lunes, abril 20, 2015

Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el Informe SOCIAL de la Nación 2015.GSIA




 LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA


Este apartado del Informe ha sido elaborado por:
Asociación Grupo Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA)
gsiainfanciayadolescencia@gmail.com
En 2014, el 20 de noviembre, se cumplieron 25 años desde la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Este instrumento jurídico internacional fue ratificado por España el 30 de noviembre de 1990, pasando en consecuencia a formar parte de nuestro ordenamiento legal.
La Convención reconoce a todas las personas menores de los 18 años de edad como titulares de derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos sociales de los niños son los que se conocen como de “provisión”, y están contenidos en los artículos 24 al 29, referidos a la salud y acceso a servicios médicos, la seguridad social, a disfrutar de un nivel de vida adecuado y a la educación.
En estos 25 años transcurridos, han podido registrarse avances, en todo el mundo, en lo que se refiere a las condiciones de vida de niños y niñas, aunque estos no se corresponden todavía con lo que debería ser una vida de calidad en la infancia, ni tampoco a lo que podría esperarse del compromiso de los estados con las nuevas generaciones de seres humanos.
Los déficits observados no se limitan al ámbito de lo que se conoce como países no desarrollados, sino al contrario. En las naciones desarrolladas, si todavía estaban lejos de alcanzarse algunas metas de bienestar para los niños y niñas antes del comienzo de la crisis económica mundial, ésta no ha hecho otra cosa que agudizar los problemas para las familias con hijos pequeños.
Los resultados de esta situación son dramáticos para millones de niños y niñas en países, como el nuestro, que previamente a la crisis, ya se encontraba a la cola de los de la OCDE en lo que se refiere al conjunto de beneficios sociales para los niños y rozando la cabeza de los que presentaban un nivel más elevado de pobreza en la infancia.
Ya en años anteriores, algunas entidades no gubernamentales y defensoras de los derechos de niños y niñas, habían estudiado este tema, lo habían denunciado ante los medios y habían presentado propuestas ante diferentes instancias políticas del país, como el Congreso de los Diputados o el propio Gobierno de la nación. Sin embargo, en el año 2014, la cuestión saltó a la opinión pública y se convirtió en una de las preocupaciones principales para un mayor número de organizaciones así como para una buena parte de la ciudadanía.
Quizá la mecha fue encendida en el pasado mes de marzo, al divulgarse un estudio realizado por Caritas europea y referido a la pobreza de niños y familias en diferentes países de la Unión[1], entre los que se encontraba España. Pero la negación de la validez del dato, por parte de los responsables políticos, tanto en el nivel del Estado, como de algunas Comunidades Autónomas, pese a la detección de las graves carencias evidenciadas por los profesionales que trabajan de cerca con la infancia y la adolescencia, no hizo otra cosa que aumentar la conciencia respecto a la importancia del tema y la necesidad de hacerle frente.
Por desgracia ello no ha servido para que, de una vez por todas, se aborde un auténtico plan de lucha contra la pobreza infantil en España. Tal cosa fue la que hicieron, hace ya dos décadas, países como Gran Bretaña, que logró así rebajar drásticamente sus índices de pobreza infantil, en una perspectiva comparada con otros países industrializados[2]. Lo que sí tenemos, a cambio, es un buen número de estudios, que nos van a permitir, una vez más, sacar a la luz y mostrar las deficiencias en el cumplimiento de los derechos sociales de los niños y niñas en España, con especial incidencia en las desigualdades que se observan entre ellos, y de éste con otros grupos de población.
EL PRESUPUESTO PARA LA INFANCIA
El artículo 3.2. de la CDN establece que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables. Con este fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
En España, conocer lo que el Estado invierte realmente en la infancia no es una tarea nada fácil. Ello es debido a la especial distribución de competencias del estado autonómico, tanto como a la diversidad de conceptos presupuestarios en los que puede quedar reflejada tal inversión, pero también a cierta opacidad en la presentación de las cuentas y a una falta de sistematicidad en la recogida de datos referidos al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de este país.
Un notable y valioso esfuerzo para superar estas dificultades ha sido realizado durante el año 2014, probablemente influido por un estado de opinión favorable hacia la transparencia de las cuentas públicas, así como también por cierta repercusión de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a este respecto, en su informe sobre España del año 2010.
El mencionado esfuerzo se ha plasmado en un documento técnico, realizado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo y publicado por el Comité Español de UNICEF recientemente, en el que se analiza la inversión en políticas destinadas a la infancia por parte de las administraciones públicas[3],  La información que se ofrece a continuación está extraída de este documento.
En primer lugar, como puede observarse en el gráfico 1, entre 2007 (el año previo al inicio de la crisis) y 2010 se produce un incremento de la inversión en infancia de un 10,5% en euros constantes, que después cae un 16,4% hasta 2013, quedando así en niveles inferiores a los de 2007 (un 7,7% menor). En consecuencia puede decirse que, la inversión en políticas relacionadas con la infancia, en plena situación de crisis y elevados niveles de necesidad, es menos intensa sobre la población a la cual se dirige (los niños y las niñas) que en el año previo al  estallido de la misma.
Si se observa la inversión en políticas relacionadas con la infancia en relación con el PIB del país, puede verse que tiene un peso aproximado del 4% en el mismo y que la tendencia que ha seguido entre 2007 y 2013 es similar a la que se ha visto en términos absolutos y por niño/a, y así, entre 2007 y 2010 creció 0,4 puntos, pero entre 2010 y 2013 se ha reducido en 0,6 puntos, situándose en el nivel más bajo de los últimos años, con porcentajes inferiores a los que existían antes de la crisis (gráfico 2).

