El trato a la infancia migrante en España, bajo la lupa del Comité de Derechos del Niño

En 1990, España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificar esta Convención significa respetar y promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que están en España.

The Conversation 

Elisa Brey

12 diciembre 2024

Cada cinco años, España tiene la obligación de revisar sus actuaciones ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esta revisión permite ver hasta qué punto se respetan los derechos de los menores.

Actualmente está terminando el VII Ciclo del procedimiento de informes periódicos de España ante el Comité de Derechos del Niño. Este procedimiento tiene cuatro fases. Aquí nos vamos a centrar en los derechos de la infancia migrante.

Primera fase: las cuestiones prioritarias

El 10 de febrero de 2023, el Comité de Derechos del Niño informó a España de la lista de cuestiones previa a la presentación de informes.

El documento de 15 páginas se refiere 38 veces a niños migrantes, adolescentes migrantes, niños en situación de migración o niños o menores no acompañados. La protección de los derechos de la infancia migrante aparece como un tema prioritario. El protagonismo lo tienen los niños.

El objetivo es garantizar la recopilación de datos, el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el respeto por las opiniones del niño y evitar la explotación y los abusos sexuales. Se proponen medidas especiales de protección para niños solicitantes de asilo, refugiados y no acompañados y niños en situación de migración. Además, se señala la importancia de cuidar de su salud mental y su acceso a la educación.

En noviembre de 2022, UNICEF ya había emitido un informe preliminar que iba en esa línea.

Segunda fase: el informe español

El 12 de marzo de 2024, España presentó el Informe del Estado parte para responder a la lista de cuestiones previa al Comité de Derechos del Niño.

El documento, de 35 páginas, incluye nueve referencias a niños, niñas y adolescentes no acompañados, menores migrantes o niños en situación de migración. Hay cuatro referencias al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y otras cuatro menciones a crisis o contingencias migratorias. De ello se desprende un lenguaje de tipo administrativo en un contexto de crisis repetidas. Las palabras tienen un significado y con este vocabulario el protagonismo de la infancia no resulta tan evidente como en el Informe del Comité.

En su informe, España menciona planes de formación para atender y escuchar a los niños migrantes, iniciativas para prevenir su explotación sexual y su trata y medidas para evitar su abandono escolar. Se refiere a medidas extraordinarias implementadas en Ceuta para dar acceso a la educación a unos 1 000 menores de edad que entraron el 17 de mayo de 2021.

Y aborda las medidas especiales de protección propuestas antes por el Comité. Se explica el anteproyecto de ley para un nuevo procedimiento de determinación de la edad. Se evoca la adopción, en 2022, del Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada y del Plan de Respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes 2022-2023.

Aparece otro punto importante. Según dos sentencias recientes del Tribunal Supremo, las repatriaciones de niños marroquíes por España, desde Ceuta, en agosto de 2021, no se ajustaron a la Ley de Extranjería. Al mencionarlo en su informe, el Estado reconoce las contradicciones entre la norma y la aplicación de la ley. En general, es un gran desafío para la garantía de derechos.

Tercera fase: informes alternativos

Durante la tercera fase del procedimiento, las partes interesadas pueden presentar informes alternativos ante el Comité de Derechos del Niño. Entre marzo y agosto de 2024, se presentaron diez de organizaciones de la sociedad civil y un informe del Defensor del Pueblo. A estos informes hay que sumar otros dos.

De trece informes, cinco no mencionan nada de la situación de la infancia migrante y otros cinco incluyen referencias puntuales. Tres informes se dedican de forma exclusiva a la infancia migrante. Destacan dos factores de especial vulnerabilidad: la ausencia de protección familiar y la carencia de documentación.

Mientras la Fundación Raíces se centra en los niños, niñas y adolescentes que llegan a España sin protección familiar, la Fundación Emet Arco Iris y sus colaboradores abordan la realidad de los niños separados de un adulto, y/o carentes de documentación, cuando llegan a España. La Fundación Cepaim y sus colaboradores se dedican a la infancia apátrida.

