HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
Ante expertos del Comité de los derechos del niño de la ONU, representantes de organizaciones civiles y de la niñez en México expusieron los temas “más preocupantes” sobre esta población en el país, como los homicidios, las desapariciones y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
Menores de edad en imagen de archivo. Foto Cristina Rodríguez
Además, hicieron un llamado a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para que se mantenga como un órgano desconcentrado y con las funciones que actualmente tiene, contrario a lo que plantea la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado, para incorporarlo como una unidad administrativa al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El Sipinna, aseguraron, es la “institución que posibilita la realización del mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño”, y con la reforma se retiraría el alcance de sus funciones, ya que el DIF “carece de la capacidad operativa, técnica, política y de enfoque de derechos de infancia”.
En conferencia virtual, desde Ginebra, Suiza, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), insistió en que la propuesta de reforma constitucional “es regresiva en materia de derechos” y que para su aprobación los legisladores deberán convocar a un parlamento abierto, pues la ley general actual contempla que se tiene que consultar a esta población.
Detalló que el encuentro privado con el Comité de la ONU se dio en una pre sesión, antesala el examen de México en septiembre próximo, para evaluar su cumplimiento sobre la Convención de los Derechos del Niño. Ahí, la Redim -integrada por diversas organizaciones- presentó un informe alternativo en el que se expone que entre 2018 y 2021 un total de 5 mil 819 menores de edad perdieron la vida a causa de la violencia homicida.
“Resulta preocupante observar que el 30.5 por ciento de estas víctimas son mujeres”, dijo Ramírez. En tanto que en materia de desaparición, aseguró que el 17 por ciento de las más de 110 mil personas en esta condición, son niños, niñas y adolescentes.
Respecto al reclutamiento forzado por grupos criminales, la directora de Redim indicó que si bien no existen datos oficiales sobre el número de victimas, se estima que entre 145 mil y 250 mil están en riesgo de ser cooptados, principalmente en entidades como el estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
En este sentido, señaló que las personas expertas del comité manifestaron interés para poder comprender “qué es lo que sucede con el reclutamiento, si es una especie de escuela militar o paramilitar, o qué tipo de ‘formación’ están teniendo estos chicos y chicas para ingresar a las filas del crimen organizado” y sobre el asunto de la participación en las policías comunitarias.
Además para los integrantes del Comité de la ONU, “hubo dificultad” en la comprensión de cómo un país como México, que forma parte de las 15 principales economías del mundo, “la pobreza existe de una manera tan profunda en niñez y adolescencia” y que en población indígena supera el 80 por ciento, mencionó Ramírez.
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el año 2022 con muertes de adolescentes y jóvenes en las protestas
llevadas a cabo en Perú hace tan solo una semana, es doloroso y muestra
la punta del iceberg que refleja los grandes desafíos que tenemos para
sostener las democracias en la Región, en cuanto al respeto de los
derechos humanos, a la libertad de expresión, opinión, de pensamiento y
de movimiento en condiciones que garanticen la integridad, la dignidad,
la vida y la intimidad de cada persona.
Desde las secciones de DNI en las Américas queremos aportar elementos
para el debate y la construcción de una mejor región para todos y todas,
en particular interés para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Una región diversa, desigual y compleja.
La complejidad del análisis no permite definir un escenario uniforme, no
solo por sus diferentes problemas y situaciones que no posibilitan aun
garantizar todos los derechos humanos, sino también, por el rasgo
identitario que tiene la Región, que es su diversidad y riqueza
cultural.
Estamos en un contexto político altamente contradictorio. Se continúa
con la curva descendente en cuanto a la garantía y goce de los derechos
económicos, sociales y culturales, donde se refleja una brecha cada vez
mayor de desigualdad e inequidades, la pobreza aumenta, se incrementa la
concentración de la riqueza en pocas manos, teniendo un efecto directo
en aquellas personas que se encuentran en condiciones de mayor
vulneración y riesgo.
