Cole de tarde, extraescolares, aparcaniños y oportunidades

Arranca el curso con el eterno quebradero de cabeza de qué hacer con los niños mientras hay que trabajar. Y el debate de si jornada continua o jornada partida, abanderado por Isabel Díaz Ayuso, es una engañifa para tapar la segregación clasista.



elDiario.es

María Iglesias

13 de septiembre de 2024




Alumnas y madres en el primer día de vuelta al colegio.  Álex Zea (EP)

Cuando teníamos 13 años, las y los niños de 8º de EGB (hoy 2º de la ESO) de mi colegio fuimos seleccionados para participar en un debate escolar en el Parlamento de Andalucía junto a otros dos o tres centros de la comunidad. La idea era que propusiéramos, debatiéramos y en su caso aprobáramos las medidas que nos interesaran. Nosotros lo tuvimos claro: queríamos dejar de tener clases por las tardes, poder descansar, jugar en el barrio, ver la tele, estar en familia. Yo fui la portavoz de la propuesta. Logramos que se aprobara. Pero fue una victoria simbólica porque en la realidad seguimos teniendo clases por la tarde y sufriendo el sopor en el pupitre después de comer, sobre todo en los meses de calor que tanto se alargan en el sur y luego ese infinito trayecto del bus de ruta. 

Recuerdo que al llegar a casa ni el tiempo ni la energía daban ya para nada.


Desde que soy madre, este año por primera vez sin hijos en la Primaria, afronto el tema de si jornada continua (solo de mañana) o partida (mañana y tarde), objeto de exhaustivos análisis como este en elDiario.es, como un auténtico dilema personal. Porque la niña que sobrevive en mí ve horripilada que vuelve esa obligatoriedad de tener clases por las tardes impuesta por la presidenta Ayuso, tan adalid ella de la libertad (de beber cervezas y de que los millonarios tributen cada vez menos), e incluso la madre que soy prefiere mil veces las extraescolares deportivas, de idiomas, creativas a las que, convertida en taxista, llevo años llevando a mis hijos. Pero mi situación de privilegio socioeconómico no me impide ver que hay muchas familias, la mayoría, en las que no es planteable que la madre, ¡menos aún el padre!, recorte su jornada laboral verpertina para atender a los críos y puedan pagar actividades y academias privados.


El tiempo y el dinero no dan. Entonces, o bien, con suerte, primero pueden dejarlos en ese comedor concedido a empresas hasta suspensas año tras año por la dirección y el Consejo Escolar (CE) del cole pero que ganan el concurso público por presentar la oferta más barata, y acto seguido los inscriben en actividades “asequibles” casi siempre de mero entretenimiento que se ofrecen, subcontratadas, en los patios de recreo, o recogen a los chiquillos los abuelos o deben quedarse solos en casa. En todo caso, en desventaja académica y de salud, física y mental, frente a las hijas e hijos de quienes llenamos sus tardes de experiencias de pago alejándolos de los buitres al acecho del sedentarismo y las redes sociales.


Lo que el falso debate esconde


Entonces, ¿cole por la tarde sí o no? Pues para mí es un falso debate que busca enmascarar lo que de verdad deberíamos estar hablando y reivindicando y logrando, sobre todo cuando ejerce el gobierno una coalición progresista, y es: ¿dinero para la escuela pública o bajadas de impuestos a los ricos y, encima, pago a la concertada?


Me explico. Yo soy una convencida defensora de la escuela pública, no de boquilla, ni solo en mis artículos, sino sobre todo escolarizando en ella a mis hijos y, además, siendo durante años secretaria de la Junta Directiva del AMPA, reivindicativa representante de las familias en el CE, y activa en gestiones ante la Administración y en manifestaciones.