En esta misma línea, el Consejo General de la Abogacía Española dedica un apartado específico a los niños no acompañados. El informe señala irregularidades e incumplimientos jurídicos y sociales. Y recomienda contar con abogados especializados en derecho de menores y extranjería.

Fapmi-ECPAT España denuncia los riesgos de explotación sexual de los niños y niñas solos. Estos riesgos se producen cuando llegan a España, cuando están bajo la tutela del Estado y cuando son repatriados. Se ven agravados por la situación de hacinamiento que sufren durante su trayectoria migrante.

En cuanto al Defensor del Pueblo, insiste en que debería facilitarse la reagrupación familiar. A la luz de los demás informes, cobra especial sentido.

La Plataforma de Organizaciones por la Infancia, por su parte, dedica seis de 44 ámbitos de actuación a la infancia migrante. Además de cuestiones mencionadas en otros informes, se refiere a la necesaria lucha contra la segregación escolar en España y la infancia sin escolarizar en Melilla.

Cuarta fase: comparecencia de España

Cuando se abra la cuarta y última fase del procedimiento, España tendrá que comparecer y dialogar sobre las cuestiones abordadas por los informes. Luego, el Comité de los Derechos del Niño emitirá unas Observaciones Finales. Este documento servirá de base para que España lleve a cabo nuevas medidas para la infancia.

En cinco años, se abrirá un nuevo procedimiento durante el cual se repetirán de nuevo las fases aquí explicadas. Veremos entonces si se producen avances o cuáles son los nuevos retos para respetar los derechos de la infancia migrante. 

Infancia denuncia violación de derechos fundamentales en el centro de menores migrantes que Ayuso abrió en Fuenlabrada

El Ministerio de Infancia y Juventud ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores, en la cual señala que la ubicación, alejada de los núcleos urbanos, podría afectar a la protección de los derechos de los niños residentes.

Público

25/10/2024

Fachada del centro habilitado para la acogida de menores extranjeros no acompañados,
 a 25 de septiembre de 2024, en Fuenlabrada. — Matias Chiofalo / EUROPA PRESS

El Ministerio de Infancia y Juventud ha denunciado ante la Fiscalía de Menores que el centro de menores migrantes de Cantueña, ubicado en Fuenlabrada en una zona industrial y aislada de áreas urbanas, podría estar vulnerando los derechos fundamentales de los niños que allí residen.

Según la denuncia, este centro no garantiza el bienestar de los menores debido a su ubicación, alejada de los núcleos urbanos de Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe. El edificio alberga actualmente a unos treinta menores, según un trabajador. Las instalaciones, que abarcan 4.000 metros cuadrados, incluyen un campo de fútbol, pero en los alrededores no existen ofertas de ocio ni hay nada que hacer.

El centro de Cantueña se transformó en la respuesta de emergencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para acoger a menores migrantes que llegan a su territorio tras ingresar de forma irregular en España. Ante la falta de plazas, la Comunidad de Madrid había declarado cuatro emergencias entre enero y abril de este año para habilitar nuevas camas con urgencia. Como solución, se decidió reacondicionar un edificio de tres plantas que llevaba abandonado desde 2009.

"Es un centro de menores que, según nuestros servicios jurídicos, podría estar vulnerando los derechos fundamentales de la infancia por la ubicación en la que se encuentra, por el formato que tiene. Es un centro que tiene que ver con políticas de segregación, políticas que a nuestro juicio son políticas racistas", ha reprochado Rego.

El principal inconveniente es que las viviendas más cercanas al centro no se encuentran en Fuenlabrada, sino en el municipio vecino de Parla, y para llegar a ellas es necesario recorrer 1,3 kilómetros de terreno abierto. La autovía de Toledo, la A-42, pasa justo enfrente. Además, el instituto más próximo en Fuenlabrada está a una hora y cuarto, mientras que el centro de salud más cercano se encuentra a hora y media de distancia.

