Resumen 2013 de los derechos del niño
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Enero comenzaba con conflictos armados que se cobraban numerosas víctimas entre la población civil. La escalada de violencia en la
República Centroafricana
ya había afectado a unos 300.000 niños víctimas de desplazamientos,
separación familiar, violencia sexual y reclutamiento forzoso en grupos
armados. Seis meses después el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, ACNUR,
describía el
conflicto como “la crisis más olvidada del mundo” en un país “abandonado a su suerte”. Mientras, en
Malí,
la Corte Penal Internacional abría una investigación sobre crímenes de
guerra por actos cometidos durante el conflicto del país desde enero de
2012.
Las malas noticias continuaban en Arabia
Saudí, donde una trabajadora doméstica fue decapitada
por matar presuntamente a un bebé a su cuidado en 2005, cuando tenía 17
años, a pesar de los informes que señalaban que se vio presionada a
confesar el asesinato. El caso renovó la atención
sobre las más de 45 trabajadoras domésticas extranjeras que se enfrentan
a la pena de muerte en Arabia Saudí por presunto maltrato de niños,
brujería y actos de autodefensa contra intentos de violación por parte
de sus empleadores. Irán
también ejecutó a un hombre de 21 años por un asesinato que cometió presuntamente cuando era menor.
Este mes también estuvo marcado por el cambio de actitud hacia la violencia sexual contra los niños que se produjo en el Reino
Unido ante la aparición de un número cada vez mayor de
acusaciones de abusos sexuales dirigidas contra personajes públicos muy
respetados en el pasado. Se cree que
una
de esas personalidades podría haber abusado de cientos de personas
durante seis décadas, muchas de ellas niños, en hospitales, colegios y
hospicios infantiles. A finales de año el escándalo sexual había ayudado
a que el número total de denuncias por violencia
sexual aumentara en un 81 por ciento.
En enero, CRIN también lanzó su proyecto global sobre el
acceso a la justicia
para los niños, que pretende resaltar cómo se pueden utilizar los
sistemas nacionales de justicia para combatir las violaciones de los
derechos del niño y cómo los niños pueden utilizar la ley para hacer
valer sus propios derechos. Además tratamos de indicar
en qué se queda corta la ley y de qué forma los sistemas de justicia
hacen difícil o imposible combatir las violaciones de derechos.
En febrero, el papa Benedicto XVI, cabeza de la Iglesia católica desde 2005, anunciaba su
retirada
dejando la institución marcada por el escándalo de los abusos sexuales
infantiles de proporciones mundiales.
Su propio legado también soporta el peso de este escándalo. Antes de que Benedicto fuera elegido Papa, fue cardenal de Juan Pablo II y se le asignó la tarea de controlar la crisis de los abusos. Muchos activistas afirman que hizo la vista gorda sobre las políticas inadecuadas de muchas iglesias locales y que incluso permitió el traslado de los sacerdotes de una parroquia a otra en lugar de expulsarlos y entregarlos a las autoridades.
Su propio legado también soporta el peso de este escándalo. Antes de que Benedicto fuera elegido Papa, fue cardenal de Juan Pablo II y se le asignó la tarea de controlar la crisis de los abusos. Muchos activistas afirman que hizo la vista gorda sobre las políticas inadecuadas de muchas iglesias locales y que incluso permitió el traslado de los sacerdotes de una parroquia a otra en lugar de expulsarlos y entregarlos a las autoridades.
Las consecuencias de los levantamientos populares continuaron notándose en Oriente Medio. Cuando el conflicto en Siria
se acercaba al final de su segundo año con unos 70.000 muertos,
aparecían informes que indicaban que las fuerzas pro gubernamentales y
milicias afines estaban asesinando, torturando y violando a muchos
niños. El asesinato de un manifestante de 16 años en
Bahréin
demostraba que la violencia por parte del Estado seguía, y todavía sigue, caracterizando las protestas. Y en Egipto,
después del estallido de protestas tras el segundo aniversario del
levantamiento de 2011, se cree que unos 400 niños fueron detenidos en
campamentos de prisioneros utilizados anteriormente para presos
políticos.
En las Maldivas
una niña de 15 años víctima de una violación fue condenada a 100
latigazos por tener relaciones sexuales antes del matrimonio. En agosto,
la sentencia fue anulada. Esto ocurrió tras la visita en mayo de Marta
Santos Pais, Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, que
instó al Presidente a que aboliera las sentencias de muerte y
degradantes para los niños, incluso como sentencias penales. Puede leer
más sobre la campaña de CRIN para poner fin a las
sentencias inhumanas contra los niños.