El III Foro Global de Derechos Humanos que se realizará en Argentina del
20 al 24 de marzo 2023 convocado por la CIDH- UNESCO, será un “espacio
de debate público sobre los Derechos Humanos en el mundo, los
principales avances y desafíos centrados en el respeto a las
diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades,
promoviendo la equidad e inclusión social”. En ese marco, UNESCO
señala que uno de los grandes desafíos de la región es el 50% de los
niños, niñas y adolescentes que en América Latina y el Caribe viven en
situación de pobreza, además que solamente el 20 % termina la
secundaria. En Canadá, se continúan viendo niños, niñas y adolescentes
que viven en la pobreza, privados de alimentos y cobijo adecuados,
mientras crece la brecha entre ricos y pobres.
En este plano, tenemos que afirmar que la vida democrática en nuestros
países no es compatible con el aumento de la desigualdad y urge que los
Estados revisen sus políticas de distribución de la riqueza interna,
para que favorezcan la superación de la pobreza y el desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes.
La CEPAL por su parte viene indicando y proponiendo indicadores sobre
las distintas violencias que se manifiestan en la Región, donde hay una
combinación de pobreza y violencia, lo que hace que la vulneración de
derechos comprometa drásticamente el desarrollo humano y social en este
continente.
Entre la justicia social, las demandas, voces ciudadanas y la respuesta represiva de los Estados
En la Región se ha venido impulsando iniciativas de mayor grado de
reconocimiento de la justicia social, países donde se han realizado una
serie de elecciones presidenciales en el último año, dando un voto
favorable a propuestas moderadas y con la esperanza de que pueda
alcanzarse a vivir una vida democrática con mayor equidad distributiva,
sobre todo que, después de la pandemia COVID 19, los Estados debilitados
quedaron con poca capacidad de respuesta ante las violencias y la
complejidad del drama humanitario carente de toda protección integral y
protección social. Por otro lado, la creciente extrema derecha de
grupos religiosos fanáticos y los gobiernos y agrupaciones anti
derechos, como el surgimiento e instalación de algunos gobiernos
autoritarios que también pujan por el poder y los intereses propios,
dejan a las poblaciones y colectivos con menos recursos para sostenerse y
defender sus derechos humanos.
En la Región, imperan los modelos que fomentan la exclusión social. Las
personas adolescentes y jóvenes son parte de la resistencia y también se
encuentran excluidas socialmente y no siempre visibilizadas y
reconocidas.
En la coyuntura actual, los Estados responden con violencia frente a los
reclamos populares donde los y las jóvenes tienen un protagonismo
determinante, como hemos visto estos días en Perú, en donde la represión
se ha tornado en amedrentamiento y violencia.
Las voces y la participación de la ciudadanía activa de los
niños, niñas y adolescentes y jóvenes dan esperanza y nos invitan a una
nueva forma de trabajo, de relacionamiento y de enfrentar el futuro
cercano.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos dan la lección. Ellos y
ellas se movilizan, demandan por sus derechos humanos, por las de sus
familias y sus comunidades, pero también piensan en los demás al exigir y
actuar ante el cambio climático y la protección al medio ambiente.
Es una generación consiente e informada, donde ya no solo están bajo la
protección y tutela de las personas adultas, sino que exigen, demandan
espacios y los toman. Si bien aún muchos niños, niñas y adolescentes en
el continente americano se encuentran situaciones de alta vulneración,
progresivamente empiezan a hacerse escuchar, y muchos están asumiendo el
reto de proponer y actuar por un futuro más positivo.
Nuestra tarea es seguir facilitando espacios y procesos de
empoderamiento a personas adolescentes y jóvenes y sobre todo a aquellas
que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social e
integrarlas, poniendo a su alcance espacios y mecanismos para que
también puedan ser parte de este cambio y de las propuestas que se
encaminan para un nuevo orden mundial. Con la esperanza de que se
contemplen sus demandas y protejan y garanticen los derechos y
condiciones de vida para todos y todas sin discriminación.
Temas centrales para una agenda regional 2023 que se encamine al
fortalecimiento de las Democracias y al cumplimiento de los ODS y
garantía de derechos humanos.
DNI Américas a través de sus diferentes expresiones en los países de la
Región, propone una serie de temas centrales y prioridades urgentes a
ser incluidas y abordadas en el 2023.
