El Gobierno anuncia una estrategia contra la pobreza mientras Unicef advierte sobre el escaso 1,2% del PIB que España dedica a protección de la familia y la infancia

Aunque los detalles se conocerán más adelante, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha adelantado que la iniciativa estará lista antes de finales de año y en ella figurará la necesidad de una prestación universal por crianza

Infobae

María García Arenales

17 Oct, 2024

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. (Europa Press)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que, antes de que acabe este año 2024, el Gobierno aprobará una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, en la que figurará la necesidad de una prestación universal por crianza, y que se marcará como objetivo la “erradicación completa” de la pobreza en España.

Así lo ha avanzado el ministro este jueves en declaraciones a los medios antes del Acto institucional por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre. El evento, organizado junto a la Red de lucha contra la pobreza EAPN, ha tenido lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Hoy quiero anunciarles que antes de que acabe el año, el Gobierno lanzará su nueva estrategia de lucha contra la pobreza. La explicaremos debidamente, pero les puedo avanzar que incidirá especialmente en la problemática de la pobreza infantil, que es algo inaceptable e inasumible en una democracia”, ha subrayado Bustinduy, según informa Europa Press.

Entre los asuntos que figurarán en esta estrategia, el ministro ha destacado la necesidad de que España adopte una prestación universal por crianza, y la necesidad de mejorar los esquemas de garantía de ingresos y de los ingresos mínimos, que, según el ministro, requiere de “una mejor coordinación con las comunidades autónomas”.

Además, ha señalado que se incluirá en ella “la problemática de la vivienda” al tratarse de “uno de los principales factores de exclusión social y riesgo de pobreza”. Según ha recordado Bustinduy, en España hay 12 millones de personas en una situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, y 3 millones son niños, niñas y adolescentes (uno de cada tres).

El riesgo de pobreza aumenta

Este anuncio se ha producido en el mismo día en que la ONG Unicef ha alertado de que España solo invierte un 1,5% del PIB en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% de la media europea (354 euros de gasto por habitante cuando en la UE son 678), por lo que insta a los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico y local, a que prioricen la atención a la infancia en sus presupuestos.

“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, ha señalado José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. La ONG recuerda que el riesgo de pobreza de la población menor de 18 años “ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye”, por lo que resulta “urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.

Unicef asegura que España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea: solo el 17%, frente a la media del 41% o más del 50 % en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.

La organización también considera fundamental la creación de una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los próximos Presupuestos Generales del Estado y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.

“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, añade Vera. Según los análisis de Unicef y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales.

 

El voto a los 16 años se abre paso en el Congreso

Una comisión parlamentaria debatirá la posible ampliación del derecho al sufragio planteada por el Ministerio de Juventud

EL PAÍS

XOSÉ HERMIDA

25 AGO 2024

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un acto electoral
el pasado junio en Valencia. BIEL ALINO (EFE)

Permitir el voto a los 16 años está dejando de ser una rareza. En las pasadas elecciones europeas, los chicos de esa edad pudieron acudir a las urnas en cinco países: Alemania, Austria, Bélgica, Malta y Grecia, en este último siempre que cumpliesen 17 en 2024. En los dos mayores Estados de Sudamérica, Brasil y Argentina, está vigente desde hace años. En España el debate ha aparecido y desaparecido a lo largo del tiempo. Llegó en más de una ocasión al Congreso sin ningún éxito. Pero esta vez sus partidarios han conseguido avanzar un paso: la Cámara baja prevé crear una comisión que escuchará a expertos y organizaciones sociales sobre la posible reforma de la ley electoral para anticipar dos años el derecho al voto. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia que comanda la dirigente de Izquierda Unida (IU) Sira Rego, fue aprobada antes de las vacaciones con el apoyo de los grupos de izquierda y Coalición Canaria.

En mayo pasado, en vísperas de las europeas, Rego apeló a la experiencia de países que han implantado la medida para ilustrar uno de los argumentos centrales de sus partidarios: anticipar la edad de voto incentiva la participación política posterior de los jóvenes. “Es una vieja reivindicación de IU y de sus juventudes”, recuerda Nahuel González, el diputado de esa formación, incluida en Sumar, que defendió la propuesta aprobada el 27 de junio en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso. 

