La experta lidera el grupo asesor del Gobierno para la protección de los menores en internet y explica que las familias quieren ayudar a sus hijos, pero no saben cómo: “Se quieren formar y no encuentran herramientas, por eso hay que fomentar las escuelas de padres y madres”
4 de junio de 2024
La abogada Ana Caballero parte de una premisa en esta entrevista: no existen medidas estrella para regular el mundo digital que por sí solas lo vuelvan perfecto para los niños y las niñas. Desde ese punto de partida, la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital está dirigiendo el trabajo de un comité de 50 expertos y expertas a quienes el Ministerio de Juventud acudió en busca de ayuda para proteger a los menores en el entorno de internet. Con el trabajo inacabado –tienen de plazo hasta después de verano– y sin un informe cerrado de diagnóstico ni una propuesta concreta de medidas, el Gobierno ha sacado adelante este martes un anteproyecto de ley con este mismo fin. “El objetivo que debemos plantearnos es conseguir un entorno lo suficientemente protegido para el menor donde pueda ejercitar todos sus derechos de una manera plena”, asegura.
¿Han arruinado los móviles la salud mental de los jóvenes, como sostiene Jonathan Haidt en su último libro?
No he leído el libro, pero efectivamente he visto informes en los que las pantallas pueden producir problemas en la salud física y mental de los niños y los adolescentes. Hablar de los móviles es reduccionista y simplista, la problemática está en los contenidos adictivos.
¿Se puede obligar a las empresas a poner sistemas de control parental en sus aparatos en España, como pretende la ley para proteger a los menores en el entorno digital?
No he tenido acceso al anteproyecto. Todo lo que he visto ha sido a través de la prensa. No hay ningún impedimento para que, con el fin de proteger al menor, se pueda obligar al fabricante a poner sistemas de control parental por defecto. No creo que haya mayor problema. Otra cosa son los contenidos por lo que llamamos el “principio de país de origen”. Si la sede de una empresa dentro de la Unión Europea es Irlanda, sus contenidos se sujetan a esa normativa nacional por la transposición de una directiva de comunicación audiovisual.
O sea, ¿se puede obligar a Xiaomi, por ejemplo, a instalar un mecanismo concreto en sus dispositivos cuando se quieren comercializar en España?
Sí, no veo mayor problema en regular lo que pretende la ley española.
¿Hasta dónde se debe apretar a las empresas?
No es una cuestión de apretar a las compañías. El objetivo que debe plantearse es cuál es el interés superior del menor, si está lo suficientemente protegido para disfrutar de un entorno saludable y sano, o para beneficiarse de las oportunidades que la tecnología le ofrece. No es cómo limitamos a las empresas, sino cuál es el fin de las regulaciones: proteger a los vulnerables que son los niños y adolescentes. Desgraciadamente es un problema grave y se agravará más. Es el comienzo. Estamos empezando a ver lo que se nos viene encima.
La ley se ha presentado antes de que se haga público el informe del grupo de 50 expertos que lidera y al que el Ministerio de Juventud acudió en busca de orientación. ¿La norma se ha basado en sus recomendaciones?
No conozco la norma. El comité de expertos a día de hoy no tiene el anteproyecto y no puedo entrar a valorar algo que desconozco. Lo que sí que puedo decir es que celebramos que por fin se haya puesto en la agenda pública la protección del menor en el entorno digital de una forma u otra. Y esto lo digo como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.
Esto es una demanda que surge de la sociedad civil. Hace un año presentamos un Pacto de Estado firmado por más de 200 entidades. Pongamos las bases, para eso nos ha llamado el Ministerio. Esto ya me parece un éxito, que un país se preocupe de meter en su agenda política un asunto que es demandado por la sociedad civil.
Ahora bien, lo importante con el anteproyecto es el consenso en las medidas, que atañen a todo tipo de instituciones. En el comité estamos haciendo un diagnóstico que nos lleva mucho tiempo y dedicación. Trabajamos en medidas regulatorias y no regulatorias.
¿Les ha sorprendido que se aprobara el anteproyecto antes de que presentaran el diagnóstico?
Es una cuestión política en la que no me voy a meter y tiene que ver con los ministerios. Yo tengo un encargo muy claro: tenemos que presentar un informe para tener un diagnóstico y unas medidas a corto, medio y largo plazo. Y aún estamos trabajando en ello. De lo que me voy a ocupar es de respetar los plazos convenidos, que acaban en septiembre. Eran seis meses desde marzo.
Confiamos en que se busque una forma para que el informe del comité pueda participar en el anteproyecto entre otras cosas porque se está haciendo muy buen trabajo, no solo de diagnóstico sino de medidas a implementar. No hay ninguna medida estrella. Nada que digamos: “si hacemos esto, el mundo digital será perfecto para los menores”. Requiere esfuerzo, análisis y mucha dedicación. Hay juristas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pediatras o docentes. Es importante tener todos esos enfoques para entender la problemática.
¿Qué medidas han puesto al Gobierno sobre la mesa como comité?
