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Pautas para la promoción y protección integral de NNA con referentes privados de libertad por

IIN y NNAPES.

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA) y

la Plataforma Regional por la defensa de los de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes adultos privados de libertad (NNAPES),

presentan

“Pautas para la promoción y protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes con padres, madres o referentes adultos responsables de su cuidado privados de la libertad”.

Esta publicación tiene como objetivo brindar una orientación técnica con lineamientos para el abordaje de la problemática a los Estados. Es en esa línea que incluye recomendaciones para la implementación de acciones que colaboren en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad.

Las niñas, niños y adolescentes que entran en contacto con el sistema de justicia penal a partir de la condena a prisión de uno de sus referentes de cuidado, están expuestos a una serie de situaciones que coadyuvan a la condición de pobreza y exclusión social por la que atraviesan las familias. Estas consecuencias comprenden el impacto emocional y psicológico de la separación, así como el riesgo de ruptura de las relaciones familiares o las dificultades para mantenerlas. A esto se le suma el riesgo de desatención y/o abandono o negligencia, la estigmatización, y la discriminación. Además, esta situación suele afectar la economía del hogar, por lo que los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, muchas veces terminan asumiendo roles adultos, dejando el sistema educativo formal y realizando actividades de trabajo infantil o asumiendo los cuidados de sus hermanos, con el fin de ayudar a su familia.

Desde el año 2011, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha destacado la importancia de dar a conocer y explorar temas relacionados con los Derechos Humanos de “los niños de padres encarcelados”, con el objetivo de proporcionar orientación normativa y práctica a los Estados y otros actores relevantes en el respeto, la promoción y el cumplimiento de los derechos de los niños en este tipo de situaciones.

A su vez la Asamblea General de la OEA, mediante la Declaración sobre “Violencia y la Explotación contra la Niñez” (AG/DEC. 76 (XLIVO/14)), ha instado a los Estados a contar con metas e indicadores claros y medibles que garanticen que niños y niñas estén libres de violencia y explotación, incluyendo estadísticas sobre aquellos que no reciben la atención adecuada o se encuentran en riesgo de atención inadecuada.

En ocasión del XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el IIN y la Plataforma NNAPES presentan este documento que destaca la importancia de trabajar interinstitucionalmente los Estados, desde sus distintos sistemas, organizaciones de la sociedad civil y diversos actores sociales, articulando procedimientos y prácticas respetuosas de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes e interés superior, que permitan brindar respuestas oportunas y efectivas a la problemática que atraviesan.

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La seguridad y el estado democrático liberal. Criminalizando la política de los jóvenes.

Este artículo explora las prácticas por parte de instituciones y el Estado

encaminadas a eliminar y criminalizar formas de activismo tales como

las revueltas estudiantiles en Quebec, (la “maple spring”),

o el movimiento de los indignados en España.

En los dos países se ha promovido la criminalización de las prácticas de muchos jóvenes.

¿Qué papel desempeñó en el desarrollo de políticas criminalizadoras

el hecho de que las protestas ciudadanas contra la austeridad en 2011 y 2012

tuvieran un marcado componente de protesta juvenil?

La seguridad y el estado democrático liberal.

Criminalizando la política de los jóvenes,

Revista Internacional de Sociología, Vol 77, No 4 (2019)

Judith Bessant,

School of Global Urban Social Studies,

RMIT University, Australia,

https://orcid.org/0000-0001-7385-5358.

Maria Grasso,

Department of Politics and International Relations,

University of Sheffield, Reino Unido,

https://orcid.org/0000-0002-6911-2241

Resumen

Las políticas de austeridad fueron la reacción de muchas democracias liberales ante la crisis económica iniciada en 2008. Esto provocó un aumento de la contestación y de la movilización social, protagonizada en muchos casos por personas jóvenes.

Como reacción a su vez, muchos gobiernos desarrollaron políticas con el objetivo de combatir estas formas de movilización, incluyendo la criminalización de la protesta.

Este artículo explora las prácticas por parte de instituciones y el Estado encaminadas a eliminar y criminalizar formas de activismo tales como las revueltas estudiantiles en Quebec, (la “maple spring”), o el movimiento de los indignados en España.

A pesar de las diferencias entre ambos países, Canadá puede ser descrito como una ‘democracia liberal madura’ mientras España encaja mejor con la etiqueta de ‘democracia liberal emergente’, en los dos países se ha promovido la criminalización de las prácticas de muchos jóvenes que buscaban ejercitar su derecho constitucional de manifestarse y expresarse libremente a través de la acción colectiva.

