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Llegar antes que el daño: presentamos la guía de prevención de la violencia contra la infancia

Con un minuto de silencio por las víctimas de la DANA: así arrancó el VI Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia, que se celebró los días 30 y 31 de octubre en Toledo. Unidos desde UNICEF al dolor de las víctimas de la tragedia, arrancamos la sexta edición de nuestro congreso bianual que este año, con el lema Lleguemos antes que el daño, reunió a más de 400 expertos y figuras políticas para explorar experiencias y buenas prácticas en torno a la prevención de la violencia.



unicef

Ciudades Amigas de la Infancia

04/11/2024



Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas en UNICEF España, modera la mesa con Mariam, Iria, Amnah y Pablo, de consejos de participación, María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera, y Coral Rodríguez Duque, concejala de Puertollano. @UNICEF España/Fran Ferrer
El encuentro fue el escenario para la presentación de nuestra guía para gobiernos locales, un modelo desarrollado tras tres años de investigación aplicada e innovación social en el marco del proyecto piloto de prevención desde lo local, que hemos impulsado junto a 10 municipios con un objetivo: abordar la violencia antes de que ocurra.


Una mirada a la violencia contra la infancia

 

A pesar de los progresos, millones de niños y niñas sufren violencia en el mundo, recuerda Kendra J. Gregson, asesora de protección de UNICEF América Latina y Caribe: “Sucede en el hogar, escuelas, internet, campos de juego y lugares de trabajo. El impacto de la violencia sea del tipo que sea es profundo y puede durar toda la vida, trasmitiéndose incluso de generación en generación”.


El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, advierte sobre los efectos negativos de los desafíos recientes, como la pandemia, los conflictos y la crisis climática, que han revertido algunos avances en derechos infantiles. “En las últimas décadas logramos avances, pero el estacancamiento y retroceso nos interpela a toda la humanidad y nos obliga a tomar impulso”. Especifica que son necesarias las políticas de alcance en todos los planos, también local, y convertir en protagonista a la infancia.


En España, entre el 83 y 91% de los niños, niñas y adolescentes han experimentado violencia. A menudo, a manos de personas de su confianza y entorno. Mª Ángeles Espinosa, directora de IUNDIA, pone la violencia contra la infancia en cifras y recuerda que solo el 10% de los casos se denuncian. “Está fallando la protección de los niños y niñas. Hay que actuar desde la prevención, creando entornos seguros y protectores”, dice, y recuerda que es una responsabilidad compartida.


El modelo de UNICEF España plantea crear entornos seguros y protectores en cada municipio mediante políticas y acciones específicas. Son imprescindibles para garantizar la prevención porque generan un clima de buen trato y establecen mecanismos de detección precoz.


Una responsabilidad compartida

 

Para conocer el marco legal, contamos con Clara Martínez García, profesora agregada de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE): “Antes de la LOPIVI [Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia], nuestro modelo era sancionador y ponía el foco en el agresor. Era ineficiente”. La LOPIVI, sin embargo, tiene un enfoque preventivo y reconoce que la protección infantil es una responsabilidad compartida por todas las administraciones y por la sociedad, fomentando políticas activas de prevención a nivel local, explica.


Liliana Marcos Barba, asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presenta la estrategia estatal de desinstitucionalización, dirigida entre otros colectivos a los chicos y chicas del sistema de protección, centrada en su interés superior. Añade que es necesaria una cultura del acogimiento y fortalecer servicios sociales de base.


Sin embargo, son las entidades locales, como administración más cercana a la población infantil y adolescente, quienes juegan el papel fundamental a la hora de prevenir y detectar situaciones de violencia. Luis Martínez-Sicluna, Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recalca que los gobiernos locales deben estar en primera línea en la lucha contra la violencia infantil, integrando la participación de la infancia en la agenda política.


Además, Ángel Parreño, socio fundador de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, destaca la importancia de ver la violencia desde una perspectiva multidimensional y con un enfoque comunitario.


