jueves, abril 08, 2021

Mejoras en la ley de la infancia para eliminar obstáculos en las denuncias.

 La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados 
debatió y votó el 6 de abril
el informe de la Ponencia sobre la ley de protección a la infancia, 
que incluye mejoras para eliminar obstáculos en la denuncia 
por parte de los niños y en su derecho a estar informados.


La norma cuenta con el consenso de partidos y sociedad civil y tras su aprobación en Comisión,
pasará a Pleno, para continuar el trámite en el Senado con la intención de ser una de las primeras leyes aprobadas en 2021.

Son algunos de los cambios consensuados por los grupos parlamentarios a través de enmiendas transaccionadas al proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que remitió el Gobierno al Parlamento el pasado mes de junio, según explican a Efe fuentes parlamentarias.
En su paso por la Cámara Baja, se han presentado medio millar de enmiendas que pretenden enriquecer el texto legislativo, que busca acorralar el maltrato que acecha a uno de cada cuatro niños en España y obliga a todos los ciudadanos a denunciarlo.

Entre los cambios que se proponen desde el Congreso, están el de reforzar el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a que pueda elegir la persona que le acompañe, explican las fuentes.

También hay consenso en los grupos para promover la especialización de los funcionarios y personas que conozcan los casos, como los abogados, y en la creación de entornos digitales seguros en colaboración entre las administraciones y el sector privado.

El dictamen que se somete a votación incorpora medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y propuestas de Igualdad trasladadas con el consenso de Podemos y PSOE, como la de eliminar el síndrome de alienación parental -que argumenta sin aval científico la manipulación de las madres a los niños para ponerles en contra del padre-.
También, que el juez suspenda de oficio el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal respecto al inculpado por violencia de género y existan indicios fundados de que los hijos han presenciado o sufrido el maltrato.

En relación con los centros de menores, se plantean mecanismos sencillos para que los adolescentes puedan presentar denuncias sin sufrir represalias y reforzar el papel de la Fiscalía como supervisora de los casos.
La iniciativa legislativa trasladada desde el departamento de Derechos Sociales fija que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años y no 18 como ahora, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad e impulsa la formación para jueces y fiscales.

El texto enviado al Parlamento prevé la reforma de más de 15 leyes e incluye una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como una causa de discriminación.
Se aprovecha también esta reforma para incluir la aporofobia dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres; todo ello vinculado a la pobreza infantil. EFE