Al haberse realizado el documento en el que nos basamos con una orientación hacia los derechos del niño, analiza el gasto realizado en las 4 áreas que más arriba mencionábamos como integrantes de los derechos de “provisión” o derechos sociales de los niños y niñas. Esto representa una ventaja sobre otros análisis comparados que se realizan sobre la función “familia/infancia”, como es el caso de las estadísticas europeas.
De este modo puede verse que la evolución de cada una de las políticas a lo largo del tiempo sigue una tendencia diferente. Como bien señalan los autores del informe que comentamos, mientras la Educación, la Salud y el Bienestar social aumentan entre 2007 y 2010 para después caer en 2013 hasta situarse en niveles similares a los de 2007, las Prestaciones sociales aumentan en el primer tramo (2007-2010) y después se mantienen prácticamente constantes entre 2010 y 2013.  La Educación, que absorbe la mayor parte del presupuesto  destinado a infancia (más de 6 de cada 10 euros) es la que mayor recorte ha experimentado (unos 6.000 millones de euros entre 2010 y 2013). Asimismo, el área Bienestar social, siendo el menor en tamaño, sufre también importantes recortes (gráfico 3).
Otra comparación que ofrece este estudio resulta también altamente interesante, se trata de la referida al presupuesto destinado por las Comunidades Autónomas las cuales, como es sabido, detentan las competencias exclusivas en la mayor parte de las áreas de bienestar social. El análisis de los datos obtenidos ha permitido establecer cuatro grupos entre ellas:
  Las que más invertían en infancia en 2007 y que menos han reducido su inversión entre 2007 y 2013: País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón.
  Las que más invertían en infancia en 2007 pero que más reducen su inversión a lo largo de estos 6 años: Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y La Rioja.
  Las que menos invertían en infancia en 2007 pero al mismo tiempo menos reducen su inversión a lo largo del periodo: Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Cantabria.
  Las CCAA que menos invertían en infancia en 2007 y que más han reducido su inversión entre 2007 y 2013: Murcia,  Madrid y Canarias.

