La nueva Estrategia de Garantía Infantil de Euskadi 2030 establece diez retos y doce objetivos generales de carácter estratégico. El documento de bases aborda el acceso de las niñas niños y adolescentes a los derechos y a las oportunidades para impulsar sus proyectos de vida.
16 de diciembre de 2024
“La política de garantía de derechos de la infancia y promoción de la igualdad de oportunidades es una inversión, no un gasto”, ha puesto en valor Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Lo ha hecho en el Parlamento Vasco, durante la presentación de la ‘Estrategia de Garantía Infantil de Euskadi 2030’ ante la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico a petición propia.
La nueva estrategia tiene como objetivo contribuir a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes hasta cumplir la mayoría de edad y a la promoción de su ejercicio efectivo en todas las líneas de sus vidas. “Haciendo especial hincapié en los y las menores más vulnerables mediante la lucha contra la pobreza infantil y el fomento de la igualdad de oportunidades”, según ha resaltado la propia consejera.
Se trata de un documento de bases, que establece 10 retos y 12 objetivos generales de carácter estratégico, conectados a 4 ejes y 13 ámbitos de actuación propios de la garantía infantil en el marco de la Garantía Infantil Europea. Estos retos y objetivos constituyen orientaciones para la acción del sector público, en cooperación con las familias y comunidades, el tercer sector social y las empresas.
Concretamente, el V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y la Infancia y Adolescencia, cuyo proceso de elaboración está en marcha, conectará con esta EGIE 2030 y tomará en consideración dichas orientaciones así como la amplia batería de recomendaciones y actuaciones que, en relación con cada objetivo estratégico, se identificaron en el proceso para elaborar la estrategia y que este documento, como documento de bases, no recoge.
Además, esta estrategia vasca se alinea con la Garantía Infantil Europea e incide de forma novedosa en áreas fundamentales, pero no siempre consideradas, como el ocio y la cultura, así como en su participación social y política.
En su comparecencia de esta tarde en sede parlamentaria, Melgosa ha resaltado así mismo el triple carácter del enfoque de esta estrategia: inversor, preventivo y de igualdad de derechos y oportunidades. Con este enfoque el objetivo es romper el ciclo de las desventajas y la transmisión intergeneracional de la pobreza, focalizando la acción en las personas menores en situación de necesidad y sus familias, así como en la primera infancia y la intervención temprana.
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico también ha puesto en valor las principales novedades que aporta esta estrategia:
- Como la existencia de una Garantía Infantil Europea que alinea las distintas iniciativas de la Unión en esta materia y las dota de un marco de planificación y financiero. Concretamente, un porcentaje del programa operativo del FSE+ (al menos el 5%) se destina a esta materia y su ejecución representa una condición para el acceso al resto de la financiación.
- El paradigma inversor y el enfoque centrado en derechos, integral y preventivo, que comparten la Garantía Infantil Europea y la EGIE 2030, en coherencia con lo previsto en la nueva Ley vasca infancia y adolescencia.
- El énfasis en las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, entendiendo a las personas menores como sujetos de derechos y protagonistas de su vida y propiciando su participación. Políticas compartidas con las organizaciones de infancia y adolescencia, que incluye la necesaria diferenciación de las políticas de infancia y adolescencia, respecto a las políticas de familias, sin perjuicio de su necesaria articulación.
- Y el desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación, incluyendo una matriz de indicadores (con objetivos) a desplegar de cara al diseño, monitorización y evaluación, ex ante y ex post, del V Plan interinstitucional, reforzando así la evaluación y las políticas basadas en la evidencia.