Aunque en cierto sentido estas prácticas pueden ser explicadas atendiendo a ciertas contradicciones inherentes a las democracias, las políticas criminalizadoras también reflejan algunos prejuicios muy arraigados contra las personas jóvenes.

Fundamentamos esta afirmación en el hecho que los jóvenes han causado siempre una atención desproporcionada por parte de la policía y el sistema de justicia legal cuando se veían vinculados con formas convencionales de delincuencia.

¿Qué papel desempeñó en el desarrollo de políticas criminalizadoras el hecho de que las protestas ciudadanas contra la austeridad en 2011 y 2012 tuvieran un marcado componente de protesta juvenil?

La discusión sobre las ideas preconcebidas sobre la edad, y la creencia establecida entre algunos sectores de la población de que la juventud ha de ser ‘vigilada de cerca’ permite avanzar en la comprensión de las formas de respuesta estatal cuando son las personas jóvenes las que aspiran a participar activamente en la política.

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Los adolescentes y jóvenes están marcando el territorio del cambio social:
Son protagonistas, son ciudadanos, son personas con iguales derechos que los adultos.
El mundo es suyo, y el futuro de ese mundo con más motivo.

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Vulneraciones de derechos contra niños, niñas y adolescentes en estado de emergencia

"La postergación y la invisibilización del rol de los niños y niñas en nuestra sociedad

son también la expresión de esta crisis".

Por Camilo Morales Retamal*,

Columna: Opinión,

24 de Octubre, 2019.

"Son los niños, niñas y adolescentes quienes más han sufrido

los efectos de la inequidad de nuestro sistema".

"La violencia policial y militar que se ha ejercido

en contra de niños, niñas y adolescentes es inadmisible".

La situación que afecta a nuestro país (Chile) da cuenta de una grave crisis social y política, que es consecuencia de la permanencia de un modelo económico, político e institucional que ha profundizado la injusticia y la desigualdad. El creciente malestar de estos días es la expresión más clara de un sistema que se percibe como vulnerador.

Somos testigos de una situación histórica, donde el estallido social ha generado reacciones de violencia social e institucional que angustian, conmocionan e indignan. En este escenario, principios como la dignidad, el cuidado, la confianza y la justicia se ven transgredidos cuando la respuesta de la autoridad política reduce la indignación colectiva a un problema de orden y seguridad pública, donde las manifestaciones son criminalizadas y las demandas sociales son silenciadas, ante la ausencia de acciones y propuestas concretas enfocadas en transformar un sistema productor de injusticia y segregación.

Este escenario requiere de una respuesta política que sea capaz de reconocer la violencia que las propias instituciones generan con sus discursos y prácticas. No es posible seguir sosteniendo declaraciones que humillen y estigmaticen a los ciudadanos y ciudadanas. Es preciso también escuchar la voz de los que históricamente han sido silenciados y excluidos de participar y protagonizar los cambios sociales, a través de mecanismos de participación que no se reduzcan a convocar sólo a la élite social, política, académica y económica del país.

Hoy, más que nunca, reflexionar, comprender y discutir sobre las causas de esta violencia estructural es un imperativo ético si es que se quiere avanzar en la construcción de un nuevo pacto social como se ha venido señalando. Para esto no podemos seguir negando el contexto y la perspectiva histórica que están a la base del malestar que hoy se expresa en Chile.

En este contexto un ámbito de especial preocupación son las diversas formas de violencia y graves vulneraciones que afectan a niños, niñas y adolescentes como consecuencia de esta situación, pero también frente a las iniciativas políticas y legislativas que dan cuenta de graves retrocesos en materia de derechos humanos, vulnerando los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas.

Precisamente, son los niños, niñas y adolescentes quienes más han sufrido los efectos de la inequidad de nuestro sistema. La ausencia de un sistema de garantías que respete y proteja los derechos, junto con la falta de una institucionalidad de protección que cuide en lugar de dañar y vulnerar los derechos, son ejemplos concretos de una deuda que permanece vigente por parte de nuestras autoridades políticas.

Debemos recordar que en esta materia el ejecutivo y el parlamento no ha sido capaces de avanzar en una propuesta concreta de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez. En lugar de eso, se ha preferido seguir generando políticas públicas a partir de retazos que no responden a una visión integral que permita abordar con profundidad los desafíos y brechas que existen en el campo de la niñez.

