Alicia* estaba embarazada de seis meses cuando la
detuvieron por tráfico de estupefacientes. Le dieron a elegir entre
quedarse con su hija, entregarla a un familiar o darla en acogida cuando
naciese. Ella decidió permanecer con su bebé: "Ya me habían quitado la
libertad, no me iban a quitar también a mi hija".
Cualquier reclusa puede pedir el ingreso de su hijo en prisión.
Según la Ley, basta con que éste sea menor de tres años -la edad máxima
permitida para que estén en la cárcel-, se acredite la filiación y el
centro estime que no hay riesgo para el menor.
Un año después de cumplir su condena, Alicia echa la
vista atrás y reconoce que ahora actuaría de otra manera. "La prisión no
es el lugar para una niña, no hay juguetes, no hay actividades",
relata, aunque añade que la pequeña no se daba cuenta de dónde estaba,
ni añoraba salir a un mundo exterior que apenas conocía más allá de las
salidas con ONGs los fines de semana.
A finales de 2015 vivían en centros penitenciarios en España un total 111 niños.
La mitad de ellos se encontraba en un módulo de madres de una prisión
común. Todas las partes consultadas para esta investigación coinciden en
que, de las alternativas existentes, ésta es la que influye de manera
más negativa en los niños, por la convivencia con elementos carcelarios y
la falta de autonomía de la madre.
De los demás menores, una treintena vivían en unidades externas.
Estos centros fueron un proyecto del anterior gobierno socialista que
tenía como objetivo sacarles de las prisiones, pero cuya implementación
se ha quedado a medias y no contempla todos los casos.
La tercera opción oficial son las unidades dependientes, pisos tutelados por ONGs donde la madre tiene más libertad y en los que a finales del año pasado sólo vivían diez niños.
Perdidos dentro de la cárcel
A pesar de las tres alternativas existentes, hay
niños que han pasado por cárceles españolas en los últimos años que no
figuran ni en módulos internos, ni en unidades externas, ni en centros
dependientes. Vivieron, en contra de lo que dicta el reglamento penitenciario, en departamentos de mujeres con el resto de las reclusas.
En total, 11 cárceles distribuidas por toda la
geografía española han acogido a niños en estos departamentos en algún
año desde 1999, según los datos a 31 de diciembre de 2015 que
proporciona Instituciones Penitenciarias. "A lo mejor nació un niño allí y se quedó hasta el traslado", aventura Javier Nistal,
subdirector general de Tratamiento y Gestión penitenciaria. "Es raro
porque cuando la mujer está embarazada de determinados meses ya la
trasladamos para que cuando den a luz tenga atención".
Algunos de esos niños no aparecen siquiera en muchos
de los informes anuales que hace públicos Instituciones Penitenciarias.
Es el caso de los pequeños en la cárcel de Málaga en los años 2005 y 2006; en Alcalá de Guadaira y La Moraleja en 2010; en Pamplona en diciembre de 2012; o los tres que estaban en Tenerife en 2014.
Canarias es precisamente donde más se repite esta situación.
En diciembre de 2015 seguían viviendo tres niños en la prisión de
Tenerife, aunque no dispone de módulo de madres. Sin embargo, en esta
isla existe una unidad externa cuya edificación costó a las arcas públicas al menos 4,4 millones de euros, pero que no se ha abierto desde que se construyó en 2012. Los gastos de mantenimiento superan los 17.000 euros anuales.
"Entre dos males escogemos el menos malo", afirma
Nistal. Según el subdirector general de Tratamiento, son las mismas
madres las que prefieren estar allí "en peores condiciones" antes que
desplazarse hasta la península. Asegura que es una situación
provisional: "Estamos pendientes de abrir la Unidad de Madres en
Tenerife. Mientras, estamos aguantando".
Ana María García, subdirectora de Tratamiento de esta prisión, explica que en estos casos las madres comparten el patio y otras zonas comunes con el resto de las presas. Y no todas tienen un arraigo familiar, pues también pasan por allí extranjeras. Concha Yagüe,
subdirectora de Tratamiento con el PSOE, reconoce que en su época
también existía este problema: "Buscábamos familiares o nos poníamos en
contacto con jueces para plantear la libertad provisional. Hemos hecho
de todo para evitar esas situaciones".
