia bomba, que se olvida a los pocos días sin dejar consecuencias.

Muertes de migrantes irregulares hay continuamente. Según el Proyecto Migrantes Perdidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) –que hace un seguimiento de estos temas a nivel global– hasta el 21 de diciembre se produjeron 341 muertes en la frontera entre México y Estados Unidos. O sea: casi una por día. El flujo de migrantes en condiciones irregulares no se detiene. Según la OIM en el pasado año fiscal estadounidense, terminado el 30 de septiembre, hubo 521,090 personas que llegaron a esa frontera, es decir, 1,427 por día, procedentes básicamente de Latinoamérica (América Central y México en lo fundamental) y la región del Mar Caribe.

Con esa cifra fabulosa de gente que se desplaza en forma irregular, sin ningún resguardo, saltándose procedimientos regulatorios, atravesando desiertos en condiciones infrahumanas expuestos a toda clase de peligros, y con una política migratoria por parte de Estados Unidos que, antes que recibir gente, pone trabas, no es de extrañar que se produzcan muertes, muchas muertes. También de niños.

Una vez más, entonces: ¿quién es el responsable de la muerte de estos dos infantes guatemaltecos en espacio de un par de semanas?

Un discurso conservador y moralista dirá que los padres, por exponer a niños a tamaño esfuerzo. No hay dudas que migrar en condiciones tan precarias, tanto para adultos como para menores de edad, constituye un problema enorme. Los peligros son demasiados, habiendo allí de todo un poco: las penurias de un viaje de varios días cruzando zonas inhóspitas (hambre, sed, enfermedades, agotamiento), la brutalidad de los “coyotes”, la posibilidad siempre presente de caer en manos de bandas criminales (secuestradores, ladrones), la brutalidad de los agentes de seguridad (de los distintos países del área centroamericana, los de México y los de Estados Unidos), bandas de civiles estadounidenses xenófobos fuertemente armados que se dedican a “cazar” migrantes en la frontera (los rangers), el agotamiento natural y esperable de un viaje tan plagado de peripecias.

Todo eso mata. Cualquiera que emprende el viaje lo sabe, pero la desesperación con que se vive en los países expulsores es tan grande (miseria económica, situaciones de violencia, exclusión social), que la promesa de un mundo mejor en el “sueño americano” no repara en tantos peligros. “Entre morirme en el intento o morirme en mi país por el hambre, prefiero tomar el riesgo de cruzar el desierto. Quizá tenga suerte y llegue”, afirmaba patético un viajero indocumentado de Centroamérica.

Latinoamérica es el continente donde se dan las diferencias entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada más grande. Y el área centroamericana en especial muestra esa dramática diferencia. En los hogares de donde provenían estos niños muertos en diciembre, comer todos los días ya tiene el sabor de lujo. Los índices de pobreza y pobreza extrema (miseria) son tan grandes que todas las penurias antes mencionadas son tolerables si, al final del viaje, se logra llegar a la “tierra prometida” de Estados Unidos. Allí habrá un respiro (aunque las condiciones de vida también sean deplorables, siempre perseguidos por las autoridades migratorias), y se podrán mandar remesas de dólares a los familiares que quedan en los países de origen, con lo cual se paliará un poco la situación de desventaja en que se sobrevive al sur del Río Bravo.

