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| Protesta de vecinos de la Cañada Real para que se restablezca el suministro eléctrico. LUIS DE VEGA |
El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificó en referéndum nuestra Constitución. Su núcleo de justicia, recogido esencialmente en el artículo 10, se basa en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de todos, porque todos tenemos una igual dignidad intrínseca. Y, como los derechos evolucionan en su interpretación, el mismo artículo prevé que la interpretación de los derechos y libertades fundamentales se hará conforme a los tratados internacionales a los que voluntariamente aceptemos someternos. Este es el pacto social que nos hemos dado todos los españoles. Pacto social que será quebrado si el Estado español no garantiza el suministro eléctrico en la Cañada Real el próximo día 15.
A lo largo de estos 44 años de vigencia de la Constitución, en España se han producido muchas violaciones de derechos humanos, pero la violación que se está produciendo en la Cañada Real Galiana de Madrid desde el 2 de octubre de 2020, podemos calificarla como una de las más graves.
Lo inaudito de esta situación tiene diferentes causas, como son la identificación clara del inicio de la misma (el corte de suministro eléctrico el 2 de octubre de 2020), su extensión (manteniéndose de forma ininterrumpida hasta hoy, más de dos años y dos meses después) y la gravedad de sus consecuencias, tanto por el elevado número de derechos humanos que se vulneran (como son los derechos a la salud, la educación, la protección social o a una vivienda adecuada) como por la afectación a personas que viven en situación de especial vulnerabilidad (como son los niños y niñas, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud, las personas de origen extranjero, las personas mayores, las personas de etnia gitana y las personas en situación de pobreza). En los sectores 5 y 6 de la Cañada Real viven sin luz eléctrica más de 4.000 personas, de las que más de 1.800 son niños y niñas. La gravedad de su situación fue reconocida incluso por el propio Gobierno en el preámbulo del Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre: “[…] La salud de niños y niñas ya está sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en sus casas, lo que, además de vulnerar el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentación, a la educación y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad”.
La Cañada Real Galiana es un barrio con viviendas que se encuentran fuera de ordenación urbanística, como ha señalado el Defensor del Pueblo, por lo que, aunque también hay problemas de infravivienda, no es un campamento transitorio ni chabolista. Y, en todo caso, esa situación implica otros problemas y soluciones diferentes de los que ahora exigen una respuesta inmediata, que son debidos única y exclusivamente a la privación a la que están sometidos de suministro eléctrico, y cuya solución pasa, pues, por garantizar inmediatamente la luz, permitir que los vecinos y vecinas de la Cañada Real realicen contratos individuales de suministro eléctrico y se establezca una mesa de seguimiento en la que puedan participar los propios vecinos y vecinas.
La situación es tan grave para los habitantes de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que es difícil encontrar tanta unanimidad por parte de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos como la que se ha concitado en esta ocasión. Estos organismos no solo denuncian con dureza la situación existente, sino que señalan una solución muy clara, que es restablecer de manera inmediata el suministro eléctrico.
Ya en diciembre de 2020, nueve relatores especiales de Naciones Unidas realizaron un escrito conjunto para denunciar ese corte de suministro eléctrico, señalando que “los cortes de electricidad ponen en peligro la vida de los niños y niñas en la Cañada Real”; y en enero de 2021, en una entrevista que publicaba EL PAÍS, Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, afirmaba que “dejar a familias en esta terrible situación es una violación de convenios que España ha ratificado”. Desde entonces las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y la reclamación del restablecimiento del suministro eléctrico son innumerables. Nuestro propio Defensor del Pueblo se ha pronunciado en este sentido hasta en tres ocasiones, y organizaciones como Amnistía Internacional y Save the Children han realizado sendas campañas de recogidas de firmas. Esta última organización entregó en septiembre más de 47.000 firmas a la Delegación del Gobierno de Madrid.
Las vecinas y los vecinos de la Cañada Real han liderado un movimiento social ejemplar de reivindicación de sus derechos, que desde octubre de 2021 cuenta con el apoyo de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, con una única demanda: “Luz ya, contratos para los vecinos y mesa de seguimiento”, que hicieron llegar el pasado 29 de noviembre al Parlamento Europeo, donde la propia presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, mostró un explícito interés. Las mujeres de la Cañada han estado siempre en primera línea de la reivindicación, siendo especialmente afectadas por las violaciones de los derechos y dejando su salud en el cuidado de las personas en situación más vulnerable.
La reivindicación adquirió una nueva dimensión cuando se presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa una reclamación colectiva por parte de cinco entidades internacionales legitimadas para ello. El Comité se pronunció el 19 de octubre pasado con una decisión histórica, en la que, por unanimidad, declara la admisibilidad de la reclamación, determinando su tramitación prioritaria, y exhorta a España a que, con el fin de evitar un daño grave e irreparable a la vida y la integridad física y moral de las personas que viven en la Cañada Real, tome las medidas necesarias para garantizar el acceso inmediato a la electricidad y calefacción, antes del 15 de diciembre, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los grupos en situaciones de especial vulnerabilidad. El Comité reclama que el Estado se asegure de que todas las autoridades públicas competentes tengan conocimiento de esta decisión y le informe de las medidas previstas para su aplicación antes del 15 de diciembre.
La Carta Social Europea es un tratado internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. España ha aceptado explícitamente la competencia del Comité Europeo de Derechos Sociales para recibir denuncias en caso de violación y las decisiones del Comité, como órgano que supervisa su cumplimiento, son de obligado cumplimiento para todas las administraciones españolas. Pero, hasta ahora, ni la Comunidad de Madrid, ni los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, ni el propio Gobierno central, que son los que tienen las competencias administrativas sobre la Cañada Real, han cumplido con el núcleo de justicia de nuestro pacto social que reconoce la Constitución. Si el Estado español, a través de todas las administraciones implicadas, no actúa antes del día 15 para garantizar el suministro eléctrico, y con ello la luz y la calefacción a todos los habitantes de la Cañada Real, estará incumpliendo de manera directa sus obligaciones jurídicas como miembro de la Carta Social Europea, además de condenar a más de 4.000 personas, entre ellos más de 1.800 niños y niñas, a un nuevo invierno de indignidad, en el que estarán expuestos a daños graves e irreparables en sus vidas e integridad.
Las autoridades están advertidas, han recibido del Comité Europeo de Derechos Sociales la decisión con la obligación de adoptar medidas inmediatas. Sólo quedan seis días para saber si están dispuestas a respetar lo que se dice en el artículo primero de nuestra Constitución de que España es un Estado social y democrático de derecho y proceder al restablecimiento inmediato del suministro eléctrico.
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