Este
apartado del Informe ha sido elaborado por:
Asociación Grupo Sociología de la Infancia y la
Adolescencia (GSIA)
gsiainfanciayadolescencia@gmail.com
En 2014,
el 20 de noviembre, se cumplieron 25 años desde la aprobación por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Este instrumento jurídico internacional fue ratificado por España el 30 de noviembre
de 1990, pasando en consecuencia a formar parte de nuestro ordenamiento legal.
La
Convención reconoce a todas las personas menores de los 18 años de edad como
titulares de derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos sociales de
los niños son los que se conocen como de “provisión”, y están contenidos en los
artículos 24 al 29, referidos a la salud y acceso a servicios médicos, la
seguridad social, a disfrutar de un nivel de vida adecuado y a la educación.
En estos
25 años transcurridos, han podido registrarse avances, en todo el mundo, en lo
que se refiere a las condiciones de vida de niños y niñas, aunque estos no se
corresponden todavía con lo que debería ser una vida de calidad en la infancia,
ni tampoco a lo que podría esperarse del compromiso de los estados con las
nuevas generaciones de seres humanos.
Los
déficits observados no se limitan al ámbito de lo que se conoce como países no
desarrollados, sino al contrario. En las naciones desarrolladas, si todavía
estaban lejos de alcanzarse algunas metas de bienestar para los niños y niñas
antes del comienzo de la crisis económica mundial, ésta no ha hecho otra cosa
que agudizar los problemas para las familias con hijos pequeños.
Los
resultados de esta situación son dramáticos para millones de niños y niñas en
países, como el nuestro, que previamente a la crisis, ya se encontraba a la
cola de los de la OCDE en lo que se refiere al conjunto de beneficios sociales
para los niños y rozando la cabeza de los que presentaban un nivel más elevado
de pobreza en la infancia.
Ya en años
anteriores, algunas entidades no gubernamentales y defensoras de los derechos
de niños y niñas, habían estudiado este tema, lo habían denunciado ante los
medios y habían presentado propuestas ante diferentes instancias políticas del
país, como el Congreso de los Diputados o el propio Gobierno de la nación. Sin
embargo, en el año 2014, la cuestión saltó a la opinión pública y se convirtió
en una de las preocupaciones principales para un mayor número de organizaciones
así como para una buena parte de la ciudadanía.
Quizá la
mecha fue encendida en el pasado mes de marzo, al divulgarse un estudio
realizado por Caritas europea y referido a la pobreza de niños y familias en
diferentes países de la Unión[1],
entre los que se encontraba España. Pero la negación de la validez del dato,
por parte de los responsables políticos, tanto en el nivel del Estado, como de
algunas Comunidades Autónomas, pese a la detección de las graves carencias
evidenciadas por los profesionales que trabajan de cerca con la infancia y la
adolescencia, no hizo otra cosa que aumentar la conciencia respecto a la
importancia del tema y la necesidad de hacerle frente.
Por
desgracia ello no ha servido para que, de una vez por todas, se aborde un
auténtico plan de lucha contra la
pobreza infantil en España. Tal cosa fue la que hicieron, hace ya dos
décadas, países como Gran Bretaña, que logró así rebajar drásticamente sus
índices de pobreza infantil, en una perspectiva comparada con otros países
industrializados[2].
Lo que sí tenemos, a cambio, es un buen número de estudios, que nos van a
permitir, una vez más, sacar a la luz y mostrar las deficiencias en el
cumplimiento de los derechos sociales de los niños y niñas en España, con especial
incidencia en las desigualdades que se observan entre ellos, y de éste con
otros grupos de población.
EL PRESUPUESTO PARA LA INFANCIA
El
artículo 3.2. de la CDN establece que los Estados Partes se comprometen a
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables. Con este fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.
En España,
conocer lo que el Estado invierte realmente en la infancia no es una tarea nada
fácil. Ello es debido a la especial distribución de competencias del estado
autonómico, tanto como a la diversidad de conceptos presupuestarios en los que
puede quedar reflejada tal inversión, pero también a cierta opacidad en la
presentación de las cuentas y a una falta de sistematicidad en la recogida de
datos referidos al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de este país.