¿Es responsable de la muerte de Jakelin y Felipe el actual mandatario estadounidense Donald Trump? Sí y no. No hay dudas que la actual administración republicana es inmensamente racista y xenofóbica. El tristemente famoso muro que el presidente Trump insiste en construir en la frontera con México es demostrativo de esa ideología de ultra derecha. Pero este presidente, seguramente con exageraciones dignas de un programa humorístico, con ribetes de extravagancia insólitos, no hace sino lo que han hecho otros mandatarios. Nunca hubo tantas deportaciones de migrantes irregulares desde Estados Unidos como durante la administración de Barak Obama, el Premio Nobel de la Paz, considerado de izquierda por los sectores más conservadores (así como nunca hubo tantas aventuras militares durante un mandato presidencial como con la administración de este afrodescendiente). El doble discurso de Washington es proverbial, porque por un lado expulsa migrantes latinos, mientras que por otro lado los necesita (para los trabajos más insalubres y peor pagados que ningún ciudadano estadounidense realiza); con este doble rasero se logra tener chantajeada a la población considerada ilegal, jugándose así con sus salarios. Si se quejan, ahí está amenazante “la Migra” (¡y la posible deportación!), con lo que se consigue que acepten cualquier condición, por humillante que sea.

Si hubo negligencia o responsabilidad por parte de las autoridades estadounidenses que actuaron en ambos casos de estos niños, puede ser. La política dominante desde la Casa Blanca de algún modo lo autoriza: los migrantes irregulares serían “ciudadanos de segunda categoría”. Quizá eso no hubiera ocurrido nunca con un ciudadano europeo, así viajara en condiciones irregulares. No hay dudas que, según los principios de la democracia norteamericana, todos somos iguales…, pero sigue habiendo algunos más iguales que otros. Los WASP (white, anglosaxon and protestant –blanco, anglosajón y protestante–) son “más” iguales, sin dudas. Sería impensable un batallón de civiles mexicanos armados hasta los dientes, con anuencia de sus autoridades, que se dedique a “cazar gringos” que atraviesen la frontera. La cacareada democracia y libertad de Estados Unidos lo es solo para algunos.

El Partido Demócrata de ese país rápidamente salió a señalar las arbitrariedades e injusticias de la política migratoria de Trump y del Partido Republicano, pero eso suena más a oportunismo politiquero que a una real preocupación por la suerte de estas masas poblacionales latinoamericanas. Golpearse el pecho y buscar “causantes” en la figura de, en este caso, un presidente, es ver el árbol evitando ver el bosque, y para el caso, sin tocar las verdaderas causas de la cuestión. Sin dudas, Donald Trump tiene una visión absolutamente punitiva del asunto, destinando alrededor de 6,000 millones de dólares a la construcción del muro, en tanto su par de México, Manuel López Obrador, con un talante socialista, una suma similar la dedicará a fomentar puestos de trabajo en la frontera buscando agilizar la solicitud de permisos de residencia para los centroamericanos migrantes, evitando una política criminalizadora y carcelaria. Pero con Trump o sin él, la historia no varía en lo sustancial.

El problema de las migraciones irregulares debe verse como un problema global. Movimientos migratorios hubo siempre, en toda la historia de la humanidad. Y de hecho Estados Unidos es un país construido enteramente sobre la base de migraciones continuas, de las más diversas procedencias. Si ahora los migrantes latinos aparecen como un problema a resolver es por una doble causa: a) se les criminaliza, poniéndoles así en la categoría de chivo expiatorio, motivo de los penurias que está sufriendo la clase trabajadora estadounidense (sufrimiento debido, en realidad, no a los migrantes hispanos que “roban puestos de trabajo”, sino a la crisis del sistema capitalista que se vive); y b) porque apelando a esa doble moral que mencionábamos, se mantiene continuamente chantajeada a una mano de obra cada vez más explotada, sumisa y atemorizada.

En definitiva: no se trata de buenos y malos, de causantes individuales (padres irresponsables que ponen en peligro a sus hijos ni presidentes malvados), sino de problemas muy hondos de un sistema que hace agua por todos lados. Igual que otros tantos problemas sociales (niñez trabajadora, niños de la calle, adicciones a psicotrópicos, violencia delincuencial), no se trata de “responsables individuales” (malos progenitores, malos políticos) sino de fenómenos estructurales. Por lo tanto, la solución está en la remoción de esas estructuras (léase: cambio de sistema).

domingo, enero 13, 2019

Imágenes de las infancias: la infancia “nuestra”, la infancia “otra”, Seminario en línea.