También en febrero, CRIN creó un informe
que analizaba los posibles avances en los derechos del niño mediante el
asesoramiento jurídico, presentando casos de todo el mundo donde los
tribunales habían citado, hecho referencia y discutido la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Marzo estuvo marcado por la atención
de las Naciones Unidas al derecho del niño a la salud. El Comité de los
Derechos del Niño publicó su
Observación General Nº15 sobre el
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y el Consejo de Derechos Humanos trató el mismo tema en su reunión
anual sobre los derechos del niño.
Arabia Saudí
fue otra vez titular
en marzo después de que las autoridades ejecutaran a siete jóvenes
condenados por un robo a mano armada que cometieron presuntamente siendo
menores de 18 años. Las confesiones se obtuvieron mediante tortura y
amenazas presuntamente. Mientras, en Yemen,
socios de CRIN confirmaban que un joven había sido ejecutado por un
pelotón de fusilamiento a pesar de la existencia de pruebas que
indicaban que era menor cuando cometió su presunto delito. Al menos 15
jóvenes más han sido ejecutados en los últimos cinco
años en Yemen y al menos otros 22 están esperando su ejecución.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas lograron adoptar una nueva Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia
contra las mujeres y niñas, a pesar de las profundas diferencias respecto a su contenido entre las naciones musulmanas y occidentales.
A finales de marzo, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos finalizó su 147º Período de Sesiones. Las sesiones
sobre los derechos del niño trataron entre otros temas de la detención
de los niños en prisiones para adultos en Estados
Unidos, los derechos sexuales y reproductivos en América Central y del
Sur, la violencia contra las mujeres y niñas indígenas en Canadá y
América Central y el derecho de los niños intersexuales a ser protegidos
de cirugía innecesaria. Lea el
resumen completo de la sesión.
Abril estuvo marcado por la renovada
atención sobre los defensores de los derechos humanos y las
restricciones y violencia a las que se enfrentan debido a su trabajo. La
Directora de la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos, Madame Catherine Dupe Atoki,
condenó cualquier represalia contra los defensores de los derechos
humanos que colaboran con el mecanismo. Afirmó que “los ataques contra
los defensores de los derechos humanos o cualquier
persona comprometida con la Comisión Africana son ataques contra la
propia Comisión”.
Aparecieron informes que señalaban que en Rusia
se habían llevado a cabo inspecciones sorpresa a organizaciones tras la
entrada en vigor de la ley de ONG que etiqueta a las organizaciones que
reciben fondos del exterior como “agentes extranjeros”. El Comisario
para los derechos humanos en Rusia, Vladimir
Lukin, interpuso un recurso contra algunas disposiciones
de la ley pero fue rechazado más tarde por
el fiscal general.
La violencia sexual contra los niños también fue un tema central del mes, ya que
Australia
inició una investigación nacional sobre abusos sexuales a niños dentro
de las instituciones incluyendo grupos religiosos, organizaciones
benéficas, instituciones estatales de prestación de asistencia y otros
organismos del Estado. En octubre, los informes
policiales revelaron
que la Iglesia católica había intentado alcanzar un acuerdo con la
Policía de Nueva Gales del Sur para que dejara de investigar los
presuntos abusos de sacerdotes y, por lo tanto, infringiera la Ley
penal.
En abril también se avanzó enormemente hacia la igualdad, ya que Nueva
Zelanda, Uruguay
y Francia
legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el
Parlamento francés también legalizó la adopción por parejas del mismo
sexo.
Por último en abril, CRIN publicó una guía
para
explicar el tercer Protocolo facultativo de la CDN sobre el mecanismo
de denuncias. A finales de año, el mecanismo de denuncias había sido
ratificado por nueve Estados, por lo que solo quedaba una ratificación
para que entrara en vigor.
En mayo, en Estados
Unidos, la organización Boy Scouts de América terminó
con la prohibición, después de 22 años, de admitir scouts abiertamente
gais. Sin embargo, continúa rechazando a los scouts adultos abiertamente
gais, lo cual significa que los scouts tendrán
que abandonar la organización cuando cumplan 18 años. Sin embargo, el
grupo defensor de los derechos gais, Glaad, tiene la esperanza de que la
aceptación de los jóvenes gais sea una clara indicación de que los
adultos gais también serán aceptados en un futuro.
Un estudio encargado por las Naciones Unidas reveló que la hambruna que afectó al Cuerno
de África entre octubre de 2010 y abril de 2011 se
cobró la vida de más de un cuarto de millón de personas solamente en
Somalia, la mitad niños menores de 5 años, debido en parte al fracaso de
la comunidad internacional a la hora de responder
a las señales de aviso. Según el estudio, en los momentos más graves de
la crisis, entre mayo y agosto de 2011, más de 30.000 personas morían
cada mes en Somalia.