Un notable
y valioso esfuerzo para superar estas dificultades ha sido realizado durante el
año 2014, probablemente influido por un estado de opinión favorable hacia la
transparencia de las cuentas públicas, así como también por cierta repercusión
de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
a este respecto, en su informe sobre España del año 2010.
El
mencionado esfuerzo se ha plasmado en un documento técnico, realizado por el
Centro de Estudios Económicos Tomillo y publicado por el Comité Español de
UNICEF recientemente, en el que se analiza la inversión en políticas destinadas
a la infancia por parte de las administraciones públicas[3], La información que se ofrece a continuación
está extraída de este documento.
En primer
lugar, como puede observarse en el gráfico 1, entre 2007 (el año previo al
inicio de la crisis) y 2010 se produce un incremento de la inversión en
infancia de un 10,5% en euros constantes, que después cae un 16,4% hasta 2013,
quedando así en niveles inferiores a los de 2007 (un 7,7% menor). En
consecuencia puede decirse que, la inversión en políticas
relacionadas con la infancia,
en plena situación de crisis y elevados niveles
de necesidad, es menos intensa
sobre la población a la cual se dirige
(los niños y las niñas)
que en el año previo al estallido de la misma.
Si se observa
la inversión en políticas relacionadas con la infancia en relación con el PIB
del país, puede verse que tiene un peso aproximado del 4% en el mismo y que la tendencia que ha
seguido entre 2007 y 2013 es similar a la que se ha visto en términos absolutos
y por niño/a, y así, entre 2007 y 2010 creció 0,4 puntos, pero entre 2010 y
2013 se ha reducido en 0,6 puntos, situándose en el nivel más bajo de los
últimos años, con porcentajes inferiores a los que existían antes de la crisis
(gráfico 2).
Al haberse realizado el documento en
el que nos basamos con una orientación hacia los derechos del niño, analiza el
gasto realizado en las 4 áreas que más arriba mencionábamos como integrantes de
los derechos de “provisión” o derechos sociales de los niños y niñas. Esto
representa una ventaja sobre otros análisis comparados que se realizan sobre la
función “familia/infancia”, como es el caso de las estadísticas europeas.
De este modo puede verse que la
evolución de cada una de las políticas a lo largo del tiempo sigue una
tendencia diferente. Como bien señalan los autores del informe que comentamos,
mientras la Educación, la Salud y el
Bienestar social aumentan entre 2007 y 2010 para después caer en 2013 hasta
situarse en niveles similares a los de 2007, las Prestaciones sociales aumentan
en el primer tramo (2007-2010) y después se mantienen prácticamente constantes
entre 2010 y 2013. La Educación,
que absorbe la mayor parte del presupuesto
destinado a infancia (más de 6 de cada 10 euros) es la que mayor recorte
ha experimentado (unos 6.000 millones de euros entre 2010 y 2013). Asimismo, el
área Bienestar social, siendo el menor en tamaño, sufre también importantes
recortes (gráfico 3).
Otra
comparación que ofrece este estudio resulta también altamente interesante, se
trata de la referida al presupuesto destinado por las Comunidades Autónomas las
cuales, como es sabido, detentan las competencias exclusivas en la mayor parte
de las áreas de bienestar social. El análisis de los datos obtenidos ha
permitido establecer cuatro grupos entre ellas:
– Las que más invertían en infancia en 2007 y que menos han reducido
su inversión entre 2007 y 2013: País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón.
– Las que más invertían en infancia en 2007 pero que más reducen su inversión a lo largo de estos
6 años: Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y La Rioja.
– Las que menos invertían
en infancia en 2007 pero al mismo tiempo menos reducen su inversión a
lo largo del
periodo: Andalucía, Comunidad Foral de Navarra,
Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Cantabria.
– Las CCAA que menos
invertían en infancia
en 2007 y que más han reducido
su inversión entre 2007 y 2013: Murcia, Madrid
y Canarias.
DESIGUALDAD
Y POBREZA COMO PROBLEMAS DE LOS/AS NIÑOS/AS
España es
un país con una muy alta tasa de pobreza infantil. La pobreza
no se reduce a una carencia de medios
económicos, sino que está asociada a la exclusión social
y a la falta de acceso a servicios sociales, como los de atención a la primera infancia, una educación de alta calidad y una vivienda adecuada.