La titular de Infancia ha señalado que su ministerio "ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de menores un escrito preparado por los servicios jurídicos del Ministerio de Juventud, una denuncia a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso por la construcción de ese centro de menores de Fuenlabrada". 

Menores que migran solos: un enfoque desde los derechos humanos con perspectiva de infancia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría transformar la gestión de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas: alcanzar un acuerdo con Marruecos para que estos niños, niñas y adolescentes (NNA) sean atendidos en su país de origen. 

elDiario.es

Iratxe Serrano

20 de octubre de 2024

Esta iniciativa, presentada tras su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha suscitado un debate en torno a la viabilidad y las implicaciones de confiar a Rabat la atención de los NNA marroquíes bajo tutela canaria. Pero, ¿es esta la solución adecuada? Analicemos el contexto, las implicaciones legales y, sobre todo, el impacto desde una perspectiva de derechos humanos.

Contexto: La responsabilidad de la acogida y la Ley de Extranjería

El fenómeno migratorio hacia Canarias ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años, y la infancia que migra forma parte de esta realidad. Según el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de establecer acuerdos con los países de origen para procurar la integración social de los NNA en su entorno. Sin embargo, esta opción ha sido rara vez explorada, probablemente por las dificultades y riesgos asociados a garantizar las condiciones adecuadas para su protección en el extranjero.  Ya hubo un intento en 2008 siendo presidente Paulino Rivero. No obstante, se quedó en eso, en un intento porque el procedimiento, además de ser altamente engorroso, caducó.

Clavijo ha enfatizado que no se trata de trasladar a los NNA a un tercer país, como ha hecho Italia con Albania, sino de devolverlos a su entorno de procedencia, asegurando las garantías previstas por la ley. Sin embargo, el reto es asegurar que los derechos de la infancia migrante se protejan de manera efectiva, sin importar dónde se encuentren.

Garantías insuficientes: la protección del interés superior del menor 

Aunque la propuesta de Clavijo parece estar respaldada por la Ley de Extranjería, la legislación nacional e internacional establece claramente que el interés superior del menor debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada tanto por España como por Marruecos, obliga a los Estados a tomar medidas que garanticen el bienestar y desarrollo integral de los NNA, asegurando su protección contra cualquier forma de abuso o explotación.

En este sentido, la propuesta de confiar a Marruecos la atención de estos menores despierta ciertas dudas. ¿Qué mecanismos se implementarán para supervisar y garantizar que los NNA reciban la protección y los cuidados adecuados? ¿Cómo se asegurará Canarias de que estos acuerdos se respeten en la práctica y no se conviertan en una herramienta para gestionar el problema migratorio sin abordar sus raíces ni asegurar el bienestar de los niños y niñas que migran solos?

Perspectiva internacional y relaciones diplomáticas

La relación entre España y Marruecos ha sido siempre compleja, influenciada por intereses económicos, políticos y geoestratégicos. El presidente Clavijo ha mencionado en distintas ocasiones la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos, un socio estratégico en cuestiones migratorias. No obstante, los acuerdos diplomáticos no deberían comprometer la seguridad y el bienestar de los NNA. En este sentido, es fundamental que las decisiones no estén motivadas únicamente por intereses políticos o económicos, sino que estén guiadas por el compromiso de proteger a las personas menores de edad que migran solas y que son vulnerables.

La historia nos ha mostrado que confiar la atención de los niños, niñas y adolescentes a terceros países o incluso a sus propios países de origen no siempre ha dado los resultados esperados. Se requiere de un seguimiento constante y mecanismos de transparencia que aseguren que los derechos de los NNA se respetan. En este caso, la tutela compartida que menciona Clavijo no es suficiente si no se define claramente cómo se garantizará la seguridad, educación y bienestar de estos NNA  en Marruecos.