Participación de la infancia

 

La participación de los propios niños, niñas y adolescentes ha sido clave en todas las fases del el proyecto. Silvia Casanovas Abanco, responsable de Políticas Locales de Infancia de UNICEF España, muestra los hallazgos del diagnóstico del modelo de protección; entre ellas, ciertas percepciones que tienen los niños y niñas y las familias, como la alta tolerancia al castigo físico, o la asociación de la violencia contra la infancia con el bullying y no con otras formas ejercidas por adultos.


Iría, Miriam, Pablo y Amnah, de los consejos de participación infantil de Alovera y Puertollano, comparten sus percepciones sobre violencia o qué es un espacio inseguro. “La visión de la violencia que tenemos es diferente a la de los adultos”, confirma Pablo, de 12 años. “Nuestros entornos son diferentes, no convivimos con las mismas personas. Tenemos una visión


Amnah pone un ejemplo: violencia “puede ser una publicación racista en redes, un meme o un comentario que ridiculice a minorías étnicas o religiosas. Yo tengo derecho a ver las redes sin sentirme atacada. Muchas veces ese contenido lo generan los adultos”.


María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera, y Coral Rodríguez Duque, concejala de Puertollano, cuentan cómo han trabajado en sus municipios con los grupos motores de profesionales y de infancia. Los chicos y chicas, finalmente, recomiendan iniciativas de prevención como charlas en los centros educativos impartidas por ellos y ellas, para crear conciencia desde una perspectiva realista sobre sus vivencias.


Un modelo adaptable y sostenible

 

El modelo de UNICEF España nace gracias a la colaboración de equipos técnicos y multidisciplinares de 10 municipios que participaron en un proyecto piloto. A través de estrategias y acciones concretas, cada municipio podrá adaptar y aplicar un plan de prevención según su propia realidad, promoviendo así una cultura de buen trato y protección a la infancia.


Paola Bernal, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, y José Antonio Rubio, coordinador técnico del proyecto de prevención de la violencia de UNICEF España, presentan esta propuesta y comparten un resumen de la guía. Esta contiene los nueve pasos para implementar el modelo, que se representan en un círculo de mejora continua, que parte de un análisis de las condiciones previas con las que cuenta el municipio para abordar el diagnóstico, planificación, seguimiento, evaluación y planificación de una estrategia de prevención de la violencia contra la infancia a nivel local.


Las tres estrategias propuestas a los municipios, tanto de prevención primaria como secundaria, tienen aterrizajes prácticos: sensibilizar, involucrar a la comunidad infantil y asegurar un entorno comunitario seguro y protector.


La guía incluye una estimación del coste de la implementación para municipios dependiendo de su tamaño, además del beneficio, también económico. De acuerdo a este análisis, a partir del año 11 de implementación, en todos los escenarios analizados se empieza a identificar un ahorro de recursos públicos.


“Prevenir significa reducir institucionalización. No solo hablamos de derechos de infancia y marco legal, sino que en algunos casos podemos estar reduciendo los recursos públicos destinados a la protección. Llegamos antes que el daño, que es fundamental para evitar consecuencias a todos los niveles en la vida de niñas, niños y adolescentes, cumplimos con la Ley y se ahorra presupuesto”, dice Bernal.


Patricia Pérez, técnica de evaluación y evidencias de UNICEF España, y Luis Miguel Morales, consultor en Políticas Públicas de Red2Red, exponen los resultados de una evaluación que mostró los beneficios a medio y largo plazo, en los municipios participantes en el proyecto piloto. Morales destaca que el modelo ya está generando cambios positivos en los municipios “tanto en los y las profesionales implicados en el proyecto como, a escala general, cambios transversales: generando lazos de comunicación entre diferentes áreas que antes no estaban tan conectadas, coordinación y ruptura de estereotipos, como el miedo a notificar”.


