En estos tiempos de crisis,
en qué quedan los Derechos de los Niños rurales?
Doble Crisis en el Campo
Carmen Morán
El País, Octubre 2012
Los recortes de servicios,
justificados como inevitables por la crisis económica, están entrando
como una cuña entre el mundo rural y el urbano. Esa brecha, que nunca se
cerró del todo, corre ahora el riesgo de profundizar en abismos
superados hace décadas. El paro agrícola no deja de crecer y los
presupuestos presentados para 2013 clavan la puntilla en partidas
destinadas a la modernización y el desarrollo rurales. En territorios
que ya soportan importantes carencias, estos recortes tienen una
incidencia muy especial. Ocurre, por ejemplo, con el transporte escolar:
no es lo mismo poner trabas a este servicio en una ciudad, que dispone
de autobuses de línea o metro, que hacerlo en los pueblos, donde esta
decisión puede dejar en casa definitivamente a cientos de potenciales
bachilleres.
En Extremadura pelean por esa conquista, que allá donde no se ha perdido
está zozobrando: “Eliminar la gratuidad del transporte afecta en esta
región a unos 6.000 alumnos de bachillerato y FP, sobre todo de los
pueblos. El asunto todavía no se ha resuelto, pero las familias están
desconcertadas. Esto es un ataque a la educación pública y constituye
una desigualdad manifiesta para los chicos de campo frente a los de las
ciudades”, sostiene Joaquina López, presidenta de Ceapa-Extremadura, la asociación mayoritaria de padres de alumnos.
Muchos de estos ejemplos son coincidentes en otras comunidades
autónomas, con modalidades diversas. Es el caso de las escuelas rurales,
por seguir con la educación. Este año, las familias de Galicia,
Castilla-La Mancha, Castilla y León han secundado protestas por la
desaparición de estos centros o la reunión en ellos de más alumnos de
distintas edades de los que se pueden atender con profesionalidad. 13
alumnos siguen sin escolarizar en Cañada del Hoyo (Cuenca) “porque la
Administración quiere trasladarlos a Carboneras, un pueblo a 18
kilómetros y dos puertos de montaña. Dicen que con 11 chicos se puede
mantener la escuela, pues nosotros tenemos 13”, se queja José Dionisio
Béjar. “Se te quitan las ganas de vivir en un pueblo. Yo soy agricultor y
no descarto irme a Cuenca a vivir y ser yo el que se traslade al campo
por las mañanas”, añade.
Paco Vallejo ha dejado su pueblo, San Pedro Manrique (Soria) y se ha ido
a la capital de la provincia. Durante años hubo una prórroga para que
los alumnos de primer ciclo de la ESO permanecieran en los pueblos. Ese
plazo se ha acabado y Paco, su mujer y su hija se han marchado. Ahora es
él el que viaja hasta el pueblo cada mañana, a 45 kilómetros y un
puerto de montaña mediante. Comparte una explotación agrícola y ganadera
con sus hermanos. “Vivir en Soria supone un desarraigo de la familia,
ya no los veo como antes. Tampoco veo el ahorro, porque a los chicos hay
que pagarles el alojamiento en la capital y transportarles los fines de
semana”. Opina que las consecuencias se verán a largo plazo “porque
aquellos jóvenes que quieran quedarse en los pueblos pensarán que para
qué, si dentro de unos años tendrán que dejarlos por los estudios de sus
hijos”.
Si se van los niños se muere el pueblo, repiten muchos. Por esa vía las
aldeas están sufriendo una sangría de población propia de las épocas de
emigraciones. Las mejores comunicaciones trasladan ahora a la gente a
las cabeceras de comarca, a la ciudad más cercana, donde tienen de todo,
clases de música o de ballet, idiomas para sus hijos, centros de día
para los ancianos... La crisis tiene una doble cara en el mundo rural:
por un lado está devolviendo a los pueblos a familias que se ahogaban en
las ciudades, perdido el empleo, pagando guarderías... Pero, por otro,
está dejando en el esqueleto ciertos servicios consolidados hace
lustros.
25 años atrás, en Ayllón (nordeste de Segovia) no había ni consultorio
médico. “Mujeres de todo signo político viajaron a la capital de
provincia para pedirlo y se encerraron allí dos semanas, con todo el
frío del invierno. Lo consiguieron”, hace memoria Sonia Castro, que
ahora es portavoz de la Plataforma contra la Degradación Sanitaria en el Medio Rural.
