Aprobado el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, con una inversión global de 603 millones

El Consejo de Gobierno ha aprobado el tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía para el periodo 2024-2027, elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y que busca garantizar la atención y protección de la población infantojuvenil andaluza.

Junta de Andalucía

Consejo de Gobierno

07/10/2024

Cuenta con una inversión global de 603 millones de euros. Entre sus objetivos, se encuentra dar respuesta a los problemas y demandas de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo y/o desamparo.

El documento, elaborado tras el análisis de los dos planes anteriores y con la participación de los propios niños, niñas y adolescentes y otras administraciones públicas, instituciones y entidades (del tercer sector, universidades, etc.), recoge siete prioridades, once objetivos estratégicos, 20 metas y 73 medidas para la atención y protección de los menores. Además, cuenta con la implicación de todas las consejerías de la Junta de Andalucía.

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes ha sido el principio inspirador de este documento y debe estar presente en todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía. Además, la equidad, la participación o la transversalidad son otros de los principios que se han tenido en cuenta. Este plan, que tiene como lema 'La infancia y la adolescencia en el centro de la transformación social', sitúa a este colectivo como protagonista de sus derechos y activos sociales claves en la sociedad.

Este tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-2027 se centra en toda la infancia y adolescencia andaluza, aunque tiene especialmente en cuenta a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, discapacidad, problemas de salud mental, víctimas de violencia, especialmente acoso escolar y violencia sexual, colectivo LGTBI o de aquellos menores que se encuentran en el Sistema de Protección de Menores.

Su finalidad es la garantía efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia andaluza para que reciban el apoyo y la protección necesarias en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia, la cultura, el deporte, el ocio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación; así como promover su participación en la vida pública y en cualquier estructura creada para tal fin.

Siete prioridades

El documento se estructura en siete prioridades: lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia; promoción de un sistema educativo adaptado a las necesidades y expectativas actuales de niños, niñas y adolescentes, de las familias y del profesorado; mejora de la atención a la salud infantil y adolescente, especialmente relacionados con la salud mental, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables.

Además, busca el impulso de la concienciación social y política para poner en el centro de atención de las políticas públicas a la infancia y la adolescencia (incremento de la inversión en las políticas públicas de infancia y adolescencia); la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el incremento de los espacios de ocio y participación para el tiempo libre infantil y adolescente y la mejora del sistema de atención y protección a la infancia y adolescencia, incluida la mayoría de edad.

En definitiva, este tercer plan aspira a mejorar la vida de la población menor de edad, especialmente, de aquella en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, el bienestar y recuperación de los proyectos vitales para que sean felices y se garantice la protección de sus derechos. 

Para más información accede a la web del III PIAA. 

En defensa de la infancia

“Urge una reflexión entre instituciones y la ciudadanía que genere mayor claridad sobre el tratamiento adecuado de protección que deberíamos estar dedicando a nuestra infancia. De conseguirlo, haríamos realidad esa idea de Simone de Beauvoir para quien el adulto no es sino un niño inflado por la edad”

eldiario.es

Pablo García de Vicuña

26 de septiembre de 2024

Dos niños juegan en el patio del colegio  EUROPA PRESS

El pasado 18 de septiembre, el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales (IEES) de la Fundación 1º de Mayo, de CCOO, presentó en Madrid, con participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del propio secretario general del sindicato, Unai Sordo, el informe 'En defensa de los Derechos Humanos de la Infancia', con amplia asistencia y representación de las organizaciones que han participado en su elaboración.

El IEES justificaba la necesidad del documento por la sospecha –confirmada– de que el mundo de la infancia está pasando por una serie de vicisitudes que le hacen especialmente vulnerable, también en entornos aparentemente protegidos como son los países del mal llamado primer mundo: el bombardeo indiscriminado de propaganda, la escasez de medidas protectoras en entornos digitales, la desprotección en ámbitos familiares o la falta de políticas educativas precisas para la primera infancia son algunos ejemplos de que este informe era necesario.

El informe se inicia con el prólogo de Rubén Pérez, secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, titulado “Europa y España ante el reto de universalizar los derechos de la Infancia”. En el texto, Pérez se muestra preocupado por la afectación en la situación de la infancia y adolescencia de la polarización del discurso pro y anti UE, pese a los informes que señalan la situación de emergencia de los derechos de las y los niños. De ahí que señale como un acierto la creación en España del Ministerio de Juventud e Infancia.

