jueves, septiembre 10, 2020

Seis jóvenes portugueses demandan a 33 países europeos por no reducir las emisiones.


En una acción legal sin precedentes, seis portugueses de entre 8 y 21 años 
 han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 en la que acusan a 33 países europeos de violar su derecho a la vida 
al no hacer lo que les corresponde para hacer frente a la emergencia climática.
De izq. a der., los jóvenes demandantes: Cláudia Agostinho (21 años), Catarina Mota (20), Martim Agostinho (17), Mariana Agostinho (8), Sofia Oliveira (15) y André Oliveira (12)




Las acciones de asociaciones ecologistas para judicializar la lucha contra el cambio climático siguen adelante. Si hace unos meses activistas holandeses conseguían que su Tribunal Supremo de los Países Bajos les diese la razón y forzara al Gobierno a revisar al alza sus objetivos de reducción de emisiones, ahora unos jóvenes portugueses quieren dar un paso más allá. 
 En una acción judicial sin precedentes, seis lusos de entre 8 y 21 años han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), con la que buscan responsabilizar a los 33 países del continente que se encuentran bajo su jurisdicción de inacción ante la crisis climática.

Los protagonistas de esta iniciativa son Cláudia Agostinho (21 años), Catarina Mota (20), Martim Agostinho (17), Sofia Oliveira (15), André Oliveira (12) y Mariana Agostinho (8), que basan su denuncia en que los 27 estados miembros europeos, así como Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia, Turquía y Ucrania no están realizando recortes de emisiones urgentes y profundos para salvaguardar su futuro. 
 Si la demanda de estos portugueses es admitida a trámite, podría sentar un importante precedente y mostrar el camino para otras acciones judiciales climáticas basadas en argumentos de derechos humanos.
Los jóvenes activistas confían en sus posibilidades de al menos llegar a juicio, ya que su demanda se produce después de que los letales incendios forestales en Portugal en 2017 mataran a más de 120 personas, una catástrofe natural de una intensidad inusitada que numerosas investigaciones han relacionado con el calentamiento global. Además, Portugal, al igual que otros países del sur europeo como España, acaba de registrar uno de sus julios más calurosos en los últimos 90 años.
“Después de los incendios de 2017 nos dimos cuenta de que debemos cambiar y detener urgentemente el cambio climático”, asegura una de los jóvenes activistas
“Temo por mi futuro, ha asegurado a los periodistas una de las demandantes, Catarina Mota durante una conferencia de prensa virtual este jueves. “Vivo con la sensación de que cada año mi casa se convierte en un lugar más hostil”, ha asegurado desde Leiria, en el centro de Portugal, donde ha explicado su decisión en la necesidad de que, “con tan poco tiempo para detener esta situación, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obligar a los Gobiernos a protegernos adecuadamente”.

Si tengo hijos, ¿en qué mundo los criaré? Estas son preocupaciones reales que tengo todos los días… Después de los incendios de 2017 nos dimos cuenta de que debemos cambiar y detener urgentemente el cambio climático”, ha denunciado la joven activista. La acción legal cuenta con el apoyo de Global Legal Action Network (GLAN), un grupo de defensa sin fines de lucro, que argumenta en su escrito ante el TEDH que las políticas medioambientales de los 33 Estados son “demasiado débiles” para lograr los objetivos del Acuerdo de París, que exige una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero de al menos 50 % para el año 2030, con el fin de limitar el calentamiento del planeta a entre 1,5 y 2 grados centígrados.

Tres años de gestiones

La complejidad y el alcance del caso se entienden mejor al conocer que los activistas, con la ayuda de los abogados de GLAN, llevan casi tres años preparando la demanda para presentarlo ante el TEDH, una actividad para la que han contado con una importante financación tras lanzar una exitosa campaña de crowdfunding en octubre de 2017. La base de la demanda de los portugueses se encuentra en las investigación de la ONG Climate Action Tracker, que permitirá a los abogados argumentar que ninguno de los planes de los 33 países está alineado con su compromiso en virtud del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global “muy por debajo de 2°C”.
El gran obstáculo para la demanda será el llamado “criterio de admisibilidad”, que indica que un caso judicial solo puede llevarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “después de que se hayan agotado todos los recursos internos”. Eso requeriría llevar el caso al tribunal más alto disponible en los 33 países, una opción que sería imposible para los recursos de las organizaciones ecologistas. Aún así, los abogados del caso esperan lograr una excepción a esta regla sobre la base de que perseguir 33 casos idénticos de manera paralela no es “judicialmente práctica”.



En cualquier caso, esta acción llega tan solo un mes después de que más de cien organizaciones internacionales hayan pedido a la ONU la inclusión de un nuevo derecho humano en la Carta de Naciones Unidas: el derecho a un planeta sano. De aceptar la propuesta, esta sería la primera ampliación de la declaración de Derechos Humanos desde su proclamación a mediados del siglo pasado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que el 23% de las muertes en todo el mundo están vinculadas al daño y la destrucción del medio ambiente, mientras que cientos de millones de personas padecen enfermedades relacionadas con entornos poco saludables y no naturales.

Además, el cambio climático da lugar directamente a fenómenos climáticos cada vez más extremos: tormentas más frecuentes e intensas, sequías, incendios forestales y aumento del nivel del mar, que a su vez amenazan la vida de miles de millones de personas. Igualmente, la pandemia COVID-19 tiene sus raíces en la pérdida de hábitat y el comercio ilegal de vida silvestre. Ahora, unos jóvenes portugueses buscan la forma de frenar las consencuencias del cambio climático a través de que este posible derecho humano esté garantizado por Europa dentro del derecho a la vida.