Además, Morales presentó el análisis de coste-beneficio en municipios de diferente tamaño, donde “veíamos que si reducimos los casos de desprotección moderados y graves reducimos la oportunidad de que esos casos se institucionalicen y cronifiquen y acaben convirtiéndose en situaciones de acogimiento familiar o residencial”. Esto lleva, de manera especialmente directa en los municipios medianos y grandes, a reducciones de costes a nivel de las Comunidades Autónomas. En los pequeños, de menos de 20.000 habitantes, con cambios en algunas variables, como por ejemplo, la suma de esfuerzos a nivel de las diputaciones. En ambos casos, el resultado es positivo.


Seguidamente, para conocer herramientas para el trabajo de prevención de la violencia, Javier de Frutos González, subdirector de Familia, Educación, Cultura y Deporte del Área de Políticas Sociales de la FEMP, habla de la colaboración entre la fundación y el Ministerio Agenda 2030 para hacer que la parentalidad positiva se integre en las políticas locales de apoyo a las familias, y Blanca De Cominges Sureda presenta el programa ‘Somos voz’ y la herramienta Hemerri, de detección y clasificación de posible riesgo de maltrato a niños y niñas de centros, creada por y para profesionales. 


LOPIVI y Justicia Especializada: un paso crucial para proteger a la infancia en España

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en España en junio de 2021, marcó un hito en la protección de los derechos de las personas menores de edad. Esta ley, inspirada por los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, subraya la responsabilidad del Estado, las instituciones y la sociedad en general para garantizar que los niños, niñas y adolescentes (NNA) crezcan en un entorno seguro, libre de cualquier tipo de violencia, abuso o negligencia. Sin embargo, su implementación y el alcance de su impacto continúan en debate, planteando desafíos tanto estructurales como sociales para asegurar su cumplimiento real.



elDiario.es

canariasahora

Iraxte Serrano

12 de noviembre de 2024






Avances clave de la LOPIVI


La LOPIVI incluye avances significativos para proteger a las personas menores de edad de situaciones de violencia y abuso. Uno de sus puntos más destacables es la creación de un registro centralizado de delincuentes sexuales, restringiendo el acceso de personas con antecedentes de abuso infantil a trabajos relacionados con la infancia. Esto permite un mayor control y prevención de situaciones que podrían exponer a los NNA a abusos. Además, se establecen plazos de prescripción más amplios para los delitos sexuales, reconociendo que muchas víctimas tardan años en procesar y denunciar los abusos.


Asimismo, la ley introduce un sistema de vigilancia y denuncia accesible, que incluye la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en centros educativos y de actividades para la infancia. Estos coordinadores están encargados de detectar y actuar ante situaciones de violencia, fomentando una cultura de protección en los espacios donde los menores pasan la mayor parte de su tiempo. También obliga a los centros educativos y sanitarios a incorporar programas de sensibilización y protocolos específicos de actuación, algo que es esencial para romper el silencio en torno a la violencia infantil.


La LOPIVI desde la perspectiva de los derechos de infancia


La LOPIVI, sin duda, representa una evolución positiva en términos de derechos de infancia, al colocar a las personas menores de edad en el centro de la política de protección. Desde un enfoque de derechos, esta ley responde a principios fundamentales: el derecho de los NNA a vivir en un entorno seguro, su derecho a ser escuchados y a que su bienestar se priorice en las decisiones que les afectan.


Es importante resaltar que este marco no solo protege físicamente al NNA, sino que también intenta abordar las secuelas emocionales que pueden sufrir debido a la violencia o el abuso. Al reconocer el impacto psicológico y emocional de estas situaciones, la ley pone el foco en el bienestar integral, incluyendo la atención a su salud mental. De esta forma, la LOPIVI hace eco del principio de “interés superior del menor”, uno de los pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño.


La experiencia piloto en Las Palmas de Gran Canaria


En 2022, Las Palmas de Gran Canaria inauguró el primer Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y Adolescencia en España, un avance pionero en la implementación de la LOPIVI. Esta iniciativa busca adaptar el sistema judicial a las necesidades y particularidades de los menores de edad víctimas de violencia, evitando revictimizaciones y ofreciendo un entorno más seguro y sensible para procesar estos casos. La creación de este juzgado especializado representa un avance significativo, ya que reconoce la violencia infantil como un problema urgente que requiere un tratamiento judicial especializado y diferenciado de otros delitos.