Hace más de una década aquellos servicios se ampliaron con un
dispensario de urgencias que ahora ha perdido las guardias nocturnas:
“De 10 de la noche a ocho de la mañana ya no hay urgencias. El centro
más cercano es Riaza, a 25 kilómetros y un único médico ha de cubrir
allí urgencias para 6.000 habitantes de 51 pueblos”, añade Castro.
A los puertos de montaña y las dificultades de las carreteras
secundarias, a la nieve y el frío, los habitantes de los pueblos añaden
siempre un detalle: la población envejecida, que requiere servicios
médicos cercanos. “Y lo más gracioso es que a este recorte lo llaman
reorganización”, se queja con sorna Castro.
A principios de los noventa, ya ha llovido, nacieron los grupos de
acción local, para dinamizar los pueblos y buscar el equilibrio con los
centros urbanos. “Se buscaba un desarrollo armónico, integral y
cohesionado. Después, en 2007, vino la ley de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, que ha pasado de un total de 200 millones en 2011 a los 20
presupuestados este año, ¿qué se puede hacer con eso?”, pregunta
Francisco González, diputado socialista de Asturias responsable de
Desarrollo Rural. González, que también ha sido representante de los
pueblos pequeños en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, opina que
lo que está ocurriendo con los pueblos es “una tomadura de pelo”. “Es
cierto que el 90% es territorio rural, donde solo vive el 20% de la
población, pero vivir en el mundo rural no es una circunstancia, es un
derecho y también lo son la sanidad o la educación; otra cosa es que se
quiera recortar en el horario de la piscina”, señala.
González menciona la paradoja de pueblos y aldeas “que están sirviendo
de refugio a familias que retornan por la crisis mientras lo rural sigue
perdiendo protagonismo”. “El salto en las rentas de las últimas décadas
no fue armónico entre la ciudad y el campo, pero ahora corre el riesgo
de acentuarse aún más”, aventura.
A las personas de pueblo se les ha pedido que cuiden el medio ambiente
para disfrute de domingueros y turistas, pero ¿qué se les da a cambio?
Las aldeas en los entornos de los parques nacionales recibían fondos de
compensación por limitar sus actividades sobre la tierra y la fauna en
pro del turismo ecológico. Pero esas compensaciones por mantener
intactos espacios de fuerte protección también han desaparecido del
presupuesto recién presentado.
Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
se muestra indignada. “Es humillante. Vamos a la despoblación más
absoluta y todavía tenemos que escuchar el eterno mensaje de lo bien que
se vive en los pueblos y lo subsidiados que están los agricultores y
ganaderos. No nos ven ni como ciudadanos”, dice. “Últimamente detecto
mensajes aquí y allá que son como una llamada a la España atávica:
‘Aguantad, que las mujeres rurales sabéis lo que es sufrir’. Pues sí,
pero es que no queremos sufrir”, añade.
La UPA ha diseccionado los presupuestos para 2013 del Ministerio de
Agricultura para ver, con disgusto, cómo hay partidas que se quedan a
cero. Otras caen en cifras sensibles, como los seguros agrarios del
Estado, que se recortan en 47 millones, un 19%; o el 33% que pierde la
partida de desarrollo rural, “todas aquellas medidas que no son directas
a la producción, sino asesorías de explotaciones, turismo, programas
para la promoción de cooperativas, el avance de la mujer en el entorno
rural, etcétera”, menciona Cortiñas. Más de un 50% se reducen las ayudas
para la modernización de explotaciones y la instalación de jóvenes
agricultores, “que les permiten buscar la independencia paterna”,
explica Cortiñas.
Desaparecen las ayudas para renovar maquinaria, que en 2011 contaba con
algo más de cuatro millones de euros. Nada se sabe tampoco de la partida
para la prevención de plagas, y el fomento del asociacionismo sufre un
hachazo del 95,7%.
