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El “abuso sexual infantil” no existe. No hay abuso sexual infantil

El “abuso sexual infantil” no existe, 
es la costumbre de hablar mal, de simplificar. 
No hay abuso sexual infantil, porque infantil es un calificativo de abuso y el abuso no es calificable como infantil. 
La forma correcta es decir: 
“Niños y niñas abusados sexualmente por adultos”.

Cómo una niña virtual contribuyó a la condena de un pedófilo

BBC Mundo


Sweetie es  una niña virtual y el apodo genérico de un personaje generado por computadora, operado por los trabajadores de la organización holandesa a favor de los derechos humanos de los niños Terre des hommes (Tierra de hombres).

La imagen virtual de Sweetie fue generada por diseñadores gráficos de la organización, que ofrecieron compartir la tecnología utilizada con las fuerzas policiales.
Sweetie es el apodo genérico de una niña virtual creada
 por la organización pro derechos humanos Terre des hommes. 

Durante la operación, llevada a cabo en 2013 cuatro investigadores trabajaron durante diez semanas haciéndose pasar por niñas filipinas en salas de chat.

Operación

Un hombre australiano es el primer convicto relacionado con una operación encubierta contra la pedofilia cuya protagonista, Sweetie, es una niña virtual filipina de 9 años de edad.
Según el equipo de Terre des Hommes, durante el curso de la operación fueron contactados por internet por decenas de miles de individuos.
Mil de ellos lo hicieron para pedirle a Sweetie que realizara actos sexuales ante una cámara web a cambio de dinero.

Después, Terre des hommes le pasó los detalles de todas esas personas a fuerzas policiales de todo el mundo, algunas de las cuales, como la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido, dicen estar investigando activamente las pistas a pesar de no haber hecho ningún arresto.
Pero en Brisbane, Australia, un agresor sexual registrado, Scott Robert Hansen, se acaba de declarar culpable de tres cargos.
Hansen admitió haberle enviado fotos obscenas de sí mismo a Sweetie, poseer imágenes de abuso sexual infantil en su computadora y de no cumplir con el mandato judicial para agresores sexuales.
Fue sentenciado a dos años de prisión, aunque se cree que no ingresará en la cárcel porque ya lleva ocho meses detenido.

'Ocultos a plena luz', informe mundial UNICEF sobre la violencia contra niñas y niños

Violencia contra los niños: nuevo informe  'Ocultos a plena luz'






El informe de UNICEF


es la mayor compilación 
de datos realizada jamás 
sobre la violencia contra los niños.

Este nuevo informe de UNICEF presenta los datos estadísticos más recientes sobre la violencia contra los niños, basados en información correspondiente a 190 países.

En el informe se suministran pruebas de que la violencia es una constante en las vidas de los niños del mundo de los más diversos orígenes y las más variadas circunstancias.

Este estudio muestra el impactante alcance del abuso físico, sexual y emocional que sufren niños y niñas de todo el mundo, y revela las actitudes que perpetúan y justifican la violencia, manteniéndola “oculta a plena luz”.
“Se trata de datos incómodos que ningún gobierno ni ningún padre querrán ver”, explica el director ejecutivo de UNICEF Anthony Lake. 
“A menos que nos enfrentemos a la realidad que cada una de estas estadísticas representa —la vida de un niño al que se le priva el derecho a una infancia segura y protegida– nunca vamos a cambiar la mentalidad de que la violencia contra los niños es normal y admisible. No es ninguna de las dos cosas”. 

VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS: 

120 millones han sufrido abuso sexual
El informe 'Ocultos a plena luz' se basa en datos de 190 países y documenta la violencia que se produce en lugares donde los niños deberían estar seguros: sus comunidades, sus escuelas y sus hogares.
En la publicación se detallan los efectos a largo plazo de la violencia, que a menudo se transmiten de generación en generación, y se llega a la conclusión de que los niños expuestos tienen más probabilidades de ser desempleados, de vivir en la pobreza y de mantener una actitud violenta hacia los demás.

Las principales conclusiones son: 

  • Violencia sexual: Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (alrededor de 1 de cada 10) han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados, y 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años que estuvieron alguna vez casadas (84 millones) ha sido víctima de violencia emocional, física o sexual por parte del esposo o compañero. 
  • La prevalencia de la violencia por parte de la pareja es del 70% o superior en la República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial, y se acerca al 50%, o lo supera, en Uganda, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe. En Suiza, un estudio nacional de niñas y niños de 15 a 17 años realizado en 2009 encontró que el 22% y el 8%, respectivamente, habían sufrido al menos un incidente de violencia sexual con contacto físico. La forma más común de violencia sexual para ambos sexos fue la victimización a través de Internet.
  • Homicidio: una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años, lo que representó cerca de 95.000 muertes en 2012.
  • El homicidio es la primera causa de muerte entre los hombres de 10 a 19 años en Panamá, Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Brasil, Guatemala y Colombia. En Nigeria se produce el mayor número de homicidios infantiles, 13.000. Entre los países de Europa Occidental y América del Norte, la tasa más alta de homicidio se produce en los Estados Unidos.
VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS: 1 de cada 3 estudiantes SUFRE  acoso
  • Bullying: algo más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años en todo el mundo sufren actos de acoso escolar; en Samoa, la proporción es de casi 3 de cada 4.
  • Casi una tercera parte de los estudiantes de 11 a 15 años de Europa y América del Norte dijeron que habían intimidado a otros: en Letonia y Rumania, casi 6 de cada 10 admitieron haber intimidado a otros compañeros.
  • Disciplina violenta: alrededor de un 17% de los niños de 58 países están sujetos a formas graves de castigo físico (golpes en la cabeza, las orejas o la cara o golpes duros y repetidos).
  • Más del 40% de los niños de 2 a 14 años sufre castigos físicos graves en el Chad, Egipto y Yemen. A escala mundial, 3 de cada 10 adultos creen que el castigo físico es necesario para criar bien a los niños. En Swazilandia, el 82% dijo que el castigo físico era necesario.
  • Actitudes hacia la violencia: cerca de la mitad de todas las adolescentes de 15 a 19 años (alrededor de 126 millones) creen que está justificado que un marido golpee a su esposa en determinadas circunstancias. La proporción se eleva al 80% o más en el Afganistán, Guinea, Jordania, Mali y Timor-Leste.
  • En 28 de 60 países con datos para ambos sexos, una mayor proporción de niñas que de niños creen que golpear a una mujer está a veces justificado. En Camboya, Mongolia, Pakistán, Rwanda y Senegal, hay el doble de posibilidades de que las niñas crean que a veces está justificado que el marido golpee a su esposa, en comparación con los niños. Datos de 30 países sugieren que alrededor de 7 de cada 10 niñas de 15 a 19 años que han sido víctimas de abuso físico y/o sexual nunca han buscado ayuda: muchas dijeron que no pensaban que se tratara de maltrato o no lo consideraban un problema.
VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS: 6 estrategias para evitarla