El autor es consciente de que continuar con las consignas europeas en favor de estos colectivos exigirá a España avanzar en la legislación en materia de participación infantil y juvenil. También es reseñable la aportación de Pérez al señalar la reciente aprobación del anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. En esa línea se ha creado un comité de personas expertas (50 miembros) que analiza en un informe las buenas prácticas, así como las recomendaciones para generar entornos seguros.

El artículo de UNICEF España, firmado por Adriana Negueruela, lleva por título 'El estado de la infancia en la Unión Europea'. En él se analizan los retos y el impacto de la Estrategia europea de Derechos de la Infancia. No es casual que, siendo la UE el espacio sociopolítico que más se preocupa de los valores de defensa democrática –lo que no es indicativo de que todos los países miembros los respeten–, se preocupara de elaborar una normativa de control y respeto de los derechos humanos de la infancia. La pobreza, la desigualdad o la discriminación por raza, origen o religión –como señala Adriana– siguen negando a millones de niños, niñas y adolescentes sus derechos. De ahí que se necesite una estrategia para abordar de manera integral la realidad de esta infancia y los retos que marcan en su día a día.

El artículo analiza cuatro claves para conocer el bienestar infantil: pobreza, salud mental, derechos digitales y cambio climático. Respecto al primero (pobreza), en la UE se considera que uno de cada cuatro niños y niñas, cerca de 20 millones, se encuentra en esta situación. España ocupa el primer puesto (más del 28%). Entre las causas, Negueruela destaca la incidencia de la pandemia por COVID-19 y la guerra de Ucrania.

Tampoco en la salud mental sale la UE bien parada. Se calcula que 11 millones de niños y niñas y jóvenes de hasta 19 años padecen algún trastorno mental, siendo, de nuevo la pandemia una de las causas principales. Además, este colectivo infantil es el grupo más vulnerable a los daños medioambientales. Las infraestructuras básicas (escuelas, centros de salud o viviendas) no están preparadas para enfrentarse a posibles fenómenos meteorológicos extremos.

Por último, la falta de formación, sensibilización previa o desigualdad en el uso de la tecnología coloca, una vez más, a este colectivo es situación deficiente. Según una encuesta de 2020 en 15 países de la UE, alrededor del 10% de este colectivo afirmaron haber sufrido ciberacoso al menos una vez en el último año.

Clara Burriel, en nombre de Save The Children, presenta un artículo sobre la especialización de la justicia en el marco de la estrategia europea. Habla de la violencia sexual que sufre este colectivo (en torno al 20% en la UE, entre 10 y 20% en España), asegurando que lo que indican los datos oficiales no es sino la punta del iceberg. Apunta a la necesidad de un cambio de paradigma que acabe con el silencio ante la denuncia, en la que el miedo, el desconocimiento, la falta de recursos o el estigma social juegan un papel fundamental.

De ahí la importancia de la aprobación de la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y adolescencia frente a la Violencia) y de la estrategia europea por situar a niños y niñas en el centro de la defensa, aunque reconoce que, al menos en España, el sistema judicial no está adaptado todavía a la infancia y adolescencia como víctima. Por ello es importante difundir el modelo Barnahus (casa de los niños en islandés), en el que en un mismo espacio conviven las víctimas y los equipos de atención y judicialización que intervengan en los casos de abuso sexual infantil. Este método está aún iniciándose en España –desde la experiencia de Tarragona–, pero son cada vez más las comunidades autónomas que desean iniciar la experiencia.

Burriel demanda, por tanto, una formación continua de todos los y las profesionales que trabajen con la infancia y adolescencia, incluyendo en esta petición un nuevo modelo de justicia especializada.

Desde Euskadi llega el artículo de Isabel González y Arkaitz Gorritxo para valorar su participación en la recientemente aprobada Ley de Infancia autonómica. En su valoración, consideran que el mayor éxito de la norma es haber pasado la infancia de ser sujeto de protección a titular de derechos. Así, la ley garantiza unas condiciones de seguridad humana, que van más allá de la agresión física o emocional y se fundamentan en la obligación de generar condiciones materiales, físicas e institucionales que garanticen el bienestar de la infancia y adolescencia. Se introducen conceptos novedosos, como el buen trato, el interés superior del menor o la participación activa en las políticas públicas. Sin embargo, no todo está conseguido con la ley. Ahora, según los autores, debe ser prioritaria la lucha contra la pobreza infantil, ya que el 16,7% de las y los menores de 14 años en Euskadi se encuentran en situación de pobreza real o ausencia de bienestar.

