Móviles y adolescentes: ¿cuáles son las habilidades emocionales que previenen el uso problemático?

¿Por qué algunos jóvenes pueden usar las redes sociales y los dispositivos móviles sin ningún problema de adicción o salud mental y a otros el uso de estas herramientas les perjudican gravemente? ¿Qué es lo que hace que algunos adolescentes sean más vulnerables a caer en un uso problemático y otros puedan gestionar su tiempo en internet con éxito e incluso de manera beneficiosa?


THE CONVERSATION

10 de julio de 2024




Partiendo de la base de que los jóvenes dedican una media de 3 o 4 horas a las redes sociales, es crucial para su salud mental y su ajuste psicosocial que entendamos la diferencia entre un uso beneficioso y un uso problemático y aprendamos a fomentar lo primero.


Una de las claves que previenen un uso abusivo de los dispositivos, según diversos estudios, está relacionada con las habilidades emocionales. La evidencia sugiere que adolescentes con déficits en competencias emocionales  como la comprensión o la regulación de sus emocionales muestran dificultades para manejar el estrés y usan estrategias poco constructivas ante dificultades como la rumiación o la culpa a otros, lo cual se vincula con un mayor uso problemático de las tecnologías de la información y la comunicación y mayores conductas de ciberacoso.


Nuestro grupo de investigación Applied Positive Lab ha desarrollado el programa MEET centrado en las competencias emocionales para un uso más saludable de internet y redes sociales por parte de los adolescentes en una etapa de cambios y transformaciones. Además, buscamos la implicación de la comunidad educativa trabajando también con docentes y con familias.


Ser conscientes del uso que hacemos


En primer lugar, una de las claves en el trabajo con los adolescentes tiene que ver con reconocer el tiempo de uso real que hacen del teléfono móvil, que puede ayudar a tomar conciencia del uso problemático y a reducirlo paulatinamente.

Además, buscamos conseguir una mayor identificación emocional de su uso de las redes sociales: analizamos cómo influye su estado emocional previo (por ejemplo, si acuden a los dispositivos cuando están tristes o frustrados/as) y el efecto en su estado emocional al usar sus dispositivos más tiempo del que desean.


El poder de las emociones ante el ciberacoso


En segundo lugar, trabajamos el reconocimiento de emociones que surgen de situaciones negativas en la convivencia virtual, como recibir un insulto. En lugar de recurrir a la venganza, una estrategia de regulación eficaz ante situaciones de ciberacoso puede ser comunicarse con una persona adulta de confianza para buscar una solución.


Otra estrategia para prevenir comportamientos violentos en el entorno virtual es potenciar la empatía. Entender que detrás de las pantallas hay personas que sienten permite que tomemos conciencia de qué emociones pueden sentir los demás y que comprendamos cómo nuestros propios comportamientos en el entorno digital pueden a su vez provocar en otras personas sentimientos como la ansiedad o la soledad.


Buscar tiempo para otras actividades


En el programa insistimos en la necesidad de invertir tiempo en otras actividades de ocio que ayuden a disminuir el estrés y que aumenten emociones positivas (deporte, música, organizar encuentros sociales cara a cara con amigos y amigas, etc.). Para ello, se puede planificar un horario de uso de redes sociales o establecer un control activo del tiempo de uso del teléfono móvil.


Pautas para docentes


El programa MEET busca involucrar al profesorado en la gestión del uso de las redes sociales en la adolescencia. Para ello, formaremos al profesorado en la identificación, comprensión y gestión de signos de alarma entre sus estudiantes, ayudándoles a prevenir comportamientos de riesgo relacionados con el uso problemático de las redes sociales e internet. Además, ofrecemos herramientas para apoyar y orientar al alumnado que pueda estar siendo víctima de ciberacoso.

El enfoque de estas intervenciones es muy práctico, y se basa en discusiones grupales sobre incidentes relacionados, resolución de casos o juego de roles. Buscamos de esta manera que los docentes entrenen sus habilidades emocionales, mejoren su interacción con los alumnos y tengan mayor capacidad de enfrentarse y resolver los problemas relacionados con las tecnologías digitales y la comunicación con las familias.



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Talleres prácticos para las familias


Desde nuestro enfoque pretendemos informar y dar a conocer a las familias aspectos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías mediante talleres prácticos que les permitan detectar y gestionar situaciones de uso problemático. De esta forma, abordaremos herramientas de supervisión parental y fortalecimiento de los lazos familiares para reducir el impacto del uso abusivo del móvil en la adolescencia, como los “contratos de uso del teléfono móvil”.


