El Defensor del Pueblo desvela hoy los resultados del primer informe oficial sobre los abusos en el clero, que se prevé recoja cientos de miles de víctimas de abusos. La investigación del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española
IÑIGO DOMÍNGUEZ / JULIO NÚÑEZ
Madrid -
El histórico informe sobre los abusos en el clero, muy duro con la institución, convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Se basa en una encuesta a 8.000 personas que cifra los afectados en un 1,13% de la población. Recomienda que el Estado también asuma su indemnización
España tendrá hoy el primer relato oficial de algo que hasta ahora oficialmente aún no existe, porque apenas hay datos sobre ello y ha sido un secreto oculto durante décadas: la realidad de la pederastia en la Iglesia católica, con cifras, estimaciones y una radiografía de lo ocurrido en las últimas décadas, también en cuanto a la responsabilidad de los poderes públicos. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta a las 11.30 en el Congreso la investigación encargada por la Cámara, decidida casi por unanimidad en marzo de 2022 —con el único voto negativo de Vox—, y que ha realizado durante 15 meses. También incluirá propuestas legales para abordar el problema y atender a las víctimas.
La expectación es máxima ante las primeras cifras oficiales de un fenómeno que la Iglesia, hasta hace dos años, reducía a “muy pocos casos”. Se espera, en cambio, una estimación de cientos de mi- les de víctimas, según los cálculos de este diario y todos los expertos consultados que toman como referencia las investigaciones y encuestas en los demás países católicos. Por ejemplo, en Francia, que en 2021 estimó 330.000 víctimas en el ámbito religioso, en un país donde el peso de la Iglesia ha sido mucho menor que en España durante el franquismo y en el sistema educativo.
El Defensor se ha nutrido de información y testimonios por varias vías -entrevistas con más de medio millar de víctimas, la base de datos de este periódico, archivos judiciales y los registros facilitados por la propia Iglesia—, pero también ha encargado una en- cuesta demoscópica, que será la primera que afronta esta cuestión en España. La única existente, realizada en 1995 por el catedrático de la universidad de Salamanca, Félix López, con una pequeña muestra, señaló que un 4,7% de los encuestados había sufrido abusos en ámbito religioso.
Es un paso decisivo en la búsqueda de la verdad que ha sido posible por la investigación que en 2018 inició EL PAÍS. Ese año, el periódico abrió un correo electrónico al que han escrito más de mil personas por primera vez dio voz a cientos de víctimas ocultas, comenzó a contabilizar los casos, creó la única base de datos pública existente y, en 2021, forzó un giro definitivo en la Iglesia y las instituciones para que por fin se movieran para sacar la verdad a la luz.
La cuestión irrumpió en la agenda política con un informe sobre pederastia en la Iglesia que EL PAÍS entregó en diciembre de 2021 al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Contenía testimonios contra 251 sacerdotes, religiosos y laicos, casos todos inéditos hasta el momento, y obligó a la Iglesia española a afrontar una gran investigación. También, por primera vez, los partidos políticos empezaron a hablar en serio de crear una comisión de la verdad o emprender una indagación a nivel oficial, al estilo de las realizadas en otros países. La propia Iglesia, que hasta entonces negaba el problema y rechazaba hacer una investigación interna, encargó una auditoría al bufete Cremades & Calvo Sotelo en febrero de 2022. Un mes después, el Congreso encomendó al Defensor iniciar una investigación oficial. Entretanto, en dos años este diario ha presentado cuatro informes, que en total recogen 545 casos, con 704 testimonios que ocupan más de 1.300 páginas.
En una carrera tácita con el despacho de abogados por entregar el informe, Gabilondo llega primero. Y la Iglesia española, que siempre se ha negado a revelar lo que sabe, deberá responder a las conclusiones del Defensor sin tener aún lista su propia versión de los hechos y sus propias estimaciones. De hecho, las relaciones de la Conferencia Episcopal con el bufete se han tensado en el último mes, pues la fecha de entrega, prevista inicialmente para marzo, se pospuso a junio, luego a otoño y ahora se espera para fin de año. Hace dos semanas, los obispos llegaron a darle un ultimátum de diez días, que no ha acatado.
Las víctimas aguardan con impaciencia este primer paso desde las instituciones para abordar esta lacra, y lo cierto es que ni siquiera se sabe cuántas son: el primer paso será precisamente ese, una primera estimación oficial. Hasta ahora solo existe la base de datos de este periódico, que registra en este momento 1.036 acusados y 2.206 víctimas en casos documentados. Según los expertos, es solo la punta del iceberg.
El porcentaje que se repite en todos los países católicos que han estudiado el fenómeno es que los curas y religiosos responsables de abuso de menores son entre un 4% y un 7% del clero. El 4%,en España, supondría 8.200 personas, aunque si se aplica este porcentaje solo al clero masculino se sitúa en 4.400 personas. Si se considera el 7%, la cifra ascendería al 14.350, que serían 7.700 solo en el clero masculino.
El Defensor del Pueblo creó dos equipos de trabajo, uno compuesto por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas y una comisión asesora formada por 17 especialistas y miembros de la oficina del Defensor, que ha elaborado el informe. La unidad de escucha a las víctimas abrió un correo electrónico y un teléfono de atención. Contó con una oficina y el equipo se ha desplazado por varias ciudades españolas.
Gabilondo tendrá que explicar por qué ha decidido presentar la investigación tras solo 15 meses de trabajo. No tenía un plazo fijo. Si se compara con investigaciones similares en países como Francia o Australia, los trabajos han sido muy breves. En Australia se alargaron hasta los cinco años y se entrevistó casi a 4.500 víctimas. En Francia la comisión empleó casi tres años y en 17 meses recibió 6.500 llamadas y mensajes. Posteriormente, realizó 250 entrevistas. También encargó una encuesta, a través de una muestra representativa de 28.000 personas: estimó que 5,5 millones de niños habían sufrido abusos en Francia, de los que 330.000 en el seno de la Iglesia católica, más de un 4% del total.
En España los únicos datos aportados por la Iglesia pertenecen al informe Para dar luz que hizo público el pasado junio, en el que los obispos admitían 728 casos de pederastia y contabilizaban 927 víctimas. Pero son datos parciales, ya que solo hacen referencias a las denuncias que las diócesis y órdenes religiosas han recibido desde 2019 en sus oficinas de atención a víctimas, que tuvieron que abrir por orden del Papa. Sigue sin dar a conocer el número de casos que ha gestionado durante décadas en sus tribunales eclesiásticos. Del mismo modo, la CEE tampoco incluía en ese documento detalles de cada caso (nombre o iniciales del acusado, lugar y fecha) a diferencia de lo que hacen las diócesis de EE UU o, más recientemente, el obispado alemán de Aquisgrán.
La cooperación de la Iglesia con el Defensor del Pueblo ha sido escasa. Gabilondo declaró hace un año que no veía “mucho entusiasmo” en las instituciones eclesiásticas para colaborar con su investigación. En marzo de 2023 solicitó por carta a los obispos españoles todos los casos de abusos sexuales que conocieran desde 1950. Una semana después la CEE le entregó seis tomos. Solo uno de ellos referente a los casos que conocía, pero sin precisar los nombres de los acusados.
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