Nicolás Espejo Yaksic, Editor.
Prólogo
La publicación de este libro sobre acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad internacional resulta especialmente oportuna. Se trata de un tema de creciente atención y preocupación, atendida la dramática situación que este colectivo vive en muchos países de tránsito y destino y las respuestas insuficientes de muchos Estados al
respecto.
Como se desarrolla en las contribuciones a este libro, son múltiples las dimensiones del derecho de acceso a la justicia de la niñez migrante, incluyendo la obligación de los Estados de basar sus políticas públicas en la materia en el principio del interés superior del niño, las exigencias especiales del derecho a un debido proceso en el caso de la movilidad infantil, la situación en el ámbito de los procedimientos de asilo o refugio y la detención migratoria infantil, entre diversas otras.
Desde la Relatoría Especial sobre derechos humanos de los migrantes hemos llamado reiteradamente la atención de los Estados y la comunidad internacional sobre la grave afectación de tales derechos de niñas y niños migrantes. En especial, en 2020 la Relatoría presentó un informe a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner
término a la detención migratoria infantil, una práctica extendida en las diferentes regiones del mundo, que diversos organismos globales y regionales, tales como el Comité de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, el Comité de Derechos del Niño y la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, han calificado como
violatorio de los estándares internacionales de derechos humanos. Por su parte, el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular ha consagrado el compromiso de los Estados de trabajar para poner fin a dicha práctica.
Además, en el informe de la Relatoría sobre acceso a la justicia de migrantes, se aborda de manera específica la situación de la niñez migrante, refiriéndose a la necesidad de contar con defensores especializados, de garantizar el acceso a un juez imparcial, de que el sistema de justicia tenga unidades dedicadas al tema, de hacer efectivo el derecho del niño o niña migrante a ser oído en los procedimientos que le afecten, de adoptar procedimientos adecuados de determinación del interés superior del niño o niña y de mecanismos de remisión al sistema de protección infantil en su caso, de capacitar a los operadores de justicia sobre los derechos de la niñez migrante, etc. También es indispensable que se
establezcan barreras cortafuegos entre el sistema de justicia y las agencias migratorias, de manera que niños y niñas migrantes, especialmente quienes se hallan en situación indocumentada, puedan recurrir a los tribunales y otros operadores de justicia sin temor a ser eventualmente detenidos y deportados.
A todo lo anterior hay que añadir que resulta de particular importancia respecto de las niñas en situación de movilidad que se garantice su acceso a la justicia en casos de discriminación y de violencia de género, así como cuando ellas son víctimas de trata.
El contexto de Pandemia ha vuelto todavía más grave y acuciante la situación de la niñez en situación de movilidad, poniendo en evidencia su precario acceso a los servicios de salud y otros servicios públicos, así como la inexistencia en muchos países de organismos estatales especializados que garanticen los derechos humanos de niñas y niños migrantes y les brinde la protección y cuidado adecuados, quedando a menudo su situación a cargo de las mismas agencias migratorias que abordan la situación de las personas migrantes adultas. En cuanto a la detención migratoria infantil, en el contexto de Pandemia las prácticas de los Estados han sido diversas, ya que mientras algunos la han discontinuado a lo menos temporalmente, en otros ha resurgido y cobrado fuerza.
De allí que sea indispensable emprender iniciativas como este libro, de manera de ofrecer un panorama actualizado y de conjunto de la situación del acceso a la justicia de la niñez en contextos de movilidad, así como presentar propuestas para el desarrollo de políticas migratorias consistentes con la protección de sus derechos humanos.
Felipe González Morales,
Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los migrantes.
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