La iniciativa contó con el apoyo del PSOE, que hasta ahora se mostraba titubeante. En septiembre de 2022, los socialistas se abstuvieron ante una propuesta similar planteada por ERC, que, entre eso y el rechazo de la derecha, acabó fracasando. Ahora los socios de Gobierno han acordado llevar el asunto a una subcomisión que se ocupa de las reformas de la ley electoral. “Es un tema que suscita debate, no solo en el PSOE, incluso en las Juventudes Socialistas”, admite Víctor Camino, secretario general de la organización juvenil y el diputado que suscribió la medida en junio en nombre de su grupo. “Pero estoy convencido de que se acabará aceptando con el tiempo, aunque sea por una cuestión demográfica”.

Las dos formaciones en el Gobierno dan por hecho que a la iniciativa le espera un “recorrido largo”. “Abrir el debate ya supone una victoria”, coinciden González y Camino, que asumen que requeriría un “amplio consenso”. Por ahí surgen las dificultades. Dentro del bloque que apoya al Gobierno hay sectores reacios, como el PNV. Y la oposición de la derecha ha sido frontal. El PP aduce, entre otras cosas, que iría contra la disposición constitucional que fija la mayoría de edad a los 18 años. “Pero yo no desisto de intentar convencer al PP”, manifiesta González. Tanto él como Camino indican que en otros países la medida fue suscrita por los conservadores y cuenta con la opinión favorable de organismos como el Consejo de Europa o el Consejo de la Juventud de España. “No es una cuestión de derechas e izquierdas”, apostilla el responsable de Juventudes Socialistas, sino de “ampliar derechos”.

El argumento más repetido por los partidarios es que si un chico de 16 años puede trabajar o decidir sobre un tratamiento médico también debe poder votar. Y que esa medida mitigaría la desafección política entre los más jóvenes e incrementaría su compromiso con la democracia. Sobre la preparación de estos para tomar una decisión política, González no duda: “Hoy la juventud tiene una capacidad de acceso a la información como no se ha tenido nunca”. “¿No es absurdo que Lamine Yamal no pueda votar?”, remacha.

En esta discusión a menudo se han posicionado entre los detractores neurocientíficos que arguyen que a esa edad la persona es en exceso emocional y voluble, propensa a las decisiones poco meditadas. En el plano político, no falta quien se declare en contra desde la izquierda alegando que buena parte de la juventud se ha dejado conquistar por la ultraderecha. Argumentos muy similares, replica Camino, a los que “ya fueron empleados en su día para oponerse al voto de las mujeres”.

Si se tomase hoy la decisión, el censo electoral de casi 37,8 millones de votantes se acrecentaría con algo más de un millón. Supondría un aumento del 2,7%, probablemente poco significativo para alterar el resultado de las urnas, sobre todo si se mantuviese el alto grado de abstención que se registra entre los nuevos electores, “un clásico de siempre, de toda la democracia y de todos los países”, precisa Belén Barreiro, directora del instituto demoscópico 40dB. En sus estudios, Barreiro ha confirmado que esa franja de edad está “superderechizada”, con inclinaciones hacia la extrema derecha que alcanzan el 40%. “Vox se ha configurado para muchos jóvenes como un voto rebelde”, apunta. La socióloga señala que a los 16 años “la identidad está todavía forjándose”, mientras que a los 18 se aprecian opiniones más formadas. “Tener un contrato de trabajo y empezar a pagar impuestos suele conllevar un mayor interés por la política”, subraya.

Los chicos que hoy tienen 16 nacieron en 2008, “son la generación de la crisis, han vivido siempre en crisis y eso les confiere un perfil diferente”, destaca Oriol Bartomeus, director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de Barcelona. Bartomeus es autor de un libro reciente, El peso del tiempo, sobre el elemento generacional en las actitudes políticas. Su instituto está elaborando un estudio con adolescentes y anticipa algunas conclusiones: “Tienen una visión de la política muy práctica, nada dogmática. Participan o no si se sienten llamados. Tienen valores que podríamos llamar mercantilistas. Actúan pensando en lo que les interesa, no en lo que pueda pasar en los próximos cuatro años. Y no se identifican con un partido concreto, son fieles solo a sí mismos”.