¿Qué significa pensar la infancia como constructo social?.
¿Cuáles son las imágenes de las infancias que prevalecen hoy?.
¿Qué significados y qué implicaciones tienen estas imágenes?.

Del 1 de abril de 2019 al 2 de junio de 2019.

El seminario brinda elementos de reflexión y análisis sobre la construcción histórica y social del concepto de infancia, además de alentar a pensar los significados y las implicaciones de sus imágenes actuales.

Se analizarán las categorías del niño “otro” (el “menor”, no acompañado o en conflicto con la ley; el niño del desarrollo, objeto de lástima), y del niño “nuestro” (separado de los adultos, en estado de sobreprotección y de vigilancia).

Haremos una desconstrucción del concepto de infancia a través de la introducción de elementos de reflexión que pertenecen a una línea de investigación poco trabajada en América Latina. El estudio de las imágenes de la infancia se basará en la lectura de textos (en parte en inglés), elementos iconográficos y material audiovisual.

Objetivo
Aportar elementos para desconstruir y analizar el concepto de infancia, a través del estudio de varias imágenes: la infancia de antaño, la infancia “nuestra”, la infancia “otra”, y la infancia global.

Programa

    La infancia como construcción social
        Emergencia de los Childhood studies (entre otro en relación con los Gender studies) y sus implicaciones conceptuales. Proponemos reflexionar sobre los campos de investigación que se abren allí y sus implicaciones sobre el concepto de infancia.

    El niño de antes
    * Se discutirá la pertinencia de pensar la “invención de la infancia” como históricamente determinada (tesis del historiador P. Ariès).
       * ¿Qué fuentes permiten pensar la infancia de antes?
       * Reflexión sobre la función de las imágenes nostálgicas de la infancia de antaño.

    Infancias de hoy: la infancia “nuestra”
      La infancia se define dentro de la familia, de la escuela y de otras instituciones educativas y de cuidado. Proponemos pensar qué reflexiones están asociadas con la infancia de aquí y ahora, y más específicamente con la dicotomía entre inocencia y pureza, y protección y vigilancia. ¿Cómo se definen el tiempo y los espacios de los niños en tiempos de vigilancia generalizada?

    Minoría y otredad
       Los niños de hoy son también los “otros niños”: los menores, “no acompañados”, o “en conflicto con la ley”. ¿Cómo se dibuja y qué representa la “infancia otra”?

    Infancias de hoy: El niño del desarrollo
      Reflexión acerca de las representaciones del niño que necesita ayuda, objeto de lástima, y sobre las categorías de pobreza y de vulnerabilidad, como la infancia trabajadora o la infancia indígena.

    La infancia global
      ¿Qué implicaciones tiene la estandarización de la infancia a través de las instituciones internacionales y de los derechos del niño? ¿Qué implicaciones apolíticas tienen la reivindicación de una niñez participante y ciudadana?

    Espacios de la infancia – 
    El “espacio de juego” como elemento paradigmático de la construcción del niño
       Recorrido a través de la historia de los “playgrounds”, desde la calle como terreno de juego, pasando los terrenos de aventura hasta los módulos juego de plástico estandarizado.

    Descolonizar la infancia
        Proponemos pensar las infancias desde una perspectiva poscolonial.



Modalidad: en línea. Las sesiones no transcurren en tiempo real ni en un horario fijo, pero se calcula que la carga aproximada de trabajo es de 20 horas.
Leer más sobre el trabajo en línea


Inscripción:
1. Llenar y enviar la solicitud de inscripción disponible aquí. El instituto confirmará la recepción, y enviará la información necesaria para el depósito.
2. Cubrir el donativo respectivo.
3. Enviar comprobante del depósito al correo administracion@17edu.org

sábado, enero 12, 2019

Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Lineamientos para su abordaje interinstitucional.

Plan nacional (Argentino) de prevención 
del embarazo no intencional en la adolescencia.