La crisis social y política que atraviesa nuestro país, y el actual estado de emergencia invocado por el gobierno, desnuda la precariedad de las instituciones encargadas de brindar protección a niños y niñas en un momento donde sus derechos corren serios riesgos de ser vulnerados.

Estamos siendo testigos de un grave vacío institucional que se manifiesta en la ausencia de orientaciones y acciones claras para enfrentar y proteger a los niños de situaciones que amenazan su bienestar, dignidad e integridad física y/o psíquica.

La Defensoría de la Niñez ha reportado que en los últimos días 15 niños han sido heridos producto de la violencia policial. La labor de observación y seguimiento es fundamental en estos momentos, pero debe estar acompañada por el trabajo de otras instituciones y de un plan de acción que permita prevenir posibles situaciones de violencia, brindar apoyo durante la emergencia y reparar los efectos de la violencia cuando ha sido ejercida por agentes del Estado. Por lo tanto, en esta grave crisis: ¿quién previene? ¿quién acompaña? y ¿quién repara los efectos de la violencia ejercida por el propio Estado? Son preguntas que demandan una respuesta urgente y clara por parte de la institucionalidad a cargo.

La violencia policial y militar que se ha ejercido en contra de niños, niñas y adolescentes es inadmisible y nos debe llevar a exigir como sociedad, que las instituciones públicas tomen medidas para detener la violencia y actúen priorizando el resguardo de los derechos humanos que hoy se ven amenazados y violentados. El silencio de algunas instituciones sólo reafirma la necesidad de avanzar en el desarrollo de un sistema de protección de la infancia a través de una ley de garantías de los derechos de la niñez.

La postergación y la invisibilización del rol de los niños y niñas en nuestra sociedad son también la expresión de esta crisis. Incluirlos desde la escucha, participación y el protagonismo que pueden ejercer, reconociendo sus voces y formas de organizarse, son elementos mínimos e indispensables si se quiere avanzar en lo que se ha denominado “nuevo pacto social”.

Un nuevo pacto social es la posibilidad de construir y habitar un futuro con otros. Requiere de señales y acciones orientadas a resguardar el bien común, los vínculos de confianza y el cuidado en comunidad. No obstante, requiere de un reconocimiento de la violencia que se ha ejercido y de acciones institucionales que reparen los daños como una forma de hacerse responsables de los efectos de las vulneraciones.

Sin un reconocimiento de la dignidad del otro y el respeto por la particularidad, diversidad y las trayectorias subjetivas de cada persona y comunidad, seguiremos edificando una sociedad del individualismo, la confrontación y la desconfianza.

*Camilo Morales Retamal, Coordinador Ejecutivo del Programa de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

Niños, niñas y adolescentes chilenos vuelven a ser protagonistas en Chile.

CIDH* condena excesivo uso de la fuerza y

rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas sociales en Chile.

Como sucedió hace tres años,
los chavales de Chile ha protagonizado una revuelta democrática en la defensa de los derechos humanos.
En aquella ocasión fue por su derecho a un educación igualitaria, comunitaria y no clasista; y lo consiguieron.
Deseamos que Chile solucione sus problemas en paz, pero no al precio de la pérdida de DD HH.(GSIA)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su condena tanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como a los actos violentos cometidos por civiles en el marco de protestas sociales en Chile en los últimos días. La CIDH rechaza de manera enfática la escalada de la violencia que ha resultado en al menos 18 personas fallecidas, decenas de personas heridas, periodistas agredidos, y más de mil personas detenidas. La Comisión urge al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de Derecho.

Según información de público conocimiento, tras los diversos anuncios de alzas de coste de servicios públicos y privados hechos los últimos meses, y en particular, tras el anuncio hecho el pasado 6 de octubre sobre el aumento de la tarifa del pasaje de metro, distintos sectores de la sociedad iniciaron diversos llamados a ingresar masivamente al metro sin pagar en forma de protesta. En tales actos participaron cientos de personas, y en especial, niños, niñas y adolescentes, estudiantes de secundaria y universitarios, bajo el lema “Evasión todo el Día”.

La Comisión observa que varios de estos eventos derivaron en incidentes, incluyendo destrozos de inmobiliario público, produciéndose varias detenciones y enfrentamientos entre agentes de Carabineros y manifestantes.