También en mayo, el Tribunal Supremo de Italia
anuló la política nacional anti-gitanos, la llamada “emergencia
nómada”, que había provocado que aumentara la discriminación contra los
gitanos y se violaran ampliamente los derechos humanos, como el hecho de
privarles de garantías contra los desalojos forzados
que dejó a miles sin hogar.
En mayo también entró en vigor el Protocolo
facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) que establece un mecanismo
de denuncias. Permite a las personas reclamar justicia
cuando, por ejemplo, se violen sus derechos a la alimentación, a una
vivienda digna, a la educación o a la salud.
En junio, según un informe de la comisión de investigación de las Naciones Unidas en Siria,
la guerra civil allí alcanzó “nuevas cotas de brutalidad” como muestra
el hecho de que los niños fueran utilizados como rehenes, forzados a ver
escenas de tortura e incluso a tomar parte en decapitaciones. Antes de
finalizar el mes siguiente el
número de víctimas en dos años llegaba a 100.000.
La muerte de una niña de 13 años en Egipto
durante la mutilación genital femenina volvió a centrar la atención en
los peligros de esta práctica. A pesar de ser ilegal desde 2008, se
estima que el 75 por ciento de las mujeres en zonas rurales del país han
sido sometidas a esta práctica y es común también
en zonas urbanas. Por otra parte, Uruguay
llevaba a cabo su primera estadística sobre la violencia de género, que
identificó que el mayor número de víctimas se encontraba en el grupo de
mujeres y niñas con edades comprendidas entre los 15 y 18 años.
El Comité de los Derechos del Niño publicó un nuevo comentario general sobre el
interés superior del niño.
El Comité señaló que es un concepto dinámico que abarca diversos temas
en constante evolución y, por lo tanto, el comentario general no
pretende establecer lo que es mejor para el niño en una situación
concreta, sino más bien proporcionar un marco de referencia
para evaluar y determinar el interés superior del niño. Esta
observación general se une a una serie de observaciones que se han
adoptado recientemente: los
derechos del niño y el sector empresarial, derecho
a la salud y derecho a jugar.
En el Día mundial contra el trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo publicó un
informe
mundial detallando el abuso que sufrían los trabajadores domésticos.
Anteriormente, la Liga contra la Esclavitud había publicado un informe
que examinaba el bienestar psicológico de los niños trabajadores
domésticos en tres continentes, para el cual entrevistó a unos 3.000
niños, la mitad de los cuales realizaba trabajos domésticos remunerados o
no remunerados.
En julio el Comité de los Derechos del Niño tomaba un paso histórico al pedir a la
Santa Sede
que remitiera información sobre casos de violencia sexual contra niñas,
niños y adolescentes cometida por clérigos católicos por todo el mundo y
que fueron notificados al Vaticano. La solicitud de información incluyó
detalles sobre qué investigaciones realizaron
las autoridades vaticanas, qué medidas preventivas fueron
implementadas, y qué tipo de asistencia y compensación se ofreció a las
víctimas. Antes de su fecha de comparecencia ante el Comité, la Santa
Sede remitía su informe al
mismo en el que no proporcionó la información previamente solicitada
por el Comité, alegando que no es responsable por los casos de abuso
cometidos fuera de su territorio. Llegado el día de comparecencia en
enero de 2014, la delegación vaticana esquivaría la
preguntas de los miembros del Comité, provocando que éstos tuvieran que
insistir y repreguntar sobre los abusos y su encubrimiento sistemático.
También en enero, y para coincidir con el interrogatorio de la Santa Sede, CRIN lanzó una nueva
campaña que busca acabar con la violencia sexual contra menores en instituciones cerradas religiosas, así como un informe sobre
el problema dentro de instituciones católicas.
La crisis política en Egipto
alcanzaba su nivel más alto en julio, mes en que las fuerzas armadas
del país derrocaban el primer presidente egipcio elegido libremente,
Mohamed Morsi, y acallaban las protestas de sus seguidores. Por un lado
comentaristas políticos acusaron al ejército de
llevar a cabo un golpe de estado, y por otro lado condenaron a los
Hermanos Musulmanes por aprobar leyes a las que se oponían millones de
civiles. Más tarde, alrededor de
800
personas perdían la vida en enfrentamientos en agosto,
la mayoría seguidores del derrocado Morsi. Hoy día el número de muertos
excede los
1.000.