Para un niño o niña, también incluye no poder participar en las mismas actividades sociales y culturales que los demás niños de su edad.
La desigualdad no es solo la causa profunda de la pobreza, sino que también es una de sus
consecuencias. Los niños nacidos en regiones o barrios económica y socialmente desfavorecidos, los niños con discapacidades o aquellos que proceden de minorías o de familias inmigrantes tienen más probabilidades de vivir en situación de desventaja. Los efectos de la pobreza y la exclusión sobre los niños y las niñas no se
limitan a un sufrimiento de los mismos a corto plazo, sino que pueden durar toda la vida y tener
continuidad en generaciones futuras.
Las tasas de pobreza
infantil de España se encuentran entre las más elevadas de la UE. La crisis
económica y financiera del período 2008-2013 no ha hecho más que agravar unas
tasas crónicas de elevada pobreza infantil que ni el crecimiento económico del
período 1997-2007 ni las políticas de transferencias y servicios han podido
reducir[4].
Aunque el porcentaje
estimado de población infantil española en riesgo de pobreza puede variar de
unos estudios a otros, dependiendo del periodo de tiempo considerado, todos
ellos coinciden en situarla en una proporción cercana a un tercio del total de
niños y niñas del país[5]. La pobreza en
España se concentra en los hogares con niños, siendo éste, precisamente, uno de
los rasgos distintivos de la realidad social española. Como puede observarse en
el gráfico siguiente, todos los hogares pobres con niños se sitúan por encima
de la tasa media de hogares en situación de pobreza, en una proporción que
aumenta a medida que la relación entre adultos y niños dependientes es menor.
Esa razón diferencial de pobreza,
desfavorable para los niños, puede observarse también comparando cómo resultan
afectadas las personas menores o mayores de 18 años (gráfico siguiente). Así
puede verse que la tasa de pobreza para los niños y niñas es 7,7 puntos
porcentuales superior a la media, mientras que la referida a los mayores de
edad se queda casi 2 puntos por debajo de esa media.
LA
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Y LOS PODERES PÚBLICOS
Los estudios sobre pobreza infantil
coinciden en señalar dos vías para abordar seriamente el problema de la pobreza
que afecta a los niños y niñas: uno es aumentar la capacidad de sus
progenitores o personas responsables para satisfacer sus necesidades (medidas
sobre el mercado de trabajo, salarios y horarios) y el otro es disponer de un
amplio y nutrido abanico de beneficios sociales, bien en forma de prestaciones
o de servicios.
España ha mostrado siempre un
retraso, en comparación con el resto de los países europeos, en lo que se
refiere a lo que se dedica a prestaciones a favor de familia e infancia. Según
muestra el gráfico siguiente, mientras en Europa (países de la UE17) están en
un promedio superior al 2%, en nuestro país apenas se rozó el nivel del 1,5% en
2009-2010, volviendo a caer en el año siguiente.
De forma coherente con lo anterior, las cifras que muestran el efecto reductor de las prestaciones sobre la pobreza, muestran peores resultados en el caso de los niños (gráfico siguiente). Así, mientras que para los adultos y los hogares sin hijos esta reducción se mueve en una banda igual o superior al 50%, en el caso de las personas menores de 18 años y los hogares con hijos la banda se sitúa entre el 20 y el 30%.
La Gran Recesión ha hecho que millones de niños padecieran sus
efectos de manera inmediata (más que otros grupos vulnerables, como los
ancianos, mejor protegidos por las prestaciones sociales). Sin embargo, el
alcance y la naturaleza de las repercusiones de la crisis en la vida de los
niños varían en cada país, en función de la intensidad de la recesión, la
situación económica anterior, la solidez de la red de seguridad social y las
respuestas políticas[7].