UNICEF señala seis estrategias para facilitar que la sociedad en su conjunto, desde las familias hasta los gobiernos, evite y reduzca la violencia contra los niños.

Entre ellas cabe mencionar apoyar a los padres y dotar a los niños de aptitudes para la vida; cambiar las actitudes; fortalecer los sistemas y servicios judiciales, penales y sociales; y generar pruebas y toma de conciencia sobre la violencia y sus costos humanos y socioeconómicos, a fin de cambiar las actitudes y las normas.
La violencia contra los niños se produce todos los días, en todas partes. Y al mismo tiempo que perjudica a los niños como individuos, también desgarra el tejido social, y socava la estabilidad y el progreso. Pero la violencia contra los niños no es inevitable. Se puede evitar si nos negamos a dejar que siga permaneciendo en la sombra”, explica Lake.  
“Las pruebas que aparecen en este informe nos obligan a actuar, por el bien de los niños como individuos y por la fortaleza futura de las sociedades de todo el mundo.” 

Hoy entra en vigor el Convenio de Estambul




El convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul  (se aprobó en esa ciudad el año 2011), entra este viernes 1 de agosto en vigor en once de los trece países que lo han ratificado, entre ellos España.

    El tratado está centrado en la detección, prevención y lucha contra todas las formas de violencia sobre la mujer, desde el maltrato a manos de su pareja o expareja hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación, y compromete al Estado que lo ratifica a adoptar medidas legislativas, punitivas y de información y sensibilización para perseguir estos delitos y proteger a las víctimas.

Pérdida de custodia para los maltratadores

Entre los asuntos referidos a la infancia y la adolescencia plantea la posibilidad de que los jueces dicten "la pérdida de sus derechos dimanantes de la patria potestad (del maltratador) si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma" o que se arbitren mecanismos de seguimiento y vigilancia de los condenados por estos delitos de violencia sobre las mujeres.

   Sobre este asunto, el Convenio dice que "las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia" así como para que "el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños".

   España, que ratificó el convenio el pasado mes de abril, se compromete, entre otras medidas, a perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina cuando la haya cometido un español o residente habitual en el país sobre una víctima que cumpla una de estas características, sin que sus restricciones de la justicia universal puedan ser impedimento.

   Asimismo, contrae otras obligaciones, como adoptar las medidas necesarias para que la persecución por razón de género sea tenida en cuenta como causa para obtener asilo o protección subsidiaria. España, en toda su historia, sólo ha concedido la protección por motivo de género en una ocasión, se trataba de una víctima de trata.
   En este sentido, establece que las partes firmantes "adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para desarrollar procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo, así como directrices basadas en el género y procedimientos de asilo sensibles al género, incluidos los relativos a la obtención del estatuto de refugiado y a la solicitud de protección internacional".
   El Convenio va más allá y recuerda a los Estados el principio internacional de no devolución, de manera que les compromete a adoptar las medidas necesarias para respetarlo a fin de garantizar que "las víctimas de violencia contra las mujeres necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes".
   Hay otros compromisos en el texto que en España ya tienen un rodaje, como la obligación de adoptar una legislación específica contra la violencia de género (La Ley Integral cumple ahora 10 años) que incluya la posibilidad de adoptar órdenes y medidas de protección urgente para las víctimas, prohíba los sistemas de mediación o conciliación en estos casos y que tome como agravante el parentesco, entre otras medidas vigentes en el sistema judicial actual.

   Para el seguimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación, el Convenio prevé la creación del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), que estará integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros de países diferentes y con una participación equilibrada tanto en términos de género como a nivel disciplinar, que tendrá un mandato de cuatro años.

   El GREVIO visitará los Estados, recibirá información de organizaciones sociales y organismos oficiales y elaborará un informe con recomendaciones que será elevadas al país afectado y al Comité en el que tendrán presencia todos los que hayan ratificado el Convenio. De este Comité saldrán las recomendaciones al país en cuestión en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos y serán públicas.

