Sean nuestros o bastardos tienen derechos innegociables e irrenunciables.
No creo que sea mucho pedir que,
más allá de repartir niños y
adolescentes extranjeros no acompañados por toda España,
haya
intervenciones de calidad y respuestas acordes a sus derechos.
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| Añadir Rescatados 125 inmigrantes. EFE |
Dos décadas de
prejuicios y un acrónimo (MENA) son el pobre balance que podría hacerse
sobre cuál ha sido la respuesta del sistema de protección español a los
“menores extranjeros no acompañados”. Nos dicen, como dato previo a la
celebración de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que, a fecha de
hoy, ya son 7.000 los menores tutelados que han llegado solos a España,
un 12% más de los que había en el mes de abril. Una cifra que, a pesar
de no representar ni al 1% del total de la población menor de edad de
España, suena lo suficientemente preocupante como para que la invitación
del Gobierno de repartir a “los menas” por las Comunidades Autónomas
logre captar toda la atención mediática.
Sin embargo,
o además, la convocatoria de esta Conferencia es un buen momento para
hacer otra invitación: la de reflexionar sobre cuál es la situación de
los menores extranjeros no acompañados dentro y fuera de los centros. No
es una realidad nueva, lo de los MENA viene de los años 90. Así que, ya
tenemos perspectiva suficiente como para evaluar si las políticas
migratorias sobre niños y adolescentes extranjeros no acompañados han
sido eficaces. Y si no lo han sido, analizar hasta qué punto ha podido
afectar que estás políticas hayan sido lideradas por los ministerios de
Interior y de Trabajo, en vez de por el ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social como parece que ahora podría llegar a pasar por el
protagonismo que está cogiendo en el tema, por primera vez, Carmen
Montón.
Puestos a reflexionar, sería bueno que un grupo de
expertos que se crea esto de los derechos, evaluase cómo está siendo la
intervención socio educativa para definir cómo debería llegar a ser.
Quienes hemos trabajado con chavales en situaciones vulnerables, sabemos
que nuestro sistema de protección no se ha adaptado a situaciones
extremas que requieren un alto grado de cualificación y especialización
no solo del personal, sino del dispositivo y lo más importante, del
proyecto educativo. No solo por las situaciones que puedan plantear los
chavales extranjeros no acompañados sino también por otras también
dramáticas como las de las niñas víctimas de la trata o las de chavales
que sufren abusos sexuales por parte de alguno de sus progenitores. Los
centros de protección a día de hoy, si están desbordados no es por los
problemas y conflictos que plantean los chavales sino por la falta de
recursos, apoyos, motivación y herramientas para abordar esas
situaciones límites, que si las plantean es de lo más normal, porque por
algo están donde están, porque necesitan ordenar su mundo emocional, el
de los apegos, los límites, la autoestima y sentido vital.
No creo que sea mucho pedir que más allá de repartir niños y
adolescentes extranjeros no acompañados por toda España, haya
intervenciones de calidad y respuestas acordes a los derechos que todos
los niños, niñas y adolescentes tienen reconocidos sin distinción.
Incluso quien sabe si es momento para empezar a exigir responsabilidad
civil y penal por las vulneraciones de derechos que se están dando y son
reflejadas en diferentes informes del Defensor del Pueblo y otras
organizaciones. Si las administraciones públicas asumen la tutela de
estos y otros chavales en situación de desprotección, debe existir una
supervisión independiente que informe sobre cómo su actividad está
repercutiendo en el bienestar del menor. Por tanto, el camino que se
empiece a recorrer a partir de esta Conferencia no puede ser desde la
emergencia y la necesidad de las CCAA que ‘sufren’ el problema, desde su
propio interés. La respuesta ha de ser integral y velar por otro
interés, el superior del menor. Si son niños además de inmigrantes, es
imprescindible hacer valer sus derechos como tales.
Es verdad que, además, hay un tema de fondo que va más allá del problema
migratorio. En nuestro país existe un gravísimo déficit a la hora de
establecer criterios de calidad que garanticen las respuestas socio
educativa que se ofrecen desde los centros de protección de menores. No
existe de forma uniforme, sino más bien de modo excepcional, un enfoque
de trabajo que parta del respeto de cuatro principios rectores clave en
materia de protección: el derecho a que sea el interés superior la
consideración primordial a la hora de tomar cualquier decisión que
afecte a su vida; el derecho a que sea oído y escuchado; el derecho a
vivir en un entorno familiar que le brinde cuidados acordes a su edad y
madurez, y el derecho a no sufrir violencia. “El éxito de los recursos
de protección ( decía el director de un centro en una investigación de Espirales para UNICEF),
no se va a medir por la capacidad de control sino por generar espacios
protectores, cálidos y contenedores de las emociones de los niños, niñas
y adolescentes”.
Si a las deficiencias del sistema
de protección le sumamos la alarma, el victimismo y el racismo con que
algunos responsables políticos despliegan su retórica hostil hacia los
mal llamados MENAS en los puntos calientes de la Frontera Sur y la
ineficacia de la figura del Fiscal de Menor para velar por los intereses
de estos niños y adolescentes, nos encontramos con situaciones en las
que se les abandona completamente y hay una total impunidad hacia
quienes, dentro de la sociedad, tienden a abusar, aprovecharse y
utilizar a los niños para fines y propósitos que dañan su integridad
física y emocional, que ejerce violencia sobre ellos.
A quien le extrañe por qué un chaval prefiere dormir en la calle, en
unas escolleras o en un parque en vez de sobre el colchón de un centro
de protección, le invito a que repase la prensa local de ciudades como
Melilla que, junto con Ceuta, es la principal puerta de entrada de
muchos de estos chavales que (efectivamente) luego van a parar a los
centros de Andalucía. Quizá en estos espacios de comunicación masiva
encuentre algunas respuestas al ver como determinados políticos
(principalmente del PP) pueden llegar a crear un estado de opinión
hostil que criminaliza a los mal llamados MENA y los expulsa de
sociedades de por sí complejas, empobrecidas, muy desiguales y
completamente olvidadas por el resto de España.
Fue
el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, el que llegó a decir que
aquellos (por los MENAS) eran hijos de Marruecos y que, solo por eso, no
había obligación de hacerse cargo de ellos. Cuando ser niño, extranjero
y no estar acompañado significa para un responsable político no merecer
ningún esfuerzo institucional, creo que deberíamos plantarnos y decirle
a ese tipo de líder que no se merece otra oportunidad. Más allá del
reparto equitativo, de los problemas de espacio y de la carencia de
recursos económicos, hay una responsabilidad moral y otra legal: atender
a los niños, niñas y adolescentes como menores de edad. Sean nuestros o
bastardos tienen derechos innegociables e irrenunciables, como
cualquier hijo de vecino, también el marroquí.
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