Reforma de la Ley de Extranjería: una solución necesaria

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas compartan obligatoriamente la responsabilidad de la acogida de la infancia que migra sola. Esta propuesta busca evitar que la atención de los menores recaiga únicamente en las regiones más expuestas a la migración, como es el caso de Canarias. Es un enfoque más equitativo y sostenible, que permitiría una distribución justa de la carga y garantizaría que los NNA recibieran el apoyo necesario sin importar dónde se encuentren.

La reforma de la Ley de Extranjería puede ser un camino más seguro y justo para afrontar este reto, compartiendo la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y asegurando que los menores reciban el apoyo adecuado dondequiera que estén. La gestión de la infancia migrante requiere empatía, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos.

Sin embargo, la propuesta del presidente Clavijo demuestra una interpretación errónea de las competencias establecidas en la ley actual. Lo que se plantea en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite acuerdos con los países de origen para procurar la integración social de los menores, no es equivalente a las repatriaciones reguladas en el artículo 35.5. Estas últimas fueron exploradas años atrás, pero resultaron complicadas debido a procedimientos burocráticos complejos y plazos muy limitados que provocan que los expedientes caducaran con frecuencia. Además, la Comunidad Autónoma no tiene competencia alguna en la decisión final de una repatriación. Una vez que se ejecuta, el menor queda bajo la tutela de su familia o de los servicios sociales del país de origen, sin posibilidad de una tutela compartida con Canarias.

En cuanto al artículo 35.2, la propuesta de Clavijo presenta varios problemas legales. En primer lugar, aunque este artículo menciona la posibilidad de acuerdos con países de origen, la Constitución Española establece que la competencia para firmar tratados internacionales corresponde exclusivamente al Estado. Las comunidades autónomas podrían suscribir acuerdos internacionales administrativos, pero solo si existe un tratado internacional previo que lo permita. De momento, no parece haber indicios de que el Estado firme un convenio de este tipo que habilite a Canarias para avanzar en esta dirección.

Por otro lado, la ley también permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos internacionales no normativos, pero estos carecen de fuerza vinculante y no crean obligaciones legales a nivel internacional, lo que los convierte en papel mojado. Así que, en la práctica, el margen de maniobra para el Gobierno de Canarias se limita a la repatriación de menores, un ámbito en el que tampoco tiene competencia directa. La interpretación del presidente Clavijo sobre el artículo 35.2 no refleja una comprensión precisa de las limitaciones legales y competenciales que impone la legislación vigente.

Enfoque de infancia y derechos humanos: la clave del debate

Cualquier decisión sobre el destino de las personas menores de edad migrantes no acompañadas debe ser analizada caso por caso y siempre con el interés superior del menor como eje central. Esto significa evaluar si su entorno de origen es seguro, si existen oportunidades reales de integración y desarrollo, y si hay garantías de protección frente a posibles abusos. Las experiencias previas de repatriación o traslado a terceros países han demostrado que, sin un seguimiento adecuado, los NNA corren el riesgo de caer en situaciones de desprotección o, en el peor de los casos, de explotación.

Si Canarias decide avanzar en la propuesta de acuerdos con Marruecos, será fundamental que la comunidad internacional supervise y asegure el cumplimiento de las normas de derechos humanos. No se trata solo de gestionar cifras migratorias, sino de proteger vidas humanas. La infancia migrante es una de las más vulnerables, y su bienestar debe ser la prioridad absoluta de cualquier acuerdo.

Una responsabilidad que va más allá de las fronteras

La propuesta de Canarias abre un debate necesario sobre cómo gestionar la acogida de la infancia en movimiento en un contexto de crisis migratoria. No obstante, debe quedar claro que la protección de los derechos de los NNA no puede ser sacrificada por conveniencia política o diplomática. Cualquier acuerdo debe estar respaldado por garantías reales y mecanismos de supervisión eficaces que aseguren la protección y el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes.

La reforma de la Ley de Extranjería puede ser un camino más seguro y justo para afrontar este reto, compartiendo la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y asegurando que los menores reciban el apoyo adecuado dondequiera que estén. La gestión de la infancia migrante requiere empatía, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos.