En este contexto, el viernes 18 de octubre, el Gobierno anunció cierre de la totalidad de la red de Metro en Santiago de Chile y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Paralelamente, se iniciaron una cadena de manifestaciones de protesta y disturbios en la Región Metropolitana, incluyendo destrozos, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que se extendieron posteriormente a otros puntos del país, entre otros, a las ciudades de Valparaíso, Concepción y Rancagua.
La Comisión observa que en respuesta a estos hechos, en la madrugada del 19 de octubre el Presidente de la República emitió los Decretos No.472, 474 y 479 por los que declaró el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por 15 días en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en razón de la alteración del orden público. Posteriormente, esta medida ha sido extendida a Valparaíso, Concepción, Rancagua y Coquimbo y a otras zonas del país.

Al respecto, la Comisión observa que el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia establece un mando militar como Jefe de la Defensa Nacional, con la función de restablecer el orden y la seguridad pública, al tiempo que establece restricciones a la libertad de movimiento y reunión en el marco del plazo indicado. Asimismo, la Comisión observa que el jefe de la Defensa Nacional designado declaró el toque de queda las noches del 19, 20, 21 y 22 de octubre en varias zonas del país. Como resultado de la declaratoria del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y de los toques de queda, la Comisión advierte que fueron desplegados efectivos militares de las Fuerzas Armadas, además de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros de Chile, en varias ciudades del país para llevar a cabo funciones de seguridad ciudadana.

De acuerdo con información pública, durante las jornadas de protesta posteriores, centenares de personas habrían resultado heridas, algunas de ellas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.
Según cifras publicadas el 23 de octubre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de su observación al menos 2.128 habrían sido detenidas y 376 personas habrían resultado heridas, de las cuales al menos 173 por arma de fuego.
Por su parte, el subsecretario del Interior de Chile, confirmó el martes 23 de octubre que 18 personas han fallecido a nivel nacional en el marco de las protestas. El Estado de Chile informó a la Comisión que en todos estos casos el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, dictándose incluso prisión preventiva en contra de presuntos responsables. Respecto de estas cifras, si bien la Comisión ha observado positivamente los esfuerzos de comunicación permanente de autoridades del Estado sobre la situación en el país, advierte la ausencia de cifras oficiales unificadas y debidamente desglosadas sobre la cifra total de personas heridas y fallecidas en el contexto de las protestas. Adicionalmente, la Comisión expresa su preocupación por la información recibida sobre agresiones en contra del personal del INDH que se encuentra realizando sus funciones de observación, ello pese a contar con su identificación y equipamiento institucional.
Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación por hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. Entre otros, el 20 de octubre la Comisión conoció del fallecimiento por impacto de bala de un manifestante que se encontraba participando de una protesta en la ciudad de La Serena, en el contexto de un enfrentamiento entre manifestantes y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Asimismo, la Comisión conoció de otra intervención militar para impedir el saqueo a un supermercado que resultó en dos personas heridas por arma de fuego. La Comisión advierte que ambos hechos fueron comunicados y lamentados públicamente por la Jefatura de Defensa Nacional.

La CIDH también expresa su preocupación por la información que señalaría un uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos en el marco de detenciones. Al respecto, la Comisión advierte que el 20 de octubre el INDH señaló haber constatado lesiones graves de al menos 22 personas detenidas y haber recibido denuncias de uso desmedido de la fuerza al momento de la detención y de alegadas vejaciones injustas a niños y a niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, desnudamientos a mujeres y vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones. Entre otros, el INDH señaló haber conocido del caso de un hombre que recibió impacto de bala disparado por Fuerzas Especiales a cinco metros de distancia y se encontraría actualmente en estado grave. Asimismo, el INDH identificó a un adolescente que tiene alojadas balas en su hígado, riñón y en sus piernas; y otra adolescente herida con un balín en la pierna.

La Comisión condena estos hechos e insta al Estado a seguir adoptando las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.

