El Gobierno anuncia una estrategia contra la pobreza mientras Unicef advierte sobre el escaso 1,2% del PIB que España dedica a protección de la familia y la infancia

Aunque los detalles se conocerán más adelante, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha adelantado que la iniciativa estará lista antes de finales de año y en ella figurará la necesidad de una prestación universal por crianza



Infobae

María García Arenales

17 Oct, 2024



El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. (Europa Press)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que, antes de que acabe este año 2024, el Gobierno aprobará una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, en la que figurará la necesidad de una prestación universal por crianza, y que se marcará como objetivo la “erradicación completa” de la pobreza en España.


Así lo ha avanzado el ministro este jueves en declaraciones a los medios antes del Acto institucional por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre. El evento, organizado junto a la Red de lucha contra la pobreza EAPN, ha tenido lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Hoy quiero anunciarles que antes de que acabe el año, el Gobierno lanzará su nueva estrategia de lucha contra la pobreza. La explicaremos debidamente, pero les puedo avanzar que incidirá especialmente en la problemática de la pobreza infantil, que es algo inaceptable e inasumible en una democracia”, ha subrayado Bustinduy, según informa Europa Press.


Entre los asuntos que figurarán en esta estrategia, el ministro ha destacado la necesidad de que España adopte una prestación universal por crianza, y la necesidad de mejorar los esquemas de garantía de ingresos y de los ingresos mínimos, que, según el ministro, requiere de “una mejor coordinación con las comunidades autónomas”.


Además, ha señalado que se incluirá en ella “la problemática de la vivienda” al tratarse de “uno de los principales factores de exclusión social y riesgo de pobreza”. Según ha recordado Bustinduy, en España hay 12 millones de personas en una situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, y 3 millones son niños, niñas y adolescentes (uno de cada tres).


El riesgo de pobreza aumenta


Este anuncio se ha producido en el mismo día en que la ONG Unicef ha alertado de que España solo invierte un 1,5% del PIB en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% de la media europea (354 euros de gasto por habitante cuando en la UE son 678), por lo que insta a los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico y local, a que prioricen la atención a la infancia en sus presupuestos.


“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, ha señalado José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. La ONG recuerda que el riesgo de pobreza de la población menor de 18 años “ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye”, por lo que resulta “urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.


Unicef asegura que España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea: solo el 17%, frente a la media del 41% o más del 50 % en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.


La organización también considera fundamental la creación de una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los próximos Presupuestos Generales del Estado y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.


“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, añade Vera. Según los análisis de Unicef y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales.

 

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