La violencia estatal agrava los procesos democráticos y de estado
de derechos y genera retroceso en los avances alcanzados. Urge reactivar
una democracia intercultural y e intergeneracional donde todos y todas
sean reconocidos, tengan los derechos humanos garantizados y haya
equidad de oportunidades.
La gravedad de callar las voces de las personas
adolescentes y jóvenes que participan de los reclamos populares no puede
repetirse. Nos sumamos a las palabras y al llamado del Comité de
Derechos de los Niños de Naciones Unidas: “El Comité insta a
garantizar el derecho de expresión de niños, niñas y adolescentes e
investigar los actos violencia que han provocado la muerte de niños
durante las propuestas”[1]
El hecho grave de los procesos de ajustes económicos que
reducen los presupuestos de acceso a los que menos tienen y que
benefician a los que más tienen, exige poner en la agenda los derechos
humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y atender con
urgencia las condiciones de pobreza, de violencia que afectan de manera
directa y devastadora a los niños, niñas y adolescentes es una
prioridad, como lo es también, el acceso a una educación con calidez, de
calidad e inclusiva para todos y todas.
Fortalecer y dar reconocimiento a los sistemas nacionales
de protección integral, los regionales e interamericanos, para prevenir
y atender a la vulneración de derechos y dar respuestas oportunas,
efectivas y de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes sin
discriminación alguna, para que tengan acceso y derechos, sin importar
la frontera donde se encuentren, su condición y su procedencia. Por
otra parte, urge reforzar y dinamizar los espacios subregionales que
existían y consolidar los que aún no están plenamente activos.
Desde el movimiento de derechos de los niños, niñas y
adolescentes debemos defender y promover los derechos sexuales y
reproductivos, atender la violencia basada en género, no como temas
transversales sino centrales, que nos permita dar respuesta inmediata al
rápido incremento del femicidio, del infanticidio, de las violaciones
sexuales, embarazos de las personas adolescentes y mujeres jóvenes que
conllevan a menos posibilidades de desarrollo y oportunidades de vida.
Los huérfanos en nuestra región van en aumento por el
feminicidio, por el COVID y por la migración. Debemos atender desde un
enfoque de derechos humanos y dar respuestas de protección integral y de
protección social, sin caer en el asistencialismo, sino desde la
atención de las necesidades inmediatas y proteger el derecho que tienen
los niños, niñas y adolescentes a una familia, al afecto, al cuidado, al
buen trato y a una vida digna y con oportunidades de desarrollo en
igualdad de condiciones. En ese sentido la desinstitucionalización, el
acogimiento son vías posibles, aun así, debemos seguir construyendo
alternativas.
El cambio climático nos está afectando a todos y todas,
el presente como el futuro cercano nos plantean retos importantes y
difíciles que deben atenderse sin demora. Si bien, gran parte de la
solución está en los Estados y en las empresas, hay acciones que debemos
mantener en nuestra agenda de incidencia política y de movilización
social, por lo tanto, debemos trabajar con las personas, con las
comunidades, desde lo cotidiano para el cambio de las prácticas que no
son amigables ni favorables para el medio ambiente.
El crimen organizado, el narcotráfico, la impunidad, la
corrupción, la inseguridad ciudadana son agendas pendientes que debemos
seguir presionando y trabajando para su real tratamiento.
Seguir trabajando por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es
nuestra motivación. Así como lograr y fortalecer el trabajo colectivo
desde la región de las Américas en alianzas y articulaciones con los
diferentes actores y sectores.
Sentimos la fuerza de formar parte de un movimiento con la visión de un
mundo en el que los niños, niñas y adolescentes vivan en paz y en el que
se respeten sus derechos humanos y se desarrollen plenamente.
Al comenzar un nuevo año, renovamos y reforzamos nuestro compromiso por
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes - con ellos y por ellos
- y por fortalecer democracias que permitan garantizar condiciones de
vida con oportunidades de desarrollo para todas y todos, no violentas,
inclusivas, equitativas, solidarias y respetuosas.
Desde DNI Américas les deseamos esperanza y que juntos podamos construir mejores sociedades para todos y todas. DNI Américas está integrada por secciones nacionales vinculadas al Movimiento de Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI. El trabajo es realizado en diferentes países del continente
(Canadá - Norte América; Costa Rica - Centroamérica; Trinidad &
Tobago – Caribe; Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay - América
del Sur) donde tiene presencia y también en las subregiones a través de
programas directos, de incidencia política y movilización,
investigación y acciones de sensibilización e información. DNI en las Américas hace posible su trabajo a través de sus
miembros, colaboradores/as, voluntarios/as, de las articulaciones y
coordinaciones que realiza y a través de sus alianzas estratégicas con
diferentes actores y sectores, de la participación activa de las
personas menores de edad y jóvenes, de las familias, de las comunidades
donde interviene.
∙ ¿Te has preguntado qué clase de riesgos puede correr la niñez y la adolescencia migrante venezolana que llegan a Colombia? La Universidad Santo Tomás, World Vision y el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada (España) lanzan investigación para resolver dicho cuestionamiento.
∙ El lanzamiento de “Viajando En Niñez” será el próximo 30 de junio en el Auditorio Mayor de la Universidad Santo Tomás en la sede Doctor Angélico (Carrera 9 # 72 – 90) en Bogotá.
La herramienta pedagógica “Viajando En Niñez” tiene como objetivo prevenir los riesgos y vulneración de derechos que puede correr la niñez migrante venezolana en Colombia por medio de una serie de historias, actividades, conceptos y reflexiones. El diseño lúdico del libro, que incluye la ilustración del famoso dibujante Turcios, permite tratar temas muy complejos de una forma comprensible para un público amplio, incluyendo padres, madres, cuidadores, docentes, niñas, niños y adolescentes migrantes.
Un ejercicio que incluye las experiencias de vida de niñas y niños no acompañados que atraviesan la frontera, comunidades afrodescendientes, indígenas transfronterizos, personas en condición de discapacidad y comunidades sexuales y de género diversas; todo con el propósito de promover la reducción de riesgos, así como la inclusión, la integración intercultural y la convivencia pacífica.
Esta herramienta fue construida a lo largo de un año y medio por un equipo interdisciplinario e internacional de investigadores, contando con la participación de los docentes Felipe Aliaga Sáez, coordinador del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (GEMIV) y Ángelo Flórez de Andrade, coordinador del Semillero de Migraciones Internacionales y Seguridad Humana, de la Universidad Santo Tomás; así como un grupo de estudiantes y egresados, destacando la coordinación editorial de Carla Rodríguez y Laura Rincón. Articulados con el trabajo de la profesora titular Antonia Olmos Alcaraz, experta en temas de migraciones y educación del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, España; así como la participación de World Vision, con dos co-investigadores, Heydi Arévalo y Nelson Rojas.
“Viajando En Niñez es un compromiso ético de la academia con la sociedad, una investigación sensible, una manera de devolver el conocimiento a las comunidades y transformar realidades, haciendo más segura la vida de niños, niñas y adolescentes migrantes, por medio de una herramienta fácilmente comprensible y que despierte interés y ganas de reflexionar sobre cómo cuidarnos entre nosotros”, asegura el profesor Felipe Aliaga, investigador líder de la Universidad Santo Tomas.
Un ejercicio investigativo que consolida un documento en diferentes etapas: amplia revisión bibliográfica y discusión conceptual, contraste con material empírico, más de cuarenta entrevistas realizadas a funcionarios de gobierno y de ONGs, así como a niños, niñas y adolescentes, las cuales fueron realizadas principalmente por el equipo de World Vision.
“Esta investigación y su publicación final significa reconocer las percepciones y perspectivas de las niñas y niños migrantes; reconocer sus formas de asumir la experiencia migratoria y reconocer los (sus) diálogos generadores de cuidado, como posibilidad de ser en territorios donde se encuentran en el centro de condiciones sociales, políticas y comunitarias que aperturan a la esperanza”, afirma Heydi Arévalo, gerente de estrategia y gestión del conocimiento de World Vision.