"Niñas en juego": el Mundial y la prostitución infantil. Prostitución infantil a la sombra de los estadios del Mundial

   "Niñas en juego": el Mundial y la prostitución infantil

22/06/2014 - 

Varias ONG advierten, apoyándose en datos extraídos de otros mundiales y olimpiadas, que la prostitución puede aumentar durante el periodo de celebración del evento deportivo
De los 12 estados en los que habrá partidos, cinco lideran el ranking de las denuncias de explotación sexual infantil
El Gobierno brasileño ha invertido miles de millones de dólares en el Mundial más caro de la historia, cifra que no se compara con la precaria red de apoyo a los menores
El problema es endémico en Brasil debido a la pobreza en la que vive el 18% de la población, a las drogas y la cultura machista
La carretera BR116 que recorre Brasil desde el norte de Uruguay a los pobres estados del Noreste.\ ONG Meninadança
Durante las últimas décadas cientos de niñas han vendido sus cuerpos en la carretera BR116 que recorre Brasil desde el norte de Uruguay a los pobres estados del Noreste. La miseria empujó a las chicas a ofrecer sus cuerpos a los camioneros, los únicos que tenían dinero para pagarlas. Hoy la economía ha mejorado y las niñas no tienen que ofrecerse solo a los camioneros: siguen prostituyéndose, pero ahora hay más gente que puede pagarlas, y también pueden quedarse en la ciudad.
Aún así se calcula que en la BR116 hay un punto de "venta" de menores a cada 15 kilómetros, y la carretera tiene una extensión de más de 4.500. Empresarios, jubilados, trabajadores de la zona y también turistas mantienen sexo con estas niñas, muchas veces consumidas por las drogas. Y aunque las pequeñas tienen sexo con adultos durante todo el año, hay "picos de consumo" con el Carnaval u otros eventos y fiestas populares.
Mientras tanto Brasil celebra el Mundial más caro de la historia y las calles están en llamas: decenas de miles de personas salieron a protestar hace un año coincidiendo con la Copa Confederaciones y con el Mundial y las Olimpiadas en el punto de mira. Desde entonces estas protestas, aunque menos multitudinarias, no han parado: transporte, vivienda, educación, salud, salarios, corrupción... hasta la propia policía se ha sumado a la ola de huelgas y protestas.
Pero hay una causa de la lucha contra la explotación sexual de niñas y mujeres no está haciendo tanto ruido dentro de Brasil, una sociedad todavía poco avanzada en temas de género. Una explotación intensamente arraigada que, teniendo en cuenta el precedente que sentaron anteriores competiciones de este calibre, se prevé se multiplicará con el Mundial y "ya ha creado víctimas", creen especialistas . Sin embargo, el problema no cuenta con un capítulo, por ejemplo, en el informe sobre violaciones de derechos humanos por el Mundial que el Comité Popular de la Copa Y las Olimpiadas acaba de lanzar y en el que denuncia asuntos como desalojos, violencia policial, especulación inmobiliaria o pérdida de derechos de los trabajadores.
Childhood Brasil entregó un estudio de la Brunel University de Londres a la Secretaría de Derechos Humanos, que constataba cómo los grandes eventos deportivos favorecen el fenómeno: durante el Mundial de Sudáfrica en 2010 se registraron 40.000 casos de explotación infantil ( un aumento del 63%) y 73.000 denuncias de abusos contra mujeres (83% más) en los dos meses entre la legada de las delegaciones al país y el fin del evento. Cuatro años antes, en el Mundial de Alemania fueron contabilizados 20.000 casos contra menores ( aumento de 28%) y 51.000 abusos a mujeres (49% más). Las Olimpiadas de Grecia en 2012 dejaron un saldo de al menos 33.000 abusos contra menores ( aumento de 87%) y 80.000 casos contra mujeres (78% más).
En datos de la secretaría de Derechos Humanos proporcionados a Desalambre por la ONG Childhood, colaboradora con la entidad, en 2013 se produjeron 33 mil denuncias de explotación sexual infantil, datos que solo muestran una pequeña parte del problema, pues contabilizan solo las denuncias en la línea telefónica habilitada para tal fin.
Aunque en la última década el Gobierno del entonces presidente Lula y hoy encabezado por Dilma Rousseff implementaron amplios programas sociales que redujeron la pobreza extrema a la mitad, hoy es aún pobre el 18% de los brasileños, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más de 37 millones de personas.
Y la pobreza favorece un negocio no podía quedarse sin ofrecer sus productos para la Copa del Mundo, incluso en los meses anteriores a su propio inicio, como destapó un reportaje del inglés Matt Roper para el Daily Mirror, que relataba cómo prostitutas menores de edad ofrecían sus cuerpos a trabajadores del Arena Corinthians de Sao Paulo, sede del partido inaugural de la Copa, el 12 de junio.
B.A. es una de esas niñas prostitutas en Brasil. Hoy con 14 años, cuenta cómo abusaron de ella dentro de casa cuando tenía solo 6. Cuatro años después, su propia hermana acabaría obligándola a prostituirse. "Cuando tenía 10 años mi hermana empezó a enviarme a casa de hombres viejos de la ciudad. Ella escribía en un papel lo que yo haría y por cuánto dinero, y me hacía entregarlo, de puerta en puerta. Mi madre era adicta a las drogas y nos abandonó. Me quedé sola con mi hermana mayor, que ya era adulta. Pero en lugar de cuidar de mí, me usó para pagar las cuentas de casa. Así empecé a prostituirme.
B.A., una niña brasileña empujada a ejercer la prostitución infantil, con Rita, una de las mujeres que trabaja en la ONG Meninadança. \ ONG Meninadança
B.A., una niña brasileña empujada a ejercer la prostitución infantil, con Rita, una de las mujeres que trabaja en la ONG Meninadança. \ ONG Meninadança
Roper, que lleva 15 años en Brasil, es fundador de la ONG Meninadança, que además de ser periodista trabaja con niñas prostitutas o usuarias de drogas con la danza como herramienta. Él habló a Desalambre sobre su proyecto en la BR116 y cómo la impunidad es casi total para los clientes de estas niñas sobre cómo ni ellas ni ellos, muchas veces, son conscientes de la gravedad de un problema "normalizado" en Brasil, sobre todo en ciudades menores del interior.
Para Matt, esta impunidad no se debe solo a la falta de estructura en la red de protección a las menores, sino a una cultura machista que "nunca dio valor a las niñas". Asegura, además, que la amplia mayoría de los menores prostituidos son niñas, y de los clientes, la mayor parte son brasileños, aunque no niega el papel del turismo sexual internacional.