El uso de las redes sociales en la adolescencia es una cuestión muy compleja y de alto impacto social, por lo que hemos elegido una aproximación preventiva del uso problemático y el ciberacoso. A pesar de que la mayoría de comunidades autónomas ha prohibido o limitado el uso de los móviles en los centros educativos, la formación en un uso saludable sigue siendo necesaria. Desde el programa MEET apostamos por el desarrollo de herramientas emocionales con el alumnado y con otros agentes clave en estos contextos como el profesorado y las familias.

Acciones y materiales de promoción y difusión de derechos de los niños y las niñas

La Unidad de Promoción y Difusión de Derechos de la Defensoría de la Niñez tiene como objetivos propiciar y fortalecer el conocimiento de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en la sociedad y, específicamente, en los órganos de la administración del Estado que interactúan con este grupo de la población. 


Defensoría de la Niñez

Unidad de Promoción y Difusión de Derechos

Chile


Además, tiene la misión de promover y fortalecer este conocimiento por parte de los propios niños, niñas y adolescentes, favoreciendo su reconocimiento como sujetos de derechos y dotándolos de herramientas para que puedan exigir su respeto.


Para ello, la Unidad realiza diversas acciones, como charlas, talleres, capacitaciones, campañas de promoción y difusión de derechos, conversatorios, entre otras, y desarrolla materiales y publicaciones sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que puedes conocer y descargar a continuación.


GUÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS


A través de la elaboración de guías temáticas de promoción de derechos dirigidas a diversos públicos, se busca difundir y promover el conocimiento de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en quienes cumplen un rol clave en la promoción y protección de sus derechos.


Guía educativa docente para el trabajo en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes


El objetivo de esta Guía es proporcionar a educadoras y educadores lineamientos generales y recomendaciones para trabajar la formación en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos educativos.


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Guía para la cobertura periodística con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes


El propósito de esta publicación es de promover la realización de coberturas periodísticas con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia y de relevar el rol que periodistas, comunicadores y medios de comunicación tienen respecto de la promoción, respeto y protección de los derechos de este grupo de la población.


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Guía para promover los derechos de la niñez y adolescencia en la función pública


Con esta guía se busca propiciar acciones transformadoras en la función pública, que pongan al centro el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y que contribuyan a comprender la promoción de derechos como un elemento central de la gestión pública, permitiendo concretar la protección integral.



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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

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Los menores no pueden esperar

La táctica política no puede interferir en una corresponsabilidad con los niños migrantes que Canarias necesita desesperadamente


EL PAÍS

EDITORIAL

09 JUL 2024




Un efectivo de la Cruz Roja acompaña a dos menores trasladados desde El Hierro,
 donde habían llegado en cayuco, a Tenerife. 
GELMERT FINOL (EFE)

Los servicios de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias se encuentran en situación de colapso desde octubre. Los centros están desbordados y en ellos la situación es de hacinamiento, con derivadas como malos tratos, falta de personal, educadores sin la formación adecuada, menores sin escolarizar… El relato publicado por este periódico sobre el sistema de acogida en el archipiélago describe una situación tan escandalosa que no cabe la más mínima demora en cerrar un acuerdo corresponsable de toda España para hacer frente a esta crisis. Nada justificaría otra decisión en el encuentro que celebrarán este miércoles los consejeros autonómicos convocados a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife, un encuentro presidido por la ministra Sira Rego.


Las islas acogen alrededor de 5.600 menores migrantes, cuando su capacidad máxima rondaría los 2.000. Canarias ha recibido a la mitad de todos los menores extranjeros sin familia que han llegado a España en el último año y medio, una situación imposible de asumir por ningún territorio. La fiscal de Menores de Las Palmas describe la situación de los centros del archipiélago de “sobresaturación” y pide más recursos para poder garantizar los derechos de los niños.


Hasta ahora, el mecanismo para que sean trasladados a otros centros de la Península depende de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Tras la crisis en Ceuta en 2021, cuando entraron en la ciudad autónoma casi 10.000 personas en un solo día, las regiones han acordado recibir un cupo anual de menores, bajo ciertas condiciones, a cambio de compensaciones económicas del Gobierno central. La situación a la que han llegado los centros en Canarias revela que este pacto es claramente insuficiente e ineficiente.