Una de las principales características de este juzgado es su enfoque de protección integral hacia los NNA. Desde el momento en que el niño, niña o adolescente ingresa en el sistema, se activa un protocolo de atención que incluye el acompañamiento de profesionales de la psicología y el trabajo social, para asegurar que el proceso judicial cause el menor impacto emocional posible. Además, el juzgado dispone de salas amigables para las declaraciones de los NNA, diseñadas con un ambiente adaptado para evitar el estrés y favorecer una comunicación más fluida y segura. 


El juzgado de Las Palmas también pone especial énfasis en la formación y sensibilización del personal judicial. Profesionales de la judicatura, la fiscalía y la abogacía son capacitados para comprender las complejidades de la violencia infantil, de manera que puedan interactuar con las víctimas de forma respetuosa y adecuada a su edad y situación emocional. Esta especialización ha permitido reducir la repetición de testimonios, evitando su exposición a interrogatorios prolongados y traumáticos. Asimismo, el uso de tecnologías, como la grabación de testimonios, permite que estos puedan ser usados en etapas posteriores del juicio sin que el menor deba revivir el proceso.


En sus primeros meses de funcionamiento, el juzgado especializado en violencia contra la infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado ser un modelo efectivo de atención judicial adaptada a la infancia. Las estadísticas iniciales muestran un aumento en el número de denuncias, lo cual puede interpretarse como una mayor empoderamiento y confianza de las víctimas y sus familias en el sistema judicial. Este tipo de juzgado es un ejemplo tangible de cómo la LOPIVI puede traducirse en un cambio estructural, generando espacios que prioricen el bienestar de los NNA en todo el proceso judicial.


La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria subraya la importancia de contar con una justicia especializada para la infancia, que permita abordar estos casos desde una perspectiva de derechos y cuidado. La ampliación de estos juzgados especializados a otras comunidades podría consolidar aún más los avances en la protección de los menores, cumpliendo así con el objetivo principal de la LOPIVI: asegurar que los derechos y el bienestar de la infancia sean una prioridad absoluta en todos los ámbitos, incluyendo el judicial.


Desafíos en la implementación de la LOPIVI


Aunque la LOPIVI establece una estructura sólida para la protección infantil, su aplicación real plantea algunos retos significativos. Uno de los desafíos principales es la falta de recursos en muchas comunidades y localidades. Los profesionales encargados de implementar estos protocolos, como los profesionales del trabajo social, la psicología o la educación social, a menudo están sobrecargados, y muchos centros educativos carecen de personal suficiente para asumir funciones de protección de manera efectiva.


Otro problema relevante es la resistencia social y cultural a hablar abiertamente sobre el abuso infantil y la violencia en el hogar. En muchas familias y comunidades, estos temas aún se consideran tabú, lo que dificulta que los NNA y sus familias hablen de ello y además, busquen ayuda. Para que la LOPIVI logre el impacto deseado, se requiere un cambio cultural que fomente el reconocimiento del abuso y la intervención temprana. Esto también implica trabajar con las familias, maestros y otros cuidadores para reconocer los signos de abuso y saber cómo actuar.


La ley también enfrenta el reto de la coordinación interinstitucional. Aunque propone el establecimiento de coordinadores de bienestar en centros educativos, esto debe complementarse con un sistema integral que conecte a todos los actores involucrados en la protección del menor. En la práctica, la falta de comunicación entre servicios de salud, educación y justicia puede dificultar la detección y respuesta oportuna ante casos de violencia.


La LOPIVI es una ley ambiciosa que representa un paso importante hacia la protección de los derechos de infancia en España. Desde una perspectiva de derechos, ofrece un marco prometedor para la prevención y respuesta ante la violencia hacia los menores. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá en gran medida de su implementación adecuada y del compromiso de la sociedad en su conjunto.


