El niño asesinado no es “parte del decorado” sino que es la víctima principal de la violencia machista.

 “Pesa un sesgo adultocentrista por el que aún cuesta reconocer a las niñas y niños como sujetos de derecho”.

Casi 900 maltratadores siguen viendo a sus hijos e hijas: las grietas de la ley de infancia.

Tras el asesinato del niño en Sueca a manos de su padre, que ha destapado una falta de coordinación entre juzgados, expertas piden que se desplieguen con urgencia los mecanismos de coordinación que incluye la nueva normativa. 

Sara Plaza Casares,

El Salto.

Concentración contra los asesinatos machistas en Sol.
Álvaro Minguit

En septiembre de 2021, la reforma del Código Civil, incluida en la nueva Ley O. de Protección Integral a la Infancia, pretendía recoger lo que ya era un clamor entre víctimas y colectivos en lucha contra la violencia machista: los padres incursos en un proceso por maltrato no podrían recibir visitas de sus hijos e hijas menores, tal y como queda recogido en el reformulado artículo 94. Así mismo, y en una revisión del artículo 92 también promulgada por dicha ley, los progenitores que están siendo investigados por violencia machista tampoco podrán conseguir la guardia y custodia de sus hijos e hijas.

Un triunfo para las asociaciones en defensa de los derechos de la infancia que aún no ha cristalizado al 100%. Según datos recabados por la fiscalía, que hacía públicos recientemente El Periódico de España, 879 maltratadores que cumplen condena siguen recibiendo las visitas de sus hijos e hijas. Este domingo en Sueca (Valencia) un padre asesinaba a su hijo de once años mientras se encontraba con él y tras haber amenazado a su ex mujer con acabar con su vida. Entre los dos mediaba una orden de alejamiento impuesta por el Juzgado de Primera Instancia número 4, el de violencia contra la mujer, después de que el padre fuera condenado por malos tratos. Sin embargo, un mes después, el Juzgado de Primera Instancia número 5, con competencias en familia, ratificaba el divorcio de la pareja en el que se incluía la custodia compartida. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) explican a El Salto que no existe un sistema de alertas entre juzgados que coordine ambas decisiones.

Y precisamente para coordinar a todos los actores que intervienen en la protección de la infancia nació la nueva ley aunque aún no se han materializado algunos de sus mecanismos, tal y como explica la abogada experta en derechos de la infancia Violeta Assiego. “Hay muchos aspectos de la ley de infancia que faltan por desarrollar e implementar. Uno es el registro central de información que trata de que todas las administraciones que intervienen en el caso de un niño y o una niña, estén coordinadas y vuelquen ahí la información. Es un elemento bastante relevante”, explica Assiego, mientras añade que tras la aprobación de la ley, el pasado 4 de junio de 2021, debería haberse materializado una estrategia de implementación de cada artículo que permita que se evalúe.

“Pesa un sesgo adultocentrista por el que aún cuesta reconocer que las niñas y niños como sujetos de derecho".

La ley recoge que tiene que haber una comisión de seguimiento formada por Justicia, Interior y Derechos Sociales, elemento fundamental para que la comunicación y la coordinación se subsane. También tiene que haber formación y capacitación en perspectiva de infancia en la judicatura y en todos aquellos profesionales que intervienen”. En cuanto a los motivos, Assiego se muestra contundente: no se está tomando suficientemente en serio esta normativa. “Pesa un sesgo adultocentrista por el que aún cuesta reconocer a las niñas y niños como sujetos de derecho”, incide quien remarca que en un caso como en el de Sueca, el niño asesinado no es “parte del decorado” sino que es la víctima principal de la violencia machista.

Historias que se repiten
Paloma Delgado Bavai tiene tres hijos de 16, 14 y 10 años. Los cuatro han recibido malos tratos por parte de su ex y padre de los tres menores, reconocidos por la vía penal. Un juzgado de Huesca impuso contra el padre en abril de 2019 cuatro condenas por maltrato, una por cada uno de ellos. Además se dictó orden de alejamiento y suspensión de visitas durante cuatro años. “La orden de alejamiento estaría ya finalizada y las visitas con el padre se tendrían que reanudar antes del año que viene (primando una vez más los derechos del progenitor frente al de los menores). Todo esto a pesar de no haber mostrado arrepentimiento alguno, ni reconocimiento de los hechos por su parte ni de su entorno”, explica Delgado en una petición de change.org que ha recogido más de 88.000 firmas.

“La ley incluye una excepción: el juez puede determinar que a pesar de que haya violencia si analiza la relación paterno-filial y la ve como beneficiosa puede haber visitas. Si estableces esa excepción la ley es papel mojado".

