La Federación madrileña de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos,
inicia este lunes una denuncia colectiva a nivel nacional contra estas empresas
para recuperar el dinero cobrado de más a las familias.
eldiario.es/ educación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en mayo a las mayores editoriales de España por acordar precios y sellar un pacto comercial que aumentó sus beneficios sin que se redujera el precio de los manuales.
Fuentes jurídicas confirman que las infracciones detectadas por Competencia abren la puerta a que las familias inicien un procedimiento para exigir "la reparación de daños".
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| EFE |
La entidad presenta este lunes una
denuncia colectiva contra estas compañías, con la intención de que se
sumen a título individual familias de todo el país y puedan solicitar la
devolución de parte del dinero que, consideran, han estado pagando de
más desde 2012, cuando se produjo el pacto, hasta 2018, cuando
supuestamente terminó.
Desde la Giner de los Ríos acusan a las editoriales de
imponer "precios sin mucho más control por parte de la administración".
Además, consideran que las familias han sido "las más perjudicadas" por
estas actuaciones porque "han asumido este coste de forma mayoritaria".
Según la CNMC, lo que hicieron las
grandes editoriales del país –lideradas por los gigantes Santillana
(PRISA), Anaya (de la francesa Hachette Livre), SM (de los marianistas) y
Oxford (británica, de libros en inglés)– fue poner un precio mínimo al
libro digital y acordar estrategias que les ahorraron 80 millones de
euros en gastos de promoción. Antes de que se produjera el pacto, los
agentes comerciales de estas empresas editoriales visitaban todos los
centros educativos de España y ofrecían manuales, ordenadores o pizarras
digitales gratis como incentivo. A veces también montaban cursos de
formación para profesores o hacían donaciones de libros a las Ampas o
las bibliotecas. Estas estrategias comerciales iban encaminadas a que su
libro fuera elegido por los jefes de los departamentos de colegios e
institutos, donde permanecerían un mínimo de cuatro años por ley. Pero a
partir de 2012 hay un acuerdo orquestado para que nadie ofrezca esos
incentivos, un gasto que la propia patronal califica en documentos
internos de "barbaridad" y algo "insoportable", como relata el informe
de la CNMC.
De este modo, aumentó el margen de
beneficio de las editoriales más de un 10%, ahorraron unos 80 millones,
pero nunca repercutieron ese ahorro en el coste de los manuales. Si en
el curso 2006-2007 cada uno de estos libros suponía 15,21 euros de
media, una década después el coste aumentó a 18,05 euros. Además, los
libros de texto son un bien más caro que los libros de lectura. Si el
precio medio de un libro ordinario es de 23,74 euros, el coste de uno de
texto es de 35,11 euros, según los datos publicados en el informe El sector del libro en España 2017, editado por el Ministerio de Educación.
La educación no universitaria es un gran negocio porque
el público es fijo y además el libro se debe mantener un mínimo de
cuatro años en el colegio o instituto, que es el que tiene autonomía
para elegir. Cada año necesitan libros escolares más de ocho millones de
estudiantes (desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación
Profesional).
El 30 de mayo la CNMC reconoció en su
extensa resolución la peculiaridad de este mercado reseñando que la
"oferta es muy limitada", así como que "no existe sustituibilidad" del
producto porque las familias "adquieren el libro de la editorial que se
indique desde el centro educativo". En este escrito, en el que se impone
una multa de 32 millones de euros a la patronal y más de 30
editoriales, llegan a identificar a los padres y madres como "demanda
cautiva" de esta actividad comercial. La investigación se inició después
de que la editorial Vicens Vives denunciase estas actuaciones que
limitaban la competencia, ya que la patronal, controlada por las grandes
editoriales, presionó para que nadie ofreciera rebajas ni promociones e
incluso se llegaron a iniciar procedimientos judiciales contra
editoriales díscolas como Edelvives (que más adelante llegó a un pacto
con la patronal).
Anaya, Santillana, SM y Oxford (OUP) tuvieron "un papel
preeminente en la toma de decisiones y han participado activamente y
desde sus inicios en la Comisión de Supervisión de la patronal Anele –siempre según el texto redactado por la CNMC–,
que era el órgano decisorio principal para limitar las políticas
comerciales de las editoriales". A ese órgano interno se elevaban las
quejas y chivatazos sobre posibles incumplimientos. Para que nadie
hiciera competencia introduciendo promociones usaron la vigilancia
mutua: los propios comerciales alertaban si alguna editorial estaba
haciendo regalos. También Anele envió cartas "intimidatorias", según la
CNMC, a directores de centros para que no aceptaran regalos.
Sanción recurrida
Desde
el gabinete de prensa de Anele reconocen que "todas las empresas han
recurrido la sanción" ante la Audiencia Nacional, alegando que "no se ha
incurrido en las prácticas que señala la CNMC", que son las prácticas
de cártel aunque el informe no las califica con ese nombre, y que el
código de conducta que aprobaron en 2012 y que recrimina la resolución
buscaba "asegurar que la selección y prescripción de los libros de texto
se hiciera única y exclusivamente por la calidad de los mismos y no
porque mediara regalo o prebenda a los centros o a los profesores".
La
CNCM dice sin embargo en sus conclusiones que "las medidas acordadas
han sobrepasado de manera nítida los límites de una autorregulación de
carácter ético y han diseñado un completo modus operandi para coaccionar
y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta
estrategia anticompetitiva. Ese modo de actuar ha tratado de condicionar
la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de
negociación".
El recurso anunciado por estas empresas
podría paralizar de forma temporal la demanda colectiva que los padres
quieren presentar, tal y como confirman fuentes jurídicas. Las letradas
Lourdes Ruiz y Susana Beltrán, especializadas en competencia,
explican que la decisión de las editoriales podría provocar que el
juzgado que reciba la actuación iniciada por la FAPA Giner de los Ríos
la suspenda de forma cautelar a la espera de que la Audiencia Nacional
se posicione sobre la sanción. Aunque también explican que la actuación
de las familias les permite evitar que prescriba la infracción. La
Federación de padres y madres presentará este lunes los detalles para
participar en la demanda colectiva y reclamar la cantidad de dinero que,
consideran, las familias han pagado de más.
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