17 medidas esenciales para mejorar situación de la infancia en España
en torno a 3 grandes compromisos.
01.- COMPROMISO CON UN PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA
La Plataforma de Infancia reclama a los partidos políticos
que asuman el compromiso con un Pacto de Estado por la Infancia.
Un Pacto que suponga un compromiso de estabilidad a las políticas de infancia, que se traduzca en medidas que garanticen la protección y el desarrollo infantil, como una prioridad de todos los partidos tal y como se expresó en la Propuesta no de Ley aprobada por unanimidad el pasado mes de diciembre de 2018. En este marco la Plataforma de Infancia considera ineludible desarrollar las siguientes peticiones para la consecución del Pacto de Estado por la Infancia:
1. Presupuestos en clave de infancia. Que permitan la identificación de las partidas destinadas a la Infancia en los Presupuesto Generales del Estado. Estableciendo como punto de partida la integración de un informe de impacto de infancia como eje transversal dentro los Presupuestos Generales del Estado.
2. Aumento progresivo de la inversión real dedicada a la infancia del 1,4% del PIB aproximado actualmente, al 2,4% del PIB en la media de la Unión Europea.
3. Creación de un fondo social de reserva que garantice la inversión en infancia, y que asegure el cumplimiento de los contenidos mínimos de los derechos de niños y niñas, y que asegure su no regresividad, independientemente de las situaciones de crisis.
4. Compromiso con un Pacto de Estado por la Infancia en los términos del acuerdo del Congreso en la pasada legislatura a través de la Proposición No de Ley.
02.- ACABAR CON LA POBREZA INFANTIL
La Plataforma de Infancia reclama a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales que asuman la pronta reducción de la pobreza y la exclusión infantil. La pobreza infantil continúa siendo un problema estructural en nuestro país. Ya antes de la crisis las tasas de pobreza infantil se situaban en porcentajes superiores al 20%. Tras la crisis económica y financiera este problema se ha continuado incrementando hasta cifras alarmantes superando el 30% la tasa de niños y niñas bajo el umbral de la pobreza y exclusión social según el INE. En la última legislatura se ha puesto de manifiesto la escasa capacidad del sistema de protección actual para dar respuesta a la adecuada protección de la infancia. Bajo esta premisa la Plataforma de Infancia considera esenciales la consecución de las siguientes peticiones:
5. Incremento progresivo de la prestación por hijo a cargo, duplicando la cuantía en el primer año y alcanzando los 100 euros al mes al final de la legislatura. Aumentar la cobertura de la misma para que llegue a toda la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social, para avanzar, a largo plazo, a una prestación universal.
6. Apostar por establecer un Plan Estratégico de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde la pobreza infantil tenga un peso específico claro y relevante.
7. Un aumento progresivo de la oferta de plazas públicas de educación infantil. Alcanzar al menos 70.000 nuevas plazas en la legislatura. Establecer un compromiso progresivo de oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, con el objetivo de que España alcance en 2022 la media europea de cobertura pública en esa etapa y aumente la escolarización entre las familias más vulnerables. Para ello se deberá establecer una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos.
8. Ampliar la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44 % del PIB en 2022, especialmente en las etapas de educación infantil, educación obligatoria y postobligatoria no universitaria. Se simplificará el procedimiento de concesión para hacerlo accesible y más rápido y se revisarán los criterios de acceso de forma que el alumnado por debajo del umbral de la pobreza tenga derecho a cuantías más elevadas y suficientes para cubrir los costes educativos, sin discriminación por rendimiento académico. Debido al sobrecoste adicional que asumen, se tendrán en especial consideración las becas, ayudas y subsidios para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad en todas las etapas y para la concesión de los subsidios no se atenderá a la renta ni al patrimonio familiar.