Asimismo, la CIDH recuerda que bajo la Convención Americana los estados de excepción deben ajustarse a causales estrictas como la existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social. Aún cuando los derechos de reunión y asociación se encuentren entre aquellos pasibles de ser suspendidos durante estados de excepción de manera temporal, ello no debe significar la suspensión automática de toda protesta, a menos que se verifiquen los supuestos establecidos por el derecho internacional.
La Comisión advierte que las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que se registran de manera constante durante estados de excepción, demuestran que no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos. La CIDH llama a los órganos constitucionales del Estado a aplicar con estricto apego a estos principios los controles sobre el contenido y alcance del estado de excepción.
Al respecto, el Estado de Chile informó a la CIDH que la declaración del estado de emergencia se justificaría dado que el país enfrenta una situación de “grave alteración del orden público producto de la acción coordinada de grupos violentos que nada tienen que ver con quienes se manifiestan pacíficamente” y se decretó con “la finalidad de permitir a las personas volver a ejercer sus derechos DE forma libre”, “siendo incluso compatible con la realización de manifestaciones pacíficas”. En este sentido, el Estado informó que “la declaración del estado de emergencia no implica la dictación automática de ninguna medida restrictiva respecto de los derechos de locomoción y reunión, cuestión que deberá ser posteriormente establecida por el jefe de zona de acuerdo con la evaluación de los hechos”. El Estado informó además que estas medidas no pueden durar más allá del periodo en estado de emergencia, que de acuerdo con la legislación interna, debe durar un máximo de 15 días, prorrogables a otros 15 días.

La Comisión advierte que si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad. Al respecto, recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas. La Comisión llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia y reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta.
La CIDH, alerta que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o de detención arbitraria de manifestantes pacíficos.
Asimismo, frente a las detenciones realizadas, la Comisión ha sido informada de la emisión de un salvoconducto institucional limitado únicamente a defensores públicos, miembros de la Fiscalía, miembros del Poder Judicial y funcionarios del Servicio Nacional de Menores, imposibilitando así el acceso de los y las detenidas a defensores de su confianza, especialmente durante los horarios de toque de queda. Respecto de lo anterior, la CIDH recuerda que a las personas detenidas se les debe garantizar sus derechos a la seguridad, integridad, al debido proceso y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos. Adicionalmente, la Comisión reitera que en el marco de su obligación de debida diligencia, las autoridades deben tener en cuenta las situaciones específicas y los estándares legales aplicables en los casos de mujeres, niños y adolescentes.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido con preocupación ataques contra medios de comunicación y periodistas en el marco del Estado de Emergencia y del toque de queda decretados en varias zonas del país. En este sentido, la Relatoría Especial recibió información sobre la detención de al menos dos periodistas, pese a que portaban credencial y salvoconducto para desempeñar su labor. Adicionalmente, se habrían registrado dificultades en el acceso a las acreditaciones para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían la situación durante el toque de queda. Además, según información de público conocimiento, decenas de manifestantes habrían incendiado, el sábado 19 de octubre, el edificio del diario El Mercurio en la ciudad de Valparaíso, debido a lo cual los periodistas tuvieron que ser evacuados.
Al respecto, la Relatoría Especial recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los comunicadores puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
Por otra parte, La CIDH toma nota que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes han provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. A su vez, la CIDH recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.

La Comisión recuerda al Estado de Chile que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana son deberes del Estado más han estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha establecido que en los casos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, así como regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza.

Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población y para que todos los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto a los derechos humanos, en el marco democrático del Estado de Derecho. Al respecto, la CIDH toma nota de que el 19 de octubre el Presidente de la República llamó a un diálogo con los poderes del Estado y las fuerzas políticas del país. La CIDH insta a que en el diálogo que se establezca con diversos los sectores de la sociedad se asegure una participación amplia y representativa de la sociedad civil.

*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Comunicado de UNICEF Chile.

Crean aplicación para prevenir el suicidio en adolescentes, crean CLAN.

“La prevención del suicidio es posible”.

La plataforma fue desarrollada directamente por jóvenes entre 12 y 17 años

e investigadores del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile,

para reducir el riesgo y prevención de suicidio adolescente.

Isidora Sanhueza, pauta.cl.

eldesconcierto.cl

Durante los últimos años el suicidio ha aumentado en Chile, afectando principalmente a los adultos mayores y adolescentes. Las cifras entre los jóvenes son preocupantes, ya que, según datos del ministerio de Salud, es una de las tres principales causas de muerte en jóvenes en el país.

La complejidad de la política pública en el suicidio juvenil

En este contexto, un grupo de investigadores del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile creó "Clan", una aplicación web que busca disminuir el suicidio adolescente y mejorar los indicadores de salud mental mediante chats, creaciones de su propia imagen (avatar), tareas y desafíos, monitoreo de ánimo, entre otras funciones.