El lanzamiento del libro tendrá lugar
el 30 de junio, desde las 8:00 a 11:30 a.m.,
en el Auditorio Mayor de la Universidad Santo Tomás
PROGRAMA08:00 am. - 08:30 am. INSCRIPCIONES08:30 am. - 09:10 am. PALABRAS DE BIENVENIDAMiguel Urra Canales. Decano de la Facultad de Sociología, USTA ColombiaAlberto Castillo Castañeda. Decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, USTA ColombiaPeter Gape. Director de World Vision ColombiaJavier García Castaño. Director del Instituto de Migraciones, Universidad de Granada, España9:10 am. - 11:00 am. PANEL DE AUTORESPresentación de contenidos y proceso de elaboración: Carla Rodríguez Portillo y Laura Rincón AlarcónImportancia antropológica y sociológica: Antonia Olmos Alcaraz y Felipe Aliaga SáezUtilidad para los gobiernos y el sector público: Angelo Flórez de AndradeHerramienta para la acción humanitaria: Heydi Arévalo Mendoza11:00 am. - 11:30 am. COMPROMISO EN DEFENSA DE LA NIÑEZ MIGRANTEEntrega de Zoy y del libro “Viajando en niñez”
Sobre World Vision
World Vision es una organización de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia, de principios cristianos, centrada en promover la protección integral con ternura de las niñas y niños más vulnerables, incidiendo en la superación de la pobreza extrema, la plenitud de la vida y la transformación humana.
Sobre la Universidad Santo Tomás
La Universidad Santo Tomás (USTA) es una Institución de Educación Superior católica de carácter privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional.
Sobre la Universidad de Granada (España)
La Universidad de Granada (UGR) es una universidad pública española con sede en Granada y con campus en las ciudades de Granada, Ceuta y Melilla, lo que la convierte en la única universidad europea con dos campus en África.
Comunicaciones y Marca World Vision Colombia
Sebastián Portilla Avellaneda Mayerly Sánchez Coord. de Comunicaciones Gerente de Comunicaciones Correo: sebastian_portilla@wvi.orgCorreo: mayerly_sanchez@wvi.orgCelular: 300 7602459
El objetivo de esta obra se centra en el estudio pormenorizado de las características que debe reunir un sistema de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia para poder ser considerado integral.
Asimismo, se procede al análisis detallado de la forma cómo dichos modelos integrales se vienen instalando en América Latina, para con ello resaltar los avances alcanzados y los desafíos todavía pendientes de resolver en este contexto material.
De esta suerte, la presente monografía reúne a un grupo de destacadas y destacados juristas, expertos en derechos de la niñez y la adolescencia, para que examinen de manera minuciosa los sistemas de protección a niñas, niños y adolescentes vigentes en la actualidad en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Perú, México, Argentina y Paraguay.
Esperamos que este libro se convierta en un texto de consulta obligatoria cuando de los derechos de la niñez y la adolescencia se trate, especialmente para operadores jurídicos, abogados litigantes, académicos, investigadores, estudiantes, y profesionales del ámbito de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
En este documento se examina el estado de un grupo de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que atañe a la población joven de América Latina y el Caribe, y se definen líneas para orientar la acción futura dirigida a promover un desarrollo resiliente, sostenible e inclusivo entre las juventudes de la región. Las orientaciones se brindan sobre la base de tres grandes ejes de desafíos y áreas de oportunidad relacionados con el desarrollo, a saber: i) la inclusión, ii) el cambio climático y la protección del medio ambiente y iii) la gobernabilidad. En ese marco se analizan los ODS en función de los factores que están obstaculizando o potenciando su cumplimiento entre las juventudes, y se ofrecen elementos propositivos para profundizar las acciones orientadas a acelerar el progreso hacia su consecución. El documento es fruto de la labor conjunta de entidades del sistema de las Naciones Unidas en el marco de la Plataforma de Colaboración Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.
Índice
Introducción:
la Agenda 2030 y los tres ejes que enmarcan los desafíos de las juventudes de América Latina y el Caribe .--
I. Los ODS y las juventudes: un diagnóstico con fundamento empírico .--
II. Mirando hacia el futuro: participación de las juventudes e inversión en ellas .--
Si a la violencia en Colombia se le pusiera una edad, la niñez y la adolescencia serían, sin duda, una de las poblaciones más golpeadas.