En este contexto, no podemos ignorar el precedente de las tesis defendidas por líderes europeos como Giorgia Meloni en Italia, que promueven acuerdos de externalización de la gestión migratoria, trasladando a migrantes a terceros países en lugar de garantizar su protección en territorio europeo. Este enfoque plantea serias preocupaciones desde una perspectiva de derechos humanos, ya que prioriza la reducción de las cifras migratorias a costa de la seguridad y el bienestar de las personas, incluidas las personas menores de edad. Canarias debe evitar caer en la trampa de convertir un asunto humanitario en una cuestión de simple logística migratoria. En lugar de externalizar responsabilidades, la prioridad debe ser reforzar las estructuras de acogida y protección, asegurando que ningún NNA quede en una situación de desamparo, independientemente de las fronteras.

Iratxe Serrano

Ex directora general de Protección a la Infancia y las Familias. 

Los derechos de la infancia en juego o cómo no se está protegiendo a los menores migrantes.

El pasado jueves 19 de septiembre, Verónica Gallego, secretaria de la Junta de Gobierno del COTS Madrid, acudió s a la Jornada “Los Derechos de la infancia en juego” organizada por Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid

1 de octubre de 2024

Durante esta sesión, enfocada en una mesa redonda donde tres profesionales y expertas en la defensa de los derechos de la infancia expusieron las siguientes ideas, dando lugar al debate y la reflexión:

Patuca Fernández, histórica abogada y activista por la defensa de los derechos de los/as menores migrantes, argumentó porque se está poniendo en cuestión algo tan fundamental como los derechos humanos en lo relacionado con los/as menores migrantes: carencia de medidas que eviten su pobreza y falta de vivienda adecuada, ausencia de representación en la defensa de sus derechos, ponerles en el foco de los discursos de odio, etc. De esta manera, propuso: recuperar el término: infancia/niñez, “resistir la tentación de la atrocidad” distinguiendo entre unos/as niños/as y otros/as y detectar el umbral de la injusticia en la infancia.

Margarita de la Rasilla, de Acnur España, comentó la realidad de los y las menores refugiadas o susceptibles de necesitar protección internacional que se encuentran en nuestro país. Asimismo, puso en foco en las cifras: España en el país europeo con el mayor número de solicitudes de protección internacional, pero el 75% de la población migrante prefiere quedarse en la frontera de su país o en un país cercano, sólo la desesperación y la necesidad le empuja a dejar su tierra en un proceso migratorio incierto y duro. Acnur ha llevado a cabo 576 entrevistas a menores residentes en Canarias, permitiendo acercarse a una realidad que sólo vemos habitualmente en el papel o pantalla, salvo si trabajamos de forma directa en ello.

Itziar Gómez, del Tribunal Constitucional, llevó el debate a cuestionar el marco jurídico principal: la Constitución. El artículo 39 es “pobre” y no protege adecuadamente, su reforma podría mejorar la clarificación de los derechos de la infancia y las competencias de unas Administraciones y otras. Además, recordó que España no cuenta con una jurisprudencia amplia y de calidad en materia de protección a la infancia, ya que la defensa de los derechos de los menores tienen que ser defendidos por sus representantes y, bien, las Administraciones no lo hacen convenientemente (en el caso de menores tutelados/as) o bien sus progenitores vinculan la defensa de sus propios derechos a los de sus hijos/as.

En un día en el que la inmigración se había convertido en un problema social según las encuestas y algunos medios, acudir a este tipo de propuesta siempre aporta y clarifica cuestiones fundamentales sobre los derechos humanos para nuestra profesión, trabajemos donde trabajemos. 

Unos 60.000 niñas y niños han cruzado a Siria desde El Líbano en menos de una semana

Los niños y niñas en Líbano se encuentran en grave peligro de perder la vida, sufrir daño físico o estrés emocional severo tras la incursión terrestre en el sur del país por parte de las fuerzas israelíes. 