La Copa y la prostitución

El problema ya está presente en las sedes del Mundial: de los 12 estados en los que habrá partidos, cinco lideran el ranking de las denuncias de explotación sexual infantil: Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Minas Gerais y Río Grande do Sul. Un mal que tiene que ver con la pobreza, el machismo y la impunidad, que se temía empeorase con el Mundial de fútbol y que las inversiones para la organización del evento poco han hecho para romper el círculo vicioso.
En Recife, ciudad sede del Mundial e importante punto turístico del noreste del país, se calcula que uno de cada cuatro menores se prostituye, según un reportaje de la BBC que Roper ayudó a producir. A esta cadena habló Liliam Sá, presidenta de la primera comisión parlamentaria sobre la niñez explotada, que viajó a las doce ciudades sedes del Mundial durante sus investigaciones."Lo que hemos visto en nuestros viajes nos dejó estupefactos, porque la explotación sexual y el turismo sexual son visibles en Brasil de forma endémica y creciente".
El Gobierno asegura haber fortalecido la red de protección al menor, tanto a nivel administrativo como con acciones como la de la semana pasada, cuando una redada cerró un par en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro y donde se concentran los hinchas, pues en él había menores ejerciendo.
Pero la diputada considera que el Gobierno no ha instituido políticas reales de inspección y prevención y que las fuerzas del orden no solo son indiferentes sino cómplices del problema: "Descubrí que la propia policía encubre a estos explotadores, los proxenetas, que pulula la impunidad y también hay una falta de supervisión de parte del estamento judicial".
El Mundial puede estimular la explotación infantil por varios factores: por un lado, la construcción de los 12 estadios (4 más de los 8 que la FIFA recomendaba) movilizó un gran número de trabajadores, clientes potenciales de las redes de prostitución hacia poblaciones ya vulnerables. Esto, agravado por el hecho de que los estadios se han venido construyendo en zonas pobres y rodeadas de favelas o barriadas con falta de recursos, caldo de cultivo para la prostitución. Una vez inaugurados los estadios, un aluvión de hinchas invade estas áreas.
También se han detectado redes que han captado y trasladado niñas de localidades pequeñas hasta las ciudades sede, niñas que muy probablemente ya nunca volverán a sus casas, explica Roper. Y, por último, la Ley General de la Copa, impulsada por la FIFA, recomendó que las vacaciones escolares se movieran en el calendario para coincidir con la Copa, suavizando así el conocido problema del tráfico de las urbes brasileñas. Los especialistas alertan de que esto deja a las niñas en riesgo, pues la escuela es un elemento protector y de esta manera quedarían en las calles, más vulnerables, mientras sus padres están en el trabajo.
De hecho, de entre los varios factores de riesgo, como el aluvión de turistas o el mayor consumo de drogas y alcohol durante el evento, la anticipación de las vacaciones escolares es uno de los más preocupantes, señalan desde Childhood Brasil. "La copa ya ha causado bastantes víctimas, principalmente por la construcción de los estadios, que suelen estar en barrios pobres de la periferia", explica Matt Roper.
"Particularmente, no sé si el hincha que viene a la Copa estará buscando niñas pequeñas. Más probablemente acabará con chicas algo más mayores, de 15 o 16, sin saber o tener certeza de que son menores. Aun así, la Copa con certeza va a aumentar la explotación pero la mayoría de los que abusarán de las niñas serán brasileños" . Y estos, en muchos casos ni saben que lo que hacen es tan horrible. Está normalizado, no las ven como niñas, no ven tanta diferencia, continúa explicando el británico.
"Aún no sabemos si desde que el Mundial empezó se ha disparado la demanda de niñas, pero la explotación siempre tiende a aumentar con las fiestas, sea carnaval, fin de año o fiesta Junina –unas fiestas tradicionales celebradas en junio en el interior–. De hecho las fiestas juninas del interior son peores que el carnaval en lo que a explotación sexual, abusos y violaciones se refiere" . De nuevo, no es raro ver filas de camioneros aparcados en Medina durante las fiestas donde hay niñas, cuenta Roper. Nuevamente otro factor añadido: la Copa del Mundo es en junio, "tenemos vacaciones, Mundial y fiesta Junina, todo a la vez".
"Para los hinchas, yo sé que hay bandas que están traficando con niñas para llevarlas hacia las ciudades sede. Conozco el caso, por ejemplo, de hombres de Sao Paulo en Medina, Bahía, intentando reclutar chicas de 12 y 14 años. Muchas son engañadas con promesas de que van a ser camareras o a servir en "casas de familia"; otras lo saben, pero lo hacen por drogas o por necesidad", explica Roper. Lo peor es que, haya finalmente tanto nuevo cliente o no, muchas de las niñas que fueron reclutadas nunca volverán a su ciudad: son propiedad de la mafia.
Protestas en Brasil contra el Mundial de fútbol terminan con actos de violencia
Protestas en Brasil contra el Mundial de fútbol terminan con actos de violencia
La Copa Confederaciones, celebrada hace un año debió ser un ensayo de buenas prácticas sobre la cuestión anticipándose al Mundial. Pero los planes que se prepararon estuvieron lejos de ser suficientes. Así lo muestra la Agencia Pública de Periodismo de Investigación en la serie de cómics "Meninas em jogo" (Niñas en juego), un retrato de la prostitución en los estados turísticos del noreste. Por un lado, las protestas contra el evento deportivo "frenaron la explotación sexual", pero provocaron prisiones arbitrarias y maltrato a menores por parte de la Policía. Por otro, los Consejos Tutelares que recibirían a los menores víctimas de abuso funcionaron hasta las diez de la noche, cuando precisamente se intensifica la explotación. Unos consejos tutelares insuficientes en número y sin recursos, explica Roper.