El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2013-2016 consideraba la pobreza infantil como uno de los retos principales del
momento, derivando su abordaje al Plan Nacional para la Inclusión Social
2013-2016. Este segundo plan se hace eco, en efecto, de la Recomendación de la
Comisión Europea de 2013 de: Invertir en
Infancia: romper el ciclo de las desventajas[8]
para lo cual se destina un Fondo Extraordinario de 17 millones íntegramente
dedicado a la lucha contra la pobreza infantil, y asimismo se prevé un conjunto
de actuaciones dirigidas al apoyo de las familias.
A pesar de ello, se ha criticado este plan por no ser un auténtico
plan de lucha contra la pobreza infantil, ni establecer metas concretas o
indicadores específicos para medir los avances que se pudieran lograr en esa
lucha. Asimismo se estima que la partida extraordinaria de 17 millones de euros
es insuficiente para tener un impacto directo y duradero en la reducción de la
pobreza infantil además de no haberse especificado tampoco ni cómo va a
repartirse ni a qué medidas del plan se va a destinar[9]
EXISTEN SOLUCIONES PARA REDUCIR LA POBREZA DE LOS/AS NIÑOS/AS
La realización de informes poniendo el foco en dimensionar la
pobreza infantil o en denunciar la situación de carencia por la que atraviesa
un gran número de niñas y niños en nuestro país, no ha estado exenta de
propuestas concretas de acción desde las políticas públicas para atacar este
grave problema, que pone en riesgo el presente y el futuro de buena parte de la
actual generación de relevo.
En 2014 se ha constituido una Alianza para invertir en la Infancia
en España, en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea. Las
organizaciones que integran esta coalición[10] son en buena parte
las que ya venían defendiendo la necesidad de prestar atención a la situación
de los niños y niñas en nuestro país, desde que empezó la crisis, y elaborando
propuestas que tienen varios puntos en común, como son los siguientes:
·
Fomentar un empleo respetuoso con las necesidades de los niños con
la conciliación familiar y laboral y con la equidad de género.
·
Aproximar el gasto social en familias e infancia a la media europea.
·
Revisar e incrementar el
importe de la prestación por hijo a cargo, con miras a la implementación de una
ayuda universal.
·
Revisar y mejorar otras ayudas y servicios públicos que garanticen la cobertura de necesidades básicas de niños y niñas (alimentación, salud, educación, vivienda y protección) con un especial foco en los grupos más vulnerables.
·
Apostar por unos servicios
sociales incluyentes, accesibles y próximos a las familias y los niños.
·
Incluir la participación
infantil y familiar en el desarrollo de las medidas anteriores.
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[3]
La infancia en los presupuestos.
Estimación de la inversión en las políticas relacionadas con la infancia en
España y su evolución entre 2007 y 2013. http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/la_infancia_en_los_presupuestos_cpd4.pdf
[4]
CEPS (2014) Invertir en la infancia:
romper el ciclo de las desventajas. Un informe de políticas nacionales. España.
https://www.gitanos.org/upload/91/30/ES_Investing_in_children_2013_ES.pdf
[5] Save the Children
(2013) 2.826.549 Razones la protección de
la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/644/INFORME.pdf
UNICEF
(2014) La
infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un pacto social
por la infancia http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf
[6]
CEPS (2014)
[7]
UNICEF (2014) Los niños de la recesión. El impacto de la crisis económica en el
bienestar infantil en los países ricos. http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/report_card_12._los_ninos_de_la_recesion.pdf
[8]
COMISIÓN EUROPEA (2013) Invertir en Infancia:
romper el ciclo de las desventajas http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/Recomendacion_de_la_Comision_Europea.pdf
[9]
Save the Children (2014) Valoración sobre el Plan Nacional de Acción
para la Inclusión Social 2013-2016. http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/668/Valoracion_Plan_Nacional_de_Accion_para_la_Inclusion_Social_2013-2016.pdf
[10]
Los miembros de la Alianza son: Aldeas
Infantiles SOS España, Aula para Todos, CERMI (Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad), Cruz Roja Española, EAPN España (Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español), FEDAIA
(Federació d’Entitats d’Atentió i d’Educació a la Infancia i l’Adolescencia),
Fundación Montessori Sin Fronteras, Fundación Secretariado Gitano, Plataforma
de Infancia, Proyecto Solidario, Save the Children España y UNICEF Comité
Español.
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