“¿Rechazos de la infancia trabajadora? Morales, política y epistemes”.
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¿Rechazos de la infancia trabajadora? Moralidades, política y epistemes.
UNICEF firma convenio con la Cámara de Diputados de Bolivia y propone crear una comisión legislativa que aborde los derechos de la niñez y adolescencia
La firma del acuerdo con la Cámara Baja abre la posibilidad de armar una agenda de trabajo enfocada a la capacitación técnica en derechos de la niñez y adolescencia a diputados y asesores por parte de UNICEF.
La Paz, 27 de mayo de 2024
UNICEF Bolivia/2024/Paredes |
UNICEF Bolivia propone la creación de una comisión legislativa que aborde la temática de los derechos de la niñez y adolescencia. El representante adjunto de UNICEF en Bolivia, Gregor Von Medeazza, lanzó la sugerencia de conformar esta instancia legislativa tras firmar un convenio de cooperación interinstitucional con la Cámara de Diputados. El funcionario internacional afirmó que el bienestar de niños, niñas y adolescentes bolivianos debe estar por encima de asuntos políticos.
“Lo que queremos proponer hoy, a partir de esta firma, es crear una comisión nacional dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para los derechos de la niñez y pueden contar con el apoyo de UNICEF. Yo creo que esta comisión puede ser clave en este año preelectoral para proteger todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, proteger los servicios de base y los presupuestos que toca a estos derechos. Destacamos también que este 20 de noviembre vamos a celebrar los 35 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual es parte Bolivia”, destacó Von Medeazza.
UNICEF Bolivia y la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional firmaron hoy un convenio de cooperación interinstitucional que permite establecer lineamientos de coordinación entre ambas instituciones para implementar acciones por el bienestar de niñas, niños y adolescentes bolivianos. Además, la instancia legislativa firmó otros memorandos con la Universidad Unión Bolivariana y la organización Procosi.
“Con el firme compromiso de llevar a cabo una gestión sólida, fortaleciendo nuestras capacidades como Cámara de Diputados, hemos canalizado la firma de estos convenios interinstitucionales y memorándums de entendimiento, que estoy seguro de que nos ayudaran a lograr los desafíos propuestos”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.
UNICEF Bolivia y la Cámara de Diputados coordinan acciones desde más de una década. Entre 2017 y 2019, por ejemplo, se desarrolló eventos y talleres a nivel nacional para la socialización del Código Niña, Niño y Adolescente, para el análisis presupuestario departamental de los programas y proyectos concordantes con el Código Niña, Niño y Adolescente, se ejecutó la Metodología del Presupuesto para la Niñez y Adolescencia con enfoque de derechos, así como, la cualificación de presupuestos para la niñez, dirigidos a su valoración y fiscalización por los asambleístas nacionales, departamentales y concejales municipales.
Además, se desarrolló la elaboración participativa del “Plan de Acción para la Prevención y Disminución de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes” con el equipo de la Vicepresidencia, la Presidencia de la Cámara de Diputados, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Trabajo.
También se ejecutó la construcción participativa de la mesa técnica intersectorial con los sectores de Salud, Educación, Justicia, Economía, Trabajo, Planificación del Desarrollo, Medio Ambiente y Autonomías para elaborar el Proyecto de “Ley de Desarrollo Integral de la Primera Infancia”, que establece el enfoque de derechos humanos y protección integral.
En los siguientes años, UNICEF Bolivia trabajó apoyando a la conformación de la mesa técnica de niñez y adolescencia en coordinación con la Cámara de Senadores. Esta mesa cuenta con cinco subcomisiones para priorizar el desarrollo de normativa en beneficio de la infancia, niñez y adolescencia. Este grupo de trabajo estableció una agenda legislativa que prioriza cinco temas: desarrollo integral de la primera infancia, derecho a vivir en familia, presupuestos específicos para la niñez, prevención de la violencia, y el rol de la empresa privada.