También en julio, un estudio sobre los libros de
texto en escuelas en Pakistán demostraba que 22 libros contienen
capítulos con aspectos discriminatorios contra las minorías religiosas,
incluyendo comentarios ofensivos y datos distorsionados
sobres hechos históricos. Más tarde en octubre, Farida Shaheed, la
Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales,
diría que
los libros
de texto de historia que no presentan versiones objetivas de hechos
históricos son incompatibles con el derecho de los niños a la educación,
el derecho a la libertad de expresión y el derecho de toda persona al
disfrute pleno de su propio patrimonio cultural.
Polémicas similares a la de Pakistán también han surgido en Chile,
Irán, Israel, Japón y
Corea del Sur.
Agosto trajo consigo varias
iniciativas progresivas. En Australia y Nueva Zelanda expertos en salud
infantil lanzaban una campaña que busca
anular
las leyes que permite a padres pegar a
sus niños en nombre de la disciplina. El Real Colegio Australasiano de
Médicos, que representa a 14.000 médicos, recomienda reformar las leyes
actuales con el fin de abolir todo tipo de castigo
físico para que los menores disfruten del mismo nivel de protección
contra las agresiones que los adultos.
También en agosto la ONU lanzaba una campaña de
educación pública diseñada para concienciar sobre la violencia
homofóbica y transfóbica y la discriminación, así como para fomentar el
respeto hacia los derechos humanos de personas LGBT. El
objetivo de la campaña “Libres e iguales” es apurar un cambio en las actitudes
hacia personas LGBT haciendo frente a los estereotipos negativos y desacreditando ideas equivocadas sobre esta comunidad.
Las buenas noticias de agosto terminaban cuando se supo que las fuerzas armadas
sirias
habían utilizado armamento químico contra la población civil. Médicos
sin Fronteras confirmó que unas 3.600 personas fueron ingresadas en
hospitales mientras que 355 murieron, incluidos muchos menores.
El mes de septiembre se caracterizó por sus altibajos.
Arabia
Saudí aprobaba legislación que criminaliza por primera
vez en la historia del país la violencia doméstica. Anteriormente no
había legislación que estipulara cómo los jueces debería actuar en casos
de violencia doméstica, lo cual permitía a
jueces fallar según su propia definición de un crimen bajo la ley
islámica. Los activistas, sin embargo, alertaron a que la nueva ley
contiene varias omisiones, incluyendo el hecho de no definir
explícitamente la violación dentro del matrimonio como un crimen,
lo cual puede que resulte en que policías y jueces no consideren
ciertos actos como actos criminales.
Los intentos de parte de Rusia de guardar las
apariencias antes de los Juegos Olímpicos del Invierno de 2014 en Sochi
en medio de la crítica internacional debida a la mala la situación de
derechos humanos solo serviría para impulsar aún más
crítica. Periodistas denunciaron que habían sido amenazados y acosados
por haber publicado información sobre supuestos abusos de derechos
humanos, incluyendo expropiaciones forzadas en zonas en las que se
construirían estadios, el trato abusivo de obreros
migrantes que trabajaban en la construcción de escenarios deportivos, y
la ley que prohíbe la “propaganda” homosexual. Es más, Vladimir Putin
luego
prohibiría
todo tipo de manifestaciones durante más de dos meses en torno a los JJOO.
Este mismo mes, Venezuela
se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos, una decisión
condenada tanto por el sistema interamericano como por la ONU.
Octubre trajo consigo varias reformas positivas.
Honduras
se convertía en el 34º país del mundo, y el cuarto en Ámerica Latina,
en prohibir el castigo físico contra los niños en todos los ámbitos,
incluido el hogar. Ahora está prohibido “usar el castigo físico o
cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel
o inhumano como forma de corregir o disciplinar a niños y
adolescentes.”
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
incluía una serie de prácticas – incluida la cirugía genital no
consentida – dentro de una resolución sobre “el derecho de los niños a
la integridad física”. Incluida entre las disposiciones de la resolución
está la recomendación que urge a gobiernos nacionales
a restringir ciertas prácticas hasta que el niño o la niña alcance una
edad suficiente para dar su propio consentimiento o no darlo. Unos días
antes, los defensores
del niño de cinco países nórdicos acordaban trabajar
con sus respectivos gobiernos para que se restringa la circuncisión
masculina con el fin de que no siga siendo practicada en menores de edad
sin su consentimiento y sin justificación médica.
Los representantes de asociaciones de pediatras y cirujanos pediátricos
de países nórdicos también apoyan la iniciativa.
