Situación en Chile
A pesar de los avances en materia legislativa,
también se requieren cambios sociales y culturales.
Estas situaciones de abuso sexual nos muestran
la urgente necesidad de cambiar el paradigma de la niñez.
La
sociedad chilena ha cambiado. En el último tiempo, diversos movimientos
sociales han exigido al Estado más derechos en el ámbito de la
educación, la salud, el medioambiente, la orientación sexual o el ocio.
Ello ha significado que se comiencen a cuestionar las relaciones de
poder que sustentaban prácticas abusivas, discriminadoras y
utilitaristas, reclamando por más justicia, libertad y respeto para
todas las personas que habitan en este país. Ciertamente, estas demandas
ciudadanas han influido en el debate electoral.
El tema del abuso sexual en contra de la infancia no ha estado
presente en la agenda del debate electoral. Unos días antes de renunciar
a su cargo como Directora general de ONU Mujeres, Michelle Bachelet
señaló la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas,
entre las cuales el abuso sexual es una de las más graves. No obstante,
al revisar los compromisos de los primeros días de su eventual
gobierno, no aparece la elaboración de una Política Pública explícita y específica que proteja los derechos de la infancia
en general, ni de la violencia sexual que sufren las niñas y los niños
en particular. Por su parte, Pablo Longueira no ha presentado un
programa de gobierno, ni tampoco se ha referido a políticas públicas
específicas para la niñez, solo ha señalado que dará continuidad al
quehacer del actual gobierno.
El testimonio que diera James Hamilton en 2011
-acusando al sacerdote Fernando Karadima de abusos sexuales en contra
de él y otros jóvenes cuando eran adolescentes menores de 18 años-,
simbolizó claramente una ruptura con el tabú y la negación que
generalmente rodea este tema e instaló una nueva sensibilidad social.
Prueba de esto, fue el aumento en las denuncias
por casos de abuso sexual infantil ocurridos en las iglesias católica y
protestante y en centros educativos preescolares y escolares. Según
datos del MINSAL (2011),
la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas; y sus
agresores, hombres; además, en el 60% de los casos los abusadores son
conocidos del entorno familiar. Sin embargo, esta sensibilidad y
preocupación aún no ha sido plasmada en leyes que protejan efectivamente
los derechos de la infancia en Chile.
En el último tiempo, se han conocido algunos casos de niñas y niños
víctimas de abusos sexuales que han causado gran impacto mediático.
Pero, más allá del impacto, se trata de una violencia recurrente,
se estima que cada 20 minutos se comete algún tipo de violencia o
tortura de tipo sexual en contra de la niñez. Por ejemplo, en 2012, se
denunció al Auxiliar de aseo de un Centro preescolar (Macul),
por haber violentado sexualmente a 29 niñas y niños. También el año
pasado, se denunció al hijo de la dueña de un Jardín Infantil (Vitacura),
por haber abusado de 7 niñas y niños. Actualmente ambos inculpados se
encuentran en prisión preventiva a la espera de la sentencia judicial.
Otro caso que causó gran impacto en la opinión pública se refiere a un
joven que grabó en su Ipod
los actos de violencia sexual cometidos en contra de una niña de 3 años
y fue dejado solo con arresto nocturno; tras algunas semanas fue
privado de su libertad. Por otro lado, hace poco la Corte Suprema anuló
el 2º juicio que condenaba al ex gerente del Banco Central a 60 años de
cárcel por el delito de violación a sus tres hijas de 9, 4 y 3 años de
edad (reportaje CIPER).
Ahora, las niñas deberán enfrentar un tercer juicio que implicará una
re-victimización y la puesta en duda de sus testimonios, vulnerando sus
derechos. Por último, días atrás quedaron en libertad vigilada dos de
los nueve acusados por el delito de explotación sexual infantil
(Operación Heidi), entre los cuales se encuentra el productor
televisivo, Jaime Román
-quien asumió su culpabilidad. Según las pericias, existen altas
probabilidades que debido a su personalidad él vuelva a cometer este
tipo de delitos sexuales en contra de niñas y niños. Al revisar
someramente estas experiencias de violencia y tortura sexual infantil
queda la sensación de cierta impunidad ante este tipo de delitos y, por
lo tanto, emerge una demanda social pendiente: que se haga justicia.
Actualmente, se hallan en el Congreso diversos proyectos de
ley que garantizarían eficazmente los derechos de protección, prevención
y participación de las niñas y los niños en nuestro país. Algunos de
ellos son: Proyecto de Ley de protección de derechos de los niños, niñas
y adolescentes (Boletín 8911-18 del Senado); Proyecto de Ley que crea
la Defensoría de Infancia (Boletín 8489-07 del Senado)o Defensoría del
Niño (Boletín 8509-07 del Senado); y uno que puede resultar crucial para
este tema en especial: Proyecto de Ley que Agrava penas y restringe
beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores
de edad (Boletín 8677-07 del Senado).
A pesar de los avances en materia legislativa, también se requieren
cambios sociales y culturales. Estas situaciones de abuso sexual nos
muestran la urgente necesidad de cambiar el paradigma de la niñez. Es
preciso que veamos a las niñas y los niños como sujetos de derechos y
actores sociales que tienen la capacidad de actuar en la vida social,
familiar y personal; transformando las relaciones de poder que facilitan
situaciones de abuso por parte de las personas adultas, ya que éstas
están situadas en posiciones de autoridad (adultocéntricas) para
idealmente proteger y no vulnerar sus derechos. Indudablemente, este
reconocimiento social y jurídico de los niños y, particularmente de las
niñas, hará posible que se vean a sí mismas y exijan ser tratadas como
personas con dignidad y respeto; y que toda la sociedad se sensibilice
un poco más.
Iskra Pavez Soto, miembro Asociación GSIA
Doctora
en Sociología, Magíster y Diplomada en Sociología por la Universidad
Autónoma de Barcelona; Experta en Políticas Sociales de Infancia por la
Universidad Complutense de Madrid; Diplomada en Estudios de Género por
la Universidad de Chile y Trabajadora Social UTEM.Actualmente es Investigadora responsable del Proyecto FONDECYT: “La infancia como sujeto de las políticas públicas e intervenciones sociales. El caso de la niñez migrante en el Chile del siglo XXI”.
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