Como resultado del trabajo articulado y activo, se redactaron dos propuestas de anteproyecto de ley: Anteproyecto de Ley de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por objeto garantizar el desarrollo integral de niñas y niños en etapa de primera infancia, para el ejercicio pleno de sus derechos desde el comienzo de la vida para Vivir Bien. El segundo es el Anteproyecto de Ley de Derecho a Vivir en Familia, que tiene el objetivo de asegurar a las niñas, niños y adolescentes medios de cuidado y vida en familia, tanto por medio de la prevención del abandono promoviendo la priorización de familias en situación de riesgo y vulnerabilidad de parte del Estado, como para que sean acogidos en espacios familiares y no instituciones.
En el evento de la firma del convenio, Von Medeazza sugirió a los legisladores trabajar por el bien de la niñez y adolescencia boliviana y dejar de lado la política al abordar esta temática. “El mensaje claro de la firma del convenio es que los temas de derechos de la niñez y adolescencia son apolíticos, es una agenda que no puede parar, que debe continuar, que forma una base adecuada para vincular las diferentes las bases políticas. El derecho de la niñez va más allá de lo político”, enfatizó el representante adjunto de UNICEF en Bolivia.
Entidades de infancia valoran el avance en la protección de los menores en internet
La Plataforma de Infancia y Save the Children han valorado el avance que supone para los derechos de los niños y adolescentes la aprobación este martes por el Gobierno del anteproyecto de ley de protección de menores de edad en los entornos digitales.
Imagen: Gustavo Fring |
"Más allá de estas acciones, creemos necesario trabajar en un enfoque preventivo para enfrentar los distintos riesgos, sobre todo en lo que se refiere a la sensibilización", ha aseverado.
Cuando se cumplen tres años de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), Escorial ha recordado la urgencia de implementar las actuaciones que ya recoge esa ley, como las responsabilidades de las administraciones públicas para proteger a la infancia en el entorno digital, así como las medidas dirigidas a las familias o el ámbito educativo.
Desde Save the Children, destacan que la futura ley de protección de menores de edad en los entornos digitales se aleje del prohibicionismo y que establezca las bases para educar a los menores a ser ciudadanos digitales que comprendan sus derechos y obligaciones.
"La participación infantil y adolescente es un elemento fundamental del anteproyecto, planteando la creación de espacios no sólo formativos, sino en los que niños y niñas puedan aportar sus propias experiencias, necesidades y propuestas de mejora de cara a una estrategia de entorno digital seguro", asegura su director, Andrés Conde.
Save the Children también incide en que la ley de protección a la infancia de 2021 planteaba que Internet debe ser un entorno seguro para los menores. "Es hora de llevarlo a término", valora Conde.
Considera que la verificación de la edad "es una medida fundamental para limitar el acceso a contenidos nocivos" y cree que debe plantearse desde una perspectiva que proteja la intimidad e identidad de la infancia y la adolescencia.
Cartas para las Infancias de Palestina. Exposicíon FES/UCA
Spanish Federation of Sociology conference
26-29 June 2024, Pablo de Olvavide University (Seville, Spain)
Proteger a los menores en la Red
El anteproyecto de ley presentado por el Gobierno supone, con sus dificultades, un buen punto de partida para regular una cuestión decisiva
Una joven consulta el móvil y el ordenador en su habitación. EUROPA PRESS |
El anteproyecto, en el que han colaborado cuatro ministerios de los dos socios del Ejecutivo, tiene un amplio camino por delante en el que podrá ser perfeccionado y negociado con todos los implicados. Acierta al ser más garantista que prohibicionista, pero, sobre todo, llena un vacío en un terreno en el que la legislación siempre va por detrás de la tecnología y de los intereses de empresas que están entre las más poderosas del planeta.