La muerte de una chica de 15 años tras un bombardeo del ejército sobre un campamento guerrillero reabre las heridas de una realidad histórica: el reclutamiento ilícito de menores. Estas son algunas de las historias del millón de adolescentes víctimas del conflicto.
Giselle, de 18 años, avanza con otros miembros de
las FARC en la región de Antioquia, en Colombia, en enero de 2016, Rodrigo Abd/AP/Gtres
A los 15 años Yeimy Sofía Vargas ya forma parte
del registro de niños y adolescentes víctimas del conflicto armado
colombiano. La menor murió en marzo tras un bombardeo de la Fuerza Aérea
sobre un campamento de disidentes de las antiguas FARC en Guaviare, una zona de tradición insurgente al sur del país.
Tras los hechos, el Ministro de Defensa, Diego Molano, quiso
proyectar una imagen de autosuficiencia y seguridad. Además, hizo
responsables a las disidencias guerrilleras, quienes, a su juicio,
convertían a los menores en “máquinas de guerra”. Analistas del
conflicto armado como Andrés Aponte señalan que el Gobierno conservador
de Iván Duque buscó con aquellas declaraciones evadirse de su obligación
constitucional de proteger a una de las poblaciones más vulnerables del
conflicto, y de paso, cargarles con el peso de una “gran
estigmatización”.
La noticia revivió, además, el recuerdo devastador de los ocho
menores de edad que fallecieron en 2019, tras otra descarga de plomo
aéreo sobre la misma facción guerrillera. El hecho trató de ser ocultado
por la cartera de Defensa y le costó el puesto al entonces ministro
Guillermo Botero.
Una de las poblaciones más golpeadas por la violencia en Colombia
El reclutamiento ilícito de menores de 18 años
en la guerra colombiana es una antigua realidad. A pesar de la opacidad
de las cifras, sabemos que 6976 niños, niñas y adolescentes han sido
acogidos entre 1999 y 2021 por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), entidad estatal que atiende a los jóvenes que se
desvinculan, o son rescatados, de cualquier grupo armado ilegal.
Por su parte, la Unidad de Víctimas del conflicto ha registrado
desde 1985 unos 16.045 homicidios de personas de entre 12 y 17 años. Y
otras cifras apuntan que, del total de más de nueve millones víctimas
del conflicto registradas en la misma entidad, algo más de un millón son
adolescentes.
El politólogo Carlos Otálora es enfático en señalar que si a la
violencia en Colombia “se le pusiera una edad, la niñez y la
adolescencia serían, sin duda, una de las poblaciones más golpeadas”.
Así mismo lamenta que los medios locales se hayan limitado a
replicar la faceta más llamativa de una problemática profunda y
compleja. Andrés Aponte añade, en el mismo sentido, que el lenguaje
noticioso ha distorsionado la realidad: “La prensa en Colombia repite
como muletilla que se trata de ‘reclutamiento forzoso’ de menores. Un
estudio detallado muestra que eso es impreciso y que en nuestro país el
grueso de los casos de incorporación a los grupos ilegales es
voluntaria”.
De la misma manera, añade que el tratamiento correcto sería el
de “reclutamiento ilícito”. Y remata asegurando que, allí, "prefieren
las condenas moralistas y se forman ideas erróneas. En el caso
colombiano no sucede lo que en Nigeria, donde Boko Haram rapta a los niños y les corta violentamente toda capacidad de elección”.
Un niño celebra el acuerdo de paz en Bogotá en una concentración en junio de 2016
Fernando Vergara/AP/Gtres
Cruce de caminos
A los 13 años, Pedro Pablo Ibatá ya era un muchacho con nociones
políticas y relatos de guerra en la cabeza. A esa edad tomó la decisión
de alistarse en la guerrilla marxista de las FARC y seguir los pasos de
su padre, que formó parte de las primeras cuadrillas insurgentes a
principios de los años 60. Del universo rural que dejaba atrás, solo
añoraba a su familia, ya que la mayoría de chicos en la zona apostaron
también, en un punto u otro, por la lucha armada.