El Gobierno canario y el central quieren aprobar una reforma de la ley de extranjería que obligue al resto de comunidades a acoger a un número determinado de menores cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, una solidaridad automática y obligatoria que tiene valor como propuesta, aunque ninguna fórmula garantiza una respuesta a todas las situaciones. La medida despierta recelos en otros territorios. Uno de los socios de legislatura del Ejecutivo, Junts, quiere que Cataluña quede exenta del reparto de los menores, argumentando la falta de solidaridad en el siempre socorrido término de la singularidad. La falta de datos fiables complica aún más el debate. Algunas comunidades aseguran que ya han recibido más menores de los que dice el Gobierno, mientras que el Ejecutivo sostiene que algunas han recibido los fondos sin hacerse cargo de los menores correspondientes.


Los cambios legislativos necesitan del apoyo parlamentario del PP, que mantiene un doble discurso francamente intolerable cuando hablamos de una cuestión de derechos de los menores. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha rescatado la expresión “efecto llamada”, mientras su número dos en el Congreso, Miguel Tellado, mientras su número dos en el Congreso, Miguel Tellado, pedía la intervención del Ejército para impedir la llegada de cayucos a las islas (sin concretar cómo), haciendo suyo el discurso de Vox. Ayer Feijóo se mostró a favor de la cooperación con el Gobierno canario siempre que haya “capacidad”, lo que provocó que Vox amenazara con romper los gobiernos de coalición con el PP. No hay margen para más matices y excusas tácticas. La petición de corresponsabilidad y solidaridad de Canarias no es de izquierdas ni de derechas, sino una cuestión de derechos humanos. Es hora de que el Gobierno, las comunidades y todos los partidos den a Canarias una respuesta de Estado inaplazable a esta crisis.

Corresponsabilidad con la infancia desplazada que llega a Canarias

En Canarias hay casi 6000 niños y niñas no acompañados que llegaron a alguna de sus islas escapando de la guerra y de la miseria, buscando una oportunidad


El Confidencial

Chema Vera

07/07/2024



Un adolescente sentado junto a una de las ventanas del centro de protección en el que reside,
en Canarias. (Unicef España/Erasmo Fenoy)

Otros muchos murieron en el mar al intentarlo, junto con los adultos con los que se adentraron en una de las rutas más mortíferas del mundo para migrantes y solicitantes de asilo. Entre los que llegan, muchos serían sujetos de protección internacional y pueden pedir asilo, ya que provienen de zonas de guerra. Huir de la violencia y pedir refugio es un derecho humano fundamental amparado por la legislación internacional. 


El desplazamiento es parte de la historia humana. Esta época no es distinta de las anteriores en esto. Lo que la diferenciará respecto a otras es cómo se protege la vida en las rutas, haciéndolas legales y seguras, y cómo se acoge a quienes llegan. Especialmente a la infancia. 


La realidad en Canarias es que el sistema de protección de la infancia está desbordado. Preparado para unos 2.000 niños, hoy debe acoger y asegurar una vida digna al triple. Con déficits en cuanto a recursos, capacidades y a aplicar un enfoque de infancia robusto en las crisis, la situación actual hace imposible que se aseguren los derechos de los niños y niñas que llegan, exhaustos y con el trauma de un origen y una ruta devastadores. Se han tenido que organizar centros de acogida a toda prisa, en edificios inadecuados, con dotaciones básicas y con un personal en su mayoría comprometido, pero no siempre preparado para el cuidado y la relación con estos chicos. Una asistencia legal adecuada, la atención a su salud mental e incluso derechos básicos como el educativo, quedan comprometidos o en suspenso ante las llegadas continuas que impiden una planificación suficiente. 


El Gobierno de Canarias tiene responsabilidad en la acogida y protección, ya que la legislación española marca que es la Comunidad Autónoma de llegada la que debe asumir la tutela de cada niño que arriba. Este rol conlleva una responsabilidad primaria en relación con los derechos de esa infancia. Cabe afirmar que el Gobierno Canario, y los ayuntamientos y organizaciones sociales de las Islas, están haciendo un gran esfuerzo para cumplir con sus responsabilidades. Se trata de un asunto de máxima prioridad para este Gobierno.