Todos los estudios corroboran que en la juventud se ha ensanchado la brecha ideológica por sexos: las chicas se inclinan a la izquierda y los chicos a la extrema derecha. “Ellas tienen el impacto del Me Too y ellos están influidos por la manosfera [de man, hombre], un conjunto de medios y redes muy masculinos, con un discurso brutal contra el feminismo”, explica Bartomeus. El director del ICPS relativiza el debate sobre si se debe permitir el voto a los 16: “Lo relevante no es eso, lo relevante es que un elemento central de la democracia como la información ha perdido calidad y, en consecuencia, también la está perdiendo la democracia. Eso es lo que cuenta, tengas 16 o 76 años”.

Surfea la Web Segura, e Informe Infancias en internet

Las niñas y los niños tienen derechos digitales, 

nos corresponde a las personas adultas acompañarles para así lograr  

que naveguen en una internet segura para todas y todos. 

En el 2021 y 2022 recorrimos varias primarias y creamos un sitio web llamado “Surfea la web segurx” y convencidas de la necesidad de generar acciones integrales para la prevención en el 2023 surge el Manual de técnicas didácticas, de sensibilización, seguridad y alfabetización digital para personal docente, madres, padres y personas cuidadoras.

Experiencias de la aplicación del Manual Surfea La Web Segux en escuelas primarias en Aguascalientes.

El informe Infancias en internet, Experiencias de la aplicación del Manual Surfea La Web Segurx en escuelas primarias públicas en Aguascalientes (acceso), es el resultado de una serie de reflexiones producto de la visita y trabajo con niñas y niños de 4to, 5to y 6to grado. 

Durante un mes y medio recorrimos las escuelas primarias para probar las técnicas didácticas del Manual de técnicas didácticas, de sensibilización, seguridad y alfabetización digital para personal docente, madres, padres y personas cuidadoras (acceso), mejor conocido como Manual Surfea La Web elaborado por Cultivando Género AC, desde el juego buscamos promover una reflexión sobre los derechos, pero también los riesgos y reglas de lo digital, específicamente el uso de las redes sociales y plataformas en las infancias.

Trabajar con infancias entre los 9 y 12 años no es tarea sencilla, implica una responsabilidad, compromiso, preparación y muy importante sacudirse la mirada adulta, escuchar a las infancias y hacerles saber que les estamos escuchando y que aquello que nos dicen es válido. Pero también implica compartir con ellas y ellos reflexiones sobre un uso seguro y sin violencia de las redes sociales y plataformas.

Este informe es una invitación a seguir reflexionando sobre los derechos de las niñas y niños en internet.  Reúnen lo que escuchamos, acompañamos y observamos al visitar cinco escuelas primarias en Aguascalientes.

Apostemos por escuchar más en una de esas 

también como personas adultas aprendemos algo nuevo.

Las niñas y los niños tienen derechos digitales, nos corresponde a las personas adultas acompañarles para así lograr -talvez ahora sí- que naveguen en una internet segura para todas y todos. 

Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Proceso de Desinstitucionalización

¿Qué es la Estrategia?

La Estrategia es un compromiso y hoja de ruta, 

liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 

que propone medidas para transformar los sistemas de apoyo y cuidado a las personas 

que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión.

La Estrategia tiene una duración desde el 2024 hasta el 2030

Ver la Estrategia

¿A quién va a beneficiar?
Esta Estrategia entiende que 
la cultura asistencial afecta a grupos de población diversos
que comparten la característica de necesitar apoyos.

Estos grupos de población son:
        Personas mayores.
        Personas con discapacidad.
        Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desamparo y personas jóvenes extuteladas.
        Personas en situación de sinhogarismo.
        Otros grupos de población institucionalizados. 

Un nuevo modelo de cuidados y apoyos en la comunidad
Implica superar la arraigada cultura asistencialista y avanzar hacia modelos de cuidados y apoyos centrados en el respeto y en la garantía de los derechos y dignidad de las personas.
Tiene dos pilares:
    El enfoque centrado en las personas, donde los cuidados y apoyos se centren en la voluntad y preferencias de las personas.
    El enfoque comunitario, donde las personas puedan elegir dónde, cómo y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico

¿Qué se persigue?
La Estrategia servirá para transformar el modelo de apoyos y cuidados
poniendo en el centro los derechos y el proyecto de vida de cada persona.
De modo participativo se definirá un marco común de trabajo para:
Cambiar la cultura de atención a las personas que necesitan apoyos
Para lograr un enfoque personalizado, comunitario y garante de derechos. Por ejemplo: que los y las jóvenes que han estado en el sistema de protección tengan apoyos y acompañamiento para poder desarrollar un proyecto de vida elegido.
Contribuir a mejorar y transformar la tipología de centros y servicios existentes potenciando también los servicios y apoyos en la comunidad y de base familiar.
Por ejemplo, a través de la asistencia personal o con recursos de vivienda con apoyos en la comunidad.
eventos publicos
Mejorar las políticas de apoyos y cuidados, basadas en la atención personalizada, continuada, integral y coordinada.
Por ejemplo: que las personas tengan el apoyo de un gestor de casos que coordine a los profesionales de atención sanitaria y de servicios sociales.
Promover entornos comunitarios más inclusivos,
accesibles y acogedores con la diversidad.
Por ejemplo: haciendo que los entornos donde las personas viven, tanto las viviendas como los barrios o los medios de transporte, sean accesibles.

¿Quién ha participado en la elaboración de la Estrategia?
Espacios de participación
El diseño de la Estrategia se ha realizado de forma participativa.
Hemos querido que se escuche la voz de personas con experiencia directa:
• Profesionales de las entidades que dan apoyos y cuidados
• Personas de la Administración pública
• Gente de universidades
• Ciudadanía en general
• Y en especial personas expertas por experiencia, que tienen vivencias personales propias o a través de sus familias relacionadas con la institucionalización
icono espacios de participacion

El Consejo Asesor es un órgano consultivo que enriquece y fortalece el desarrollo de la Estrategia
con su conocimiento y capacidad de movilización de actores.
Este órgano cuenta con una composición diversa de actores, necesaria para el abordaje de la complejidad de la temática, legitimando de este modo los resultados y favoreciendo la apropiación de la Estrategia por los agentes relevantes.
El Consejo Asesor ha participado en todo el proceso de elaboración de la Estrategia aportando desde sus áreas de experiencia visiones complementarias al enfoque general de la Estrategia.

Los más afectados por el cambio climático no tienen derecho a decidir sobre su futuro

Cada día que pasa el debate sobre la desigual distribución de poder entre jóvenes y adultos va a irse recrudeciendo. La longevidad y la reducción de los índices de natalidad va convirtiendo la pirámide tradicional en un cilindro más o menos irregular. Pero, el poder económico, político y social se concentra de manera clara en la parte superior de ese cilindro. 

elDiario.es

Joan Subiráts

25 de marzo de 2024

Contaminación urbana.  Huermur

No debe pues extrañarnos que las encuestas de opinión vayan mostrando grietas significativas sobre el apego de los más jóvenes a un sistema democrático lleno de promesas y garantías que, a la hora de la verdad, no ven materializadas de manera efectiva. 

El derecho al voto no es una panacea frente a un tema mucho más complejo, pero no debería tampoco dejarse de lado. Las elecciones europeas del 9 de junio pondrán de nuevo de relieve el tema.  En efecto, al margen de los tres países (Austria, Bélgica y Malta) que ya tienen establecido este criterio para el conjunto de elecciones, Alemania y Grecia lo permiten específicamente para las elecciones europeas (aunque en el caso de Grecia los jóvenes de 16 años que voten deberán cumplir los 17 años a lo largo del 2024). En España se viene discutiendo del tema desde hace tiempo, y de hecho el Consejo de la Juventud y algunos partidos lo han ido apoyando sin que haya llegado a concretarse. Los argumentos esgrimidos a favor ponen de relieve lo que ello implicaría de armonización con las edades legales para trabajar, pagar impuestos, estar sujetos al derecho penal o tantas otras cosas. Estamos hablando de más de ochocientas mil personas que se añadirían al censo electoral. Los argumentos en sentido contrario apuntan a posibles problemas de inmadurez, de un exceso de emotividad o la falta de una demanda real en un colectivo más bien desmovilizado cuando se trata de votar, lo que haría aumentar el índice de abstención. 

Pero, al margen de las consideraciones generales que se vienen discutiendo desde hace muchos años (el demógrafo Paul Demeny lo planteó en 1920 en Francia), el debate se ha recrudecido recientemente al entenderse que, en plena crisis de emergencia climática, eran apartados del derecho a decidir sobre su futuro a quiénes más van a sufrir las consecuencias, muchas de ellas irreversibles, de lo que hoy se decide.