Dos de las cuestiones que medirán la eficacia de la ley son, al tiempo, las que más dificultades plantean. El texto obliga a los fabricantes de dispositivos con conexión a internet a incluir por defecto herramientas de control parental. El Ejecutivo tendrá pues que negociar —también a nivel comunitario— con firmas que no siempre tienen su sede en España ni en la UE. Otro tanto ocurre con el establecimiento de sistemas de comprobación de la edad para evitar que los menores puedan acceder a contenidos pornográficos o violentos. La Agencia de Protección de Datos comenzó en diciembre a desarrollar una herramienta de verificación que, en principio, iba a estar lista este verano, pero su implantación se vincula ahora al desarrollo del reglamento europeo sobre identidad digital porque es fundamental que esa verificación no colisione con el derecho a la privacidad. El hecho de que ningún país haya sido capaz por el momento de crear un sistema verdaderamente efectivo no hace más que subrayar la urgencia de su desarrollo.
La norma prevé también las controvertidas limitaciones del uso de móviles en los colegios, algo que en la práctica todas las comunidades ya han regulado siguiendo la propuesta del Consejo Escolar del Estado. En el ámbito sanitario, se incluye entre las revisiones pediátricas obligatorias un chequeo más para detectar adicciones o situaciones de riesgo, loable propósito siempre que vaya acompañado de la ampliación de recursos en un país con notables carencias en la atención psiquiátrica infantil y juvenil. Sanidad y educación son competencias autonómicas, por lo que Gobierno y comunidades tendrán que pactar su aplicación y evitar que sea un motivo de enfrentamiento entre administraciones.
Medidas como elevar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales o los cambios en el Código Penal para establecer órdenes de alejamiento virtual, agravar las condenas por utilizar identidades falsas o penar las falsificaciones (deepfakes) de contenido sexual o vejatorio deben ser celebradas. Nadie duda de la importancia de garantizar la seguridad de los menores en el mundo digital. Está en manos de todos los implicados conseguir que así sea, también legalmente.
Ana Caballero, abogada: “Garantizar los derechos de los menores supone regular el mundo digital, no controlar a los niños”
La experta lidera el grupo asesor del Gobierno para la protección de los menores en internet y explica que las familias quieren ayudar a sus hijos, pero no saben cómo: “Se quieren formar y no encuentran herramientas, por eso hay que fomentar las escuelas de padres y madres”
4 de junio de 2024
La abogada Ana Caballero parte de una premisa en esta entrevista: no existen medidas estrella para regular el mundo digital que por sí solas lo vuelvan perfecto para los niños y las niñas. Desde ese punto de partida, la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital está dirigiendo el trabajo de un comité de 50 expertos y expertas a quienes el Ministerio de Juventud acudió en busca de ayuda para proteger a los menores en el entorno de internet. Con el trabajo inacabado –tienen de plazo hasta después de verano– y sin un informe cerrado de diagnóstico ni una propuesta concreta de medidas, el Gobierno ha sacado adelante este martes un anteproyecto de ley con este mismo fin. “El objetivo que debemos plantearnos es conseguir un entorno lo suficientemente protegido para el menor donde pueda ejercitar todos sus derechos de una manera plena”, asegura.
¿Han arruinado los móviles la salud mental de los jóvenes, como sostiene Jonathan Haidt en su último libro?
No he leído el libro, pero efectivamente he visto informes en los que las pantallas pueden producir problemas en la salud física y mental de los niños y los adolescentes. Hablar de los móviles es reduccionista y simplista, la problemática está en los contenidos adictivos.
¿Se puede obligar a las empresas a poner sistemas de control parental en sus aparatos en España, como pretende la ley para proteger a los menores en el entorno digital?
No he tenido acceso al anteproyecto. Todo lo que he visto ha sido a través de la prensa. No hay ningún impedimento para que, con el fin de proteger al menor, se pueda obligar al fabricante a poner sistemas de control parental por defecto. No creo que haya mayor problema. Otra cosa son los contenidos por lo que llamamos el “principio de país de origen”. Si la sede de una empresa dentro de la Unión Europea es Irlanda, sus contenidos se sujetan a esa normativa nacional por la transposición de una directiva de comunicación audiovisual.
O sea, ¿se puede obligar a Xiaomi, por ejemplo, a instalar un mecanismo concreto en sus dispositivos cuando se quieren comercializar en España?
Sí, no veo mayor problema en regular lo que pretende la ley española.