Dicho lo anterior, la responsabilidad no es ni puede ser exclusiva de una Comunidad Autónoma. Los niños llegan al Estado español que es quien tiene la responsabilidad de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que también se aplica a los niños y niñas que llegan o intentan acceder a nuestro territorio. Por ello, es el Estado en su conjunto el que debe asumir la respuesta a una contingencia migratoria de este calibre. 


Es indispensable que se produzca una derivación de parte de estos chicos a otras Comunidades Autónomas para repartir el esfuerzo y asegurar una adecuada protección. No sería la primera vez que este reparto se produce. Tras la llegada a Ceuta en 2021 de miles de migrantes, más de 1.100 de ellos niños y niñas, la Ciudad Autónoma y las Comunidades, apoyadas por el gobierno central, se pusieron de acuerdo para derivar unos 200 niños y niñas procedentes de Ceuta.


En el caso de Canarias los traslados se producen con cuentagotas. En 2022, ya con los recursos de protección sobrepasados, se estableció un mecanismo de derivación voluntaria que facilitó un acuerdo de traslado de casi 500 niños y niñas desde Canarias. La realidad es que se han derivado muy pocos. 


El bloqueo se ha debido a reticencias de otras Comunidades y a la exigencia de convenios previos, así como a las dificultades administrativas y la falta de personal para gestionar y traspasar los expedientes, una vez que la tutela está en manos canarias. 


Dada la situación de emergencia existente, que solo empeorará durante el verano y el otoño, resulta indispensable que la derivación funcione. Para ello el gobierno central y el canario están planteando una reforma urgente de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) que garantice el reparto de niños y niñas, en cuanto el sistema de protección de la infancia de una Comunidad Autónoma alcance el 150% de su capacidad, cosa que en este momento ocurre en Canarias y Ceuta. El sistema funcionaría en una doble vía. Por un lado, los 3.000 chicos que suponen el exceso por encima del 150% se derivarían a otras Comunidades Autónomas. Por otro lado, los chicos que lleguen a Canarias a partir de la aprobación de la reforma de la LOEX estarían en guarda por parte de este gobierno, pero, a los 15 días y tras los primeros trámites, serían derivados a otras Comunidades que asumirían la tutela.


Para que este sistema funcione es indispensable que el reparto se haga en función de criterios consensuados, pero que sea de obligado cumplimiento por las Comunidades, tal y como prevé la reforma de la LOEX. El gobierno central debe garantizar por su parte los recursos suficientes y disponibles con la urgencia necesaria, para que las Comunidades Autónomas puedan realizar una acogida y protección adecuadas. Ello incluye abrir nuevos centros en caso de que los actuales hayan alcanzado su capacidad, y dotarlos del personal necesario en todas las disciplinas y funciones requeridas. 


El hecho de que se apruebe la reforma de la LOEX y que la derivación pueda comenzar con celeridad, no quita para que el sistema de protección de la infancia en Canarias deba reforzarse. Esto es necesario para los 3.000 niños y niñas que se mantendrían en él; para los 3.000 que saldrían, en los meses que queden para que la derivación se pueda producir; y también para una correcta atención de los que lleguen de nuevas en esos 15 primeros días, cruciales para la detección de vulnerabilidades, necesidades y posibles oportunidades de reagrupación familiar en Europa.


Al igual que se hace con otras situaciones de emergencia, se deberían identificar, dotar y tener disponibles equipos móviles de profesionales con experiencia en protección de infancia, salud mental o asistencia legal, para apoyar a las administraciones públicas y organizaciones locales en contingencias de este tipo. Las contrataciones de personas, equipos y recursos deben ser todo lo ágiles que requiere una emergencia.


La respuesta a una crisis de infancia de este tipo debería hacerse desde el interés superior del niño, y negociarse con discreción, sacándola de la agenda política partidista del momento, con determinación, compromiso y humanidad. Más aún debería evitarse su uso para azuzar el miedo y el odio hacia estos niños, niñas y adolescentes que llegan a España tras pasar por rutas terribles. ¿Se trata de un reto? Sí. ¿Es asumible por un estado como el español con su capacidad económica y social? Sí. Siempre que haya corresponsabilidad entre territorios y administraciones, se pongan los recursos suficientes y adecuados, y se faciliten itinerarios de oportunidad y no de exclusión. 