Hace unos días Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, exponía la falta de atención de las instituciones norteamericanas ante la demanda de los jóvenes para enfrentarse a la emergencia climática. Lo que le impulsaba a hacerlo era la demanda “Juliana vs United States” que lleva casi diez años tramitándose en el sistema judicial estadounidense. En el 2015, 21 jóvenes, de entre 9 y 18 años de todo el país, presentaron una demanda en un tribunal del estado de Oregón, (donde residía Kelsey Juliana, una de las demandantes y que ha dado así nombre al caso) exigiendo que las decisiones del gobierno tuvieran en cuenta todo aquello que pudiera afectar el cambio climático, ya que afecta a su derecho constitucional a la vida y a la libertad y además, lo que hoy se decide afecta a su futuro más que a otras personas que vivirán menos años. 

Los demandantes afirman que nunca en la historia un gobierno ha tomado decisiones a sabiendas que sus efectos pondrían en peligro la supervivencia del planeta y de la humanidad, y en cambio el gobierno de los EEUU lo hace sistemáticamente financiando y subvencionando la industria petrolífera, a pesar de que el nexo causal entre los carburantes de origen fósil y el calentamiento global está abrumadoramente demostrado. Se trataba pues de una demanda bien fundamentada y ampliamente apoyada con la que, como en otras demandas históricas bien conocidas, se pretendía ir escalando posiciones en el sistema judicial hasta llegar al Tribunal Supremo. Como es bien sabido, las sentencias de este alto tribunal tienen la consideración de verdaderas enmiendas constitucionales, que afectan al conjunto de estados de la Unión. No es pues extraño que la demanda haya tratado de ser constantemente paralizada para evitar su escalada, hasta el punto de que no existen precedentes similares en la historia judicial estadounidense. En Netflix se puede ver el magnífico documental del 2020 (Youth v Gov) que ilustra y explica el proceso aún en marcha.

En el fondo del asunto late una contradicción evidente: los más afectados por las decisiones de hoy no ven reconocido su derecho a participar en ellas, ni de manera directa ni de manera indirecta. Si no pueden votar, les quedan las garantías del sistema judicial, pero ahí también las interferencias de los que si que votan y de aquellos con recursos de todo tipo que condicionan el ejercicio del voto, son más poderosos que sus razones.

Las decisiones políticas que tienen efectos en los condicionantes de la emergencia climática son muchas y muy variadas. Las políticas públicas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y que tratan de evitar que las decisiones que tomemos hoy afecten de manera irreversible nuestro ecosistema tienen un contenido básicamente regulatorio. Los que nos dedicamos al análisis de las políticas públicas sabemos que este tipo de políticas no son fáciles de desplegar. Y ello es así ya que los afectados por los costes que suponen la implementación de tales decisiones son muy claros. Tienen nombres y apellidos. Tienen sedes empresariales y financieras bien conocidas. Y cuentan con equipos y recursos preparados para hacerles frente. Y en el documental mencionado puede constatarse de manera clara. En cambio, los potenciales beneficiarios de tales medidas son anónimos por el hecho de ser universales. Somos todos y ninguno en concreto. Además, para acabarlo de complicar, los beneficios potenciales a alcanzar están situados en el futuro más o menos cercano. Los costes, en cambio, acostumbran a ser perceptibles e inmediatos. O, dicho de otra manera, los costes son muy visibles para los que tienen derecho a voto, mientras que los beneficios se trasladan en buena parte a aquellos que aún no tienen capacidad para influir en las decisiones del día a día.

Ese es, en definitiva, el mensaje que hay detrás de la demanda Juliana, y de muchas otras movilizaciones de los jóvenes contra la brutal distancia entre las evidencias que tenemos sobre las causas y los efectos de la emergencia climática para las generaciones futuras, y las grandes dificultades de todo tipo que existen para hacerle frente con políticas efectivas. Si no pueden hacer oír su voz y tener incidencia los que más preocupación exhiben sobre el futuro que les espera, no nos extrañemos si van perdiendo su confianza en la capacidad del sistema democrático de encarar los graves retos pendientes.

Informe Mundial 2024, análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo de Human Rights Wastch.

Elige informe por países desde aquí.

Artículo introductorio

Basta observar los desafíos de derechos humanos que se presentaron en 2023 para entender qué deberíamos hacer de otra manera en 2024. Fue un año excepcional no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino también por la indignación selectiva de los gobiernos y la diplomacia basada en transacciones que conllevaron profundos costos para los derechos de quienes no están entre los favorecidos. Sin embargo, en medio de las tinieblas, pudimos ver destellos de esperanza que mostraron la posibilidad de un camino diferente.

