Los niños y las niñas ante la administración de justicia española

El sistema judicial español suspende 

en respeto a los derechos de los niños

Save the Children

Madrid 10 Diciembre 2012

( fuente EUROPA PRESS) 

"He tenido que aguantar que una jueza literalmente me llamase 'bicho raro' por no querer estar con mi madre"

   La Administración de justicia en España no está adaptada a las necesidades de los niños, según las conclusiones del informe 'Infancia y justicia: una cuestión de derechos' en el que la ONG Save the Children califica con un suspenso al sistema judicial español a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia.

foto Save the Children

   Para Save the Children, en España "demasiado a menudo hay niños y niñas que se ven desprotegidos y en ocasiones expuestos a violencia", en gran parte debido al desconocimiento de los derechos de la infancia por parte de los operadores jurídicos, así como a la falta de recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones judiciales en las que intervienen niños.

   En su informe, la ONG alerta de que en ocasiones se somete a los niños a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización. Es el caso de Cristina, una niña que ahora tiene 17 años, y cuya experiencia con la justicia española está recogido en el informe.

   "He tenido que aguantar que una jueza literalmente me llamase 'bicho raro' por no querer estar con mi madre. Por petición judicial he ido a innumerables psicólogos y parecidos, y sí, te escuchan, pero luego hacen lo que les da la gana, cuando te preguntan qué quieres, en realidad les da igual, ya tienen la decisión tomada, no les influye en absoluto", señala Cristina, que recuerda como cuando quiso hablar en un juicio, le dijeron que no podía y que ya había hablado su padre por ella.

Acceso al informe completo

   Según Save the Children, los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. Además, la ONG señala que el derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta.

   "Sé perfectamente qué es lo primero que voy a hacer al cumplir los 18, ponerme a llorar, porque será la primera vez que me podrán tomar en serio, que si quiero que me escuchen lo van a hacer, por las buenas o por las malas, no tengo por qué sentirme mal o sentir que no me escuchan, o que no importo, por que en España parece que judicialmente hablando es lo que significa", afirma Cristina.  

   Save the Children ha recibido numerosas denuncias como la de Cristina y ha detectado prácticas y actuaciones en el ámbito judicial que suponen una negación de los derechos de los niños y pueden considerarse violencia institucional.

   "La violencia institucional es una forma de violencia contra la infancia que recoge Naciones Unidas en su Informe mundial sobre la violencia contra los niños. Violencia es cualquier daño físico, mental o emocional producido a un niño, por acción un omisión, en cualquier ámbito, también en la justicia", explica Yolanda Román, responsable de Incidencia política de Save the Children.

   Para la asociación, son necesarios más medios humanos, materiales y legales para atender debidamente a los niños y a las niñas en el ámbito judicial y garantizar sus derechos. En particular, urge adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse las entrevistas y donde deben esperar los niños y las niñas, así como disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la participación del niño o la niña en los procesos sin tener que ver a su agresor ni tener que prestar declaración en una sala llena de adultos desconocidos.

   Es igualmente "urgente" reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia, según Save the Children. "En el contexto económico y político actual en España, no resulta atractivo pedir una mayor inversión en Justicia, pero es urgente hacerlo", advierte Román.