El énfasis magnificado en los problemas, delitos o falta de adaptación oculta miles de historias estimulantes de superación, integración, y contribución laboral, social y fiscal. Es posible. Son chicas y chicos luchadores que lo que quieren es un trabajo para ganarse la vida de manera digna. El éxito viene dado por una buena acogida desde el primer momento; estancias en familias o centros de protección dignos, dotados de profesionales especializados; un acompañamiento individualizado, contando para ello con organizaciones sociales expertas; una formación adaptada a las necesidades de la economía española; y una gestión diligente de los permisos para que, en lugar de quedar en la calle, puedan seguir estudiando y trabajando cuando cumplan los 18 años.

La educación, que vence a la pobreza.

 LA EDUCACIÓN QUE VENCE A LA POBREZA 
Una agenda de políticas  educativas para el bienestar y el progreso de las personas

Miquel Àngel Alegre, Laura Morató,
Fundación Bofill,
Plataforma de Infancia. 


Acceso al informe, fuente OIAA
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Luchar contra la pobreza infantil

En los últimos años, la preocupación por las distintas caras y manifestaciones de la po­breza y, en particular, por la pobreza infantil ha ido transversalizándose y ganando posiciones en el discurso público y entre los distintos agentes políticos de nuestro país.

Conocemos los costes individuales que acarrean la pobreza y exclusión social de niños, niñas y adolescentes a lo largo de sus trayectorias vitales en términos de reducción signi­ficativa de sus logros educativos y perspectivas laborales, económicas, sociales y de salud.

Y sabemos también los costes económicos y de productividad que a medio y largo plazo genera la pobreza infantil para el conjunto de la sociedad (Cantó y González, 2023). En ge­neral, es cada vez más aceptado que reducir los niveles de pobreza y el riesgo de exclusión de niños, niñas y adolescentes no es tan solo una cuestión de justicia social para con la población infantil, sino también un objetivo a favor del progreso económico, el bienestar y la cohesión social del conjunto del país. 

Podemos atribuir el auge de esta consideración a tres factores concurrentes y asociados. 
En primer lugar, es obligado destacar la acción e incidencia de un buen número de entidades sociales y organizaciones preocupadas y ocupadas en la lucha contra la pobreza infantil.
En segundo lugar, siguen imponiéndose una realidad y unos datos alarmantes con respecto a los niveles de pobreza infantil. En concreto, En concreto, España es el tercer país de Europa con la tasa más elevada de menores en riesgo de pobreza y/o exclusión social (32,2 %, año 2022). Esta tasa, que en 2023 es del 34,5 %, se sitúa ocho puntos por encima de la correspondiente al conjunto de la población española (26,5 %) y apenas ha experimentado cambios desde 2015.

Todo esto recoge la variabilidad de grados de pobreza y exclusión social infantil apreciable entre las distintas comunidades autóno­mas, con tasas que van desde el 19 % (País Vasco) a cifras por encima del 40 % (Andalucía o Canarias)...

 

Inclusión social O invertimos ahora en los niños y niñas, o el presente y futuro del país estará en riesgo.

Desafío: Los niños enfrentan múltiples retos y los desafíos son más grandes para aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad. Ecuador ha retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza infantil. 

unicef Ecuador

UNICEF/ECU/2024/Terán

En el país, 26,2% de hogares con niños están en situación de pobreza por ingresos y 37,9% tienen pobreza multidimensional, es decir que no tienen acceso a educación; trabajo y seguridad social salud; agua y alimentación; hábitat, vivienda y ambiente sano.

Cuando un país prioriza e invierte en la infancia se revierten los efectos de la pobreza, la desigualdad y la violencia, ya que al invertir en políticas de educación, salud y protección se generan las condiciones para una sociedad más próspera, justa y democrática. La evidencia sostiene que esa inversión es la más poderosa e inteligente que un país puede hacer.  La inversión en la infancia resulta en enormes ganancias en capital humano y productividad en el mediano y largo plazo.  Es la más rentable: por cada dólar invertido en primera infancia, el país recupera hasta 17 dólares a mediano y largo plazo. 


Pobreza por ingresos

  • 18,9% de los hogares están en situación de pobreza por ingresos. En ellos se concentra el 25,2% de la población.
  • 31,7% de hogares vive en situación de pobreza en el área rural, mientras que en el área urbana la cifra disminuye a 13,3%.
  • La mitad de los hogares indígenas están en situación de pobreza.


Hogares con niños y adolescentes

  • 8,6% de los hogares sin niños están en situación de pobreza por ingresos.
  • La cifra se incrementa a 26,2% en los hogares con niños.