Gobierno Argentino,
UNICEF.

Consultoras y desarrollo de contenido:
Silvia Chejter de Unicef, 
colabora Valeria Isla.
Dirección y coordinación:
Lic. Silvina Ramos, 
Lic. Tamar Finzi, 
Lic. Natalia Gualdoni.


Introducción
Los abusos sexuales son un problema social que plantea desafíos a todas y cada una de las personas que forman parte de instituciones que tienen contacto con niñas, niños y adolescentes; la comunidad educativa; los equipos de salud; los miembros de otras instituciones, entre ellas, las que atienden a NNA con discapacidad; las personas ligadas a 0rganismos de protección de derechos de  la niñez y la adolescencia y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con NNA.
Dada la complejidad que presenta esta problemática son necesarias políticas y estrategias integrales e intersectoriales que deben traducirse en acciones articuladas, según la competencia de cada sector e institución.
Pensar en un trabajo articulado desde la corresponsabilidad trasciende la enumeración de las diferentes acciones que realiza cada institución. Conlleva conocer los derechos de NNA, las vías formales para su garantía, los resortes institucionales para su defensa y comprender que la protección de derechos implica tomar decisiones que involucran a la totalidad de actores que integran el Sistema de Protección Integral de NNA.

La intervención frente a los abusos sexuales demanda respuestas que tienen que ser interdisciplinarias e interinstitucionales.   Además del objetivo fundamental, que es la atención de cada una de las situaciones, hay otro objetivo, no menos importante, que es ir construyendo rutas de acción para mejores respuestas institucionales.
También se deben implementar acciones de prevención tendientes a evitar la reiteración de episodios y el incremento de sufrimientos y daños de NNA.

A quién va dirigido
Estos lineamientos están dirigidos a integrantes de equipos de salud, de la comunidad educativa, de organismos del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, a operadores y operadoras de diversos ámbitos del sector público que tienen la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades y demandas de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de  abusos  sexuales.

Población foco
Los lineamientos detallados en este documento están especialmente  orientados a niñas, niños y adolescentes con capacidad gestante menores de 15 años. Se trata de una población prioritaria del Plan ENIA por dos razones:
.- por un lado a causa de la gravedad y magnitud de los embarazos forzados que son producto de abusos sexuales en la Argentina; 
.- y por el otro, porque esta problemática no siempre está contemplada en los protocolos existentes en las provincias en donde se está implementando el Plan ENIA. No obstante, estos lineamientos también pueden ser seguidos en el abordaje de abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes de otras edades. 



viernes, enero 11, 2019

Niña "maltratada" por su madre se mata: "El mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida" .

Grijalva Tamayo reconoció que 80% de los casos que se tratan en el Centro de Salud Mental Cielo Claro
de menores que confiesan que han pensado en quitarse la vida, 
obedecen realmente a casos de maltrato.

Niño que dice, o que tiene una ideación suicida, 
no busca el suicidio per se, 
sino que busca evitar el maltrato y el abuso 
y estamos hablando de ocho de cada diez casos.

Mario Luis Ramos Rocha, 
Fuente Sol del Centro.




“Queridos Santos Reyes, sólo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de mi casa.
“Quiero pedir que mi mami esté tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad.

“Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”.

La niña de 10 años tomó la decisión de quitarse la vida como "regalo" por el día de Reyes para su madre, quien presuntamente la maltrató en vida, culpándola de ser la causa del alejamiento de su padre.
El hecho ocurrió durante la mañana del 6 de enero en el municipio de Cosío, en el estado mexicano de Aguascalientes. La niña antes de ahorcarse dejó esa desgarradora carta en la que describe sus razones. 

La muerte de una niña de diez años, ocurrida el pasado viernes en el municipio de Cosío, podría no tratarse de un suicidio, como se dio a conocer originalmente, sino obedecer a un homicidio.