Penas más duras dos meses antes del Mundial

La prostitución no es ilegal en Brasil. En 2002 fue reconocida como una de las 600 ocupaciones brasileñas. Sin embargo, no es legal ser propietario de un lugar donde se ejerza la prostitución, lo que deja un cierto vacío legal que coloca a las y los profesionales en situación de "vulnerabilidad", según asociaciones del sector y colectivos como el Comité Popular de la Copa de Río de Janeiro, que denuncian detenciones arbitrarias, extorsiones e incluso violaciones por parte de la policía.
Independientemente del modo en que se ejerza la actividad, es ilegal prostituirse si se es menor de edad. Considerando que los profesionales del sexo adultos y "legales" afrontan peligros como los mencionados, es fácil imaginar que los menores son todavía más vulnerables.
Y aunque en mayo el Gobierno de Dilma Rousseff aprobó una ley que tipifica la prostitución infantil como "crimen hediondo" y endurece las penas, la solución va mucho más allá. "Aunque se considere crimen hediondo, todavía son muy pocas las acciones de prevención y para promover los derechos fundamentales, como salud, educación y asistencia", afirmó a Globo Antonia Lima, coordinadora del Centro de Apoyo de Defensa de la Infancia del Ministerio Público de Ceará, uno de los estados del noreste donde la prostitución de menores y el turismo sexual son fenómenos particularmente fuertes.

Impunidad y "cultura'

El castigo para los infractores raramente llega y la mayoría de los casos tardan tres años en juzgarse, según declaró Karina Figueiredo, secretaria ejecutiva, a la revista Veja. Las penas, explica Karina, también pueden ser suaves dado el prejuicio de algunos magistrados. "Ante una violación de un menor todos se conmueven, pero a una niña que se prostituye en la calle se la ve como una 'guarra'. Algunos jueces tienen un pensamiento totalmente machista, dicen que la culpa no es del adulto que abusa, sino de la niña, que no está en el colegio porque no quiere. Ya si hablamos de travestis el castigo es prácticamente inexistente", afirma.
Roper está de acuerdo: "Brasil es un país muy machista y principalmente en el campo, no se valora a las niñas. Además existe un antecedente histórico según el cual el patrón abusaba de las empleadas. Al final el abuso se acaba normalizando". En las ciudades pequeñas el problema es grave porque el gobierno no llega, menos que a las ciudades grandes, y además de la cultura, reina la impunidad.
Roper cita varios ejemplos que ha presenciado en sus años de trabajo en Brasil. Recuerda el caso de un empresario, dueño de una tienda de ropa infantil, que es conocido como "al que le gustan las niñas". Con el dinero que el adulto pagaba a una de esas meninihas, su madre asumía el alquiler.
También recuerda el caso de una niña de 12 años que vivía con un hombre de 40, que acabó dejándola embarazada, –"no te imaginas lo que es ver a una niña con barriga", se interrumpe Roper–, y al enterarse la expulsó y buscó otra. El caso fue denunciado pero a él no le pasó nada. "El consejo tutelar guarda el expediente en un cajón", asegura.
"Muchas veces las chicas tienen una historia familiar: la abuela se dedicaba a eso, la madre también, y ahora la niña; todo eso tiene que ver con la pobreza y que se ha transformado en algo arraigado, casi cultural", considera Roper. Por ello, en Meninadança trabajan con las niñas y sus familias mostrándoles que esa no tiene por qué ser la vida "normal", que hay otras opciones.
La vida de B.A. cambió cuando la Casa Rosa de Meninadança abrió en su ciudad; hoy ha vuelto a estudiar y ha decidido no dejar que ningún hombre la trate "como un objeto". "Fue muy difícil. No creía que tuviese valor, más que el que cambiaba por sexo. No aceptaba el cariño de las personas en la casa y era rebelde, pero siempre volvía porque cuando bailaba me sentía libre".


El drama de la prostitución infantil a la sombra de los estadios del Mundial
 Viernes, 6 de junio de 2014



Niñas prostitutas en Brasil
La cifra de menores prostituidos en Brasil se estima en los centenares de miles.
En las doce ciudades que serán sede de los partidos del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, el gobierno ha invertido miles de millones de dólares en la construcción y renovación de los estadios de fútbol.
Pero a pocas cuadras de estas magníficas construcciones -que serán escenario de esperados partidos y la vitrina de Brasil para el mundo- están las favelas donde la miseria, el hambre, el narcotráfico y la drogadicción han generado una prostitución infantil rampante.

No hay una cifra oficial, pero se estima que centenares de miles de niñas y niños -algunos de sólo 10 años- son explotados en el mercado sexual, obligados por las circunstancias, amenazados por proxenetas o atrapados en esa realidad para satisfacer su drogadicción.
El gobierno ha lanzado programas de "pacificación" para limpiar las favelas de las pandillas y los narcotraficantes, y dice haber iniciado programas de capacitación de unidades de protección de la niñez para hacerle frente a ese flagelo.
Además ha destinado unos US$8 millones de reales (unos US$3,3 millones) para luchar contra la prostitución infantil en las sedes mundialistas.
Sin embargo, críticos y activistas alegan que esta inversión social no se compara con el exorbitante costo para preparar el Mundial y que no hay políticas públicas coherentes para combatir un problema que -se anticipa- aumentará con el inicio del torneo de fútbol y la llegada de numerosos turistas sexuales convencidos de que podrán actuar con impunidad.