DESIGUALDAD Y POBREZA COMO PROBLEMAS DE LOS/AS NIÑOS/AS
España es un país con una muy alta tasa de pobreza infantil. La pobreza no se reduce a una carencia de medios económicos, sino que está asociada a la exclusión social y a la falta de acceso a servicios sociales, como los de atención a la primera  infancia, una educación de alta calidad y una vivienda adecuada. Para un niño o niña, también incluye no poder participar en las mismas actividades sociales y culturales que los demás niños de su edad.
La desigualdad no es solo la causa profunda de la pobreza, sino que también es una de sus consecuencias. Los niños nacidos en regiones o barrios económica y socialmente desfavorecidos, los niños con discapacidades o aquellos que proceden de minorías o de familias inmigrantes tienen más probabilidades de vivir en situación de desventaja. Los efectos de la pobreza y la exclusión sobre los niños y las niñas no se limitan a un sufrimiento de los mismos a corto plazo, sino que pueden durar toda la vida y tener continuidad en generaciones futuras.
Las tasas de pobreza infantil de España se encuentran entre las más elevadas de la UE. La crisis económica y financiera del período 2008-2013 no ha hecho más que agravar unas tasas crónicas de elevada pobreza infantil que ni el crecimiento económico del período 1997-2007 ni las políticas de transferencias y servicios han podido reducir[4].
Aunque el porcentaje estimado de población infantil española en riesgo de pobreza puede variar de unos estudios a otros, dependiendo del periodo de tiempo considerado, todos ellos coinciden en situarla en una proporción cercana a un tercio del total de niños y niñas del país[5]. La pobreza en España se concentra en los hogares con niños, siendo éste, precisamente, uno de los rasgos distintivos de la realidad social española. Como puede observarse en el gráfico siguiente, todos los hogares pobres con niños se sitúan por encima de la tasa media de hogares en situación de pobreza, en una proporción que aumenta a medida que la relación entre adultos y niños dependientes es menor.


Esa razón diferencial de pobreza, desfavorable para los niños, puede observarse también comparando cómo resultan afectadas las personas menores o mayores de 18 años (gráfico siguiente). Así puede verse que la tasa de pobreza para los niños y niñas es 7,7 puntos porcentuales superior a la media, mientras que la referida a los mayores de edad se queda casi 2 puntos por debajo de esa media.



LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Y LOS PODERES PÚBLICOS
Los estudios sobre pobreza infantil coinciden en señalar dos vías para abordar seriamente el problema de la pobreza que afecta a los niños y niñas: uno es aumentar la capacidad de sus progenitores o personas responsables para satisfacer sus necesidades (medidas sobre el mercado de trabajo, salarios y horarios) y el otro es disponer de un amplio y nutrido abanico de beneficios sociales, bien en forma de prestaciones o de servicios.
España ha mostrado siempre un retraso, en comparación con el resto de los países europeos, en lo que se refiere a lo que se dedica a prestaciones a favor de familia e infancia. Según muestra el gráfico siguiente, mientras en Europa (países de la UE17) están en un promedio superior al 2%, en nuestro país apenas se rozó el nivel del 1,5% en 2009-2010, volviendo a caer en el año siguiente.