El director de Salud Mental del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA), Héctor Grijalva Tamayo, explicó que este hecho está siendo investigado por las autoridades correspondientes, dado que se han encontrado “elementos extraños”, que levantan sospechas sobre el particular.

Lo que hemos sabido, de una manera muy informal por parte de las autoridades es que hay suspicacias de que pudiera más bien tratarse de un homicidio. 
No lo sabemos, pero basándonos en la experiencia, hay muchos casos de suicidio infantil, si, que en realidad son casos de maltrato. 
Grijalva Tamayo reconoció que 80% de los casos que se tratan en el Centro de Salud Mental Cielo Claro, de menores que confiesan que han pensado en quitarse la vida, obedecen realmente a casos de maltrato.

Niño que dice, o que tiene una ideación suicida, no busca el suicidio per se, sino que busca evitar el maltrato y el abuso y estamos hablando de ocho de cada diez casos. En este caso en específico nosotros estamos buscando a la familia, no se ha encontrado a la mamá, tenemos un equipo encabezado por una sicóloga, donde se les ayuda.


¿Caminando hacia la autonomía?. Significados del trabajo de los niños en Alemania.

Los niños no consideran que su trabajo esté en oposición a la escuela, 
 sino que constituye una posibilidad más para adquirir nuevas experiencias 
y para ampliar su propio espacio de actuación.

Beatrice HUNGERLAND, Manfred LIEBEL, 
Anja LIESECKE y Anne WIHSTUTZ
Unv.Cc. Aplicadas de Standal/Magdeburg, 
Universidad Tecnológica de Berlín,
Política y sociedad, ISSN 1130-8001, 
Vol. 43, Nº 1, 2006, págs. 125-138.


El presente artículo refleja los resultados de un proyecto de investigación cualitativa que estudia las experiencias e interpretaciones propias de niños de 9 a 15 años de edad en una gran ciudad alemana. 

El estudio se basa en un concepto abierto del concepto «trabajo», incluyendo tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. 

Lo más importante para los niños es que su trabajo les permita actuar de manera autónoma y que les brinde reconocimiento. La forma preferida ¿pero no la única posible¿ de este reconocimiento es, para ellos, una remuneración adecuada. 
Cuanto más les permita aplicar sus propias competencias, cuanto más visible sea el beneficio... (Ver más) concreto de su trabajo para los demás y cuanto mayor sea su reconocimiento por parte de los adultos en su entorno social, mayor es la seriedad con la que los niños se dedican a su trabajo. 
Los niños no consideran que su trabajo esté en oposición a la escuela, sino que constituye una posibilidad más para adquirir nuevas experiencias y para ampliar su propio espacio de actuación. 
La experiencia propia del trabajo puede convertirse en un elemento importante de la autonomía participativa de los niños y contribuir a fortalecer su estatus social y a fomentar su participación activa en la sociedad.

jueves, enero 10, 2019

Aprobado Anteproyecto de Ley O de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia.

el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia 

Resumen:
 . El plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 30 años

. La norma, que modifica 11 leyes, incorpora una definición amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos, los castigos físicos o el trato negligente

. Se incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de internet que incluye la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios

. Los centros escolares contarán con protocolos para la prevención, detección y actuación ante casos de violencia, así como con un coordinador de bienestar y protección encargado
de vigilar la correcta aplicación de los mismos

. También se desarrollarán protocolos en los ámbitos sanitarios, deportivos y de ocio 

. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contarán con unidades especializadas en violencia sobre los menores 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios de Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; e Interior, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia
La propuesta tiene como objetivo general el convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.

El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca, toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Derivado de su carácter integral, la norma plantea la elaboración de la  Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia e incorpora medidas de concienciación, prevención, detección, e intervención en diferentes áreas, entre las que destacan el ámbito sanitario, educativo, judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o de las nuevas tecnologías, entre otros. 