"Fábrica de prostitución"

El Mundial de Fútbol y los derechos de la infancia



Con la cercanía del Mundial de Fútbol en Brasil, se redobla la atención y los esfuerzos de quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, pues megaeventos como este aumenta el riesgo de que ocurran violaciones a los derechos humanos de niños/as y adolescentes, tales como la explotación sexual infantil, el trabajo infantil, la trata y la desaparición.

En Brasil, millones de niños/as sufren privaciones propias de la pobreza y muchos/as viven en las calles,  lo que les deja especialmente vulnerables a múltiples violaciones de derechos. Además, en el contexto de megaeventos como el Mundial de Futbol, tienden a incrementarse las situaciones de violencia urbana, internación compulsoria y represión policial.
Las ciudades sede del Mundial son zonas que ya presentan altos niveles de vulnerabilidad de los niños/as y adolescentes, incluso  fuera de las temporadas en las que se realizan eventos de grandes magnitudes. Un ejemplo es la explotación sexual, una de las formas más graves de violación de derechos.
Con motivo de la celebración de la Copa del Mundo, diversas instituciones están desarrollando acciones conjuntas para minimizar sus impactos negativos en niños/as  y adolescentes, y con el fin de fortalecer las redes de protección de derechos en el ámbito local y nacional.
Desafortunadamente, los avances son todavía insuficientes, tal como revela un diagnóstico reciente del Sistema de Garantía de Derechos en las ciudades sede del Mundial, el cual señala una serie de deficiencias y problemas en las instituciones y las redes de protección en dichas ciudades.
mascota brasil 2014La situación en que se encuentra el Sistema de Garantía de Derechos de los/as niños/as no se desvincula del contexto general de debilidad en la efectivación de los derechos en Brasil. Las manifestaciones populares que ganaron fuerza a partir de junio de 2013 expresan deseos y necesidades claras de la población para que los ciudadanos y las ciudadanas brasileñas puedan vivir con dignidad, teniendo asegurados sus derechos a la salud, educación, vivienda, movilidad, trabajo, entre otros, demandas sociales fundamentales para el bienestar de los/as niños/as y sus familias.
Por lo tanto, más allá de cuál selección salga campeona, el Mundial en Brasil abre opounidades para fortalecer la ciudadanía activa, y para dejar un legado de respeto y protección a los/as niños/as y adolescenetes.
Desde Equidad para la Infancia queremos visibilizar algunas acciones de articulación de actores que se han desarrollado para fortalecer las redes de protección a la infancia, en el marco de campañas destinadas a prevenir la violencia y orientar a la población a denunciar los casos de violación de derechos. Estas iniciativas, con sus logros y grandes desafíos,  pretenden sumar esfuerzos y servir de referencia e inspiración para futuras acciones como los Juegos Olímpicos del 2016, grandes festividades como el Carnaval, y otros megaeventos a desarrollarse en diversos países.
Ver más:

Unspoken

La voz silenciada de los niños y las niñas 
que han sobrevivido a los abusos sexuales en la infancia

'Unspoken', un libro que denuncia las agresiones a niños y niñas 
a través del testimonio de 17 víctimas con nombre y apellidos 

 Prado Campos

La fotógrafa Lorena Ros* 
publica 'Unspoken'
Ed. Blume
"Es un tema tan duro y tan escabroso que se silencia y al que se da la espalda, y eso es parte del problema", asegura

En las sociedades occidentales una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños son agredidos sexualmente. Sin embargo, más allá de los casos más mediáticos y controvertidos, pocos son los testimonios en primera persona que escuchamos sobre esta lacra. Los abusos a menores son tabú y lo son, afirma la fotógrafa barcelonesa Lorena Ros, porque "es un tema tan duro, tan escabroso, horrible y espeluznante que se silencia y al que se da la espalda, y eso es parte del problema". Por eso, para dar voz a los silenciados por la sociedad o su entorno, a los que están ocultos, Ros acaba de publicar Unspoken (Blume), un libro que pone rostros, historias y recuerdos en imágenes y palabras para ayudar a visibilizar sus historias y las de todos esos miles de niños que han sufrido abusos.
Ocho años de trabajo en España, México y Estados Unidos –"los patrones son muy parecidos en todos lados", asegura– ha invertido Ros en recopilar y retratar los relatos del pasado de estos 17 supervivientes. Les define así, explica, porque "las personas que he retratado en su momento fueron víctimas, pero ya lo han superado y dejado atrás, han sobrevivido a ello".
Para ello, Ros se ha mimetizado en su vida. Los protagonistas de su libro le han contado sus historias y abierto sus recuerdos y su entorno, porque su trabajo, que le ha valido uno de los tres World Press Photo que atesora, no solo recoge los retratos de estos supervivientes sino que estos también se tejen con su presente y esos los lugares relacionados con las agresiones que sufrieron durante la niñez. Algunas de estas localizaciones (piscinas, dormitorios, parques o canchas deportivas) son reales. Otras las ha recreado ella a través de sus historias. "Me han dejado acceder a esos aspectos tan oscuros de su vida gracias a una relación basada en la honestidad y confianza y porque han visto que el objetivo de este reportaje tiene un fin positivo, que no es otro que la necesidad de hablar de los abusos a menores para terminar con ellos", explica.
Loli tiene 39 años y es de El Prat (Barcelona). Su cuñado abusó de ella desde los siete años y de su hermana mayor / Lorena Ros
Loli tiene 39 años y es de El Prat (Barcelona). Su cuñado abusó de ella desde los siete años y de su hermana mayor / Lorena Ros

Víctimas y supervivientes con nombre propio

Quién protege a los niños cuando son víctimas


El ‘caso Valdeluz’ destapa agujeros en la protección al menor.
Un sistema judicial no especializado les obliga en muchos casos a revivir los abusos























































































































































































Una niña sentada en unas escaleras
con la cabeza agachada y gesto de miedo / ROOS KOOLE
En el caso del colegio Valdeluz se han sembrado dudas sobre la obligación de los responsables del colegio y de los del centro que asistió a una de las menores de poner en conocimiento de la fiscalía los supuestos abusos cometidos por un profesor porque la familia de la alumna no quería denunciar. Sin embargo, la ley de garantías de los derechos de la infancia de la Comunidad de Madrid es clara: “Los titulares de los centros escolares y el personal educativo de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de la Comisión de Tutela del Menor y de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del niño”.