Pese a ello sé que obligar a todo el alumnado a quedarse por la tarde en los coles públicos en el actual contexto de desinversión en ellos sería un castigo para quienes hoy disfrutan de extraescolares elegidas. Quizá a cambio de cierta homogeneización con los actualmente excluidos, eso es cierto, lo que explica mi dilema. Pero en todo caso dejaría a ambos grupos de escolares de la pública en desventaja frente a los de la concertada y la privada que reciben formación de tarde pagada con la suma de las subvenciones públicas crecientes más los recursos de familias que pagan cuotas extras de más de 1.500€.


Urge más escuela pública pero se invierte en concertada


Ante las realidades injustas y dañinas que urge cambiar se arguye siempre “es un tema complejo”. Así se paraliza a la gente, bajamos los brazos y todo sigue como conviene a las elites beneficiadas, ¿no?


Para avanzar en la solución lo primero es evitar que nos hagan el lío, radiografiar la realidad, diagnosticarla y ponerse a trabajar. Y en este tema hay dos líneas de acción concretas:


La primera es aumentar la inversión en la escuela pública, incrementando para costearla los impuestos a multinacionales y multimillonarios y acrecentando el presupuesto de educación (porque este curso arranca con el promocionado “Plan de refuerzo de Lengua y Matemática” descafeinado al tener solo 95 millones € de los 500 millones € prometidos).


Y, por supuesto también aprovechando la bajada de la natalidad para cerrar aulas concertadas innecesarias y derivando al alumnado a la pública. ¿Alguien pondrá el cascabel al gato? Ojalá, pero lo dudo. Al menos en Andalucía, con la Junta del PP ejerciendo las competencias educativas, vamos a más concertada y no a menos con el riesgo cada vez más cerca de materializarse de que concierte hasta los bachilleratos que hasta ahora solo pueden ser públicos o privados. ¿Por qué la izquierda no se planta y reduce y cierra conciertos? ¿Acaso no temen el castigo electoral y por tanto es también responsabilidad social nuestra, de todos?


Con más dinero para la pública se contratarían más profesores y con esos recursos humanos y recursos materiales se podrían ofrecer por las tardes, desde el sistema público, con otros turnos docentes, atractivas actividades de idiomas, deportivas, creativas que hicieran innecesario pagar por extraescolares ajenas a la escuela.


Recortar y racionalizar la jornada laboral


Por último, no hay que olvidar una segunda línea de acción que es imperiosa no ya solo pensando en las y los chavales sino en las familias y la sociedad. Me refiero al inaplazable recorte y racionalización de la jornada laboral de trabajadoras y trabajadores.


Porque tenemos que hacer real nuestro derecho a vivir sin que cada hora sea producir, comer y dormir. Justo esta semana de “vuelta al cole” un estudio de la Autónoma de Barcelona plantea con datos lo que sabemos colectivamente por experiencia: que el alto consumo de ansiolíticos en España se debe sobre todo a la mala organización del trabajo que genera estrés e imposibilita conciliar.


Todo lo cual se agudiza entre las mujeres. Porque, voy a compartiros algo que he descubierto estos días: las y los hijos de madres con estudios universitarios tienen hasta 12 veces menos probabilidad de abandono escolar. Con ese dato en mente: ¿a quiénes veis junto a los peques cada tarde supervisando los deberes, a mamás o a papás?

No nos distraigamos y vayamos al grano de lo que hay que transformar para mejorar la vida de la mayoría social. 

Rego aboga por la participación directa de niñas y adolescentes en política para ampliar derechos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido con Plan Internacional España de cara a la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas.



La Moncloa

11/09/2024



La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha abogado por que las niñas y adolescentes se sitúen en el centro de la acción política. Rego ha defendido su participación directa en procesos que faciliten los cambios que la juventud demanda, de cara también a la próxima Cumbre del Futuro de Naciones Unidas.


Durante un encuentro con la organización Plan Internacional España, Rego ha defendido el papel fundamental de niñas y adolescentes como protagonistas en la esfera pública y política. "Se les debe reconocer, no solo como objeto de las políticas, sino como agentes activas de todos los cambios que deben generarse. Queremos establecer mecanismos que las incluyan de manera efectiva, y para eso es esencial repartir el poder y transformar las reglas del juego", ha asegurado.


La ministra ha destacado el rol de niñas y adolescentes en procesos de ampliación de derechos en cuestiones como la igualdad efectiva, acciones contra la crisis ecosocial, la participación política directa, la erradicación de las violencias contra la infancia y la adolescencia, o la regulación de entornos digitales seguros.


"Hay una deuda con las generaciones más jóvenes de nuestro país. Un país que avanza en términos democráticos tiene que avanzar también en los derechos de las y los más jóvenes", ha afirmado Rego. En este sentido, la ministra ha explicado que la futura ley de la juventud, que se encuentra en periodo de consulta pública, pretende impulsar la participación activa de la juventud en los espacios y asuntos públicos del país.


En particular, la ministra ha reiterado su compromiso con la ampliación del voto a los 16 años. "Si se reconoce la capacidad de los jóvenes de trabajar y contribuir al sistema público con sus impuestos, es justo reconocer su capacidad de decidir políticamente", ha aseverado.


Durante la reunión con Plan Internacional España, cinco asesoras juveniles de la organización han presentado a la ministra el Pacto de las Niñas para el Futuro y el informe Nuestras voces para nuestro mañana, realizado con jóvenes de entre 15 y 24 años de 35 países. El informe incluye recomendaciones para avanzar en cuestiones como educación y tecnología, violencia contra niñas y mujeres, derechos sexuales y reproductivos, cambio climático y participación en procesos políticos.


La ministra viajará la próxima semana a Nueva York para participar en la Cumbre del Futuro organizada por Naciones Unidas para abordar desafíos globales, también desde la perspectiva joven. La crisis climática, las desigualdades sociales, la transformación digital y las disrupciones económicas serán algunos de los ejes que se tratarán durante el encuentro. 

El Consell colabora con 84 entidades locales para la creación de la Red de Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia

El Consell ha autorizado la firma de un convenio tipo entre la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y 84 entidades locales para la constitución de la Red de Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia (Red CLIA).




GENERALITAT VALENCIANA

10/09/2024



El objetivo de este acuerdo consiste en promover la participación activa de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas municipales y fomentar sus derechos.


Además, el convenio, que no implica coste económico para las partes, establece compromisos específicos de colaboración. Concretamente, entre las obligaciones de las entidades locales, se incluyen el intercambio de información sobre la participación infantil y adolescente, el fomento de dicha participación en su ámbito de actuación y la sensibilización de la ciudadanía sobre los derechos de la infancia y adolescencia.


Por su parte, la Generalitat proporcionará cooperación técnica y apoyará la promoción de los derechos y la participación de la infancia.


Actualmente, hay 85 consejos locales de infancia y adolescencia en funcionamiento en la Comunitat Valenciana, de los cuales 84 pueden firmar el convenio, porque ya estaban en activo cuando se inició su tramitación.


A nivel provincial, las 84 entidades locales del convenio de la Red CLIA se distribuyen así: 18 en Alicante, 12 en Castellón y 54 en Valencia.


Red CLIA


La Red CLIA se configura como una plataforma de apoyo y colaboración mutua entre la Generalitat y los consejos locales de infancia y adolescencia, y permite un marco de cooperación interadministrativa para mejorar la coordinación de iniciativas y el intercambio de experiencias.

Los consejos locales de infancia y adolescencia son órganos de participación infantil a nivel municipal, establecidos por la Ley 26/2018 de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, que permiten a niños, niñas y adolescentes expresar sus opiniones sobre las políticas públicas que les afectan. 

El 25% de los migrantes en América Latina son niños y todos ellos tienen derecho a estar con sus familias

Las personas migran porque no tienen otra opción cuando se ven cercadas por niveles insoportables de desigualdad, pobreza o violencia. Los desastres y fenómenos meteorológicos extremos también obligan a muchas personas a abandonar sus hogares y tomar rutas insospechadas en busca de refugio, recuerda la agencia para la infancia, urgiendo a no separar a los niños de sus familias.




Naciones Unidas

Noticias ONU

11 Septiembre 2024




                                                                                © UNICEF/Sergio Izquierdo
 
Una familia migrante venezolana de paso por Guatemala en su viaje hacia el norte del continente.


La cuarta parte de los migrantes en América Latina y el Caribe son niños y como tales, todos tienen derecho a la protección y la unidad familiar, subrayó este miércoles la directora regional en funciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).


Karin Hulshof recordó que las familias migran porque no tienen otra opción cuando se ven cercadas por niveles insoportables de desigualdad, pobreza o violencia.


De igual manera, los desastres y fenómenos meteorológicos extremos obligan a muchas personas a abandonar sus hogares y tomar rutas insospechadas en busca de refugio.


Viajes arriesgados


Sus viajes están llenos de riesgos y los exponen a situaciones que amenazan la vida.


“Sin importar su estatus migratorio y sin importar dónde se encuentren, los niños siempre tienen derecho a estar con su familia o sus cuidadores, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño”, declaró Hulshof.


En vista de la práctica de algunos países de separar a las familias de migrantes cuando llegan a su territorio, UNICEF recordó a los gobiernos su obligación de garantizar que los procesos fronterizos y de recepción no resulten en una separación familiar deliberada o involuntaria.


Eso sólo agrega una capa adicional de estrés y trauma a las personas desarraigadas, apuntó la directora regional.


Los niños migrantes tienen derecho a solicitar asilo


Independientemente de que viajen con su familia o solos, “los niños migrantes y refugiados tienen derecho a un proceso para que se evalúe adecuadamente su interés superior y se encuentren soluciones sostenibles a su situación, incluida una mayor integración y asentamiento en el país de residencia actual, la repatriación al país de origen o el reasentamiento en un tercer país”, afirmó.


Además, hizo hincapié en que los niños migrantes tienen derecho a solicitar asilo y a no ser devueltos a lugares donde su vida o bienestar corran peligro.


En este sentido, UNICEF instó a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar procedimientos que mantengan unidas a las familias y reúnan a los niños que han sido separados con sus cuidadores.


Karin Hulshof señaló que UNICEF mantiene su compromiso de trabajar con los países de toda la región para proteger a los niños y garantizar que sus políticas migratorias consideren el máximo beneficio para el niño. 

UNICEF pide a los gobiernos de Latinoamérica evitar la separación de los niños migrantes de sus familias

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido este miércoles a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe "protección" para los niños y niñas migrantes que se desplazan en todo el continente y ha hecho hincapié en la importancia de que no sean separados de sus familias durante estos procesos.




Infobae

Por Newsroom Infobae

11 Sep, 2024






La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Karin Hulshof, ha indicado en un comunicado que los menores representan actualmente uno de cada cuatro migrantes en Latinoamérica y el Caribe y ha reivindicado su derecho a "estar con sus familias". "


Las familias migrantes en la región no han tenido otra opción que abandonar sus hogares debido a los altos niveles de desigualdad, pobreza y violencia, agravados por desastres y fenómenos meteorológicos extremos. Durante su viaje, atraviesan terrenos peligrosos y se exponen a situaciones que ponen en peligro sus vidas", ha aseverado. Así, independientemente de su estatus migratorio y dónde se encuentren, ha dicho, estos niños tienen derechos que deben ser respetados, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. 


Desde UNICEF han recordado que son los gobiernos de la región los que tienen la "obligación de garantizar que los procesos fronterizos y de recepción no den lugar a una separación familiar deliberada o involuntaria". "Esto sólo añade estrés y trauma a sus vidas", recoge el documento. "Tanto si viajan con su familia como si lo hacen solos, las niñas y niños migrantes y refugiados tienen derecho a un proceso en el que se evalúe su interés superior de manera adecuada, para identificar soluciones sostenibles; estas pueden incluir una mayor integración y asentamiento en el país de residencia actual, la repatriación al país de origen o el reasentamiento en un tercer país", ha aseverado Hulshof. 

En este sentido, ha recordado que todos ellos tienen también derecho a solicitar asilo y a no ser devueltos a lugares "donde su vida o su bienestar corran peligro" y ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos de la región a adoptar procedimientos de Determinación del Interés Superior para "mantener efectivamente unidas a las familias y reunir a los niños separados". "UNICEF mantiene su compromiso de trabajar con los países de la región para proteger a las niñas y niños y garantizar que sus políticas migratorias tengan en cuenta el interés superior de la infancia", ha puntualizado. 

Estados Unidos alerta del auge de la explotación infantil en los minerales de las energías verdes

Washington identifica 204 productos que se producen con trabajo de menores o forzado en 82 países de todo el mundo, incluidos la mayoría de los de Latinoamérica




EL PAÍS

MIGUEL JIMÉNEZ

09-SEPT 2024




Mujeres y niños trabajan en una mina de cobalto en Kivu del Sur, en República Democrática del Congo,
en julio de 2023. 
AUGUSTIN WAMENYA (GETTY)

Muchos de los minerales básicos para la generación de energías verdes están contaminados por la explotación infantil y el trabajo forzado. Esa es una de las conclusiones del informe Sudor y esfuerzo: trabajo infantil, trabajo forzado y trata de seres humanos en el mundo, la completa radiografía bienal sobre la materia que realiza la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, recién publicada. El informe detecta un alarmante aumento del número de productos y países en los que se recurre a ese tipo de explotación.


Desde 2022, la lista que elabora la ILAB ha pasado de 159 bienes en 78 países a 204 productos en 82 países. Entre los productos añadidos hay bienes de consumo, electrónica, prendas de vestir, textiles y manufacturas, entre ellos algunos que no habían sido identificados anteriormente como objeto de explotación laboral como los azufaifos, el plomo, el níquel, el cloruro de polivinilo y los calamares. En la lista aparecen cuatro nuevos países. Dos de ellos por aplicar trabajo forzoso: Bielorrusia (muebles y madera), Mauricio (prendas de vestir). Los otros dos, por producir bienes tras importar materias primas fruto del trabajo infantil: Países Bajos (chocolate y pasta y polvo de cacao con cacao importado de Ghana y Costa de Marfil) y Corea del Sur (indio, con zinc de Bolivia).


La complejidad de la cadena de suministros mundiales puede ocultar la explotación. “De hecho, en algunos casos está diseñada para ocultar la visibilidad de las prácticas laborales, subrayó en Washington el pasado jueves Thea Mei Lee, subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo en un encuentro con periodistas internacionales. “La falta de transparencia, combinada con la demanda de productos baratos por parte de los consumidores, la presión para mantener los costes bajos y la búsqueda de mayores márgenes de beneficio, crea unas condiciones en las que persisten las prácticas de explotación laboral”, añadió.


Lee puso el acento en al aumento de la explotación para la producción de minerales. Los niños de la República Democrática del Congo, Zambia, Zimbabue y Bolivia extraen minerales esenciales como cobalto, cobre, litio, manganeso, tantalio, estaño, wolframio y zinc, según el informe. Trabajan en minas artesanales y a pequeña escala mal reguladas, realizando tareas peligrosas como excavar túneles, transportar cargas pesadas y manipular sustancias tóxicas.


Asimismo, el trabajo forzoso forma parte de la cadena de suministro de otros minerales cruciales, como el aluminio y el polisilicio de China, el níquel de Indonesia y, de nuevo, el cobalto, el tantalio y el estaño de la República Democrática del Congo. Los trabajadores se enfrentan a abusos como horas extraordinarias excesivas e involuntarias, trabajo inseguro, salarios impagados, multas, despidos, amenazas de violencia y servidumbre por deudas, según las autoridades estadounidenses.


“Muchos de estos materiales son vitales en la producción de tecnologías verdes”, explicó Thea Mei Lee, del Departamento de Trabajo. El cobalto y el litio son esenciales para las baterías de los vehículos eléctricos. El polisilicio capta la energía solar y el indio ilumina las luces LED. “Esto pone de relieve un reto creciente que no podemos permitirnos el lujo de ignorar. ¿Cómo equilibramos nuestra urgente necesidad de energía limpia con el imperativo de proteger a los trabajadores vulnerables? ¿Podemos garantizar que nuestro camino hacia un futuro más sostenible no esté pavimentado con explotación laboral?”, se preguntó.


A medida que se acelera la revolución de la energía verde, también lo hace la demanda de minerales esenciales. “Cuanto más tardemos, más niños se verán obligados a trabajar en minas peligrosas, más trabajadores sufrirán explotación y más arraigados estarán los abusos laborales en las cadenas de suministro de minerales esenciales”, añadió Lee, que reclama establecer protecciones como ubicar las nuevas inversiones en energías limpias en países que se comprometan a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores e imponer restricciones comerciales a los que no lo hagan, de forma coordinada con otros países.


Escalada en China


En lo que se refiere a la explotación infantil, la ILAB ha retirado cuatro productos desde la anterior edición ante las pruebas de que se ha eliminado el trabajo infantil en su producción más allá de incidentes aislados: arándanos de Argentina, sal de Camboya, gambas de Tailandia y fluorita de Mongolia.


La lista de bienes producidos con trabajo infantil incluye a la mayor parte de los países de Latinoamérica, sobre todo con productos agrícolas. Se mantienen en la lista Argentina (con 10 productos), Bolivia (11), Brasil (23), Colombia (10), República Dominicana (5), Ecuador (7), El Salvador (7), Guatemala (6), Honduras (3), México (15), Nicaragua (7), Panamá (2) y Perú (5), y entra Venezuela, con el oro. Hay también casos de trabajo forzado y en tres países (Argentina, Bolivia y Colombia), bienes que se producen con trabajo forzado infantil.


En paralelo, la ILAB ha publicado su informe anual de Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, que se centra en los esfuerzos de determinados países y territorios beneficiarios del comercio estadounidense para eliminar las peores formas de trabajo infantil mediante legislación, mecanismos de control, políticas y programas sociales. De los 131 países evaluados, solo seis obtuvieron la valoración más alta de avance significativo: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Moldavia. La mayoría de los países recibieron una evaluación de avance moderado, pero otros 47 países registraron un avance mínimo, según el informe.


Marcia Eugenio, directora de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Seres Humanos (OCFT), insistió en el encuentro con periodistas que “las empresas deben establecer sólidas medidas corporativas de diligencia debida y rendición de cuentas para proteger a los trabajadores en toda su cadena de suministro”. “Los informes brillantes y los complejos procesos corporativos no bastan para abordar los abusos laborales sistemáticos. Las empresas deben implantar una sólida supervisión sobre el terreno con los trabajadores y los sindicatos en el centro del proceso, colaborar con las partes interesadas locales y aplicar estrictas medidas de rendición de cuentas en toda su cadena de suministro”, añadió.


En relación con el trabajo forzado, Thea Mei Lee destacó la explotación laboral que impulsa el dominio de la producción mundial de China. Desde al menos 2016, el Gobierno de la República Popular China ha sometido a los uigures y a los miembros de otros grupos étnicos minoritarios predominantemente musulmanes de Xinjiang a genocidio, trabajos forzados impuestos por el Estado y crímenes de lesa humanidad, dijo. “Desde 2020, hemos identificado seis bienes producidos por trabajo forzoso uigur en China, y este año hemos añadido seis más, entre ellos sosa cáustica, silicio de grado metalúrgico, cloruro de polivinilo, calamares, azufaifas y aluminio”. “Esta escalada es muy preocupante, ya que China es uno de los principales exportadores mundiales, si no el principal, de casi todos estos bienes contaminados”, subrayó.