La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en España en junio de 2021, marcó un hito en la protección de los derechos de las personas menores de edad. Esta ley, inspirada por los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, subraya la responsabilidad del Estado, las instituciones y la sociedad en general para garantizar que los niños, niñas y adolescentes (NNA) crezcan en un entorno seguro, libre de cualquier tipo de violencia, abuso o negligencia. Sin embargo, su implementación y el alcance de su impacto continúan en debate, planteando desafíos tanto estructurales como sociales para asegurar su cumplimiento real.
canariasahora
Iraxte Serrano
12 de noviembre de 2024
Avances clave de la LOPIVI
La LOPIVI incluye avances significativos para proteger a las personas menores de edad de situaciones de violencia y abuso. Uno de sus puntos más destacables es la creación de un registro centralizado de delincuentes sexuales, restringiendo el acceso de personas con antecedentes de abuso infantil a trabajos relacionados con la infancia. Esto permite un mayor control y prevención de situaciones que podrían exponer a los NNA a abusos. Además, se establecen plazos de prescripción más amplios para los delitos sexuales, reconociendo que muchas víctimas tardan años en procesar y denunciar los abusos.
Asimismo, la ley introduce un sistema de vigilancia y denuncia accesible, que incluye la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en centros educativos y de actividades para la infancia. Estos coordinadores están encargados de detectar y actuar ante situaciones de violencia, fomentando una cultura de protección en los espacios donde los menores pasan la mayor parte de su tiempo. También obliga a los centros educativos y sanitarios a incorporar programas de sensibilización y protocolos específicos de actuación, algo que es esencial para romper el silencio en torno a la violencia infantil.
La LOPIVI desde la perspectiva de los derechos de infancia
La LOPIVI, sin duda, representa una evolución positiva en términos de derechos de infancia, al colocar a las personas menores de edad en el centro de la política de protección. Desde un enfoque de derechos, esta ley responde a principios fundamentales: el derecho de los NNA a vivir en un entorno seguro, su derecho a ser escuchados y a que su bienestar se priorice en las decisiones que les afectan.
Es importante resaltar que este marco no solo protege físicamente al NNA, sino que también intenta abordar las secuelas emocionales que pueden sufrir debido a la violencia o el abuso. Al reconocer el impacto psicológico y emocional de estas situaciones, la ley pone el foco en el bienestar integral, incluyendo la atención a su salud mental. De esta forma, la LOPIVI hace eco del principio de “interés superior del menor”, uno de los pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La experiencia piloto en Las Palmas de Gran Canaria
En 2022, Las Palmas de Gran Canaria inauguró el primer Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y Adolescencia en España, un avance pionero en la implementación de la LOPIVI. Esta iniciativa busca adaptar el sistema judicial a las necesidades y particularidades de los menores de edad víctimas de violencia, evitando revictimizaciones y ofreciendo un entorno más seguro y sensible para procesar estos casos. La creación de este juzgado especializado representa un avance significativo, ya que reconoce la violencia infantil como un problema urgente que requiere un tratamiento judicial especializado y diferenciado de otros delitos.
Una de las principales características de este juzgado es su enfoque de protección integral hacia los NNA. Desde el momento en que el niño, niña o adolescente ingresa en el sistema, se activa un protocolo de atención que incluye el acompañamiento de profesionales de la psicología y el trabajo social, para asegurar que el proceso judicial cause el menor impacto emocional posible. Además, el juzgado dispone de salas amigables para las declaraciones de los NNA, diseñadas con un ambiente adaptado para evitar el estrés y favorecer una comunicación más fluida y segura.
El juzgado de Las Palmas también pone especial énfasis en la formación y sensibilización del personal judicial. Profesionales de la judicatura, la fiscalía y la abogacía son capacitados para comprender las complejidades de la violencia infantil, de manera que puedan interactuar con las víctimas de forma respetuosa y adecuada a su edad y situación emocional. Esta especialización ha permitido reducir la repetición de testimonios, evitando su exposición a interrogatorios prolongados y traumáticos. Asimismo, el uso de tecnologías, como la grabación de testimonios, permite que estos puedan ser usados en etapas posteriores del juicio sin que el menor deba revivir el proceso.
En sus primeros meses de funcionamiento, el juzgado especializado en violencia contra la infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado ser un modelo efectivo de atención judicial adaptada a la infancia. Las estadísticas iniciales muestran un aumento en el número de denuncias, lo cual puede interpretarse como una mayor empoderamiento y confianza de las víctimas y sus familias en el sistema judicial. Este tipo de juzgado es un ejemplo tangible de cómo la LOPIVI puede traducirse en un cambio estructural, generando espacios que prioricen el bienestar de los NNA en todo el proceso judicial.
La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria subraya la importancia de contar con una justicia especializada para la infancia, que permita abordar estos casos desde una perspectiva de derechos y cuidado. La ampliación de estos juzgados especializados a otras comunidades podría consolidar aún más los avances en la protección de los menores, cumpliendo así con el objetivo principal de la LOPIVI: asegurar que los derechos y el bienestar de la infancia sean una prioridad absoluta en todos los ámbitos, incluyendo el judicial.
Desafíos en la implementación de la LOPIVI
Aunque la LOPIVI establece una estructura sólida para la protección infantil, su aplicación real plantea algunos retos significativos. Uno de los desafíos principales es la falta de recursos en muchas comunidades y localidades. Los profesionales encargados de implementar estos protocolos, como los profesionales del trabajo social, la psicología o la educación social, a menudo están sobrecargados, y muchos centros educativos carecen de personal suficiente para asumir funciones de protección de manera efectiva.
Otro problema relevante es la resistencia social y cultural a hablar abiertamente sobre el abuso infantil y la violencia en el hogar. En muchas familias y comunidades, estos temas aún se consideran tabú, lo que dificulta que los NNA y sus familias hablen de ello y además, busquen ayuda. Para que la LOPIVI logre el impacto deseado, se requiere un cambio cultural que fomente el reconocimiento del abuso y la intervención temprana. Esto también implica trabajar con las familias, maestros y otros cuidadores para reconocer los signos de abuso y saber cómo actuar.
La ley también enfrenta el reto de la coordinación interinstitucional. Aunque propone el establecimiento de coordinadores de bienestar en centros educativos, esto debe complementarse con un sistema integral que conecte a todos los actores involucrados en la protección del menor. En la práctica, la falta de comunicación entre servicios de salud, educación y justicia puede dificultar la detección y respuesta oportuna ante casos de violencia.
La LOPIVI es una ley ambiciosa que representa un paso importante hacia la protección de los derechos de infancia en España. Desde una perspectiva de derechos, ofrece un marco prometedor para la prevención y respuesta ante la violencia hacia los menores. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá en gran medida de su implementación adecuada y del compromiso de la sociedad en su conjunto.
Es fundamental recordar que la protección de los NNA es una responsabilidad compartida, y todos tenemos un papel en la creación de entornos seguros y libres de violencia para ellos y ellas. La LOPIVI plantea la posibilidad de un cambio real, pero solo si cada uno de nosotros como parte activa de la sociedad asume su responsabilidad en la protección y bienestar de la infancia.
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