La Plataforma de Infancia
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 2014, páginas 6453 a 6462.
Con la entrada en vigor el próximo 14 de abril del III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) relativo a un procedimiento de comunicaciones, los niños, niñas o representantes podrán contar con un instrumento de Derecho Internacional, igual al de los adultos, para denunciar violaciones graves, como los casos de violencia, explotación o discriminación, que no se resuelvan debidamente en el ámbito nacional ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este mecanismo de denuncia supone un refuerzo de los mecanismos nacionales y regionales existentes encargados de resolver situaciones de vulneración de los derechos de niños y niñas.
La ratificación de Costa Rica en el mes de enero, décimo país que se adhirió al III Protocolo Facultativo después de que lo hicieran España, Albania, Alemania, Bolivia, Gabón, Eslovaquia, Montenegro, Portugal y Tailandia, todos Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño o de sus otros dos Protocolos Facultativos, ha logrado el requisito necesario para su entrada en vigor este mes de abril.
La Plataforma de Infancia, coalición española que integra 53 organizaciones que trabajan por los derechos de los niños y de las niñas, celebra el avance significativo de este mecanismo, dado que si bien la CDN es el instrumento de Derechos Humanos más ratificado de Naciones Unidas, ha sido el último en contar con un procedimiento de denuncias. En palabras de nuestro vicepresidente, Adolfo Lacuesta Antón, “este paso sitúa a niños y niñas como ciudadanos titulares de sus derechos para buscar la reparación a las situaciones de vulneración en las que se encuentren involucrados”.
Pero, ¿cuál será la vía de actuación para que se presenten denuncias al Comité de Derechos del Niño a través del III Protocolo Facultativo?
Se establecen dos procedimientos o vías de actuación: un procedimiento de comunicaciones mediante denuncias individuales en el que los niños, niñas o sus representantes puedan presentar quejas individuales ante el Comité sobre violaciones de sus derechos incluidos en el articulado de la CDN, el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Para esto, se toman en cuenta los siguientes supuestos:
- Que el Estado Parte haya ratificado el III Protocolo Facultativo.
- Que las denuncias presentadas por vías legales a Naciones Unidas:
- Se hayan agotado en los tribunales nacionales sin haber obtenido solución.
- Se haya prolongado injustificadamente la tramitación de las denuncias.
- Se considere improbable que con la solución legal de la denuncia se logre una reparación efectiva de sus derechos.
- Se haya prolongado injustificadamente la tramitación de las denuncias.
- Se considere improbable que con la solución legal de la denuncia se logre una reparación efectiva de sus derechos.
- Que la denuncia esté relacionada con violaciones de derechos garantizados en uno de los tratados arriba mencionados y ratificados por el Estado.
Los niños y niñas podrán presentar denuncias bien individualmente o como parte de un grupo, y podrán hacerlas solos o con la ayuda de un representante. No existen restricciones sobre quién puede ayudar a los niños o niñas a escribir sus denuncias, pero éstos deben dar su consentimiento antes de que alguien presente una denuncia en su nombre.
Por otro lado, existe también un procedimiento de comunicaciones entre Estados en el que los Gobiernos presentan denuncias hacia otros Gobiernos que no cumplan con sus obligaciones de garantizar los derechos de la infancia.
El otro procedimiento o vía de actuación es la denominada de investigación que puede presentarse por cualquier persona, entidad pública o privada, en caso de que las violaciones de los derechos del niño o niña sean graves o sistemáticas a los derechos garantizados en la CDN o sus otros dos Protocolos Facultativos, teniendo en cuenta además los siguientes supuestos:
- Que el Estado en cuestión haya ratificado el III Protocolo Facultativo de la CDN y haya aceptado el procedimiento de investigación.
- Que las violaciones afecten a derechos previstos en la CDN o algunos de sus otros dos Protocolos Facultativos que hayan sido ratificados por el Estado en cuestión.
Y una vez recibida la denuncia, ¿cuál es la actuación del Comité de Derechos del Niño?