Javier Guzmán, desde la ONG Justicia Alimentaria, insiste en la regulación de la publicidad infantil porque mientras que no exista –o no se respete– la salud poblacional estará en desventaja con los intereses corporativos de las industrias alimentarias. Un estudio que cita en su artículo (“Sin defensa en la alimentación que enferma') señala que la población infantil recibe un impacto de 4.00 anuncios al año sobre alimentación, de los cuales dos tercios pueden considerarse poco saludables. Tenemos un problema serio de obesidad infantil, que incide, además, en el tipo de renta familiar. Cuanto más baja es, mayor es el riesgo de obesidad. Mientras tanto, las administraciones siguen mirando hacia otro lado ante tal situación.

El autor considera que hay solución aceptable: aplicar el perfil nutricional de la región europea de la OMS, diseñado para este fin. Portugal lo hace desde 2010. De hacerlo también España, podrían eliminarse (“salvarse”) el 23% de los anuncios.

El informe se cierra con el artículo 'La Educación Infantil del Primer Ciclo, una etapa en proceso de construcción', de los profesores Adriano Villar y María Jesús Mancebón, de las Universidades de La Rioja y Zaragoza, respectivamente. Su primera aseveración es concluyente: “los servicios de atención y cuidado de calidad en la primera infancia se han convertido en una prioridad política y social”. Sin embargo, es muy dispar la realidad en cada país: entre el 70% de escolarización de los países nórdicos y el 10% de Hungría o Eslovaquia, se encuentra España, con un 56%. Sin embargo, como ya han denunciado organizaciones sindicales –FECCOO entre ellas- y sociales, la oferta pública es muy insuficiente, no ofreciéndose esta etapa educativa de forma gratuita a toda la población.

La LOE (2006) y la LOMLOE (2020) son las leyes que han devuelto el componente educativo a esta etapa de 0-2 años. El trabajo, a partir de ahora, será que las administraciones encuentren la forma de generalizar este servicio educativo y muy especialmente a aquellos colectivos más vulnerables económicamente. De ahí que en opinión de los autores del artículo sea urgente que los gobiernos prioricen la investigación educativa de esta primera etapa, por lo que es fundamental que generen datos sobre la misma y faciliten su acceso a los y las investigadores/as.

En conclusión, el informe 'En defensa de los Derechos Humanos de la Infancia', presentado en Madrid en septiembre, busca generar reflexión entre instituciones y la ciudadanía que genere mayor claridad sobre el tratamiento adecuado de protección que deberíamos estar dedicando a nuestra infancia. De conseguirlo, haríamos realidad esa idea de Simone de Beauvoir para quien el adulto no es sino un niño inflado por la edad. 

Cinco formas en que los derechos de los niños, niñas y adolescentes han progresado en los últimos 100 años

La vida de los niños, niñas y adolescentes ha cambiado a mejor en muchos aspectos en los 100 años transcurridos desde que la comunidad internacional aprobara la pionera Declaración de Ginebra sobre los Derechos de la Niñez, pero todavía hoy se les siguen negando sus derechos en muchos lugares.

reliefweb

Londres/Ginebra, 25 de septiembre de 2024

La fundadora de Save the Children, Eglantyne Jebb, redactó la declaración adoptada por la Sociedad de Naciones el 26 de septiembre de 1924, en la que se afirmaba oficialmente por primera vez que los niños, niñas y adolescentes no eran posesiones de los adultos y merecían sus propios derechos. Dejaba claro que los niños, niñas y adolescentes tenían derechos fundamentales a la educación, a la protección en tiempos de angustia, a la alimentación y a la seguridad frente a la explotación.

La declaración de Jebb impulsó un siglo de progreso y transformó la vida de generaciones de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hoy en día, los derechos de la niñez y adolescencia corren el riesgo de verse mermados y desatendidos, con una desigualdad cada vez mayor debido a la escalada de la guerra y la violencia, el devastador impacto de la crisis climática, la pobreza y la discriminación.

En consecuencia, la misión de Save the Children de apoyar a los niños, niñas y adolescentes para que reclamen sus derechos es tan urgente y relevante hoy como lo era hace un siglo. En Save the Children, defender los derechos de la niñez y adolescencia es nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro.