El campo languidece. Pero los alcaldes se resisten y algunos enarbolan
unas pocas cifras: “El 98% de los pueblos pequeños, de menos de 1.000
habitantes, tienen equilibrio presupuestario, es decir, o no tienen
deudas o las tienen asumibles”, dice Fernando Rubio, alcalde de Juzbado
(Salamanca). “Estos datos son solo de esta provincia, pero es que
Salamanca es la segunda de España con más municipios pequeños y una gran
dispersión”, explica. A pesar del saneamiento de las cuentas locales,
Rubio se queja de injerencias de Administraciones superiores, como un
nuevo menosprecio al mundo rural.
Cita también el borrador de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local,
“que incluye la disminución del número de cargos electos; para abaratar
costes, dicen, algo incomprensible en el entorno rural, donde alcaldes y
concejales ejercen como voluntarios sin cobrar por su función. Los
concejales de pueblo bien sabemos qué es salir a atender a un vecino o a
arreglar la instalación del agua de madrugada, o viajar en nuestro
coche particular para lograr desarrollo para nuestro municipio...”,
explica.
Rubio desgrana algunos problemas con los que se están encontrando las
aldeas con menos habitantes, algo que, asegura “indigna a alcaldes de
todos los partidos”. “Hay una disminución drástica del transporte
público entre pueblos y centros comarcales y capitales de provincia (de
tres viajes a la semana ahora solo van una vez). Las líneas de autobuses
que atravesaban los pueblos entre Soria y Burgos se han limitado, por
ejemplo”. “Ahora solo tenemos el viaje por la mañana, pero no el de la
tarde, así que a la gente no siempre le da tiempo a hacer lo que iban a
hacer en la ciudad”, se queja el alcalde de Navaleno (Soria), Paulino
Herrero. “Cada uno puede vivir donde quiera, pero legislan igual para
todos y no todos tenemos las mismas características”, añade. “En los
pueblos nacen pocos niños, como en las ciudades, pero no veo que en las
ciudades les cierren las escuelas como aquí”, lamenta.
El alcalde de Juzbado afirma que hay zonas en la provincia de Salamanca
donde el transporte público ha pasado de funcionar tres días a la semana
a solo un día y se ha producido también “un empeoramiento del servicio
de traslado a hospitales de referencia para recibir tratamientos
continuos (quimioterapia, diálisis, rehabilitación traumatológica...)”.
La amenaza que se cierne es aún mayor, porque en unos meses podrían
estar pagando parte de estos traslados, que en el mundo rural son largos
y pesados. “En ocasiones estos pacientes deben recorrer largos
trayectos hasta que se van llenando todas las plazas de la ambulancia
antes de enfilar hacia el hospital”, dice. Y su colega, de Navaleno
insiste en la idea: “Yo soy funcionario de prisiones, en la cárcel hay
dos médicos, tres ATS y dos enfermeras para 170 internos; en mi pueblo,
Navaleno, de 900 habitantes, no te puedes poner malo después de las
horas de médico por la mañana. Si lo haces, a Soria o a San Leonardo”.
Son estos pueblitos los que están acusando los golpes de los recortes, y
la falta de servicios o la pérdida de ellos aboca a las mujeres a
abandonarlos. La estadística es meridiana, en las poblaciones de menos
de 2.000 habitantes, cada vez vive menos gente y el éxodo es
mayoritariamente femenino. Los expertos lo han estudiado recientemente.
Ellas tienen más estudios, por tanto, necesitan otros empleos donde
colocarse y la falta de servicios las conduce a ciudades más grandes. La
antigua inercia de los pueblos favorecía siempre el mismo reparto de
las tareas: en ellos recaía la herencia de tierras y explotaciones, en
ellas, además del trabajo de la tierra, el cuidado de hijos y mayores.
Un destino para el que las mujeres ya no están tan disponibles como
antes. Pero los recortes dañarán más la situación de las que desempeñan
aún esas tareas. Las ayudas económicas previstas en la Ley de Dependencia
precisamente para estos casos excepcionales que se dan, sobre todo, en
el mundo rural, donde no siempre hay residencias de ancianos ni centros
de día, ahora se han reducido un 15%. Una medida lineal que afectará más
en el pueblo. Esas mujeres que tenían por vez primera una ayuda por
cuidar de sus ancianos y discapacitados, lo harán ahora como siempre,
prácticamente gratis.
Francisco González, diputado asturiano, protesta así: “Y mientras, sube
el presupuesto para la Iglesia católica. El medio rural va a tener que
salir de procesión para que le traten tan bien como a la Iglesia”.
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