Y es que, además, la Ley Orgánica de Protección del Menor, de rango superior a la anterior, señala que “toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise”. La obviedad es tal que el argumento del director y el jefe de estudios del centro, que en un principio alegaron que no podían comunicar el supuesto abuso, basan ahora su defensa en que el caso está prescrito, después de ser imputados por un delito de omisión del deber de socorro. De momento, no hay acciones contra los responsables del centro de la Comunidad de Madrid que, aun dando verosimilitud al relato de la joven, no lo pusieron en conocimiento de la fiscalía.


La legislación es clara en España: todo indicio de agresión debe comunicarse
Es un intento burdo de ceguera jurídica y moral”, señala el catedrático de Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Queralt. El Código Penal indica claramente, además, que “el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida”.
Sin embargo, explorando en la actividad de los profesionales que trabajan con niños que son víctimas de abusos sexuales, una vez se ha comunicado el caso, los problemas ni son pocos ni banales.

Pese a las leyes, la falta de una protección más eficaz no es solo respecto a los niños. Los trabajadores sociales que están, en general, más acostumbrados y especializados en el trato con menores, tienen, en muchas ocasiones, que afrontar un proceso judicial en el que encuentran todo tipo de trabas y, además, a veces, solos. Sobre todo, cuando los abusos o el maltrato se dan en el ámbito familiar. Así lo explica Gustavo García, miembro de la Asociación Estatal de Directoras Gerentes de Servicios Sociales. “Es el trabajador el que se encuentra muchas veces ante el dilema de acudir a un juzgado cuando la víctima o su familia no quiere denunciar”, explica. “Te enfrentas a notificaciones, a declaraciones en el juzgado y solo la orden de citación tiene un lenguaje durísimo, que asusta”, añade.
Por eso, considera imprescindible que los trabajadores sociales tengan un apoyo institucional y un servicio jurídico que les respalde y acompañe cuando, en el ejercicio de su trabajo, acuden a denunciar o a prestar declaración sobre los aspectos más íntimos de un menor o una familia. También destaca la necesidad de que existan protocolos específicos como los que, por ejemplo, se dan en sanidad pero que no existen para los centros que detectan casos de abusos sexuales. Además, plantea la opción de denunciar bajo anonimato o, al menos, no ofrecer datos personales sino acudir a los juzgados identificados con el número de funcionario porque, a veces, quien quiere proteger, se convierte en una nueva víctima.


La denuncia formal solo la puede presentar la familia o la fiscalía
La Sociedad Española de Pediatría Social y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria denunciaron ayer la falta de políticas de faciliten la notificación de casos de supuestos abusos. En su opinión, el retraso en denunciar estos casos de abuso infantil “ha impedido que las víctimas reciban en su momento la adecuada protección y tratamiento necesario”.
En el ámbito judicial, tal como reconocen algunos fiscales de menores, el problema con el que se encuentran es que la regulación está mucho más desarrollada para los casos en que los menores son infractores que en aquellos en los que los niños son víctimas. De hecho, buena parte de los profesionales que los atienden, ni siquiera están especializados. La ley solo marca que las comparecencias del menor, una vez se ha presentado la denuncia, “se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de este, cuidando de preservar su intimidad”.

Naciones Unidas exige que la intervención de los menores se realice en un ambiente adecuado, que se acomode a las especiales necesidades del niño, conforme a sus habilidades, edad, madurez intelectual y capacidad y con un lenguaje que el niño utilice y comprenda. ¿Lo es un hombre o una mujer vestidos con una túnica negra casi hasta los pies con unas cosas raras al final de la manga que habla de derechos y presunciones con otro vestido igual?, que es como describiría un niño la toga.
Tal como denuncia Save the Children en un informe sobre la justicia española frente al abuso sexual infantil: “Pese a la obligación de especialización establecida en los estándares internacionales y europeos y el reconocimiento de la especial complejidad de estos casos que realizan tanto la jurisprudencia española como las directrices de la Fiscalía General del Estado, en España no existe obligación legal de especialización para intervenir en procesos judiciales con víctimas menores de edad, lo que sí sucede con niños y niñas infractores de la ley penal”.
Los niños viven con verdadera angustia el sometimiento a un sistema judicial que no está preparado para no ocasionar la revictimización de los menores”, afirma la fiscal de Canarias, Inés Herreros, que reconoce que muchos casos se quedan por el camino cuando lo mejor es una respuesta penal al delito. Pero, “tenemos que tener presente que la responsabilidad penal se ventila en un procedimiento en el que necesitamos pruebas concluyentes y eso, en este tipo de delitos, no siempre es posible”, añade la fiscal.


