Este niño lleva un reloj espía en clase.

La monitorización de los menores mediante llamadas secretas por el reloj es una violación de su intimidad, defiende Kepa Paul Larrañaga, presidente del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA). “Parece que en ningún momento se está hablando de un acuerdo entre las madres y los padres y sus hijos”, observa. 

En el dilema entre la protección y la autonomía de los menores, dice, “la carga de la prueba” está sobre la necesidad de autonomía de los niños. 

El sociólogo lamenta que mientras esa necesidad siempre parece requerir justificación, la protección —o la sobreprotección— parental es la norma.

El veto en un colegio asturiano de los ‘smartwatches’ que graban y sacan fotos abre el debate sobre control parental e intimidad.

Muestrario de smartwatches infantiles. ALEX WONG GETTY

Bruno Martín.

Sociedad, elpais.com.

La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad ha traído una sorpresa al colegio concertado Montedeva, en Gijón. Tres alumnos de 5º de primaria (11 años) llevaban a clase juguetes nuevos y problemáticos: relojes capaces de hacer llamadas de emergencia, sacar fotos, grabar vídeo y que además permiten a los padres localizar e incluso espiar las conversaciones de sus hijos, gracias a una aplicación del móvil que sigue el GPS y controla el micrófono de forma remota. “En el claustro no teníamos conocimiento de que esta tecnología existía”, dice el director del centro, Miguel Marcos, que ha optado por prohibir los dispositivos para proteger la privacidad de alumnos y profesores.

El de Gijón puede ser el primer centro de España que censura los smartwatchesinfantiles, un aparato novedoso que no está regulado por el gobierno ni la Administración regional. Pero la decisión de este colegio ya ha puesto en alerta a otros profesores. “No somos conscientes de que haya habido otros casos, pero basta con saber de uno para que nos planteemos el debate. No vamos a esperar a que haya un problema grande”, comenta Emma Rodríguez, portavoz del sindicato asturiano de profesores Suatea y tutora de primaria en un colegio público de la localidad de Bimenes.

En Alemania, donde no se permite grabar conversaciones sin consentimiento, el gobierno prohibió la venta de estos dispositivos a finales de 2017 y pidió a las familias deshacerse de ellos. El precio de cada reloj ronda los 50 euros. Son atractivos para los padres porque les permiten saber en todo momento dónde están sus hijos, sobre todo los más pequeños que en muchos casos no tienen teléfono móvil. Desde el mapa de la aplicación, los adultos pueden delimitar un área de seguridad, de tal manera que si el reloj sale de esa zona, reciben una notificación con su ubicación en tiempo real.

Como los aparatos incluyen tarjeta SIM, los menores también pueden efectuar llamadas a un número reducido de contactos y, en muchos casos, los padres pueden iniciar una llamada silenciosa desde su propio móvil. Esta función es controvertida porque les permite escuchar lo que ocurre alrededor del niño. Por lo tanto, puede violar la intimidad del menor y de personas en su entorno, quienes no tendrán conocimiento de la llamada. Según Kepa Paul Larrañaga, sociólogo y presidente del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, el mérito de esta tecnología se evalúa demasiadas veces “atendiendo a la perspectiva e intereses de las personas adultas”, y en un entorno que ignora la importancia de cultivar interacciones honestas entre los niños y quienes los cuidan.

“Lo más preocupante es que se vulnere la intimidad de los menores. Pero diciendo esto, también creo que empeorarían las clases si los profesores tienen que estar pensando que pueden ser grabados en todo momento”, opina Carlos Fernández, presidente de la Asociación de Profesores de Madrid. Desde la asociación denuncian que se valora poco la pericia de los docentes, quienes conocen mejor que nadie cada curso y su alumnado y deberían tener “la última palabra” sobre la utilización de los dispositivos electrónicos en el aula.

Los profesores no tienen constancia de que se los haya espiado en clase, pero consideran peligroso el uso que puedan hacer los menores de estos relojes. “Una niña de 10 años estaba haciendo fotos en el patio con su nuevo juguete, sin ninguna intencionalidad”, relata Marcos sobre el incidente de su colegio. “En principio no pasa nada, pero hay que tener cuidado por dónde pueden acabar esas fotos, cuando constatamos que hay niños de 10 y 11 años que ya están en redes sociales”, explica.

La preocupación no es solo porque los niños o los padres puedan hacer un mal uso de los relojes. Rodríguez también señala que son “fácilmente hackeables”. En octubre de 2017, la agencia de protección del consumidor en Noruega ya alertó de que muchos relojes infantiles transmitían y almacenaban datos sin encriptar. Esto podría permitir fácilmente el robo de información personal o la suplantación de la señal GPS para aparentar que el reloj está en una ubicación falsa. Además, Larrañaga apunta que se desconocen los intereses comerciales de empresas que también puedan tener acceso a los datos del reloj.

En el colegio Montedeva, que permite utilizar el móvil como instrumento pedagógico en los cursos de secundaria y bachiller, sostienen que la prohibición de los smartwatches en primaria no ha sido una medida reaccionaria. “Entendemos que no sirve de momento como herramienta educativa”, explica el director. “La tecnología va a un ritmo que a veces nos desborda a los propios docentes. Pero a las familias les pasa como a nosotros, igual no son conscientes de todas las posibilidades que tienen estos relojes”, concluye.

VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD: La monitorización de los menores mediante llamadas secretas por el reloj es una violación de su intimidad, defiende Kepa Paul Larrañaga, presidente del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA). “Parece que en ningún momento se está hablando de un acuerdo entre las madres y los padres y sus hijos”, observa. En el dilema entre la protección y la autonomía de los menores, dice, “la carga de la prueba” está sobre la necesidad de autonomía de los niños. El sociólogo lamenta que mientras esa necesidad siempre parece requerir justificación, la protección —o la sobreprotección— parental es la norma.