El investigador y doctor a cargo del proyecto, Rubén Alvarado, estuvo en Un día perfecto y conversó sobre los beneficios de usar esta plataforma y de lo que fue el proceso de creación en conjunto, desde un comienzo, con jóvenes entre 12 y 17 años. "Es como una antiaplicación dentro de la aplicación, porque lo que busca a sacar al joven que está sumido en la tecnología para llevarlo a que construya redes sociales de verdad".

La violencia física y virtual que atrapa a los jóvenes

El profesional comentó que durante este año han probado la aplicación en tres colegios, dos de la Región Metropolitana y uno en Valparaíso, con resultados que han sido favorables. "La evaluación que hemos hecho, hasta ahora, fue que incluir a los jóvenes en el proceso de creación fue la variable crítica, el elemento distintivo. En un mes hemos logrado modificar y reducir los indicadores de riesgo suicida", afirmó.

Investigadores y Adolescentes chilenos desarrollan una innovadora plataforma interactiva para reducir el riesgo de suicidio adolescente

Mediante un proyecto Fondef IDeA 2016, expertos y expertas del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile desarrollaron junto jóvenes de entre 11 y 18 años-, una herramienta digital para que sus usuarios no sólo accedan a información sencilla, sino también interactúen en tiempo real con consejeros, entre pares, y conozcan más su estado de ánimo y se desafíen a mejorar sus relaciones sociales.

Mejorar los indicadores en materia de salud mental de los jóvenes, enfocándose principalmente en los escolares de entre séptimo básico y cuarto medio. Ese fue el objetivo principal del proyecto “Desarrollo y evaluación de un modelo de intervención basado en tecnologías de información y la comunicación para reducir el riesgo de suicidio adolescente en establecimientos educacionales de la RM y la V Región”, iniciativa liderada por el académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Rubén Alvarado.

Así, esta propuesta busca contribuir a uno de los objetivos sanitarios del país: reducir la tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes, donde, como detalló el académico, “desde el año 2000 la tasa de muertes por suicidio en el grupo etario entre 15 a 19 años creció de manera sostenida, hasta alcanzar cifras cercanas a 18 por 100.000”.

Frente a esta situación, y dado que los adolescentes actuales están altamente motivados por la tecnología y la digitalización, “quisimos crear una herramienta que les permita usar esos avances como algo que mejore sus vidas, que estén más integrados con su grupo familiar y de pares, que desarrollen relaciones sociales enriquecedoras y que les facilite detectar cuando tengan problemas en el ámbito de la salud mental y cómo enfrentarlos”.

El proyecto liderado por el doctor Rubén Alvarado, es integrado por los sicólogos María José Jorquera, del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina, así como por Romina Pitronello y Franco Mascayano; los sociólogos Sergio Malverde, Eric Tapia y María Gispert; la doctora María Soledad Burrone, directora de la Escuela de Salud de la Universidad O’Higgins y Sara Schilling, estudiante de cuarto año de Medicina en nuestro plantel.

“Expertos” adolescentes
Para cumplir estos objetivos, junto a su equipo y a un grupo de ingenieros de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas “pero, antes que nada, con el apoyo de nuestros expertos en adolescencia –un grupo de jóvenes de entre 11 y 18 años-, con quienes trabajamos directamente”, explicó Eric Tapia, desarrollaron una plataforma web denominada Clan, con el fin no sólo de entregar información orientada a mejorar la salud mental de sus usuarios en distintos ámbitos de sus problemáticas, sino también a proporcionarles herramientas mediante diversas actividades y desafíos que los orienten a un desarrollo integral a nivel individual y social, así como consejería y apoyo profesional frente a situaciones de conflicto.

“Lo que pudimos observar es que sitios web con información hay muchos; la mayoría de ellos con una perspectiva muy académica. Lo distintivo de nuestra propuesta es que los adolescentes participaron directamente en su gestación”, destacó el profesor Alvarado.

Este grupo, conformado por jóvenes no sólo de distintas edades, sino que también de diferente género, intereses, realidades académicas y zonas del país, colaboró proponiendo y evaluando contenido y diseño de esta nueva plataforma, de acuerdo a las necesidades que ellos detectan entre sus pares. “Así fue como se planteó que la interacción que estableciera con los usuarios debía ser en base a su anonimato, por el estigma que aún tienen los problemas de salud mental”, agregó Tapia.“Incluso el nombre Clan del proyecto fue creado por ellos, por el concepto de crear un clan de amigos que se apoyan”, indicó.