La reanudación de las hostilidades entre Israel y Hamás, y también en Sudán, infligió un enorme sufrimiento, al igual que la persistencia de los conflictos en Ucrania, Myanmar, Etiopía y el Sahél. A los gobiernos no les resultó fácil lidiar con el año más caluroso registrado hasta el momento y una sucesión de incendios forestales, sequías y tormentas que causaron estragos para millones de personas en Bangladesh, Libia y Canadá. En todo el mundo se acentuó la desigualdad económica, pero también el enojo ante decisiones políticas que han dejado a muchas personas en una situación en la que apenas pueden subsistir. En muchos lugares, los derechos de mujeres y niñas y de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) se toparon con retrocesos severos, ejemplificados por la persecución de género de los talibanes en Afganistán.

Los factores detrás de estas crisis de derechos humanos y sus consecuencias a menudo trascienden las fronteras y no pueden ser resueltos por gobiernos que actúen por sí solos. Comprender estas amenazas y responder a ellas es algo que debe hacerse sobre la base de los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos y el Estado de derecho. Estas ideas se forjaron a partir de historias humanas que, hace 75 años, fueron consensuadas y plasmadas por naciones de todas las regiones en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye la base de todas las convenciones y tratados contemporáneos de derechos humanos.

Estos principios se necesitan ahora más que nunca. Sin embargo, este mismo sistema al que apelamos para proteger los derechos humanos de las personas en todas partes se encuentra amenazado. Cada vez que un gobierno desestima o desprecia estos principios universales globalmente aceptados, alguien paga un precio, ya sea en términos de libertades y derechos, en su salud o medios de subsistencia, y a veces incluso con su vida.

Tirana Hassan

Directora Ejecutiva

Veinteenes.

Ese otro país es el que, cada año, ve llegar su veinteene y se congratula de que, aunque sea por un mísero día, niñas y niños pasen a ser un elemento del primer plano informativo (y eso, las más de las veces, por los pelos). Porque ese día de cada noviembre no se celebra sólo el día de la Infancia sino –el matiz es importante- el de sus derechos que, además, tienen como apellido humanos.

Iván Rodríguez*,

LaEnzcina.es.

Pido disculpas por anticipado. Por jugar al equívoco con un título que en la gran cámara de resonancia del contexto político español probablemente haya despertado expectativas que no voy a satisfacer. Al fin y al cabo, mientras escribía estas líneas he visto desplegarse la semana más convulsa de la política nacional que recuerde en mucho tiempo: incluyendo hordas de poco disimulado neofranquismo, ruido de sables jubilados y a un señor con un peinado muy raro al que se le ha petrificado en la cara una sonrisa de satisfacción con la que corre el riesgo de envenenarse. Todo tan normal como siempre, en la plena democracia de esta España nuestra.

Pero no, ese no es mi tema. Yo quería, más bien, dar la turra con aquello de las dos Españas. Porque aquí somos de realismo sucio y no nos basta con lo conceptual: el corazón se nos ha de helar también en la práctica y en días inverosímiles. Así que cada año nos es dado por solapar, un poco sin quererlo, esas dos Españas en dos celebraciones antitéticas que no pueden representar mejor todas nuestras contradicciones.

Hay una España que encuentra en su veintene el momento de sacar del armario sus mejores galas para defender un ideario que parecía apolillado, pero al que cada vez con más frecuencia le están saliendo voluntarios prestos al remiendo. Y así, lo que creímos una anécdota con tintes del folclorismo sepia que duraba lo que duraba la dichosa efeméride, se nos está convirtiendo en un brote de sarpullido nacionalsocialista agudo con vistas a –y en esto espero equivocarme- cronificarse en nuestra política cotidiana.

Pero a ese veintene de la España que vive por y para el pasado se le superpone, como en un zurcido tosco inventado por un aprendiz de costurero, el de otra España que quiere confiar en el futuro. Ese otro país es el que, cada año, ve llegar su veinteene y se congratula de que, aunque sea por un mísero día, niñas y niños pasen a ser un elemento del primer plano informativo (y eso, las más de las veces, por los pelos). Porque ese día de noviembre no se celebra sólo el día mundial de la Infancia sino –el matiz es importante- el de sus derechos que, además, tienen como apellido humanos. Y ya estamos con eso que tanto enciende a nuestras huestes carpetovetónicas, a las que la simple idea de que seamos fulanos y menganos, pero con derecho a algo, les resulta irritante; tanto más si quien reclama ese derecho es alguien a quien todavía no consideran adulto.