En Vistahermosa, la población del centro del país donde Ibatá
fue criado, a finales de los 80 quedaban ya pocos conocidos. Muchos
acabaron en las tropas antagónicas de la extrema derecha paramilitar,
que, por entonces, se empleaba a fondo en eliminar del mapa a los
miembros de la Unión Patriótica, una formación política legal de raíz
guerrillera.
Ibatá recibió el nombre de Guillermo como alias de guerra y pasó
casi 30 años en la clandestinidad, donde llegó a ser uno de los mayores
expertos en explosivos con varios delitos en la capital. Hoy, tras los acuerdos de paz de 2016
en La Habana con el Gobierno, es uno de los 19.000 desmovilizados de
las antiguas FARC. Cuenta que a sus 47 años ya es abuelo y tiene canas. A
pasar de ser un hombre precavido, muestra entusiasmo cuando habla de su
nueva misión al frente de una de las dependencias del programa de
reinserción a la vida civil para jóvenes combatientes.
Las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
fueron, históricamente, los mayores reclutadores de jóvenes, con un 56%,
según las cifras de menores acogidos por el ICBF, la mayoría de ellos
tenía entre 14 y 17 años. A las FARC las siguen el aún activo Ejército
de Liberación Nacional, con un 19% del total de menores reclutados y las
desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, con el 15%.
Casi todas las fuentes coinciden en que, a pesar de que es
innegable que ha habido reclutamiento forzoso, se trata de un fenómeno
residual a lo largo de medio siglo de conflicto interno. Hay
documentación, por ejemplo, que demuestra que en la década de los 90 las
FARC ejercieron un sistema de cuotas. En determinadas regiones se
llevaban para la selva, bajo extorsión, a un menor por cada familia. En
2012 se descubrió el escándalo de unos escuadrones, bautizados los "pisa suave", de niños especializados en operaciones especiales que llegaron a degollar a miembros de la fuerza pública.
Pero el politólogo y ex guerrillero del ELN, Álvaro Villarraga,
matiza que en el esquema clásico de las guerrillas campesinas predominó
un sistema de convencimiento político y factores de tipo hereditario.
Los documentos de inteligencia militar clasificaban como familias
“farianas” o “elenas” a los clanes de milicianos que se sucedían por las
estructuras a través de generaciones.
El caso de los paramilitares es distinto. Su modelo consistía en
atraer delincuentes jóvenes más avazados, muchas veces ex guerrilleros o
ex militares, a los que se les ofrecía un sueldo o la promesa de todo
tipo de bienes. A diferencia de las guerrillas, su centros de
preparación se situaban a las afueras más pobres de ciudades medias, y
no en el campo.
Andrés Aponte, de la Fundación Ideas para la Paz, se refiere a
una “mercenarización” de la guerra. “A partir de los 80 se abre una
ventana de ascenso social distinto para jóvenes humildes. En la
guerrilla no había pago, pero en el caso de los paras sí, y la
remuneración dependía de la destreza de cada guerrero.”, señala el
investigador.
Generaciones rotas
A los 14 años, José Sánchez ingresó a la guerrilla de las FARC
para evitar la cárcel. Su padrastro había violado a una de sus hermanas y
como venganza decidió “zamparle un tiro para que aprendiera a
respetar”. Por eso huyó. Allí recibió el alias de "El tuerto". No
reniega de su pasado, pero confiesa que, en las más de tres décadas en
la montaña, lo único con lo que nunca congenió con su organización fue
en la fe religiosa. “Los lineamientos marxistas-leninistas imponen el
ateísmo. Con eso nunca pude. Siempre creí en la existencia de Dios y
antes de cada misión me echaba la bendición sin falta”, aseguró.
Sánchez tuvo en sus manos la misión de reclutar nuevos
integrantes para “la causa”. Asegura sin titubear que nunca mintió ni
tampoco obligó a nadie a seguirlo. Hoy, desmovilizado y con 57 años,
trabaja como conductor de maquinaria pesada y no reniega de su pasado.
"No había más nada"
Camila, en cambio, se muestra reacia a hablar de su vida en la
guerrilla. Además de haber perdido una pierna al pisar una mina
antipersona, ha tenido problemas de salud y su única preocupación en la
vida es velar por el futuro de su hijo de seis años.