A continuación, se presentan cinco formas en las que la vida de los niños, niñas y adolescentes ha mejorado desde 1924, así como las tendencias actuales que, en algunos casos, corren el riesgo de revertir sus derechos:

1. LA MORTALIDAD INFANTIL HA DISMINUIDO DRÁSTICAMENTE

En 1924, un tercio de los niños y niñas moría antes de cumplir cinco años. En 1950, uno de cada cuatro niños y niñas moría en todo el mundo antes de cumplir los cinco años. Hoy en día, esa probabilidad ha descendido a menos de cuatro de cada 100, y todas las regiones del mundo están progresando, a pesar de que las tasas siguen siendo elevadas en varios países, como Somalia y Sudán del Sur. [1]

La drástica reducción se debe a cambios como una mejor atención sanitaria, incluida la de los recién nacidos, una mejor nutrición, agua más limpia, vacunas, medicamentos y menos hambrunas. Save the Children se enorgullece de haber formado parte de este progreso. En Nepal, por ejemplo, nuestro trabajo contribuyó a la Ley de Servicios de Salud Pública de 2018, que amplió la cobertura de vacunación, dando a los niños y niñas de todo el país la mejor oportunidad de un comienzo saludable en la vida.

Sin embargo, los avances en la reducción de la mortalidad infantil se han estancado en los últimos años, y se prevé que 3,8 millones de niños y niñas seguirán muriendo antes de cumplir los cinco años en 2030[2].

2. LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TERMINAN LA ESCUELA

En la actualidad, casi nueve de cada 10 (88%) niños y niñas en edad de cursar primaria y seis de cada 10 (59%) en edad de cursar secundaria superior terminan sus estudios. Esta cifra contrasta con la de 1924, cuando en todo el mundo más de seis de cada 10 personas carecían por completo de educación formal.

Hoy en día, el acceso a la educación se considera un derecho fundamental y en muchos lugares el gobierno tiene el deber de proporcionarla. En Zimbabue, nuestro trabajo contribuyó a la aprobación de la Ley de Enmienda de la Educación en 2020, que introdujo cambios como que las estudiantes embarazadas no serían excluidas de la escuela y que ningún alumno se quedaría sin escolarizar por no poder pagar las tasas escolares. Recientemente, problemas como los conflictos y las crisis climáticas han puesto en peligro algunos de los avances logrados. Fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y olas de calor han provocado el cierre de escuelas en todo el mundo, afectando a más de 400 millones de alumnos desde 2022, según un reciente análisis del Banco Mundial [3]. Incluso cuando las escuelas pueden permanecer abiertas, el aumento de las temperaturas puede afectar a la concentración de los niños, niñas y adolescentes.

También hay millones de niños, niñas y adolescentes sin escolarizar en zonas de conflicto, incluidos más de 18 millones en Sudán y 625.000 - niñez en edad escolar- en Gaza.

3. LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES NO ESTÁN OBLIGADOS A TRABAJAR

Hace 100 años, se esperaba que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes contribuyeran a los ingresos familiares, quizás trabajando en la granja familiar, en una fábrica o en una mina. Hoy en día, alrededor de nueve de cada 10 niños, niñas y adolescentes no realizan trabajo infantil, definido legalmente como un trabajo que interfiere en el desarrollo físico y mental de la niñez y en su asistencia a la escuela.

Con la adopción en 2015 de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relativa a la erradicación del trabajo infantil, la comunidad internacional se comprometió a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 2025, pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en todo el mundo 160 millones de niños, niñas y adolescentes siguen trabajando, y se prevé que esta cifra aumente. La mitad de estos niños, niñas y adolescentes realizan directamente trabajos peligrosos que ponen en peligro su salud y seguridad.

4. MENOS NIÑOS Y NIÑAS SUFREN RETRASO EN EL CRECIMIENTO

En pocas décadas se ha producido una drástica reducción del retraso en el crecimiento - cuando se considera que un niño o niña es demasiado bajo para su edad porque no recibe alimentos suficientes o nutritivos en el útero o en la primera infancia. Desde 1990, la prevalencia del retraso del crecimiento entre los niños o niñas menores de cinco años en todo el mundo ha descendido del 40% al 22% en 2022, es decir, se ha reducido a la mitad en poco más de 30 años.

Save the Children ha contribuido a este avance en lugares como Filipinas, donde ayudamos a promulgar una ley para garantizar que las madres reciban una nutrición y una atención sanitaria adecuadas antes, durante y después del parto. La “Ley de los primeros 1000 días”, aprobada en 2018, ayuda a reducir la desigualdad y la malnutrición, ya que garantiza que todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de salud y nutrición desde el momento en que son concebidos hasta los dos años de edad, lo que se conoce como la “ventana de oportunidades” para cada niño y niña.

