viernes, octubre 23, 2015

La justicia permite abortar a una menor en contra de sus padres.

La adolescente, de 15 años, fue ingresada 
tras la intervención, en un centro de menores.

Cristina Huete 
Santiago 17 OCT 2015

El entorno desestructurado y la situación de riesgo de exclusión social de una gestante de 15 años han llevado a la juez de Familia de Vigo a autorizar la práctica de un aborto a la menor en contra de la decisión de sus padres, que se oponían a la interrupción del embarazo por su convicciones evangelistas. 
En este caso, la gestante consiguió también el amparo de la Fiscalía de Menores para interrumpir su embarazo. Tras el aborto, la menor fue trasladada a un centro de menores.

Pese a que tanto la juez como la Fiscalía de Vigo eluden cualquier pronunciamiento público sobre asuntos de familia y de menores, fuentes judiciales sostienen que la decisión —adelantada por el Faro de Vigo— se ha basado en el entorno desestructurado de la quinceañera, considerando que la ley contempla la posibilidad del aborto "por el interés de la menor", a la que protege y cuya libertad ideológica e integridad física y moral garantiza.

La joven gestante viguesa no estaba tampoco expresamente amparada por la anterior ley del aborto, aprobada por el Gobierno del PSOE en 2010, ya que no ha cumplido los 16 años que esa norma contemplaba como tope mínimo para no depender del criterio de los tutores legales. La interrupción del embarazo, que le fue practicada la semana pasada en el hospital vigués Álvaro Cunqueiro, sí cumplía el resto de los requisitos legales.
“Entorno familiar hostil”
Asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, como la Red de Mujeres Vecinales contra los malos tratos de Vigo, dan la voz de alarma por el hecho de que la Administración haya protegido en un centro de menores a la chica "después de haber pasado el calvario de su embarazo y aborto" y no antes.
En la misma línea, la letrada coruñesa Gloria del Valle sostiene que a la vista de casos como este "queda claro que el legislador no ha tenido en cuenta que un elevado número de embarazos no deseados en menores de edad se produce en el entorno familiar o siendo este hostil". En su opinión, la actuación de la Fiscalía de Menores ha sido correcta en este caso, pero entiende "que no se puede abocar a las mujeres menores de edad embarazadas a que un fiscal decida sobre sus vidas". "Deben estar protegidas por la ley", sostiene. Esta letrada considera que el caso de esta menor "es suficiente para abrir un debate en profundidad" sobre la situación en la que han quedado las menores tras la reforma de la ley del aborto aprobada por el PP.

Del Valle entiende que, aunque la ley de 2010 no lo recogía expresamente, el caso de esta viguesa de 15 años se habría podido tratar "por analogía" como el de las chicas de 16 y 17 años. "La ley trataba de evitar precisamente esta situación de mantener a la menor en el seno de una familia con conflicto", dice la letrada. En su opinión, la reforma evidencia que hay "una enorme fisura que deja en situación de desprotección a las mujeres menores de edad, las más vulnerables".

"Es indignante lo que está pasando esta niña", insiste la abogada, que insta a los colectivos sociales y jurídicos a abrir un debate en profundidad.

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