No puedo hablarte de las medidas como comité, pero sí las que proponemos desde la Asociación Europea para la Transición Digital y que están centradas en la responsabilidad de las empresas. Por ejemplo, con la ética algorítmica, para que los algoritmos que diseñen y que usen no contengan sesgos, que respeten la seguridad, la privacidad… Pero, sobre todo, que cuando estos algoritmos se diseñen se tengan en cuenta si son productos o servicios destinado a menores. Y en tal caso prevalezca el interés superior del niño o la niña.
También el asunto de los patrones adictivos. Creemos que debe regularse y que debe haber una colaboración en la que la industria se comprometa allí donde no pueda llegarse por regulación. También hemos propuesto que se destine un porcentaje del impuesto digital a investigaciones sobre adicciones y problemas comportamentales, como se hace con el impuesto sobre el tabaco.
¿Otros países europeos tienen leyes de este estilo?
Italia y Francia lo están haciendo muy bien. Especialmente Francia, porque está siendo ambiciosa en su regulación. Nos gustaría que aquí también fuese así con el control parental por defecto en los dispositivos y la limitación de uso en centros escolares.
¿España debería hablar con otros países para intentar realizar acciones o normativa conjunta?
Para eso está la Unión Europea. Como europeísta que soy, confío plenamente en que toda la maquinaria europea se ponga manos a la obra. Es bueno que unos países hablen con otros para ver cómo han enfocado estos asuntos, aunque tengan autonomía. Espero que el Gobierno tenga en cuenta el informe cuando se ponga a disposición y que vayamos avanzando con normativa nacional porque el tema es urgente y Europa es una maquinaria lenta. Cuando haya normativa específica comunitaria, sería mejor que se canalizara a través de reglamento –que debe aplicarse a los países por igual– en lugar de por directiva. En este caso sería solo un marco.
Volviendo al anteproyecto, se aumenta la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales de 14 a 16 años. ¿Es efectivo si los usuarios ya se lo saltan?
Creo que es una medida importante pero que para ser efectiva necesita de dos cosas: un sistema de verificación de edad y que el contenido esté clasificado y categorizado. Sin estos dos elementos es complicado que tenga alcance.
¿Cuánto contribuye en el problema la falta de herramientas de las familias para abordar esta realidad? Muchas veces no saben qué recursos hay disponibles e incluso hacen usos problemáticos de los dispositivos en su casa, delante de sus hijos.
Percibimos una mayor sensibilidad y concienciación, pero las familias se quieren formar y no encuentran herramientas. Quieren educar a sus hijos para que no les ocurra nada en el ámbito online. Sin embargo, los propios madres, padres y docentes desconocen el mundo digital. Es importante dotar de competencias al menor, a todos los profesionales vinculados a la infancia y a los padres y madres. Una de las medidas del pacto es fomentar las escuelas de padres para que se formen y puedan ayudar a sus hijos a disfrutar de las bondades de la tecnología.
¿Cómo se puede saber si tu hijo o hija está atravesando el rubicón de empezar a tener problemas con las tecnologías?
Lo que recomiendo a los padres y las madres es que visiten el Plan de Salud Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría. Está basado en la evidencia científica y establece recomendaciones. Lo mejor que se puede hacer es formarse y seguirlas para prevenir cualquier tipo de problemática posterior.
Si me preguntas por síntomas: es importante ver el número de horas que se pasa conectado a los dispositivos, si tiene contactos con amigos o no, si ha cambiado su ánimo... Son pequeños inputs para estar pendiente pero no quieren decir que tenga un problema de adicción a la tecnología. Es una cuestión de estar pendientes y acompañar en el uso hasta que ganen la autonomía digital. No le das dinero al niño a los cinco años para que vaya a comprar el pan; bueno, esto es un poco igual.
Hecha la ley, hecha la trampa. Muchos niños y niñas ya tienen un gran dominio de las herramientas digitales para usar una VPN [herramienta que simula que el usuario está en otro país]. ¿Hasta dónde puede llegar una ley sin desproteger otros derechos?
Los abogados siempre decimos que cuando hay una colisión entre dos derechos se tiene que ver cuál de los dos prevalece. Si me dices que el menor tiene derecho a informarse a través de redes sociales, pero se pone en peligro por el uso que hace y el contenido que ve, o se conecta a una página de contenidos de adulto: ¿qué prevalece, la libertad de información o la integridad mental y el bienestar del menor? El bien jurídico protegido es el segundo.
Se debe ponderar caso o caso y no generalizar. El objetivo que debemos plantearnos es conseguir un entorno lo suficientemente protegido para el menor y en el que pueda ejercitar todos sus derechos de una manera plena. Y en un mundo de riesgos, esto se hace regulando, no controlando a los menores. Regulando el ecosistema para que puedan disfrutar de todos sus derechos.
¿Es optimista con los efectos que tenga esta ley, si sale adelante?
Cualquier pasito que se dé, bienvenido sea. Lo importante es proteger a los menores. En el tercer sector estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en este último año especialmente. Hemos pasado de no hablar del asunto a que exista bastante sensibilización, que se pidan respuestas y que se reaccione para fomentar un entorno digital seguro para beneficiarse de la tecnología. En lo político, soy mujer de consenso. Espero que los partidos sean capaces de apartar cualquier criterio partidista para solventar un problema serio. No puede haber divergencias, debemos ir todos a una porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos.
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