¿Hasta dónde se debe apretar a las empresas?
No es una cuestión de apretar a las compañías. El objetivo que debe plantearse es cuál es el interés superior del menor, si está lo suficientemente protegido para disfrutar de un entorno saludable y sano, o para beneficiarse de las oportunidades que la tecnología le ofrece. No es cómo limitamos a las empresas, sino cuál es el fin de las regulaciones: proteger a los vulnerables que son los niños y adolescentes. Desgraciadamente es un problema grave y se agravará más. Es el comienzo. Estamos empezando a ver lo que se nos viene encima.
La ley se ha presentado antes de que se haga público el informe del grupo de 50 expertos que lidera y al que el Ministerio de Juventud acudió en busca de orientación. ¿La norma se ha basado en sus recomendaciones?
No conozco la norma. El comité de expertos a día de hoy no tiene el anteproyecto y no puedo entrar a valorar algo que desconozco. Lo que sí que puedo decir es que celebramos que por fin se haya puesto en la agenda pública la protección del menor en el entorno digital de una forma u otra. Y esto lo digo como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.
Esto es una demanda que surge de la sociedad civil. Hace un año presentamos un Pacto de Estado firmado por más de 200 entidades. Pongamos las bases, para eso nos ha llamado el Ministerio. Esto ya me parece un éxito, que un país se preocupe de meter en su agenda política un asunto que es demandado por la sociedad civil.
Ahora bien, lo importante con el anteproyecto es el consenso en las medidas, que atañen a todo tipo de instituciones. En el comité estamos haciendo un diagnóstico que nos lleva mucho tiempo y dedicación. Trabajamos en medidas regulatorias y no regulatorias.
¿Les ha sorprendido que se aprobara el anteproyecto antes de que presentaran el diagnóstico?
Es una cuestión política en la que no me voy a meter y tiene que ver con los ministerios. Yo tengo un encargo muy claro: tenemos que presentar un informe para tener un diagnóstico y unas medidas a corto, medio y largo plazo. Y aún estamos trabajando en ello. De lo que me voy a ocupar es de respetar los plazos convenidos, que acaban en septiembre. Eran seis meses desde marzo.
Confiamos en que se busque una forma para que el informe del comité pueda participar en el anteproyecto entre otras cosas porque se está haciendo muy buen trabajo, no solo de diagnóstico sino de medidas a implementar. No hay ninguna medida estrella. Nada que digamos: “si hacemos esto, el mundo digital será perfecto para los menores”. Requiere esfuerzo, análisis y mucha dedicación. Hay juristas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pediatras o docentes. Es importante tener todos esos enfoques para entender la problemática.
¿Qué medidas han puesto al Gobierno sobre la mesa como comité?
No puedo hablarte de las medidas como comité, pero sí las que proponemos desde la Asociación Europea para la Transición Digital y que están centradas en la responsabilidad de las empresas. Por ejemplo, con la ética algorítmica, para que los algoritmos que diseñen y que usen no contengan sesgos, que respeten la seguridad, la privacidad… Pero, sobre todo, que cuando estos algoritmos se diseñen se tengan en cuenta si son productos o servicios destinado a menores. Y en tal caso prevalezca el interés superior del niño o la niña.
También el asunto de los patrones adictivos. Creemos que debe regularse y que debe haber una colaboración en la que la industria se comprometa allí donde no pueda llegarse por regulación. También hemos propuesto que se destine un porcentaje del impuesto digital a investigaciones sobre adicciones y problemas comportamentales, como se hace con el impuesto sobre el tabaco.
¿Otros países europeos tienen leyes de este estilo?
Italia y Francia lo están haciendo muy bien. Especialmente Francia, porque está siendo ambiciosa en su regulación. Nos gustaría que aquí también fuese así con el control parental por defecto en los dispositivos y la limitación de uso en centros escolares.
¿España debería hablar con otros países para intentar realizar acciones o normativa conjunta?