Los expertos piden apoyo institucional y protocolos para los trabajadores sociales
En muchos casos, la primera declaración se toma en un servicio de familia o ante la policía, donde el menor ha de relatar lo sucedido. Ese relato, que puede ser muy angustioso, se repite delante del juez y, antes o después, ante un psicólogo que ha de hacerle la prueba forense. Incluso, pueden ser sometidos a un careo. Si el caso sigue adelante, meses después, el menor ha de revivir los hechos en el juicio.
Otro párrafo de la circular de la fiscalía sobre la protección de menores víctimas resulta esclarecedor: “Los interrogatorios deben estar presididos por la necesidad de infundirles confianza, impidiendo simultáneamente que se les asuste, partiendo de que la intimidación puede paralizar sus facultades amnésicas y de que el niño puede experimentar episodios de nerviosismo, vergüenza o bloqueo ante las personas que no conoce”.
Almudena Escorial, trabajadora del departamento jurídico de Save the Children, expone como ejemplo un caso en el que una niña, una de las veces que se le hizo relatar los abusos a los a los que había sido sometida se tapó la cabeza con un abrigo y, jurídicamente, se entendió como que iba a mentir.
El hecho es que las instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre protección de menores víctimas y testigos señalan que ha de evitarse, en la medida de lo posible, “las duplicidades en exploración de médicos, evaluación de psicólogos, psiquiatras y análogos y en las tomas de declaración (...) los fiscales deberán eludir la repetición de declaraciones de menores, salvo en los casos estrictamente necesarios, a fin de evitarles el sufrimiento de volver a relatar y revivir ante personas extrañas un suceso traumático para ellos”.
“Debería facilitarse que el niño o niña tuviera que responder solo a un interrogatorio y que este fuera grabado con todas las garantías”, afirma Inés Herreros. Sin embargo, la práctica habitual no es esa. Sí se está intentando algo parecido en los juzgados de Barcelona, donde, tal como ratifica el fiscal de menores, Juan José Márquez, ya se graban las declaraciones del menor, dependiendo de su edad, para que puedan ser utilizadas con posterioridad y sin necesidad de que el niño vuelva a pasar por esa angustia.


Una fiscal aboga por someter al niño a un solo interrogatorio

Pero España va con retraso en este terreno. Una directiva europea, aprobada en 2011, establecía una serie de medidas y normas para garantizar la protección de la víctima menor e instrucciones específicas sobre los interrogatorios. La directiva tenía que entrar en vigor en septiembre de 2013. El Plan Estratégico Nacional sobre la Infancia y la Adolescencia, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2013 hablaba de la trasposición de esta directiva europea. Pero, al margen de que algunos profesionales han asegurado que sus principios no han sido traspasados, ante la pregunta al Ministerio de Sanidad (que es el competente) de qué se ha adelantado o qué se va a hacer, la única respuesta ha sido que existe un anteproyecto de ley “que aglutinaría en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, trasponiendo las Directivas de la Unión Europea”.
Otra directiva europea aprobada en 2012 exige a los Estados miembros que posibiliten la grabación de las declaraciones de los menores para que “puedan utilizarse como elementos de prueba en procesos penales”. Pero también se desconoce cuándo se aplicará.
“La intervención de un niño en un juicio es vivida generalmente como una experiencia estresante potencialmente provocadora de efectos a largo plazo. Los menores pueden padecer una gran ansiedad ante, durante e incluso después de la celebración del acto procesal”, reconoce la fiscalía.


España aún no ha traspuesto  la directiva que simplifica el proceso

Todas estas medidas han de acometerse sin olvidar uno de los principales principios de la justicia, la presunción de inocencia sobre los agresores. Por eso, el Tribunal Supremo, en varias sentencias, ha hecho hincapié en el “difícil equilibrio que los tribunales deben procurar entre la necesaria protección de los derechos del menor, la efectividad de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal y el interés público en que no queden impunes determinados hechos especialmente reprobables”. Aun así, el propio Supremo ha admitido que “para evitar su victimización secundaria” y en algún caso especial, que los menores no acudan a declarar el día del juicio ante la existencia de un interrogatorio previo y grabado.
También el Tribunal Constitucional validó la posibilidad de “rechazar la presencia del menor en el juicio para ser personalmente interrogado”, en un caso en el que un profesor, al que se denegó el amparo, que recurrió al considerar que había sido vulnerado su derecho de defensa.
En los últimos años, en España ha crecido la alarma social respecto a la violencia sexual cometida contra niñas y niños. Pero, de momento, la única respuesta institucional que se ha dado ha sido la de incrementar las penas para los agresores.
“El legislador ha ido endureciendo una y otra vez el castigo de los delitos sexuales en los últimos años”, asegura el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. 
Y ¿qué ocurre en otros países? “Dado que los niveles generales de pena son normalmente más bajos que en España, las penas por delitos de abusos sexuales contra menores también suelen serlo”, subraya el catedrático.
“El Código Penal español incorpora varios tipos penales específicos, cuyas penas han sido recientemente incrementadas, que sancionan la violencia sexual cometida contra menores de edad. El incremento de penas no ha ido acompañado de medidas adicionales para garantizar la efectiva persecución de estos delitos”, resume el informe de Save the Children sobre la justicia en España frente al abuso sexual.


La única respuesta institucional dada ha sido endurecer la pena al agresor

Desde la ONG insisten en la importancia de una ley de medidas integrales para proteger a los niños y niñas de la violencia, que plantee la actuación con celeridad, eficiencia y efectividad “considerando que las medidas deben estar basadas en el interés superior del niño”, así como que aborde “la necesidad de una actuación realmente coordinada de las instituciones implicadas que evite la revictimización y mayores sufrimientos al niño o niña”, tal como resume la coordinadora de Derechos de la Infancia, Liliana Orjuela.
Y no solo después de que se haya detectado un abuso sino que también hay medidas que se podrían aplicar como prevención. Por ejemplo, en el Reino Unido, cualquier centro que incluya profesionales que vayan a desarrollar actividades con menores puede informarse sobre si sus candidatos tienen antecedentes de delitos sexuales.
Para Orjuela, los centros educativos debían ser lugares de protección. Entendida esta como lo establece la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es decir, libres de cualquier forma de violencia.