Pobreza multidimensional

La pobreza multidimensional, además de considerar los ingresos, abarca:

  • educación,
  • trabajo y seguridad social,
  • salud, agua y alimentación,
  • hábitat, viviendo y ambiente sano.
  • 31,1% de los hogares está en situación de pobreza multidimensional. En ellos se encuentra el 38,1% de la población.
  • 62.8% de hogares del área rural se ven afectados por esta situación; mientras que en el área urbana, al 17,3%.
  • 3 de cada 4 hogares indígenas viven en pobreza multidimensional.  

En los hogares con niños la situación es más grave

  • 21,4% de los hogares sin niños, niñas o adolescentes estaban en situación de pobreza multidimensional.
  • 37,9% de los hogares con niños afronta esta situación.

(Fuente: INEC, ENEMDU, 2022.)


Solución


¿Cómo podemos conseguir que la infancia crezca libre de pobreza?

  • Priorizar la inversión pública en la infancia para salud, educación, cuidado y protección social.
  • Fortalecer las capacidades del sector público para distribuir mejor sus recursos a favor de la niñez.
  • Generar alianzas público privadas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
  • Promover la educación ciudadana para juntos asegurar el cumplimiento de los derechos de la infancia.

¿Qué estamos haciendo?

  • UNICEF busca que los niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad, los niños indígenas y afrodescendientes, accedan a mejores oportunidades.
  • UNICEF respalda el fortalecimiento de las capacidades del Estado a fin de gestionar los recursos a favor de los niños de manera eficiente y eficaz, mediante la generación de asociaciones, incluido el sector privado.
  • UNICEF apoya al Estado en la ampliación de la cobertura de los servicios y asistencia social, con políticas adaptadas a los niños y a sus familias.
  • UNICEF fomenta la generación de evidencia para el diseño de modelos de gestión. Esto busca promover la implementación, supervisión y evaluación de políticas de protección social.
  • Para empoderar a las comunidades en la defensa de los derechos de los niños y niñas, UNICEF fomenta la educación de la ciudadanía y los medios de comunicación en torno a los derechos de la infancia. Además, motiva el seguimiento de la calidad de los presupuestos y los servicios por parte de la ciudadanía.
  • UNICEF apoya al Estado para generar información y evidencia que sirva de base para el diseño de estrategias de reducción de la pobreza infantil. Además, busca fortalecer el marco regulatorio sobre las estadísticas del sector social y las finanzas públicas. 

Cómo realizar cambios transformadores con y para las niñas adolescentes: cinco medidas prioritarias

 Coordinando al Grupo Consultivo Mundial de Niñas Dirigentes, 
UNICEF puso en marcha una encuesta mundial de U-Report 
que llegó a casi 590.000 adolescentes y jóvenes de ambos sexos. 
Encuesta 
Grupo Consultivo Mundial de Niñas Dirigentes, 
UNICEF


Acceso a los resultados de la encuesta, fuente OIAA

La encuesta se llevó a cabo en 39 países a través de plataformas de U-Report nacionales y regionales. 

En ella se pedía a los y las jóvenes que votaran sobre sus prioridades en materia de desigualdad de género y promoción de los derechos de las niñas.

Como resultado de la encuesta, hemos escuchado las firmes opiniones de más de medio millón de adolescentes y jóvenes de todo el mundo, que han indicado sus prioridades en materia de políticas para hacer frente a la desigualdad de género y promover los derechos de las niñas. 
Sobre la base de esta amplia consulta, así como de la experiencia programática de UNICEF y las últimas investigaciones, este informe de políticas resume cinco prioridades normativas concretas para la cuestión de las adolescentes. 
 Además de votar directamente sobre las prioridades en materia de políticas, los participantes en la encuesta también pudieron compartir sus opiniones sobre los puntos más importantes para invertir 1.000 millones de dólares de nuevos recursos en la tarea de proteger y promover los derechos de las adolescentes.

Las cinco prioridades concretas en materia de políticas que surgieron directamente de esta consulta son las siguientes:
  • Acceso a la escuela y competencias, incluidas la educación sobre los derechos de las niñas y la igualdad de género.
  • Educación sexual integral y servicios de salud para adolescentes centrados en las niñas.
  • Clases para progenitores y cuidadores sobre los derechos de las niñas.
  • Formación financiera para gestionar los recursos y los medios de subsistencia.
  • Seguridad económica con apoyo para ganar dinero y programas de dinero para la familia.