También entró a las FARC con 14 años porque en su municipio “no
había más nada”. Ni escuela, ni ejército, ni nada. Allí aprendió a leer,
cumplió funciones como enfermera y odontóloga. Su voz es seca y dura.
Su vida no ha sido muy distinta. Tras preguntar una y otra vez cuál es
la finalidad de la entrevista, pide una única condición: que no se
mencione su nombre. No quiere que su hijo lea en el futuro sobre un
pasado que quisiera enterrar.
Las motivaciones para escoger el camino de las armas han variado
muy poco en el último medio siglo. La violencia ha amainado, pero de
ninguna forma ha desaparecido. De hecho, el cierre de escuelas debido a
la crisis sanitaria ha espoleado nuevos casos de reclutamiento
documentados por Organizaciones como la Coalición contra la vinculación
de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano (Coalico).
El vínculo entre niños y maestros se ha visto interrumpida. Y el
repliegue por el confinamiento ha ahondado aún más el vacío
institucional.
En los últimos tiempos, nuevos grupos ilegales, así como bandas
más pequeñas apoyadas en el sempiterno y lucrativo narcotráfico, han
sumado herramientas digitales para enganchar a chicos en los suburbios
urbanos (en la ruralidad la cobertura de internet no supera en promedio
el 9,6%). Se trata de muchachos mucho menos ideologizados, más
interesados en subsistir. Muchas veces, migrantes venezolanos
vulnerables.
José lo resume claro: “Desde hace rato el Estado se lo pone muy
fácil a los grupos armados”. Basta repasar las declaraciones de los
excombatientes para constatar que hay patrones que se repiten:
precariedad, ausencia estatal, venganza o violencia. Pero también
pequeñas dosis de esperanza de que en un futuro no muy lejano las
próximas generaciones no tendrán que crecer bajo el silbido de las balas.
En el presente documento se abordan el agravamiento de los riesgos y la disminución de los factores de protección ante la violencia física, psicológica y sexual a la que se exponen en su hogar los adolescentes, niños y —especialmente—niñas de la región durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, se ofrecen recomendaciones sobre cómo integrar acciones concretas en los mecanismos de respuesta que los Estados de América Latina y el Caribe han dispuesto para enfrentar la crisis del COVID-19.
.- Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: un imperativo frente a los impactos del COVID-19.
Antes de la crisis del COVID-19, las niñas, niños y adolescentes ya eran una población con marcada vulnerabilidad, con una mayor incidencia de la pobreza respecto de los demás grupos etarios, y se veían afectados por múltiples desigualdades en diversas dimensiones. Ante la emergencia actual, las familias no solo enfrentan la pérdida de sus medios de vida y la percepción de menores ingresos, sino que los niños, niñas y adolescentes también encuentran grandes barreras para acceder a la atención sanitaria (incluso a los esquemas de vacunación) y a la educación, con lo que experimentan un mayor riesgo de rezago o abandono escolar. También corren más riesgo de padecer inseguridad alimentaria y de sufrir violencia o maltrato físico. Es urgente, por lo tanto, invertir en la infancia y garantizar su desarrollo en un contexto lleno de adversidades, unas nuevas y otras más antiguas.
.- Desafíos: Boletín de la infancia y la adolescencia.
América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada a nivel global y la que presenta los índices más altos de desigualdad. Por ello la relevancia de considerar distintos aspectos sobre las posibilidades de desarrollo que el entorno urbano otorga a las niñas, niños y adolescentes que viven en ciudades. El artículo central de este boletín se centra en la precariedad habitacional que caracteriza a los más de 80 millones de niñas, niños y adolescentes que enfrentan algún tipo de precariedad relativa a los materiales de construcción, a condiciones de hacinamiento y falta de acceso a agua, saneamiento y energía en sus viviendas. Ello implica la vulneración de derechos y, en consecuencia, la disminución de sus oportunidades de desarrollo. Reconocer y recoger la voz de la infancia y adolescencia acerca del entorno urbano que habitan, así como sus propuestas para convertirlo en espacios amables y en los cuales ejercer sus derechos, son elementos clave para sumar a las políticas involucradas en la materia. Diversas publicaciones y experiencias son presentadas en las demás secciones de este boletín.