Creer en los derechos de la población infantil es creer en la posibilidad de un futuro por partida doble: porque cuando escuchamos con atención a niñas y niños se hace mejor su presente (y nuestro presente) y sin eso es difícil creer en las bondades de un mañana; pero también porque en el futuro no seremos nosotros, sino ellos, quienes heredarán esta piltrafa de mundo que nos empeñamos en construir, así que hay que hacer algo porque el legado les llegue en mejores condiciones de las que lo encontramos. Justicia generacional, se llama. Y es un reto, si hay que creer en los hechos que este lunes 20 se empeña en recordarnos: porque seguimos viendo enquistada la pobreza infantil; porque en las mentes de muchos adolescentes crece el mal de la incertidumbre a crecer en un mundo a peor; porque es posible que, según nos dice una encuesta reciente encargada por el Defensor del Pueblo, haya más de cuatro millones y medio de personas adultas en este país que portan en su interior un niño que ha sido vejado y abusado por quien debía protegerle. Y estaría dispuesto a hacer un recuento más exhaustivo, si no fuera tan deprimente.

¿Qué ocurrirá este año? ¿Conseguirá la España zombie de las marrullerías parlamentarias, las estrategias electorales y los programas escritos en tablas de piedra donde nunca es posible leer la palabra Infancia eclipsar el protagonismo debido a los niños? ¿Seguiremos hablando de política o empezaremos a hacerla desde los derechos y los intereses de todas esas personas que aún no son adultas[1]?

A estas alturas de la vida he entendido ya que el bienestar de toda una sociedad es imposible si no empieza en la Infancia, y me refiero también al bienestar de toda esa gente sobrada que la mira como al sarampión, congratulándose de haberla pasado hace mucho tiempo. Si alguien me lee y piensa como yo, igual es buena idea recordar que esa España que no ha renunciado todavía al futuro tiene una fecha de la que congratularse, aunque nos invite a estrellarnos una y otra vez contra la realidad. O igual que hay que felicitarse porque -oh, primicia del día- parece que tendremos al fin un Ministerio para la infancia (y la juventud). Y sí, quizás nos venza el griterío bronco de la otra España, esa que blande muñecas hinchables como cimitarras, pero habrá que intentarlo. Yo, por si acaso, voy a quedarme mirando atentamente desde mi atalaya prestada en la Enzina, a ver si hay suerte y mañana es un día mejor.

[1] Admitamos que es un pobre consuelo pero, al menos, mientras aquí seguiremos tarifando por otras cosas “más importantes”, el parlamento europeo pondrá un poco de decencia y dedicará su pleno a debatir sobre los derechos de los niños europeos, como informan desde su propia web.

*Iván Rodríguez: Ahora soy sociólogo y antes de eso la gente me parecía muy rara: bueno, igual no era en ese orden. También escribo: para entenderme y para entender. Sin la música, el cine y la literatura sería como un náufrago que no tiene madero al que asirse para salvar el pellejo. Creo que, de verdad, el mundo puede ser mejor si ponemos un poquito de parte de todos. Cuando me pongo a pensar que me tengo que morir, toco la guitarra. 

Profesor Titular de Universidad de Huelva. Área de Sociología, Vicedecano de Calidad; asociado GSIA.

ERIDIQV, 25 anys promovent el benestar i els drets d'infants i adolescents . Jornada.

ERIDIQV, 

25 AÑOS PROMOVIENDO EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Jornada

17 de noviembre de 2023

Sala de Grados, Facultad Educación y Psicología

UNIVERSITAT DE G I R O NA

El proper divendres 17 de novembre, 

l'Equip de Recerca en Infància, Adolescència i la seva Qualitat de Vida (ERIDIQV) 

ha organitzat una jornada per commemorar els 25 anys de la seva creació.

L'acte comptarà amb la participació d'acadèmics i professionals de renom en el camp de la psicologia social i constarà d'una taula rodona que porta per títol El psicòleg de la intervenció social com a promotor de canvis socials positius i un diàleg sobre Infància, polítiques d'infància i els professionals de la intervenció social.  