Es fundamental recordar que la protección de los NNA es una responsabilidad compartida, y todos tenemos un papel en la creación de entornos seguros y libres de violencia para ellos y ellas. La LOPIVI plantea la posibilidad de un cambio real, pero solo si cada uno de nosotros como parte activa de la sociedad asume su responsabilidad en la protección y bienestar de la infancia. 

Aprobado el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, con una inversión global de 603 millones

El Consejo de Gobierno ha aprobado el tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía para el periodo 2024-2027, elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y que busca garantizar la atención y protección de la población infantojuvenil andaluza.



Junta de Andalucía

Consejo de Gobierno

07/10/2024




Cuenta con una inversión global de 603 millones de euros. Entre sus objetivos, se encuentra dar respuesta a los problemas y demandas de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo y/o desamparo.


El documento, elaborado tras el análisis de los dos planes anteriores y con la participación de los propios niños, niñas y adolescentes y otras administraciones públicas, instituciones y entidades (del tercer sector, universidades, etc.), recoge siete prioridades, once objetivos estratégicos, 20 metas y 73 medidas para la atención y protección de los menores. Además, cuenta con la implicación de todas las consejerías de la Junta de Andalucía.


El interés superior de los niños, niñas y adolescentes ha sido el principio inspirador de este documento y debe estar presente en todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía. Además, la equidad, la participación o la transversalidad son otros de los principios que se han tenido en cuenta. Este plan, que tiene como lema 'La infancia y la adolescencia en el centro de la transformación social', sitúa a este colectivo como protagonista de sus derechos y activos sociales claves en la sociedad.


Este tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-2027 se centra en toda la infancia y adolescencia andaluza, aunque tiene especialmente en cuenta a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, discapacidad, problemas de salud mental, víctimas de violencia, especialmente acoso escolar y violencia sexual, colectivo LGTBI o de aquellos menores que se encuentran en el Sistema de Protección de Menores.


Su finalidad es la garantía efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia andaluza para que reciban el apoyo y la protección necesarias en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia, la cultura, el deporte, el ocio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación; así como promover su participación en la vida pública y en cualquier estructura creada para tal fin.


Siete prioridades


El documento se estructura en siete prioridades: lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia; promoción de un sistema educativo adaptado a las necesidades y expectativas actuales de niños, niñas y adolescentes, de las familias y del profesorado; mejora de la atención a la salud infantil y adolescente, especialmente relacionados con la salud mental, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables.


Además, busca el impulso de la concienciación social y política para poner en el centro de atención de las políticas públicas a la infancia y la adolescencia (incremento de la inversión en las políticas públicas de infancia y adolescencia); la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el incremento de los espacios de ocio y participación para el tiempo libre infantil y adolescente y la mejora del sistema de atención y protección a la infancia y adolescencia, incluida la mayoría de edad.


En definitiva, este tercer plan aspira a mejorar la vida de la población menor de edad, especialmente, de aquella en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, el bienestar y recuperación de los proyectos vitales para que sean felices y se garantice la protección de sus derechos. 


Para más información accede a la web del III PIAA

¿Cuánto nos cuesta la violencia sexual contra la infancia?

Ser víctima de violencia sexual puede afectar al desarrollo de las niñas y niños que la padecen. Aunque no todos los menores sufren las mismas consecuencias, algunas víctimas pueden ver afectada su salud, tanto física como psicológica, y tener secuelas a nivel social, como un bajo rendimiento académico, carencias en sus habilidades sociales o una mayor probabilidad de sufrir otros tipos de violencia o de ejercerla.



THE CONVERSATION

Laura Barroso Gonzalo

7 de octubre de 2024





El
Consejo de Europa estima que uno de cada cinco niños y niñas padece violencia sexual. Aunque es muy difícil ponerle un precio al daño que sufren los niños y las niñas y sus familias, un informe ha cuantificado por primera vez el impacto económico que implica para la sociedad en su conjunto que existan tantos casos de violencia sexual que afectan a los más pequeños: 4 400 millones de euros solo en España.