Aun así, los avances se están estancando y los niveles de hambre en el mundo son ahora más altos que en 2015[4]. [4] Si no se aceleran los avances, para 2030 -la meta acordada en el mundo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU- la malnutrición dejará a más de uno de cada cinco bebés con retraso en el crecimiento [5].

5. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HABLAN DE SUS DERECHOS Y DE LOS CAMBIOS QUE QUIEREN VER

El viejo adagio de que “a los niños hay que verlos y no oírlos” se ha puesto en tela de juicio con frecuencia en los últimos años. Hoy en día, los llamamientos de los niños, niñas y adolescentes a la acción están empezando a llevar a los responsables políticos y a los responsables de la toma de decisiones a actuar en cuestiones clave que afectan a los niños, niñas y adolescentes como la emergencia climática y las leyes nacionales sobre derechos, empujándolas hacia arriba en las agendas públicas y políticas.

El año pasado, apoyamos a más de 14.200 niños, niñas y adolescentes de 40 países para que lideraran y participaran en campañas por un futuro más verde y justo como parte de nuestra campaña Generación Esperanza. Apoyamos a los niños, niñas y adolescentes para que alzaran su voz, compartieran sus opiniones y pidieran cuentas a los líderes mundiales en foros regionales y mundiales como la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Conferencia de las Partes (COP).

Apoyar a los niños, niñas y adolescentes para que reclamen sus derechos y amplificar las voces de los niños sobre las cuestiones que les importan ha sido un principio básico del trabajo de Save the Children con la niñez, adolescencia y las comunidades, pero los niños, niñas y adolescentes nos dicen que hay que hacer más.

Rachel, de 16 años, una niña activista que vive en Malawi, un país afectado por la crisis climática dijo que tiene que haber más espacios para las voces de las niñas en los debates relacionados con el cambio climático. “Las niñas están excluidas de los procesos de toma de decisiones relacionados con el cambio climático a pesar de ser las más afectadas”.

FIN

[1] Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil

[2] Save the Children, Carrera contra el tiempo, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Racing-Against-Time-2024.pdf/

[3] https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/education-for-climate-action

[4] El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024, https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd1254en

[5] Save the Children, Carrera contra el tiempo, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Racing-Against-Time-2024.pdf/

Precongreso Mundial por los Derecho de la Infancia y la Adolescencia: El reto de la eliminación de la violencia.

Expertos internacionales abordan en la ULL la protección legal de los derechos de la infancia y adolescencia

Universidad de la Laguna

25 de septiembre de 2024

La Universidad de La Laguna acoge a partir de mañana, jueves 26, y hasta pasado, vieres 27 de septiembre, el Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el cual expertos nacionales e internacionales analizarán la problemática de la violencia en estos rangos de edad en muchas de sus manifestaciones y desde una perspectiva interdisciplinar, aunque especialmente centrada en los aspectos legislativos, psicológicos y pedagógicos. Esta reunión científica sirve como preparación al X Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se celebrará en la Universidad de La Sapienza de Roma los días 14 y 15 de noviembre.

La sede del precongreso será el Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho y será inaugurado mañana, jueves 26 de septiembre a las 14:50 horas, en un acto con la presencia del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García Rodríguez; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado Toledo; la consejera insular del Área de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo Insular de Tenerife, Águeda Fumero Roque; y la profesora del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas y directora del precongreso, Aránzazu Calzadilla Medina.

Este evento está organizado por el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna “Derecho, persona y familia” con la colaboración de la Asociación sin ánimo de lucro para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA) y la financiación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. La asistencia al precongreso es gratuita tanto de manera presencial como virtual, si bien es necesario realizar inscripción en cualquiera de las dos modalidades para poder tener el certificado de asistencia,

En las sesiones tendrá un importante protagonismo, al celebrarse en España, el análisis de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, si bien la proyección del Congreso es internacional y su pretensión es poner de manifiesto que el enfoque jurídico interdisciplinar a nivel doctrinal es muy valioso en los casos en los que las investigaciones tienen como base temas sociales.

Participarán ponentes de varias instituciones españolas de Madrid, Valencia, Santiago de Compostela y Sevilla, así como de Italia, Panamá y Chile, para desarrollar un programa que aborda en profundidad cuestiones de índole jurídica tanto de rango nacional como internacional, pero también tratará conceptos de otras disciplinas como la parentalidad positiva, los sistemas de protección social, la atención psicológica y la problemática de los niños y niñas menores migrantes, entre otros.