03.- COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
La Plataforma de Infancia reclama a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales que asuman un compromiso claro con todos los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado al cumplimiento del ejercicio de los derechos del niño en su totalidad. En particular, el Comité de los Derechos del Niño trasladó una serie de recomendaciones en 2018 que todos los partidos deberían impulsar. Sin embargo hemos querido destacar algunas medidas que, por su urgencia y su consenso, deberían formar parte de los futuros compromisos electorales:
9. Compromiso con la gobernanza de las políticas de infancia. Es imperiosa la necesidad de mantener la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con competencia legislativa, así como mantener y promover la figura del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, que sustancie el firme compromiso con las políticas de infancia al más alto nivel posible dentro de la Administración General del Estado a través de la figura de una Secretaría de Estado de Infancia.
10. Promover y apostar por la Participación Infantil garantizando que los niños y niñas tienen la oportunidad de ser escuchadas en todo procedimiento que les afecta. Tanto desarrollando estructuras estables de participación (como un Consejo Estatal de Participación Infantil o impulsando y fortaleciendo a las asociaciones de alumnado) como allá donde se tomen decisiones (Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Consejos Escolares, etc.) así como su participación en el desarrollo de planes y leyes que les afectan. Se establecerá el derecho de asociación del alumnado desde los 12 años y se regularán las asociaciones infantiles.
11. Aprobación de una Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra
la Infancia con enfoque de género que garantice la reparación de sus derechos y el
establecimiento de estándares mínimos de atención entre las distintas CCAA. La aprobación de la ley para erradicar la violencia contra la infancia y una estrategia multidisciplinar. Existe consenso parlamentario (se aprobó una PNL apoyada por todos los grupos parlamentarios en 2017) y un trabajo hecho en este sentido con la Administración General del Estado, lo cual plantea la urgencia de que esta Ley se traslade al Congreso cuanto antes y no más tarde de los 100 primeros días de Gobierno.
12. Garantizar los derechos de los más vulnerables, los niños extranjeros que viajan solos
en tránsito y desprotegidos. Debe existir un compromiso claro para establecer los recursos
suficientes para atender la realidad de estos niños y niñas, y adaptar la legislación y la normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de estos niños y niñas; estableciendo modificaciones en el Protocolo Marco y en los sistemas de determinación de la edad para que estos sean respetuosos con los derechos humanos y se utilice únicamente en casos de graves dudas acerca de la edad comunicada y considerando las pruebas documentales u otros tipos de pruebas disponibles. Así como desarrollar el resto de recomendaciones del Comité en este sentido.
13. Abordar una mejora en el sistema de protección a la infancia. Garantizando los recursos suficientes, y analizando cómo garantizar una atención integral, homogénea y adecuada de todos los niños y niñas. Así como estableciendo medidas de prevención para evitar la entrada de niños y niñas en el sistema.
14. Implementar la Estrategia de Infancia en la Cooperación Española en los términos de la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el Congreso en diciembre 2018.
15. Aprobar una ley estatal, de carácter orgánico, que garantice el acceso a una atención
temprana universal, gratuita, integral y de calidad para toda la infancia que lo necesite y sus familias de manera que se provean los servicios y recursos necesarios independientemente del lugar donde residan.
16. Impulsar los cambios normativos y los programas para hacer efectivo el derecho a una
educación obligatoria y postobligatoria de calidad, equitativa e inclusiva para todos, atendiendo especialmente a la infancia en situación de pobreza, migrante, gitana y con discapacidad, conforme reclama el Comité de los Derechos del Niño. Se introducirán reformas legales para combatir la segregación escolar asegurando una admisión que
favorezca la escolarización equilibrada del alumnado desfavorecido y revisando pruebas e itinerarios segregadores o que no permiten la continuidad con otras etapas (vía 3o ESO, PMAR, FPB, adaptaciones sin título). Se establecerán los recursos necesarios para responder a las necesidades y superar de forma temprana las barreras que enfrenta cada
niño y niña para garantizar la inclusión educativa a la que nos compromete la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
17. Derechos de las niñas e igualdad. Erradicar los roles, estereotipos y la normas sociales de género que perpetúan relaciones desiguales de poder y discriminan a las niñas.
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