Si el Comité considera que la información es fidedigna, puede iniciar una investigación, que puede implicar la visita al Estado en cuestión, si así lo consiente.
Al examinar una comunicación o una investigación, el Comité utilizará elReglamento del III Protocolo Facultativo que regula su aplicación, prestando especial atención en la adaptación de los procedimientos a los propios niños y niñas, teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, sus derechos y opiniones, evitando al tiempo aquellos casos en los que puedan ser manipulados durante la tramitación de las denuncias.
Si el Comité determina que se ha cometido una violación, ya sea a través de una comunicación o de una investigación, emitirá algunas recomendaciones al Estado entre las que se podrán incluir una rehabilitación, reparación, compensación económica o garantías de que no se volverán a repetir los hechos, entre otras posibles soluciones.
¿Cómo se incorpora el III Protocolo Facultativo a la legislación española?
España firmó el III Protocolo el 28 de febrero de 2012, iniciándose después la tramitación para su ratificación mediante autorización previa de las Cortes Generales y depósito final del documento el 3 de junio de 2013. A partir del próximo 14 de abril entrará en vigor para España al igual que para los demás Estados que lo han ratificado. Con este instrumento España se compromete a aplicar mejor la CDN y sus Protocolos Facultativos, comprendiendo al tiempo cómo sus sistemas jurídicos pueden seguir desarrollándose para consolidar la protección de los derechos de la infancia en el ámbito nacional y dando ejemplo de su aplicación en el ámbito internacional.
Difundir las herramientas entre los niños
Los niños podrán denunciar violaciones
de sus derechos ante la ONU
Este lunes 14 de abril entra en vigor el III Protocolo facultativo
de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un proceso de
comunicaciones
El Protocolo permitirá a los menores, Estados y
otras partes denunciar ante las Naciones Unidas vulneraciones en los
derechos recogidos en la Convención de los Derechos del Niño
El
Comité de la ONU podrá investigar los casos una vez se haya agotado la
vía interna de los Estados parte o en caso de dilataciones
injustificadas de los procesos judiciales
Los niños tendrán un apoyo más para perseguir las
violaciones de sus derechos. Este lunes 14 de abril entra en vigor el
III Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que crea un mecanismo de denuncias ante las Naciones Unidas
sobre violaciones de los derechos de la infancia. La vía abre la
posibilidad de iniciar las comunicaciones con la ONU a los propios
menores, sus representantes y los Estados firmantes del protocolo.
"Es una medida muy positiva", afirma Mª Ángeles Espinosa, directora del
Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid. "Era muy
necesario una vía para denunciar las violaciones de los derechos de la
infancia", apunta.
La entrada en vigor ha sido
posible tras la ratificación del protocolo por parte de Costa Rica el
pasado enero, lo que cifraba en diez los Estados que se sumaban al
documento. Para Adolfo Lacuesta Antón, vicepresidente de la Plataforma
por la Infancia, que España esté dentro de esta reducida lista de países
–con Albania, Alemania, Bolivia, Gabón, Eslovaquia, Montenegro,
Portugal y Tailandia– es "una gran noticia".
El Comité de los Derechos del Niño
es la instancia encargada de investigar las vulneraciones de derechos.
Este órgano, formado por 18 expertos, supervisa la aplicación de la
Convención de los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y que
constituyó el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y
niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.
La CDN es el tratado internacional más ratificado de la historia. Sólo
dos países no han aceptado el documento: Estados Unidos y Somalia. Desde
su entrada en vigor en 1990, 54 artículos reconocen el derecho a la no
discrimación de los menores, a vivir con sus padres y a que se tenga en
cuenta su opinión en los asuntos que le afectan, entre otros.
Los Estados firmantes de la Convención están obligados a cumplir lo
dispuesto por la ONU y, a partir de ahora, tendrán que rendir cuentas
ante su Comité si son denunciados. "Puede que esa obligatoriedad de
responder ante la ONU sea lo que ha provocado que aún no se hayan sumado
más países al protocolo, pero esperamos que en poco tiempo se unan
más", indica Lacuesta.