Programa en català

Programa en espanyol

L'assistència presencial a la Sala de Graus de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona donarà lloc a certificat 

(inscripció) 

i també serà possible seguir tota la jornada per streaming: Uneix-te!

Las directrices sobre IA desatienden los derechos de la Infancia y Adolescencia (IA).

 Los investigadores creen que las directrices sobre IA 

desatienden los derechos de la infancia,

genéricos y sin regulación jurídica vinculante.

La mayoría de las directrices mundiales sobre el uso ético que debe regir la Inteligencia Artificial atienden adecuadamente valores como la privacidad o la responsabilidad, 

pero no otros como la veracidad, la propiedad intelectual o los derechos de la infancia.

Y recomiendan  establecer directrices éticas «claras» y estructuras de gobernanza 

para el despliegue de la IA en todo el mundo  

para promover la confianza y mitigar sus riesgos.

Los derechos de la Infancia los últimos, casi ni se tienen en cuenta en la IA
Figura 5. Número de veces que se citó un principio agregado

A esa conclusión ha llegado un equipo de investigadores de Brasil (Nicholas Kluge Correa, Camila Galvão, James William Santos, Luisa Galvão, Edmund Terem, Nythamar de Oliveira...) que han realizado una revisión y un análisis de las 200 directrices mundiales para el uso de la Inteligencia Artificial y que este 13 de octubre de 2023 publican las conclusiones de su estudio en la revista Patterns (volumen 4, nº 10 de 13 de octubre 2023) del grupo Cell: "Ética mundial de la IA: una revisión de 200 directrices y recomendaciones para la gobernanza de la IA"

Los investigadores han concluido que la mayoría de las directrices describen principios y valores éticos de forma genérica, pero sin proponer métodos prácticos para aplicarlos y sin impulsar una regulación jurídicamente vinculante.

A partir de ahí, el investigador James William Santos, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur (Brasil), ha corroborado en establecer unas directrices éticas «claras» y unas estructuras de gobernanza para el despliegue de la IA en todo el mundo debe ser el primer paso para promover la confianza, mitigar sus riesgos y para garantizar que sus beneficios se distribuyan de una forma equitativa.

El autor principal del trabajo, el profesor Nicholas Kluge Corrêa, de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul y la Universidad de Bonn, ha observado que los trabajos anteriores sobre la misma materia se centraban predominantemente en documentos norteamericanos y europeos, lo que impulsó a los investigadores a incidir en la perspectiva de regiones como Asia, América Latina y África.

Hicieron una revisión de directrices políticas y éticas sobre la IA que se habían publicado entre 2014 y 2022 e identificaron 200 documentos relacionados con la ética y la gobernanza de la IA procedentes de 37 países escritos o traducidos a cinco idiomas (inglés, portugués, francés, alemán y español) y que incluían recomendaciones, guías prácticas, marcos políticos o códigos de conducta.

Descubrieron que los principios más comunes en esos textos son la transparencia, la seguridad, la justicia, la privacidad o la responsabilidad, y los menos comunes son los derechos laborales, la veracidad, la propiedad intelectual y los derechos de los niños y los adolescentes.

Y que la mayoría de las directrices analizadas eran «normativas» -describían valores éticos que debían tenerse en cuenta durante el desarrollo y uso de la IA-, pero solo el 2 por ciento recomendaba métodos prácticos para aplicar la ética de la IA y solo el 4,5 por ciento proponía formas jurídicamente vinculantes de regulación de la Inteligencia Artificial.

Los investigadores también identificaron una disparidad de género en cuanto a la autoría, y aunque en el 66 por ciento de los documentos no contenían información sobre la autoría, entre los autores del resto de textos había más nombres masculinos que femeninos (549 frente a 281).

Geográficamente, la mayoría de las directrices procedían de países de Europa Occidental y Norteamérica, y menos del 4,5 por ciento eran originarios de Sudamérica, África y Oceanía.

Según han plasmado los investigadores en la misma publicación, algunos de esos desequilibrios se pueden deber a limitaciones lingüísticas y de acceso público, pero también que muchas partes del mundo están infrarrepresentadas en el discurso global sobre la ética de la Inteligencia artificial.

Y en ese sentido, los investigadores han subrayado la importancia de incorporar más voces y más regiones al debate sobre la aplicación ética de la Inteligencia Artificial, y de tender un puente entre los principios abstractos de la ética y el desarrollo práctico de sistemas y de aplicaciones basadas en la IA.