Publicado en CNN.

Una niña de 14 años nos dijo que estaba cuidando a otra de 4 años que había sido asignada a su celda sin la compañía de ningún familiar. “La llevo al baño, le doy la comida que me sobra si tiene hambre y les digo a los demás que la dejen tranquila si la están molestando”, explicó.
Este fue solo un ejemplo entre las muchas conversaciones con niños y niñas que mantuvimos la semana pasada como parte de un equipo de abogados y médicos que evalúan las condiciones en las que se encuentran los niños y las niñas en los centros fronterizos estadounidenses. Desde ese momento, hemos estado denunciando encarecidamente las circunstancias devastadoras y abusivas que observamos. El gobierno de Trump sostiene que necesita aún más centros de detención para abordar este problema, pero los responsables de políticas y el público no deben dejarse persuadir de que esta sea la solución.

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Migrant families cross the Rio Grande to get across the border into the United States, to turn themselves in to authorities and ask for asylum, next to the Paso del Norte international bridge, near El Paso, Texas, Friday, May 31, 2019. © 2019 Christian Torrez/AP Photo
La situación que encontramos es inaceptable. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. mantiene a numerosos niños y niñas —entre los cuales se incluyen algunos que no tienen la edad suficiente para cuidar de sí mismos— en centros fronterizos similares a cárceles, durante semanas, sin contacto con familiares y sin acceso regular a duchas, ropa limpia, cepillos de dientes ni camas adecuadas. Muchos de estos niños y niñas están enfermos. Muchos, incluidos algunos de apenas dos o tres años, han sido separados de sus responsables adultos sin tomar ninguna medida para su cuidado, salvo por la asistencia que les brindan otros niños o niñas mayores, que no son familiares suyos y también se encuentran detenidos.

Hablamos con un niño de 11 años que cuidaba a su hermano pequeño. Ambos estaban arreglándoselas por sus propios medios en una celda junto con decenas de otros niños. El pequeño estaba callado y tenía el cabello enmarañado, una fuerte tos seca y los pantalones manchados de lodo. Los ojos se le cerraban por el cansancio. Durante la entrevista a los dos hermanos, se quedó dormido sobre dos sillas de oficina que se habían unido para formar una cama, probablemente la más cómoda que había usado en varias semanas. Los niños habían sido separados de un tío de 18 años y habían sido enviados al puesto de la Patrulla Fronteriza de Clint. Cuando los conocimos, llevaban allí tres semanas y posiblemente estarían en el lugar bastante tiempo más.

“A veces, cuando preguntamos, nos dicen que estaremos aquí por varios meses”, afirmó un niño de 14 años que también había estado en Clint durante tres semanas.
Algunos de los niños y niñas con quienes hablamos estaban durmiendo sobre pisos de cemento y recibían la misma comida desagradable y poco saludable desde hacía casi un mes: harina de avena instantánea, sopa instantánea y un burrito descongelado. Los niños y las niñas no deberían pasar más que algunas horas en cárceles fronterizas destinadas a períodos breves de detención antes de ser procesados. Asimismo, la legislación estadounidense limita su detención, en las circunstancias habituales, a 72 horas.

El gobierno no ha mostrado remordimientos por las condiciones que se ofrecen. Una abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, manifestó a jueces del Circuito Noveno que la obligación del gobierno de brindar condiciones “seguras e higiénicas” para los niños y las niñas migrantes no exige proveerles elementos de higiene como jabón o cepillos de dientes, y permite que duerman sobre pisos de cemento en celdas frías y atestadas.

A fines de mayo, el secretario interino del Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security, DHS) Kevin McAleenan señaló a periodistas que el organismo tenía 2.350 niños y niñas no acompañados bajo su custodia, que estaban esperando en centros de detención y albergues dirigidos por la Oficina de Reubicación de Refugiados (Office of Refugee Resettlement). La intención del gobierno de Trump es contar con más dinero para construir más centros de detención para niños y niñas que puedan alojar incluso a más menores, y lo justifican citando el aumento relativo de la cantidad de llegadas a la frontera. Para este fin, está exhortando al Congreso a aprobar con celeridad el pedido de presupuesto complementario del Departamento de Seguridad Nacional.
Pero ese pedido disimula el hecho de que más niños y niñas se encuentran en un régimen de custodia inmigratoria porque, durante los últimos años, el gobierno ha hecho que los plazos para que los niños se reúnan con sus familias se vuelvan más extensos. El gobierno ha intentado utilizar a los niños que se encuentran en los centros de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) como señuelo para arrestar y deportar a los familiares que se presentan para hacerse cargo de su cuidado, según lo señaló un informe de los grupos de incidencia The Women's Refugee Commission y el National Immigrant Justice Center.

Según pudimos observar en nuestras entrevistas, los funcionarios de los centros fronterizos no parecen estar haciendo ningún esfuerzo por liberar a los niños y las niñas para que queden a cargo de sus cuidadores —muchos tienen a sus padres en Estados Unidos— más que mantenerlos durante semanas en celdas atestadas en las zonas de frontera, sin poder comunicarse con sus seres queridos que aguardan angustiados. Al mantenerlos en los centros y luego transferirlos, en etapas posteriores del proceso, a centros de la ORR, el gobierno está transformando a los niños y las niñas en moneda de cambio para el cumplimiento de las normas inmigratorias.

Una niña de segundo grado a quien entrevistamos ingresó silenciosamente en la sala, pero rompió en llanto cuando le preguntamos con quién había viajado a Estados Unidos. “Con mi tía”, respondió entre fuertes sollozos. En la muñeca llevaba un brazalete que decía “US parent” (Padre/madre en EE. UU.) y tenía un número de teléfono escrito con marcador indeleble. Llamamos inmediatamente a ese número y nos encontramos con que nadie les había informado a los padres desesperados de la niña dónde se encontraba su hija. Algunos de los momentos más emotivos de nuestra visita fueron aquellos en los que escuchamos a los niños y las niñas hablar con sus padres por primera vez a través del teléfono de un abogado.

Las condiciones que pudimos observar esta semana coinciden con los anteriores hallazgos de Human Rights Watch acerca de los perjuicios que sufren los niños que se encuentran detenidos a disposición de la Patrulla Fronteriza. Pero ahora, los tiempos de permanencia son de semanas y no de días. El Congreso debería tomar medidas; no aprobando la asignación de más fondos para los centros de detención, sino exigiendo a las agencias de inmigración que dejen de separar a los niños y las niñas de sus familiares, salvo cuando esto sea beneficioso para los menores; que liberen a estos niños y niñas y les permita reunirse con sus familias lo antes posible y que dejen de utilizarlos como señuelos para detener a sus familiares.

Estos abusos inadmisibles contra niños y niñas no son lo que Estados Unidos debería estar promoviendo.