Con esta nueva plataforma ya en funcionamiento, los investigadores la probaron en tres establecimientos educacionales –dos de la comuna de Maipú y uno de Valparaíso- con la participación de seis cursos de cada uno de ellos, a tres de los cuales se les dio acceso digital a esta herramienta, mientras que los otros recibieron información impresa, como grupo control.

En ese sentido, luego de la realización de algunos grupos focales entre escolares intervenidos, la socióloga María Gispert constató que “el concepto y objetivo de la plataforma se cumple bien, los chicos lo comprendieron como un sitio seguro, con información clara y elocuente para ellos”.

Al término de la intervención, los investigadores evaluarán los resultados mediante encuestas en las que medirán diferentes indicadores de salud mental, comparándolas con las ya aplicadas al inicio entre los dos grupos. Los resultados preliminares son promisorios, pues han encontrado una mejoría significativa en los indicadores de riesgo suicida en el grupo que trabajó con la plataforma.

“La prevención del suicidio es posible”
Desde el Ministerio de Salud, el doctor Matías Irarrázaval, jefe del Departamento de Salud Mental –quien participó de la gestión de esta iniciativa en el año 2016-, destacó algunos elementos fuertes de esta propuesta en términos de su repercusión.
“En primer término, la creciente dependencia que tenemos de la tecnología, que desde otra perspectiva nos permite llegar a miles de personas; ese es un concepto clave. Sabemos que tradicionalmente las personas buscan el contacto cara a cara, pero en la actualidad para algunos grupos de personas puede ser difícil superar las brechas que les dificultan acceder a atención de salud directa; por ello, el uso de tecnología puede ser muy beneficioso. En ese sentido necesitamos de más investigación como este proyecto presenta, para revisar la efectividad de las intervenciones digitales en diferentes soluciones de salud como pudiera ser la prevención del suicidio”, indicó.

Finalizó señalando que “la prevención en materia de suicidio es posible, es deseable y es factible de hacer en Chile; tenemos que incorporar soluciones universales y el uso de la tecnología lo permite”.

El proyecto “Desarrollo y evaluación de un modelo de intervención basado en tecnologías de información y la comunicación para reducir el riesgo de suicidio adolescente en establecimientos educacionales de la RM y la V Región”, fue realizado con el financiamiento de Fondef Idea. El doctor Alvarado finalizó señalando que esperan, en una segunda fase de la iniciativa, ampliar el alcance de esta plataforma en distintas comunas y establecimientos del país, apuntando a que, en el futuro, pueda ser accesible de manera personalizada a diferentes instituciones educacionales.

Manifiesto contra la criminalización de los menores extranjeros no acompañados.

200 catedráticos firman un manifiesto

contra la criminalización de los Niños y Adolescentes Extranjeros no acompañados.

Manifiesto

Enlace para la adhesión al manifiesto

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXTRANJEROS
DENTRO Y FUERA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL.

Desde el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) promovemos este manifiesto, al que se han adherido profesores e investigadores especialistas de diferentes disciplinas de Universidades públicas y privadas de España.

Contexto:

En las últimas semanas los medios de comunicación han dado a conocer una serie de movilizaciones vecinales contra la existencia de centros de menores en determinadas barriadas o ciudades, justificando sus protestas en la peligrosidad de este grupo de menores. Así ha ocurrido en el barrio de la Macarena en Sevilla o en El Masnou en Barcelona. En el centro de protección de Hortaleza en Madrid aparecieron pancartas racistas de una organización ultraderechista, Hogar Social, con el siguiente texto:“¡Cuidado! (presuntamente) aquí habitan (presuntamente) MENAS (presuntamente) peligrosos”. Por otra parte, se están difundiendo bulos en las redes sociales sobre la autoría de graves hechos delictivos por parte de menores extranjeros no acompañados. Los medios de comunicación, con cierta frecuencia, resaltan en sus titulares aspectos negativos sobre estos chicos.

Justificación del manifiesto:

Algunos de estos mensajes mediáticos, a través de imágenes y titulares, están contribuyendo a la creación de un estado de animadversión contra menores de edad extranjeros en desamparo.

Las concentraciones de protestas y las reacciones contra estos menores muestran una visión desenfocada del problema. Se apunta de forma errónea a todos los menores extranjeros como conflictivos y peligrosos, en lugar de centrar la atención en la situación de peligro en la que se encuentran por falta de una estrategia nacional sobre la inmigración infantil y juvenil.