Cuándo podrán dirigirse a la ONU
Los hechos que pueden denunciarse son aquellas violaciones de los
derechos que reconoce la Convención y los dos protocolos suscritos
posteriormente, sobre la venta de niños y la prostitución infantil y el
relativo a la participación de los niños en conflictos armados.
Las vías para denunciar son fundamentalmente dos: las comunicaciones individuales y las comunicaciones entre Estados.
En las primeras, cualquier menor (o grupo de menores), así como sus
representantes u organismos que sean conscientes de vulneraciones de
derechos de la infancia, podrán solicitar una investigación al Comité de
los Derechos del Niño. En el caso de las segundas, los Estados solo
podrán denunciar las irregularidades cometidas por otro país que haya
ratificado el protocolo. De momento, esta vía solo es posible entre los
diez países mencionados.
Las violaciones denunciadas
deben ser posteriores a la fecha de entrada en vigor de la disposición,
este lunes, "ya que los tratados no se aplican con carácter
retroactivo", explica Mª Ángeles Espinosa.
Antes de
efectuar la investigación y resolver la denuncia, el Comité podrá
notificar al Estado parte la demanda para que este adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables a las
víctimas. Además, se intentará llegar a una "solución amigable" en la
que los países colaboren esclareciendo cada situación e intentando
solucionar los problemas existentes.
Como ocurre con
otros tratados internacionales, las conclusiones y recomendaciones que
emita la ONU una vez finalizada la investigación no son vinculantes,
pero Espinosa no subestima el poder de lo dictado por la ONU: "Lo que
marca las Naciones Unidas afecta moralmente a los Estados, les
avergüenza a nivel internacional cuando no quedan bien parados".
Además, el Comité incluirá en el informe que presenta cada dos años un
resumen de la actividad que haya realizado a propósito de este tercer
protocolo.
Difundir las herramientas entre los niños
Para Adolfo Lacuesta Antón, uno de los principales retos a los que se
enfrenta la coalición de la Plataforma de la Infancia y el resto de la
sociedad es " difundir información asequible para los niños sobre sus derechos y las posibilidades que les ofrece este protocolo".
A pesar de que los niños pueden acudir a las instancias internaciones,
Mª Ángeles Espinosa admite que su dependencia y condiciones no siempre
harán fácil que conozcan las vías para reclamar justicia. Por ello, la
Plataforma de la Infancia (y las 53 organizaciones que la integran)
trabajan para hacer más accesible toda la normativa que afecta a la
infancia, en lo que denominan como "versiones amigables". La píldora informativa sobre el tercer protocolo ha quedado en manos de Save The Children.
La organización puso cifras al drama de muchos hogares españoles: la
pobreza. Save the Children calcula que casi un tercio de la población
infantil en España –más de dos millones y medio de niños– vive en
hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. El informe
del pasado enero ponía especial hincapié en los derechos de la infancia
vulnerados como consecuencia de la precariedad y la crisis económica.
Según los datos de la ONG, el 24% de las familias que participan en sus
programas de atención afirma que sus hijos no comen frutas ni verduras
todos los días y el 42% no pueden celebrar cumpleaños ni acontecimientos
especiales. En el 21% de los hogares, los niños no tienen un lugar
adecuado en casa para hacer los deberes.
Aunque el
respeto a los derechos de los niños en España es mayor que en otros
países, el empeoramiento de sus condiciones de vida no dejan
indiferentes a las asociaciones. "La pobreza infantil ha aumentado mucho
con la crisis. Estamos trabajando para pedir un pacto de Estado sobre
el tema", añade Lacuesta. Además, Mª Ángeles Espinosa apunta a los
derechos a la participación de los menores como de las asignaturas en
las que España puede mejorar. "Hay trabajo por hacer y, ahora, con el
respaldo de las Naciones Unidas", concluyó Lacuesta.