También en octubre los medios de comunicación
mundiales eran criticados por su cobertura "irresponsable” y
"sensacionalista" de los casos sobre niños que viven en
comunidades
gitanas en Europa. Los casos tenían que ver con niños
cuyo aspecto físico (pelo rubio, piel blanca y ojos claros) no
correspondían con el de otras personas gitanas, que se cree
equivocadamente que todos tienen la piel y rasgos oscuros. Basándose
únicamente en esta suposición, agentes de la policía de varios países
quitaron varios niños gitanos de sus familias. Más tarde serían
devueltos a ellas tras realizar pruebas del ADN.
Este mismo mes se supo que las autoridades de la franja de
Gaza
habían ejecutado un joven que había sido condenado por dos asesinatos,
incluido uno que supuestamente habría cometido a los 14 años. Su abogado
dijo que el joven se había confesado culpable del primer asesinato tras
ser torturado durante su interrogación.
Las malas noticias continuaban con la noticia de que la tasa de suicidio de la comunidad Guaraní de
Brasil es 34 veces más alta que el promedio nacional y
“sin precedentes a nivel internacional”. La
mayoría de las víctimas tenía entre 15 y 29 años, el más joven teniendo
tan solo nueve. Las comunidades indígenas de Australia,
Botsuana y
Canadá también presentan un índice de suicidio bien
por encima del resto de la población nacional.
En noviembre, 14
Estados eran elegidos o reelegidos para servir en el órgano principal de
derechos humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Antes de
las elecciones, más de 40 organizaciones firmaron
y mandaron una carta al
Secretario General de la ONU en la que expresaban su preocupación sobre
cómo se puede permitir a Estados conocidos por cometer flagrantes
abusos de los derechos humanos y no respetar el sistema de la ONU servir
en el Consejo. En particular, se cuestionó la
presencia entre los países candidatos de China, Rusia y Arabia Saudí.
Los tres consiguieron puestos en el Consejo.
En virtud de un informe de noviembre, el conflicto en Siria
había cobrado la vida de más de 11.000 niñas, niños y adolescentes. La
mayoría de ellos habían muerto en bombardeos, pero muchos también habían
sido matados a propósito. Unos 800 niños fueron ejecutados, casi 400
murieron tras ser disparados por francotiradores,
y más de 100 niños – algunos de edad infantil – presentaban signos de
haber sido torturados.
Este mismo mes se destacaba la situación grave de los
migrantes provenientes de África y Oriente Medio después de suceder una
serie de tragedias en las que un gran número de personas morían
intentando llegar a Europa, incluyendo un incidente en
el que
365 personas se ahogaron tras volcarse la barca en la que viajaban cuando se aproximaban a la isla italiana de Lampedusa.
Un momento más positivo de noviembre era cuando el parlamento de
Sudán
del Sur aprobaba la ratificación de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Con su próxima 194ª ratificación, quedarán
Somalia y Estados Unidos como los únicos dos país que no han ratificado
la Convención.
Y finalmente en noviembre, Bélgica
avanzaba un paso más hacia la eliminación de una edad mínima en
relación al derecho de morir. La iniciativa es en respuesta a la
realidad de niñas, niños y adolescentes con enfermedades terminales. “Lo
están pidiendo,”
dijo la
catedrática Dominique Biarent, que
dirige la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Reina
Fabiola. “Hemos sido educados para que curemos a la gente ante todo.
Nuestro objetivo es intentar curar a un paciente. Pero claro, el segundo
objetivo es cuidarlo. Y cuidar también supone
ofrecer la condiciones para morir en dignidad.”
El mes de diciembre concluía el año con malas noticias. Meses después del despido del ex vicepresidentee de Sudán
del Sur, Riek Machar, se produjeron enfrentamientos violentos entre
el ejército y grupos armados fieles a Machar. Llegado el año nuevo, la
violencia había desplazado a más de 200,000 personas y cobrado la vida
de entre 1.000
y 10.000 personas.
La situación en la República
Centroafricana continuaba empeorando. Desde que los rebeldes Séléka
instigaron ataques hace más de un año y obligaron al Presidente
François Bozizé a que se fugara en marzo, se cree que miles de personas
han muerto, casi un millón han sido desplazados,
y unos 2,2 millones – alrededor de la mitad de la población – necesitan
ayuda humanitaria.
Y finalmente en diciembre, 71 periodistas fueron asesinados en 2013 a
causa de sus labores, según la organización Reporteros sin
Fronteras. El número de secuestros y violaciones generales a los
derechos de periodistas incrementó un 129 por ciento el año
pasado.
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