Estos discursos y acciones incitan al racismo y al odio, distorsionan la complejidad de los procesos migratorios que viven estos chicos y chicas, alimentan falsas ideas y generan prejuicios que bloquean la convivencia e intentan romper la cohesión social.

En estos últimos 20 años, sin embargo, la presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad extranjeros ha significado una oportunidad para reformular la forma de gestionar la diversidad cultural en el ámbito de la infancia, así como para profundizar en el acompañamiento e intervención desde el trabajo interdisciplinar en red.

La movilidad infantil y juvenil en este mundo globalizado no es un problema, sino una ventana de oportunidad para pensar y evaluar la calidad del estado de derecho en nuestras sociedades democráticas.

Manifiesto

Desde el ámbito académico queremos pronunciarnos contra la criminalización de estos chicos y chicas y exigimos una reacción pronta por parte de las Administraciones locales, autonómicas y estatales concernidas para que sus derechos fundamentales sean siempre respetados.

Los menores -niños, niñas y adolescentes- extranjeros no acompañados no son peligrosos, están en situación de peligro. Y toda la sociedad en su conjunto debe contribuir a su protección.

Un estructurado análisis de esta realidad apunta a que la única dirección en la intervención con estos menores es el escrupuloso respeto a la normativa y sentencias nacionales e internacionales que abogan por la excelencia en la atención, cuidado y trato de la infancia más desfavorecida.

Hay que llamar la atención sobre la necesidad de una reflexión de alto nivel para poner en marcha un plan nacional sobre la inmigración infantil y juvenil que atienda las necesidades de esos adolescentes y jóvenes desde un punto de vista holístico. Solo desde una política pública general e integrada será posible evitar el fortalecimiento de incipientes grupos populistas que alimentan el odio y la división social.

Animamos a reaccionar contra las posturas que tratan de mostrarnos a estos adolescentes como un foco de problemas, y a apostar por la oportunidad que supone arropar a esta infancia desamparada. Es de sobra conocido por la comunidad académica que estrategias educativas que procuran bienestar a los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, afecto, protección y seguridad personal, de no violencia y de establecimiento de límites pactados, contribuyen a un proceso de maduración con el que se consiguen grandes logros conductuales, académicos y relacionales. De esta manera se reduce el riesgo de que caigan en la delincuencia y se incrementa la posibilidad de que aporten a nuestra sociedad como parte de una ciudadanía responsable e integrada.

Propuesta:

Por eso, proponemos a todos los agentes involucrados en la protección de la infancia, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto que actúen y hablen bajo las tres siguientes premisas indiscutibles:

Son niños, niñas y adolescentes. La procedencia es irrelevante de cara a su protección.
No son peligrosos. Están solos y en clara situación de peligro.
Como sociedad es nuestra obligación proteger a estos menores de la situación de riesgo en la que a veces se encuentran. No hay ninguna necesidad de protegernos de ellos.

Además, ante la corriente populista creciente que etiqueta a los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados como delincuentes

resulta necesario solicitar:

Que el Gobierno del Estado inicie una reflexión para diseñar y poner en marcha un Plan Nacional sobre inmigración infantil y juvenil. Entre los temas que urgen tratar, apuntamos a la necesidad de que se eliminen las barreras de inclusión de estos menores extranjeros en el sistema educativo, se eviten las macro instituciones, que con frecuencia están hacinadas, se promocione su inserción laboral, y se les apoye en su transición a la vida adulta. En dicha reflexión hay que abandonar la estrategia de seguridad y de control fronterizo de las políticas migratorias que generan que la titularidad de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sea constantemente puesta en duda por su doble condición de menores y extranjeros.
Que el Ministerio Fiscal vele por hacer prevalecer la protección de la infancia, haciendo cumplir la normativa y las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales que ordenan la defensa y tutela de los derechos fundamentales de estas los niños, niñas y adolescentes menores de edad, asumiendo con firmeza las directrices del Comité de los Derechos del Niño.

Que los medios de comunicación dejen de construir una imagen de los niños, niñas y adolescentes extranjeros como sujetos sociales criminalizados. Les recordamos a los medios de comunicación la responsabilidad que tienen con la sociedad y les pedimos que no alimenten discursos estereotipados y racistas. En ese sentido, los invitamos a profundizar, desde una perspectiva de derechos, en las causas estructurales de estas migraciones y les pedimos que resalten historias de superación y éxito de la inmensa mayoría de estos chicos y chicas, así como que eviten el uso del acrónimo MENA por haber adquirido una connotación peyorativa.