Save the Children 

Beirut/Amán, 1 de octubre de 2024

En la noche del lunes y mañana del martes el ejército israelí ha iniciado la primera incursión en el sur del Líbano desde 2006, después de una noche de violentos ataques aéreos en los barrios del sur de Beirut. Estos ataques han dejado al menos 95 muertos y 172 heridos según datos del Ministerio de Sanidad del Líbano. 

Save the Children pide un alto el fuego inmediato para prevenir más sufrimiento, garantizar el acceso humanitario y parar la escalada del conflicto a otras zonas de la región. “Las familias de todo el Líbano están viendo los acontecimientos de las últimas horas con puro horror, y nos dicen que están absolutamente aterrorizados por lo que pueda suceder a continuación. La violencia no sólo se ha intensificado en el sur, sino que en los últimos días se han producido repetidos ataques en Beirut, lo que demuestra que ningún lugar es seguro en el Líbano. Los padres y madres se afanan por mantener a salvo a la familia ante su peor pesadilla, algo que llevan temiendo desde hace un año,” afirma Jennifer Moorehead, Directora de Save the Children en Líbano. “Los niños y niñas llevarán la peor parte de este conflicto durante años, con consecuencias nefastas no sólo para su bienestar físico, sino también para su salud mental a largo plazo. Esto debe acabar ya.”

Desplazamientos a Siria

Unos 60.000 niños han huido a Siria desde el Líbano en la última semana, muchos de ellos deshidratados y agotados, según Save the Children. Alrededor de 100.000 personas -se calcula que un 60% son sirias y un 40% libanesas- han cruzado a Siria desde Líbano desde que se intensificaron las hostilidades el 24 de septiembre, según cifras de la ONU. Se calcula que la violencia ha desplazado a cerca de un millón de personas, casi una quinta parte de la población de Líbano.

Los pasos fronterizos están abarrotados, sobre todo de niños y niñas, mujeres y personas con discapacidad que esperan para cruzar a Siria. Es posible que muchos más estén cruzando utilizando puntos fronterizos informales.

Save the Children pide que se protejan las zonas civiles densamente pobladas, de conformidad con las obligaciones que incumben a todas las partes en conflicto en virtud del Derecho Internacional Humanitario. 

Siria se enfrenta ya a la mayor crisis humanitaria de su historia tras 13 años de conflicto. Más de 16 millones de personas, el 45% de ellas niñas y niños, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria, mientras que la financiación humanitaria ha disminuido. Líbano acoge a cerca de 1,5 millones de sirios que huyeron del conflicto.  

“La infancia está pagando el precio más alto de esta violencia, obligados a huir de sus hogares bajo la amenaza constante de ataques aéreos y atentados. Algunos niños y niñas se han visto obligados a caminar durante horas bajo la amenaza de ataques aéreos, sólo para llegar a una frontera que sigue siendo peligrosa. Esto no puede continuar.  La gente huye de Líbano y entra en un país donde los servicios están casi colapsados tras 14 años de conflicto. La crisis humanitaria en Siria alcanza niveles récord y se ve arrastrada a escaladas regionales,” dice Rasha Muhrez, Directora de la respuesta de Save the Children en Siria. “Siria no es un patio de recreo para ataques: los niños y niñas no pueden aguantar más. Todas las partes deben reducir la tensión. Cada día de retraso pone más vidas en peligro.”

Save the Children trabaja en el Líbano desde 1953. Desde octubre de 2023, hemos ampliado nuestra respuesta en el Líbano, apoyando a familias libanesas, sirias y palestinas desplazados, y ahora hemos intensificado una respuesta de emergencia en todo el país en 70 refugios. Desde octubre de 2023, hemos ayudado a 71.000 personas, entre ellas 31.000 niños y niñas, con dinero en efectivo, mantas, colchones y almohadas, paquetes de alimentos, botellas de agua y kits con artículos de higiene esenciales.

La organización hace un llamamiento para que toda aquella persona que lo deseé y pueda haga una donación para contribuir al apoyo a la infancia que está sufriendo las consecuencias de este conflicto: https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/emergencia-libano-em