A finales de 2015 vivían en centros penitenciarios en
España un total 111 niños. La mitad de ellos se encontraban en un módulo
de madres de una prisión común.
Diferencias entre modelos
La vida en los módulos de maternidad y en las unidades
externas es muy distinta. En ambos casos, madres e hijos se encuentran
aislados del resto del centro penitenciario, pero los módulos se integran dentro de la prisión y conservan la arquitectura, las rutinas y el ambiente carcelario.
En cambio, las unidades externas son edificios separados concebidos
para que vivan niños en su interior y donde se han eliminado las
referencias carcelarias.
"Se cuida mucho que los elementos de la prisión no sean visibles para el niño", explica Estrella Carrasco, subdirectora de la Unidad de Madres Jaime Garralda
en Delicias, Madrid. "Los funcionarios no llevan uniforme ni se usa la
megafonía. Se cuida también la terminología. Ya no se habla de internas
sino de residentes, no se habla de celdas sino de habitaciones". Además,
en estas unidades externas la madre se compromete a asumir responsabilidades como acudir a cursos y talleres ocupacionales. A cambio disfruta de una mayor autonomía con la vista puesta en su reinserción.
El cambio de gobierno en 2011 cambió la situación de
las unidades externas. Además de reducir el número de presas derivadas a
estos centros, la iniciativa se ha quedado a medias también en sus
infraestructuras.
De las seis unidades que se proyectaron para toda España, sólo tres están en uso:
Aranjuez (Madrid), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Palma de Mallorca.
Una más se planteó para León, pero el proyecto fue cancelado antes de
tomar forma. Otras dos, en Tenerife y Alicante, están construidas y sin
utilizarse desde 2012. La ejecución de estas dos unidades costó más de 7.701.000
y los motivos que esgrime el actual gobierno penitenciario para
mantener su cierre son cuestiones económicas y la falta de oferta de
empleo.
A ello se suma la disminución general de la población
penitenciaria que tiene lugar en España desde hace seis años, a raíz de
la reforma del Código Penal de 2010. El nuevo texto legal reduce de nueve a seis años la pena máxima por transportar droga, uno de los delitos que más se repite entre las mujeres.
Dispersión: obligadas a elegir
Cuando se empezó a plantear el proyecto de las
unidades externas los centros se distribuyeron geográficamente para que
fueran sustituyendo progresivamente a los módulos de las prisiones,
según relata Mercedes Gallizo, ex
directora general de Instituciones Penitenciarias con el PSOE e
impulsora de la iniciativa. Con la paralización del proyecto muchos
módulos internos se cerraron sin que las nuevas unidades se abrieran,
lo que ha reducido las opciones geográficas y ha generado dispersión entre las reclusas que son madres en España. Los módulos de Albolote en Granada, Teixeiro en Galicia, o La Moraleja en Palencia, fueron algunos de los que se clausuraron y obligaron a las presas a elegir entre estar con su hijos o cerca de sus familias.
En la actualidad sólo cuatro ciudades cuentan con
alguno de los modelos que existen, y ya que no todas las madres pueden
acceder a las unidades externas o dependientes, muchas sólo pueden
elegir entre las tres primeras.
De las 119 madres con niños en prisión a principios de año, 81 eran de nacionalidad española.
Las más afectadas por la dispersión, según la distribución y los datos
demográficos del INE, son las presas de la zona norte de España. En
comunidades como Castilla y León o Galicia existe históricamente más
población carcelaria femenina que, por ejemplo, en Baleares, pero no
disponen de ninguna alternativa penitenciaria cercana.
La reforma del Código Penal de 2010 redujo de nueve a
seis años la pena máxima por transportar droga, uno de los delitos que
más se repite entre las mujeres.
El impacto para el niño
El hecho de estar en un módulo interno para madres y
no en una unidad externa o dependiente puede perjudicar a los menores.
Aunque según los expertos esto dependerá en gran parte de su madre.
"Para los niños, cuanto más pequeños, menos relevancia tiene el mundo
exterior. La persona más importante para su desarrollo es su madre o la
persona más cercana. Hasta los dos años todo lo que ven, sienten y les
estimula llega a través de esta persona", explica Jesús Giménez, psicólogo y autor del estudio 'Niños y madres en prisión' (1998).
Javier Nistal reconoce que la prisión no es el sitio para un niño: "Se contagian de alguna manera del elemento penitenciario. Lo ideal sería que no hubiera ningún niño dentro de prisión, pero si tienen que estar, que estén de la mejor forma posible, que creo que es en las unidades externas y Dependientes".
La situación de las madres es, por tanto, fundamental, y esto varía según el tipo de centro donde se encuentre. María Yela,
psicóloga que ha trabajado en el módulo interno de Aranjuez y
actualmente en la unidad externa de Madrid, considera que "toda la
ansiedad que puede producir la prisión, la depresión, la angustia o la
sensación de impotencia repercuten en el niño y en su educación". Según
su experiencia, una madre en un régimen abierto como el de las unidades
externas tiene más capacidades y autonomía para estimularle y criarle
mejor.
A veces la solución -acceder a las unidades externas o dependientes- llega con retraso. "Las
personas que están en prisión preventiva en ocasiones pasan varios
meses e incluso dos años esperando a que les llegue el juicio", cuenta Yela. Margarita Aguilera,
abogada de la ONG ACOPE, que ha trabajado con madres en prisión,
coincide en esta consideración y lamenta que no se potencien
alternativas al cumplimiento de la condena, como sí sucede en otros
países.
Comparativa europea
La edad máxima permitida para que un menor permanezca
en prisión varía mucho según la consideración de cada país. En Irlanda
del Norte los niños pueden estar con sus madres hasta los nueve meses,
mientras que en España pueden hacerlo hasta los tres años. En Estonia el
límite de edad son los cuatro años y en Alemania puede llegar hasta los
seis. Cada país -o a veces cada región- coloca el límite, las
condiciones y las alternativas según su propio criterio, aportando
visiones diferentes al debate de qué es lo mejor para madre. LEER MÁS.
Condicionados por los grados
En febrero de 2016, sólo 43 de las 119 internas madres o embarazadas estaban en uno de los dos grados que permiten acudir a estos centros: el tercer grado -semilibertad- o un 100.2 -segundo grado con beneficios de tercero que se estudia de manera individualizada¬.
Una situación muy distinta a la que planteaba en 2008 -año en el que se inauguró la primera unidad externa- Mercedes Gallizo. El
objetivo era que la mayoría de las madres que no supusiesen un riesgo
para la sociedad alcanzasen los grados que permitiesen sacar a los niños
de prisión. "Hicimos estudios individualizados y prácticamente
todas, a excepción de casos muy singulares de larguísimas condenas o
delitos muy graves, podían convivir en estos hogares, más que
prisiones", explica Gallizo.
El cambio de gobierno, y con éste de la dirección y
política penitenciaria, también modificó ese objetivo y en la actualidad
las presas preventivas ya no pueden acudir a estos centros.
Concepción Yagüe,
subdirectora de Tratamiento con Gallizo, cree que se debe a una cuestión
eminentemente política y, en parte, económica. "Era el proyecto
estrella del anterior gobierno y ahora no se está potenciando por una
consideración ideológica. Además es más caro de mantener". Para Nistal,
miembro de la nueva dirección, el cambio se ha debido a la experiencia y a que el planteamiento original no se ajustaba a la realidad: "Se hizo la teoría para vender el modelo de construcción, pero una cosa es la teoría y otra la práctica".
A todo lo anterior se suma que, si
la madre debe permanecer en prisión cuando su hijo cumple los tres
años, deberá ser un familiar el que se haga cargo del pequeño. Un familiar que hasta ese momento ha podido vivir a cientos de kilómetros. Así le sucedió a Claudia*,
que tenía que hacer cerca de 400 kilómetros hasta la cárcel de Aranjuez
cada vez que quería visitar a su hija y a su nieta. "Al principio no se
quería venir, porque no me conocía de nada, pero a la segunda visita no
quería volver a la cárcel, aunque su madre estuviera allí, por lo que
decidimos sacarla con dos años", explica esta mujer, que ahora compagina
su trabajo con el cuidado de su nieta. "Consideramos que no era
oportuno para ella por las cosas que veía ahí. Se daba cuenta de todo,
de cuando la funcionaria hablaba mal a su madre, de cuando su madre
lloraba...". Lo que la niña vivía en prisión es un capítulo aparte de
esta condena invisible.
*Nombres cambiados a petición de las entrevistadas.
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