Los datos clave que han permitido calcular este coste se han basado en las denuncias y en la tasa de prevalencia. Según el Ministerio del Interior español, en 2023 se interpusieron 9 185 denuncias por delitos contra la libertad sexual a personas menores de 18 años. Sin embargo, este dato no representa toda la realidad existente, pues sabemos que muchos casos quedan ocultos y no se denuncian.


La prevalencia –proporción de niñas y niños que se estima sufren violencia sexual en España– nos aproxima más a la magnitud real del problema. Un grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Comillas hemos tomado varios estudios relevantes como referencia y, en promedio, se estima que más del 17 % de las niñas y niños son víctimas de violencia sexual. En total, casi 78 000 menores al cabo del año.


Cifras que alarman


Para analizar los costes económicos de la violencia se han identificado varios parámetros. Por un lado, los servicios que atienden a las víctimas y los procedimientos que se activan cuando se denuncia un caso para calcular su coste unitario; por otro, se ha tenido en cuenta la mayor probabilidad de repetición de curso escolar y los impactos en la salud que pueden tener las víctimas, que en ocasiones repercuten sobre su vida adulta.


En el primer caso, los costes han sido clasificados en cuatro categorías: sanitarios, educativos, por prestaciones de servicios sociales, y judiciales y penitenciarios. Así, el gasto que supone la existencia de más de 9 000 víctimas detectadas asciende a 437 257.335 euros. En el segundo caso, se calcularon los gastos en los que también incurre la administración pública por el total de personas que sufrieron violencia sexual durante su infancia, aunque no fuesen casos conocidos. Esta cifra asciende a 838 412.751 euros.


La suma de ambos costes económicos nos indica que anualmente se gastan más de 1 275 millones de euros por casos detectados y no detectados de violencia sexual contra la infancia.


Además, la investigación ha querido ir más allá, intentando obtener una cifra que refleje parte del coste que supone para la sociedad esos daños: la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, el sufrimiento. Aunque no impliquen un gasto concreto para las administraciones públicas, estos daños tienen una repercusión negativa en la economía.


Más prevención por parte de todos


Una pequeña porción de este daño podría haber sido mitigada si se hubiesen detectado todos los casos de violencia sexual contra la infancia de forma precoz y se hubiese intervenido de manera eficaz, lo que habría reducido las consecuencias sobre las víctimas.


Por ello, se ha intentado aproximar el coste social y humano a través de los costes en los que se ha incurrido por los casos que no se detectan, y que podrían haberse reducido con detección precoz y buena intervención. En total, 3 178.203.081 euros.


En suma, como ya adelantábamos, el estudio estima que el coste mínimo de la violencia sexual hacia la infancia supera los 4 400 millones de euros.


Sin embargo, la dificultad de acceso a datos precisos y la complejidad de valorar algunos de los efectos de esta violencia hace que aún quede una parte del problema invisibilizada, que no ha podido ser cuantificada.


Con todo, es crucial poner el foco en prevenir todos los tipos de violencia sobre los menores. Aunque disponemos de una normativa que aborda la violencia sexual y atiende a todos los tipos de violencia contra la infancia de manera integral promoviendo el buen trato, es necesario invertir y destinar recursos para prevenir casos y reducir los efectos que tiene la victimización y sus costes. Resulta esencial poner en marcha medidas que garanticen la formación de profesionales, la promoción de la detección precoz de casos, una justicia amigable y especializada en infancia, la participación infantil…

Para afrontar el problema es imprescindible que los legisladores intervengan. En concreto en España, las metas vienen definidas por la Estrategia de erradicación de la violencia hacia la infancia, que defiende que “erradicar la violencia, crear espacios seguros y fomentar los buenos tratos y la crianza respetuosa es una responsabilidad común y compartida”.