Para eso está la Unión Europea. Como europeísta que soy, confío plenamente en que toda la maquinaria europea se ponga manos a la obra. Es bueno que unos países hablen con otros para ver cómo han enfocado estos asuntos, aunque tengan autonomía. Espero que el Gobierno tenga en cuenta el informe cuando se ponga a disposición y que vayamos avanzando con normativa nacional porque el tema es urgente y Europa es una maquinaria lenta. Cuando haya normativa específica comunitaria, sería mejor que se canalizara a través de reglamento –que debe aplicarse a los países por igual– en lugar de por directiva. En este caso sería solo un marco.
Volviendo al anteproyecto, se aumenta la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales de 14 a 16 años. ¿Es efectivo si los usuarios ya se lo saltan?
Creo que es una medida importante pero que para ser efectiva necesita de dos cosas: un sistema de verificación de edad y que el contenido esté clasificado y categorizado. Sin estos dos elementos es complicado que tenga alcance.
¿Cuánto contribuye en el problema la falta de herramientas de las familias para abordar esta realidad? Muchas veces no saben qué recursos hay disponibles e incluso hacen usos problemáticos de los dispositivos en su casa, delante de sus hijos.
Percibimos una mayor sensibilidad y concienciación, pero las familias se quieren formar y no encuentran herramientas. Quieren educar a sus hijos para que no les ocurra nada en el ámbito online. Sin embargo, los propios madres, padres y docentes desconocen el mundo digital. Es importante dotar de competencias al menor, a todos los profesionales vinculados a la infancia y a los padres y madres. Una de las medidas del pacto es fomentar las escuelas de padres para que se formen y puedan ayudar a sus hijos a disfrutar de las bondades de la tecnología.
¿Cómo se puede saber si tu hijo o hija está atravesando el rubicón de empezar a tener problemas con las tecnologías?
Lo que recomiendo a los padres y las madres es que visiten el Plan de Salud Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría. Está basado en la evidencia científica y establece recomendaciones. Lo mejor que se puede hacer es formarse y seguirlas para prevenir cualquier tipo de problemática posterior.
Si me preguntas por síntomas: es importante ver el número de horas que se pasa conectado a los dispositivos, si tiene contactos con amigos o no, si ha cambiado su ánimo... Son pequeños inputs para estar pendiente pero no quieren decir que tenga un problema de adicción a la tecnología. Es una cuestión de estar pendientes y acompañar en el uso hasta que ganen la autonomía digital. No le das dinero al niño a los cinco años para que vaya a comprar el pan; bueno, esto es un poco igual.
Hecha la ley, hecha la trampa. Muchos niños y niñas ya tienen un gran dominio de las herramientas digitales para usar una VPN [herramienta que simula que el usuario está en otro país]. ¿Hasta dónde puede llegar una ley sin desproteger otros derechos?
Los abogados siempre decimos que cuando hay una colisión entre dos derechos se tiene que ver cuál de los dos prevalece. Si me dices que el menor tiene derecho a informarse a través de redes sociales, pero se pone en peligro por el uso que hace y el contenido que ve, o se conecta a una página de contenidos de adulto: ¿qué prevalece, la libertad de información o la integridad mental y el bienestar del menor? El bien jurídico protegido es el segundo.
Se debe ponderar caso o caso y no generalizar. El objetivo que debemos plantearnos es conseguir un entorno lo suficientemente protegido para el menor y en el que pueda ejercitar todos sus derechos de una manera plena. Y en un mundo de riesgos, esto se hace regulando, no controlando a los menores. Regulando el ecosistema para que puedan disfrutar de todos sus derechos.
¿Es optimista con los efectos que tenga esta ley, si sale adelante?
Cualquier pasito que se dé, bienvenido sea. Lo importante es proteger a los menores. En el tercer sector estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en este último año especialmente. Hemos pasado de no hablar del asunto a que exista bastante sensibilización, que se pidan respuestas y que se reaccione para fomentar un entorno digital seguro para beneficiarse de la tecnología. En lo político, soy mujer de consenso. Espero que los partidos sean capaces de apartar cualquier criterio partidista para solventar un problema serio. No puede haber divergencias, debemos ir todos a una porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos.