.- La ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, acompañada por varios miembros del Ejecutivo y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, han suscrito el documento este martes.
.- El
texto, que regla la actuación de las administraciones ante la llegada de
niños inmigrantes, no ha sido trasladado ni explicado a la prensa.
.- Puntos espinosos, como el de las pruebas de edad a las que se somete a los menores (el Tribunal Supremo ha determinado que solo pueden ser puntuales) no han sido citados en el acto.
.- Puntos espinosos, como el de las pruebas de edad a las que se somete a los menores (el Tribunal Supremo ha determinado que solo pueden ser puntuales) no han sido citados en el acto.
Los representantes del Gobierno y el fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, han firmado el protocolo este martes. / EFE
"En él (el protocolo) se establece cómo, cuándo y quién debe actuar
cuando un menor extranjero no acompañado por un adulto aparece en
territorio español", recoge el comunicado del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, que presidía la reunión. Los tres interrogantes en
cambio no han sido desvelados en la comparecencia. Fuentes de la cartera
dirigida por Báñez aseguran que, de momento, "no pueden dar más
detalles del protocolo", que se publicará "en los próximos días" en el
BOE. Tampoco pueden ofrecer datos sobre la fecha de publicación.
El acuerdo entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social, de
Justicia, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos
Exteriores y de Interior (estos dos últimos representados por el
secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y el subsecretario
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cristóbal González Aller) aborda
temas que han generado mucha controversia.
El Tribunal Supremo estableció el pasado viernes que no es legal someter a pruebas médicas de verificación de edad a todos los inmigrantes cuyos documentos demuestren minoría de edad, de manera indiscriminada
Por ejemplo, el de las pruebas de determinación de la edad
que se practican a estos niños; "la orientación de la política sobre
menores extranjeros no acompañados al retorno a su país de origen";
mejorar el Registro de MENAS; y las situaciones de especial
vulnerabilidad en materia de protección internacional y de prevención de trata de seres humanos. Cómo se modifican estos puntos respecto al anterior protocolo MENA, de 2005, no se ha hecho público.
La fiscalía, tal y como ha expuesto Eduardo Torres-Dulce, también había pedido repetidas veces la necesidad de unos "criterios seguros de interpretación
y un sistema eficaz de coordinación" para la determinación de la edad
de los menores "cuya minoría de edad no quedara suficientemente
acreditada". Según el fiscal, durante los últimos tres años se han
tramitado más de 6.000 expedientes a menores. En total, el Registro de
MENAS contiene los nombres de 2.841 menores de edad solos en nuestro
país (a 31 de diciembre de 2013).
En las normativas enunciadas por el fiscal general del Estado, como base del protocolo, no ha habido rastro del reciente acuerdo del Tribunal Supremo al respecto. El pleno del tribunal estableció el pasado viernes que no es legal someter a pruebas médicas
de verificación de edad a todos los inmigrantes cuyos documentos
demuestren minoría de edad, de manera indiscriminada. Los papeles
identificativos de sus países de origen les concede una protección legal
especial.
La posición del Supremo fue recibida con
satisfacción por la Fundación Raíces, una organización que defiende los
derechos de estos niños y adolescentes. Hace unos meses presentaron el
informe Sólo por estar solo en el que denuncian "las malas prácticas" de la Administración con estos menores.
Los puntos conflictivos del protocolo
"Tenemos el temor de que el acuerdo que han firmado hoy no incluya la
posición del Supremo", apunta Lourdes Reyzábal, la presidenta de
Fundación Raíces. Su miedo viene fundado por las circulares internas de
la fiscalía que Torres-Dulce ha nombrado en su comparecencia (circulares
2/2006, 1/2009 e instrucción 1/2012) y que, en su opinión, contradicen
lo fijado por el Supremo. Más aún, por la omisión de este último
acuerdo.
"El Supremo ha dado cordura a la situación
actual en la que se estaban practicando pruebas de determinación de edad
a menores con pasaporte y otros documentos que acreditaban su minoría
de edad", explica. Según el artículo 35 de la ley de Extranjería, estas
pruebas están previstas para los menores indocumentados, pero tanto la
asociación como la Defensora del Pueblo habían denunciado que se
practicaban a adolescentes con documentación.
"Las circulares de la Fiscalía habían permitido que se hiciesen estas
pruebas", recuerda la presidenta de Fundación Raíces. Ahora, según lo
dispuesto por el Supremo, habrá que justificar por qué no se da por válida la
documentación del país de origen. Los magistrados exponen que será
necesario un "juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las
razones por las que se considera que el documento no es fiable y se debe
recurrir a las pruebas de determinación de edad".
Las propias evaluaciones de edad también han sido objeto de críticas de
la Defensora del Pueblo en su último informe de 2013 porque "no se
ajustan a las recomendaciones efectuadas por los expertos forenses".
Desde la Fundación Raíces destacan su amplio margen de error: dos años,
según los casos que han estudiado.
El nuevo protocolo
"reordena el régimen y naturaleza de las pruebas médicas bajo los
principios de especialización, la posibilidad de pluralidad de pruebas, y
el control del Ministerio Fiscal", ha afirmado Torres-Dulce. En qué
consisten las nuevas pruebas, otro interrogante.
El
retorno es un aspecto más que inquieta a Lourdes Reyzábal. "Esperamos
que se tengan en cuenta las posiciones de Tribunal Constitucional, que
estipuló la obligatoriedad de la asistencia letrada
para las órdenes de repatriación", dice. "No queremos que se vuelva a
las repatriaciones de menores sin apoyo de abogados y sin la posibilidad
de recurrir su expulsión, como ocurría años atrás", continúa.
Del "especial cuidado" en la detección y protección de los menores
extranjeros no acompañados en situaciones de riesgo, solicitantes de
asilo y en riesgo de ser víctimas de trata de seres humanos Torres-Dulce
asegura que se "unifican los criterios de actuación de las
administraciones" y se responsabiliza de ellos a la Policía en todas las
regiones.
En "los próximos días" el protocolo
saldrá publicado en el BOE, del que Reyzábal espera "más asistencia
letrada en todas las decisiones que afecten a los menores" y "unas
pruebas de edad, cuando sean necesarias, lo más garantistas posibles con los derechos de la infancia"
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