Los derechos de niños y niñas no conocen fronteras.

Muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, 
hasta que salta ante nosotros una noticia estremecedora 
como la situación del abuso sexual a NNA en albergues de Panamá; 
situación que ha generado enfado e indignación de la ciudadanía 
y que ha provocado la reforma a la ley de adopciones.

 Revista HDIA, 

mes de Marzo 2021.

Sin embargo, no tenemos tampoco que irnos muy lejos, ya que la Fundación ANAR nos alerta a través de su último informe denominado “la realidad silenciada de los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes” a través del cual hemos conocido datos muy duros de escuchar que nos muestran que, en España, la protección de los niños, niñas y adolescentes es aún una tarea pendiente y por cumplir.

Condiciones de vulnerabilidad social afloran todos los días y no siempre son tan evidentes o conocidas. En particular, hay grupos de niños, niñas y adolescentes que, por su condición social, económica, personal, se ven expuestos a situaciones que afectan y vulneran sus derechos y su desarrollo integral, y en casos como por ejemplo el abuso sexual, deja secuelas de por vida.

España debe tomar en serio lo que sucede a lo interno de los hogares, siendo que en contexto de pandemia y de confinamiento, las denuncias han crecido. Situaciones que estaban allí antes de la pandemia, pero que se agudizaron por el tiempo prolongado de encierro y por la falta de acceso directo a espacios de denuncia y apoyo. El hogar y la familia según lo catalogó el Estudio Mundial de Violencias de Naciones Unidas, es uno de los ámbitos donde más se vulneran derechos humanos, donde hay expresiones sistemáticas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, donde se atenta a la integridad y en algunos casos extremos hasta la vida. Las personas menores de edad deberían estar seguras en ese entorno, sin embargo, no siempre es así.

El abuso sexual - de acuerdo con diferentes estudios y expertos - se sabe que es en su mayoría ejercido por personas cercanas, de confianza.

En materia de derechos humanos, cabe señalar que cuando se comenten vulneraciones a los derechos humanos, a la persona, a la integridad, intimidad y a la dignidad en espacios privados, se convierte en un asunto de orden público, donde el Estado debe actuar sin más reparo. “Los niños, niñas y adolescentes no son de la propiedad de los padres”, son personas con derechos, con opinión y con autonomía y poder de decisión y criterio.

Es por ello que, cuando se violentan y vulneran derechos humanos en espacios que están a cargo de la institucionalidad; sean albergues, centros de protección, entre otros, nos indigna, siendo el Estado quien debe fungir como garante de los derechos humanos y  quien debe poner en marcha mecanismos de protección, detección temprana, alertas, protocolos y políticas para prevenir y proteger a las personas menores de edad y formar a través de un programa constante y bien concebido a todos y todas los/as funcionarios/as y al personal que trabaja vinculado a estos espacios. Además, se debe informar y formar a las personas menores de edad qué hacer para prevenir o denunciar si es víctima de abuso sexual u otra forma de violencia, y a dónde recurrir.

Otro grupo de población en riesgo o situaciones de vulnerabilidad social, son las poblaciones migrantes y los que se encuentran en condición o solicitantes de refugio. En ese sentido coincidimos con diversas entidades sociales amigas, en la urgente necesidad de incluirles dentro de los grupos prioritarios, porque sufren triple vulneración a sus derechos y hasta discriminación y xenofobia (por ser menores de edad, por su condición de migrante/refugiado y por su condición de pobreza) los cuales de por sí ya están viviendo en contextos bastante difíciles durante el confinamiento y la emergencia sanitaria. 

Su dependencia a los servicios sociales, a la administración y a la necesidad de contar con redes de apoyo, les hace aún más estar en situaciones de mayor fragilidad.  Otra de las grandes preocupaciones para este grupo de población es garantizar su regulación y de nuevo se ven sujetos a lo que decidan las autoridades administrativas y las políticas migratorias. Ante estas realidades contradictorias y desde el principio de la protección integral de la infancia y la adolescencia, nos vemos inmersos y deseosos a que, en un plazo corto, se logren soluciones duraderas que reviertan situaciones de amenaza y vulneración de derechos, y se encamine la ruta hacia la posibilidad de ejercerlos plenamente, con inclusión e integración social y con calidad de vida.

Dicha situación de irregularidad les dificulta el acceso a ayudas y a acceder al derecho a una educación de calidad y a la salud. Los llamados “sin papeles” son en el fondo personas menores de edad, que su única falta ha sido llegar sin referentes familiares o con ellos, en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Una trama de dificultades se convierte en un círculo perverso, por un lado el Estado debe garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, pero a la hora de acceder a los derechos humanos, empiezan las limitaciones y los requisitos, poniendo en jaque la universalización de los derechos humanos, como el derecho a la educación,  ya que sin permiso de residencia, número de identificación de extranjero, no podrán obtener las certificaciones necesarias para pasar a otra fase de su desarrollo y de la vida adulta. 

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ya había advertido al Estado Español, de la necesidad de ir unificando las disparidades entre las comunidades autónomas. El derecho al acceso a servicios de salud para estas poblaciones y sus familias, igualmente se ve afectado por estas diferencias.

Pese a estos traspiés importantes que deben ser abordados desde la Institucionalidad central y las autonomías, en colaboración con entidades sociales, sector privado, academia, cooperación internacional y los propios niños, niñas y adolescentes y sus familias, queremos cerrar con dos notas positivas que se destacan entre muchas:  El desarrollo de una Estrategia de Salud para la Infancia y la Adolescencia en Andalucía para el 2021-2025 destinada a asegurar el derecho a la salud para los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la instalación en Canarias del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia de España, lo que muestra un avance enorme, con gran trascendencia y ejemplo para su réplica en otras comunidades autónomas.

Con estas acciones, nos dan un respiro para poder volver a tener esperanza de que es posible la transformación de los contextos adversos que vulneran los derechos humanos y la construcción de sociedades justas, solidarias, equitativas y respetuosas para con y por los niños, niñas y adolescentes.

Equipo GSIA.