  El caso de Delgado, en el que unos hijos se encontrarán de nuevo con un padre que carga con cuatro condenas por violencia machista, ilustra desde otra perspectiva como el problema aún no se ha resuelto. Y, si la madre decide incumplir el régimen de visitas, las consecuencias legales sobre ella recaerán con fuerza, tal y como ha pasado en el caso de María Sevilla, que hoy cumple pena de prisión por sustracción de menores, tras negarse a entregar a su hijo a su padre después de que el menor refiera abusos sexuales, o Juana Rivas, que acaba de conseguir la suspensión de su pena, después de una larga lucha que también la ha hecho pasar por prisión. Esta misma semana el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla requería la entrada en prisión de María Salmerón tras incumplir la custodia compartida con su ex, condenado por maltrato.

Estrella Gómez, portavoz de la Asociación Gallega contra el Maltrato a Menores (Agamme) avisa: la nueva ley tiene una gran grieta. “Nosotras ya lo advertimos en su tramitación, una y otra vez, la ley incluye una excepción: el juez puede determinar que a pesar de que haya violencia si analiza la relación paterno-filial y la ve como beneficiosa puede haber visitas. Si estableces esa excepción, la ley es papel mojado y queda a merced del juez que pueda haber suspensión o no”, explica Gómez.

Para la portavoz de Agamme es muy peligroso dejar esta decisión en la bandeja de los jueces en un contexto en el que algunas figuras de la judicatura acusan a las madres de alienar a sus hijos e hijas, utilizando la figura del Síndrome de Alienación Parental que el propio CGPJ ha desaconsejado utilizar y que la nueva ley de infancia prohíbe. “Hay una jurisprudencia que marca una dirección perniciosa por lo que debe de haber una vigilancia de los jueces, han de dar cuentas. El juez debe dar cuenta a la sociedad, deben de poder ser fiscalizados”, expresa la portavoz de Agamme. “Por supuesto—añade—respetando la independencia. Pero ser independiente no significa que no tengas que dar cuentas, que tengas unos deberes que cumplir con tu función. Al final son situaciones que acaban con vidas”, expresa.

Hasta 2015 los niños y niñas expuestos a una situación de violencia de género no eran considerados víctimas de ella.

¿Cambio de paradigma?
Hasta 2015, los niños y niñas expuestos a una situación de violencia de género no eran considerados víctimas de ella. Desde 2013, fecha en la que comienzan a recabarse cifras, 47 niños y niñas han sido asesinados víctimas de violencia vicaria extrema: la que ejerce el agresor para causar el máximo daño posible a la madre.
Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, de las 30.000 órdenes de protección contra las mujeres, los jueces solo retiraban las visitas al padre maltratador en el 3% de los casos. Hoy, y en palabras de la fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a la Cadena SER, “en el 81% de las ocasiones se ha suspendido el régimen de visitas o no se ha acordado, y solo en un 19% se ha mantenido”. “El cambio de paradigma introducido por la ley ha dado sus frutos“, expresaba.

No obstante, y tras el crimen de Sueca, que ha dejado al descubierto la ausencia de coordinación entre juzgados, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incidía en la necesidad de revisar todos los regímenes de visitas. “Siempre será mejor reparar un régimen de visitas que tratar de reparar una infancia rota o de reparar un asesinato”, aseguraba.

Mª Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de Mujeres Juristas Themis, explica a El Salto que en noviembre participaron en unas jornadas organizadas por el CGPJ y propusieron una mejora de la coordinación entre juzgados. “Propusimos que  al incoar un procedimiento de familia, el letrado de administración del juzgado de familia debe comprobar al admitir a trámite cualquier procedimiento civil que no existen antecedentes por un procedimiento penal por maltrato”, explica.

Y lamenta que algunos jueces están cuestionando la necesidad de esa protección para la infancia. Así las cosas, recientemente una jueza de familia ha planteado la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 94 del Código Civil. A la pregunta de si la deriva negacionista de la violencia machista, ahora contra la infancia, sigue instaurada en la judicatura, la presidenta de Themis es clara: “En parte sí, no se puede decir que todos los jueces y juezas actúen así, pero hay una fuerte resistencia”.

Situación de urgencia
Para Cristina Sanjuán, experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save The Children, la nueva ley es una nueva oportunidad que hay que aplicar con urgencia.

”Tenemos que hablar de oportunidades urgentes, seguimos viendo casos de violencia contra la infancia. Empecemos a actuar contra los mismos porque ya hemos llegado tarde. El domingo vimos la peor cara que es la muerte”

 “Se dice que las leyes no cambian mentalidades, pero esta ley pone mucho foco en la prevención, dedica mucho espacio a hacer este trabajo de pedagogía. Por eso es tan importante la parte de la formación de los profesionales. Esta ley pretende una transformación social para que todos los actores consideren a los niños y niñas como sujetos de derechos”, incide para quien falta mucho trabajo por hacer y uno de los principales es formar a todos los operadores jurídicos y que la justicia se especialice en violencia contra la infancia.

"Tenemos que hablar de oportunidades urgentes, seguimos viendo casos de violencia contra la infancia. Empecemos a actuar contra los mismos porque ya hemos llegado tarde. El domingo vimos la peor cara que es la muerte. Y tenemos que hablar de oportunidades y de urgencia para aplicar la ley que tenemos para protegerles frente a cualquier forma de violencia”, concluye.