martes, julio 02, 2013

La (in) justicia en casos de abuso sexual contra la infancia

La (in) justicia en casos de abuso sexual contra la infancia
Situación en Chile

La (in) justicia en casos de abuso sexual contra la infancia
A pesar de los avances en materia legislativa,

también se requieren cambios sociales y culturales.

Estas situaciones de abuso sexual nos muestran

la urgente necesidad de cambiar el paradigma de la niñez.
La sociedad chilena ha cambiado. En el último tiempo, diversos movimientos sociales han exigido al Estado más derechos en el ámbito de la educación, la salud, el medioambiente, la orientación sexual o el ocio. Ello ha significado que se comiencen a cuestionar las relaciones de poder que sustentaban prácticas abusivas, discriminadoras y utilitaristas, reclamando por más justicia, libertad y respeto para todas las personas que habitan en este país. Ciertamente, estas demandas ciudadanas han influido en el debate electoral.

El tema del abuso sexual en contra de la infancia no ha estado presente en la agenda del debate electoral. Unos días antes de renunciar a su cargo como Directora general de ONU Mujeres, Michelle Bachelet señaló la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, entre las cuales el abuso sexual es una de las más graves. No obstante, al revisar los compromisos de los primeros días de su eventual gobierno, no aparece la elaboración de una Política Pública explícita y específica que proteja los derechos de la infancia en general, ni de la violencia sexual que sufren las niñas y los niños en particular. Por su parte, Pablo Longueira no ha presentado un programa de gobierno, ni tampoco se ha referido a políticas públicas específicas para la niñez, solo ha señalado que dará continuidad al quehacer del actual gobierno.

El testimonio que diera James Hamilton en 2011 -acusando al sacerdote Fernando Karadima de abusos sexuales en contra de él y otros jóvenes cuando eran adolescentes menores de 18 años-, simbolizó claramente una ruptura con el tabú y la negación que generalmente rodea este tema e instaló una nueva sensibilidad social. Prueba de esto, fue el aumento en las denuncias por casos de abuso sexual infantil ocurridos en las iglesias católica y protestante y en centros educativos preescolares y escolares. Según datos del MINSAL (2011), la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas; y sus agresores, hombres; además, en el 60% de los casos los abusadores son conocidos del entorno familiar. Sin embargo, esta sensibilidad y preocupación aún no ha sido plasmada en leyes que protejan efectivamente los derechos de la infancia en Chile.

En el último tiempo, se han conocido algunos casos de niñas y niños víctimas de abusos sexuales que han causado gran impacto mediático. Pero, más allá del impacto, se trata de una violencia recurrente, se estima que cada 20 minutos se comete algún tipo de violencia o tortura de tipo sexual en contra de la niñez. Por ejemplo, en 2012, se denunció al Auxiliar de aseo de un Centro preescolar (Macul), por haber violentado sexualmente a 29 niñas y niños. También el año pasado, se denunció al hijo de la dueña de un Jardín Infantil (Vitacura), por haber abusado de 7 niñas y niños. Actualmente ambos inculpados se encuentran en prisión preventiva a la espera de la sentencia judicial. Otro caso que causó gran impacto en la opinión pública se refiere a un joven que grabó en su Ipod los actos de violencia sexual cometidos en contra de una niña de 3 años y fue dejado solo con arresto nocturno; tras algunas semanas fue privado de su libertad. Por otro lado, hace poco la Corte Suprema anuló el 2º juicio que condenaba al ex gerente del Banco Central a 60 años de cárcel por el delito de violación a sus tres hijas de 9, 4 y 3 años de edad (reportaje CIPER). Ahora, las niñas deberán enfrentar un tercer juicio que implicará una re-victimización y la puesta en duda de sus testimonios, vulnerando sus derechos.  Por último, días atrás quedaron en libertad vigilada dos de los nueve acusados por el delito de explotación sexual infantil (Operación Heidi), entre los cuales se encuentra el productor televisivo, Jaime Román -quien asumió su culpabilidad. Según las pericias, existen altas probabilidades que debido a su personalidad él vuelva a cometer este tipo de delitos sexuales en contra de niñas y niños. Al revisar someramente estas experiencias de violencia y tortura sexual infantil queda la sensación de cierta impunidad ante este tipo de delitos y, por lo tanto, emerge una demanda social pendiente: que se haga justicia.

Actualmente, se hallan en el Congreso diversos proyectos de ley que garantizarían eficazmente los derechos de protección, prevención y participación de las niñas y los niños en nuestro país. Algunos de ellos son: Proyecto de Ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (Boletín 8911-18 del Senado); Proyecto de Ley que crea la Defensoría de Infancia (Boletín 8489-07 del Senado)o Defensoría del Niño (Boletín 8509-07 del Senado); y uno que puede resultar crucial para este tema en especial: Proyecto de Ley que Agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (Boletín 8677-07 del Senado).

A pesar de los avances en materia legislativa, también se requieren cambios sociales y culturales. Estas situaciones de abuso sexual nos muestran la urgente necesidad de cambiar el paradigma de la niñez. Es preciso que veamos a las niñas y los niños como sujetos de derechos y actores sociales que tienen la capacidad de actuar en la vida social, familiar y personal; transformando las relaciones de poder que facilitan situaciones de abuso por parte de las personas adultas, ya que éstas están situadas en posiciones de autoridad (adultocéntricas) para idealmente proteger y no vulnerar sus derechos. Indudablemente, este reconocimiento social y jurídico de los niños y, particularmente de las niñas, hará posible que se vean a sí mismas y exijan ser tratadas como personas con dignidad y respeto; y que toda la sociedad se sensibilice un poco más.


Iskra Pavez Soto, miembro Asociación GSIA
Doctora en Sociología, Magíster y Diplomada en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona; Experta en Políticas Sociales de Infancia por la Universidad Complutense de Madrid; Diplomada en Estudios de Género por la Universidad de Chile y Trabajadora Social UTEM.
Actualmente es Investigadora responsable del Proyecto FONDECYT: “La infancia como sujeto de las políticas públicas e intervenciones sociales. El caso de la niñez migrante en el Chile del siglo XXI”.

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