Estas son algunas de las novedades 
que introduce la norma en sus distintos ámbitos de actuación:

. De carácter transversal:
Se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente. Y si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. 

Este deber se configura de una manera más exigente para  colectivos que por razón de su profesión tienen un contacto habitual con menores o llevan a cabo una función de protección (profesionales sanitarios, trabajadores en centros de enseñanza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.).

Se modifica la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo para crear un nuevo adjunto (el tercero) especializado en la violencia sobre la infancia y la adolescencia. 


. En el ámbito de la Administración de Justicia: 
Se incorporan importantes medidas de carácter penal, procesal y penitenciario para garantizar tanto la protección de los menores como dotar de una mayor firmeza a la respuesta ante situaciones de violencia.  

Se modifica el Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores. En los delitos relativos a la tentativa de homicidio, delitos sexuales, las lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre personas menores de edad, el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años. Actualmente comienza a contar a partir de los 18 años. 

El anteproyecto, además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena. 

El texto incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de internet y tecnologías de la información y la comunicación, que incluye la incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios. 

Estas nuevas infracciones se complementan con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso. En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.

La reforma penal modifica la agravante genérica de discriminación para incluir en ella la edad, razones de aporofobia o exclusión social o “cualquier otro motivo basado en un prejuicio discriminatorio”.

El anteproyecto también incluye otras novedades que afectan a la Ley de  Enjuiciamiento Criminal. El texto deja en manos del representante legal o  el Ministerio Fiscal la decisión sobre si un menor debe o no declarar en un juicio. También obliga a comparecer en el juzgado a los testigos que sean familiares de la víctima menor de edad (hasta ahora estaban
dispensadas). 

Por último, obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida (la que no tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento) cuando el perjudicado tenga menos de 14 años. El juez o tribunal que se encargue después del juicio está obligado con carácter general a no llamar a los menores para que declaren en la vista salvo en situaciones excepcionales. 

Entre las nuevas medidas también se incluye la obligatoriedad de formación inicial y continuada en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en violencia contra la infancia y la adolescencia para jueces y magistrados, miembros de la carrera fiscal, letrados de la administración de justicia y los funcionarios judiciales. Los internos condenados por este tipo de delitos tendrán que asistir a programas específicos de formación en estos temas con el fin de evitar su reincidencia.

. En el ámbito educativo: 
Se dotará a los centros educativos de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. Todos los centros deberán tener un coordinador de bienestar y protección que se encargará, entre otros aspectos, de vigilar la correcta aplicación de los protocolos que contemplarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de notificación y la coordinación de los profesionales responsables de cada actuación. 

. En el ámbito sanitario: 
En coordinación con las comunidades autónomas se elaborará un protocolo común de actuación sanitaria donde se establecerá qué medidas se deben adoptar si se detecta un caso de violencia sobre una persona menor de edad. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de violencia se harán constar en la historia clínica, lo que permitirá un mejor seguimiento de los casos que se  produzcan. 

. En el ámbito de los servicios sociales de atención primaria: 
Se reconoce a los funcionarios que desarrollen su actividad en los servicios sociales de atención primaria la condición de autoridad pública y se les habilita para adoptar las medidas de protección necesarias, coordinando los recursos de los que se disponen en el territorio. Se anuncia la creación del registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que recogerá los datos recabados por las Administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

. En el ámbito del deporte y el ocio: En el ámbito del deporte y el ocio:
Las entidades que realizan actividades de deporte y ocio con menores de manera habitual (y, en todo caso, la Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones deportivas y escuelas municipales) deberán contar con protocolos de actuación para la prevención, detección y actuación frente a posibles casos de violencia. Asimismo, deberán contar con la figura del “Delegado de Protección”.

. En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispondrán de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores de edad. Se adoptarán medidas para evitar la victimización secundaria de los menores (adopción inmediata de las medidas provisionales, se obviará la práctica de toda diligencia que no resulte imprescindible y se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la víctima).