“El problema es que hemos normalizado la violencia contra los niños
como una forma de relación y bajo la figura de autoridad parental;
los padres se creen con la licencia para poder agredir a los niños,
pero allí hay una relación asimétrica”.
Carlos Trapani, Coordinador Gral de Cecodap.
Periodismo que ilumina
Un video en el que una docente castiga con una correa a un estudiante, se hizo viral a inicios de esta semana en las redes sociales y derivó en la detención de la agresora, que además resultó ser la mamá del niño.
Tras la difusión del contenido audiovisual, la institucionalidad del Estado operó para identificar a la maestra, detenerla e ir al plantel donde supuestamente habían ocurrido los hechos y determinar las responsabilidades, penalizaciones y así evitar se repita esta conducta.
Pero este no es el denominador común en el país. Para el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, “ninguna forma de violencia contra los niños es aceptable“, ni siquiera si es la mamá o el papá quien que le inflige un castigo.
Un niño, a diferencia de un adulto, no tiene como defenderse de una agresión y tampoco cuenta con las destrezas o habilidades psicológicas para entender cómo evitar repercusiones por una acción de esta naturaleza en su contra.
“También ocurre que se le pega a un niño porque no va a haber respuesta o peor aún no va a haber respuesta del Estado para protegerlo, y esa una relación desigual”, añadió Trapani.
Cecodap, una ONG que se encarga de promover, defender y educar en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, ha registrado un incremento de la violencia infantil en el seno familiar como consecuencia de la emergencia humanitaria que vive el país, especialmente lo que definen como “violencia por hambre”.
En su informe Somos Noticia 2018, en el capítulo sobre la Violencia Familiar, recuerdan que esta se entiende como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”, concepto que está contemplado en la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Aunque no hay cifras oficiales por la opacidad del Estado en esta y muchas otras áreas sensibles para el desarrollo del país, organizaciones como Cecodap han identificado que la violencia familiar ha crecido en “intensidad” y ahora “mamá y papá son los principales agresores de niños, niñas y adolescentes”.
En Venezuela, la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna) incorporó como una prohibición, en el año 2007, los castigos físicos y humillantes, como se cataloga la acción que ocurrió en el video viralizado esta semana.
“La situación de crisis del país ha afectado tanto la dinámica familiar que se presentan situaciones de violencia que se acercan más a la Tortura y/o Trato Cruel por los niveles de severidad y daño que ocasionan a los NNA y se distancian de los maltratos que vulneran la Integridad Personal. Entendemos por Tortura, Trato Cruel o Inhumano un sufrimiento severo, ya sea mental o físico, que en las circunstancias particulares sea injustificable”, dice Cecodap en ese informe.
Lo sucedido esta semana, para Trapani es una muestra de lo que han venido registrando en sus informes, documentos y denuncias. “Toda forma de violencia se puede prevenir”, añadió y recomendó el llamado de Cecodap “a fortalecer la sensibilización de las comunidades, los padres, las familias y las escuelas”.
A dónde acudir para denunciar violencia infantil
Pese a que los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes están afectados por la falta de personal y recursos, son las instancias primarias para denunciar cualquier agresión o vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Estos organismos dependen de las Alcaldías y son, según la Lopnna, los encargados de defender los derechos individuales de la población infantil en Venezuela, cuando son vulnerados.
“Son instancias donde se pueden presentar casos por la amenaza o vulneración de derechos individuales de los niños. Dictan medidas de protección que pueden ser tratamientos médicos, psicológicos e incluso la separación del maltratador del entorno del niño”, resaltó Trapani.
Además, la Ley señala que tanto los educadores como los médicos en el ejercicio de sus funciones están obligados a denunciar casos de maltrato o violación de derechos de la infancia. No hacerlo los hace cómplices por omisión.
“La Lopnna en términos de denuncia establece la denuncia obligatoria para médicos y personal educativo que en el ejercicio de sus funciones conozcan de estos hechos, y la no denuncia también implica responsabilidad. Hay un delito que se llama comisión por omisión; si yo siendo garante del niño, estoy al tanto que ese niño está siendo vulnerado y no lo denuncio yo me hago copartícipe de ese hecho violento”, dijo el coordinador de Cecodap.
A la par de los consejos de protección, las denuncias se pueden llevar a las policías administrativas, el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Trapani consideró que “la denuncia detiene un delito, evita nuevas víctimas y le garantiza a un niño la tutela y protección de sus derechos… tiene un efecto terapéutico más allá del proceso judicial, el hecho de que una instancia me pueda escuchar, orientar y haga todo lo posible para protegerme, en ese momento empieza la reivindicación de un niño frente a un hecho violento”.