De forma coherente con lo anterior, las cifras que muestran el efecto reductor de las prestaciones sobre la pobreza, muestran peores resultados en el caso de los niños (gráfico siguiente). Así, mientras que para los adultos y los hogares sin hijos esta reducción se mueve en una banda igual o superior al 50%, en el caso de las personas menores de 18 años y los hogares con hijos la banda se sitúa entre el 20 y el 30%.
Según otras fuentes[6], en España, después de las transferencias sociales, la pobreza infantil (severa) en 2012 sólo se reduce el 40% frente al 70% de la media de la UE-15 y el 68.4% de la UE-27, partiendo de tasas de pobreza severa muy similares. En los hogares pobres con niños sólo el 5% de sus ingresos proceden en este país de transferencias, frente al 24.4% en 2010 en el conjunto de la EU.
La Gran Recesión ha hecho que millones de niños padecieran sus efectos de manera inmediata (más que otros grupos vulnerables, como los ancianos, mejor protegidos por las prestaciones sociales). Sin embargo, el alcance y la naturaleza de las repercusiones de la crisis en la vida de los niños varían en cada país, en función de la intensidad de la recesión, la situación económica anterior, la solidez de la red de seguridad social y las respuestas políticas[7].
El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 consideraba la pobreza infantil como uno de los retos principales del momento, derivando su abordaje al Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016. Este segundo plan se hace eco, en efecto, de la Recomendación de la Comisión Europea de 2013 de: Invertir en Infancia: romper el ciclo de las desventajas[8] para lo cual se destina un Fondo Extraordinario de 17 millones íntegramente dedicado a la lucha contra la pobreza infantil, y asimismo se prevé un conjunto de actuaciones dirigidas al apoyo de las familias.
A pesar de ello, se ha criticado este plan por no ser un auténtico plan de lucha contra la pobreza infantil, ni establecer metas concretas o indicadores específicos para medir los avances que se pudieran lograr en esa lucha. Asimismo se estima que la partida extraordinaria de 17 millones de euros es insuficiente para tener un impacto directo y duradero en la reducción de la pobreza infantil además de no haberse especificado tampoco ni cómo va a repartirse ni a qué medidas del plan se va a destinar[9]
EXISTEN SOLUCIONES PARA REDUCIR LA POBREZA DE LOS/AS NIÑOS/AS
La realización de informes poniendo el foco en dimensionar la pobreza infantil o en denunciar la situación de carencia por la que atraviesa un gran número de niñas y niños en nuestro país, no ha estado exenta de propuestas concretas de acción desde las políticas públicas para atacar este grave problema, que pone en riesgo el presente y el futuro de buena parte de la actual generación de relevo.
En 2014 se ha constituido una Alianza para invertir en la Infancia en España, en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea. Las organizaciones que integran esta coalición[10] son en buena parte las que ya venían defendiendo la necesidad de prestar atención a la situación de los niños y niñas en nuestro país, desde que empezó la crisis, y elaborando propuestas que tienen varios puntos en común, como son los siguientes:
·         Fomentar un empleo respetuoso con las necesidades de los niños con la conciliación familiar y laboral y con la equidad de género.
·         Aproximar el gasto social en familias e infancia a la media europea.  
·         Revisar e incrementar el importe de la prestación por hijo a cargo, con miras a la implementación de una ayuda universal.
·         Revisar y mejorar otras ayudas y servicios públicos que garanticen la cobertura de necesidades básicas de niños y niñas (alimentación, salud, educación, vivienda y protección) con un especial foco en los grupos más vulnerables.
·         Apostar por unos servicios sociales incluyentes, accesibles y próximos a las familias y los niños.
·         Incluir la participación infantil y familiar en el desarrollo de las medidas anteriores.

-------------------------------------------------------------------

[3] La infancia en los presupuestos. Estimación de la inversión en las políticas relacionadas con la infancia en España y su evolución entre 2007 y 2013. http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/la_infancia_en_los_presupuestos_cpd4.pdf
[4] CEPS (2014)   Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas. Un informe de políticas nacionales. España. https://www.gitanos.org/upload/91/30/ES_Investing_in_children_2013_ES.pdf
[5] Save the Children (2013) 2.826.549 Razones la protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/644/INFORME.pdf
UNICEF (2014) La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un pacto social por la infancia http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf
[6] CEPS (2014)
[7] UNICEF (2014)  Los niños de la recesión. El impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos. http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/report_card_12._los_ninos_de_la_recesion.pdf
[8] COMISIÓN EUROPEA (2013) Invertir en Infancia: romper el ciclo de las desventajas http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/Recomendacion_de_la_Comision_Europea.pdf
[9] Save the Children (2014) Valoración sobre el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/668/Valoracion_Plan_Nacional_de_Accion_para_la_Inclusion_Social_2013-2016.pdf
[10] Los miembros de la Alianza son: Aldeas Infantiles SOS España, Aula para Todos, CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Cruz Roja Española, EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español), FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atentió i d’Educació a la Infancia i l’Adolescencia), Fundación Montessori Sin Fronteras, Fundación Secretariado Gitano, Plataforma de Infancia, Proyecto Solidario, Save the Children España y UNICEF Comité Español.

No hay comentarios: