Lanzamiento de la nueva versión en español del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia

El pasado 11 de julio de 2024 se presentó en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, en Barcelona, la nueva versión en español del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia (2023). El programa de la jornada está disponible aquí.

Consejo de Europa

Children’s Rights

Barnahaus España

18 de julio de 2024

Este curso ha sido adaptado al contexto español en el marco del proyecto conjunto UE/Consejo de Europa “Barnahus en España - Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación y coordinación efectiva entre diferentes servicios Barnahus en las regiones de España” para diferentes profesionales que trabajan para y por la infancia; en concreto para la judicatura, fiscalía y abogacía, por un lado, y para el personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por otro. La oportunidad de realizar este tipo de formación inicial para profesionales fue identificada en el estudio de necesidades de formación que se realizó como parte del segundo pilar del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los y las profesionales”.

El curso proporciona información sobre los instrumentos más importantes a nivel internacional y europeo en materia de justicia adaptada a la infancia y su implementación en la práctica. Inicialmente desarrollado en 2017, este curso se actualizó en 2023 en el marco del Programa de Educación en Derechos Humanos para Profesionales del Derecho (HELP) del Consejo de Europa, en estrecha colaboración con la División de Derechos de la Infancia del Consejo de Europa y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA). La actualización se realizó en el marco del Proyecto UE-CoE «HELP en la UE III» para incluir la jurisprudencia reciente de los tribunales europeos (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), así como el marco de la UE y del Consejo de Europa.

Durante los próximos dos meses, 70 participantes tendrán la oportunidad de explorar qué es la justicia adaptada a la infancia y cómo, en España, gracias al proyecto Barnahus y en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia, se está trabajando para garantizar una justicia adaptada a los niños y niñas víctimas de violencia sexual.

Tras esta conferencia, dedicada íntegramente a la implantación de diferentes servicios tipo Barnahus en los territorios de España, se realizaron visitas de estudio a los centros Barnahus de Barcelona, Terrassa y Vilanova i la Geltrú.

El curso en español, sin las adaptaciones, está disponible de forma gratuita para todas las personas interesadas en la plataforma HELP e learning en https://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3396

Las nuevas versiones adaptadas en español para los dos grupos profesionales estarán disponibles próximamente.

 Programa de lanzamiento del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia (Castellano)

 Programa de lanzamiento del curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia (Inglés)

 Curso HELP sobre justicia adaptada a la infancia 

Derechos Sociales financiará con 65,5 millones de euros proyectos de innovación social para la protección de la infancia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre la convocatoria del Programa de Inclusión, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del Fondo Social Europeo+ para seleccionar proyectos de mejora del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

La Moncloa

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

18.07.2024

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto una convocatoria para proyectos de innovación social dotada con 65,5 millones de euros, provenientes del Fondo Social Europeo+ (FSE+). El objetivo de esta convocatoria es la financiación de proyectos con los que proteger a la infancia y adolescencia en riesgo o desamparo, priorizando medidas que garanticen el derecho de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en entornos familiares seguros a través de, entre otras, medidas preventivas centradas en el apoyo a familias frágiles.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, busca financiar "soluciones innovadoras a problemas sociales complejos" y el objetivo es que, "una vez testeadas, sean transferidas a mejores políticas públicas para todo el Estado" ha afirmado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. Dicha convocatoria está abierta tanto a entes locales como a entidades sociales y de la economía social. Las iniciativas financiadas deberán contribuir en la implementación de la Estrategia Estatal: para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, impulsada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, para avanzar en un sistema de protección a la infancia en el que ningún niño, niña o adolescente viva en una institución. Actualmente, unas 17.000 personas menores de edad tuteladas por las administraciones pública viven en recursos residenciales de las comunidades autónomas.

El ministro Bustinduy ha explicado que esta estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros (1.323.471.810 €) y que estará financiada por recursos provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, habiendo programado para ello operaciones vinculados a procesos de desinstitucionalización, de modernización de los servicios sociales y de desarrollo de una nueva economía de los cuidados hasta el 2027, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. "Se trata de una inversión sin precedentes para una estrategia que, además, será pionera en Europa", ha enfatizado el ministro, sobre todo en lo relativo a cómo cambiará el modelo de cuidados.

Si hablamos de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección en 2022 se registraron 29.770 notificaciones de maltrato infantil, destacando entre los diferentes tipos la negligencia y el maltrato emocional, ambos en el ámbito familiar, ha destacado Pablo Bustinduy, citando datos del Observatorio de la Infancia.

El ministro ha subrayado también que la inversión de España para infancia y familias está un punto del PIB por debajo de la media de la Unión Europea "es inaceptable que una democracia avanzada y la cuarta economía de la zona euro, como lo es España, exhiba unos niveles de desigualad y de precariedad tan graves", ha declarado, y ha hecho un llamamiento a revertir esta situación con una mayor inversión y con políticas públicas más eficaces.

Entre esas políticas, Pablo Bustinduy ha señalado que apostar por que todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus vidas en entornos familiares seguros es crucial para el país. En este sentido, invertir en las familias con medidas como la prestación universal por crianza o en la modernización de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia a través del reciente reparto de 200 millones para las comunidades autónomas o los 65,5 millones de la convocatoria que se abre hoy, es crucial y prioritario para el Ministerio de Derechos Sociales.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales abre esta convocatoria en su rol de Organismo Intermedio para la selección de operaciones del FSE+. Como tal tiene la potestad de diseñar y seleccionar intervenciones y proyectos por un total de 233 millones de euros. Esta convocatoria es la primera de otras que irán dirigidas o a reforzar el sistema de protección de la infancia, como en este caso, o a acompañar y reforzar la atención temprana que se presta a niños y niñas de entre 0-6 años con discapacidad o problemas de desarrollo. 

"Solidaridad territorial: la clave para proteger a los menores extranjeros no acompañados", Antonia Durán Ayago.

Llegada al puerto de Arguineguin (en Mogán, Gran Canaria) de migrantes africanos a bordo de un barco de rescate marítimo
el 2 de noviembre de 2023. Canary4stock/Shutterstock

"Solidaridad territorial: 

la clave para proteger a los menores extranjeros no acompañados"

Antonia Durán Ayago*

Profesora y Catedrática de 

Derecho Internacional Privado, 

Universidad de Salamanca.

The Conversation.

Acceso a su artículo en The Conversation, 15/07/2024: 

https://theconversation.com/solidaridad-territorial-la-clave-para-proteger-a-los-menores-extranjeros-no-acompanados-234703

La irrupción de partidos de ultraderecha con presencia institucional ha ido haciendo que cuestiones como la extranjería se conviertan en un arma arrojadiza que los partidos liberales no han sido capaces de neutralizar.

La reciente aprobación del Pacto de Migración Europeo es una buena prueba de ello.

En España, la presencia institucional en parlamentos y gobiernos autonómicos hasta hace pocos días del partido de extrema derecha Vox ha puesto en evidencia la falta de solidaridad territorial con respecto a la inmigración.

La razón (confesada) de la ruptura de los acuerdos de gobierno en las cinco autonomías en las que gobernaba con el Partido Popular ha sido el reparto de los menores extranjeros que han llegado solos a España y que no pueden ser repatriados, conforme al procedimiento que se regula en el artículo 35 el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Las declaraciones de algunos dirigentes, llenas de xenofobia y racismo, ignoran por completo los derechos de estos niños.

Competencia de las autonomías

La protección de menores es competencia de las autonomías (art. 148.1.20 de la Constitución española). Cuando un menor llega solo a España, la comunidad autónoma donde se encuentra es la que tiene que poner en marcha el procedimiento que garantice su protección. 

.- Primero se intenta su repatriación si es posible encontrar a su familia en el Estado de origen o el Estado del que procede puede hacerse cargo de su protección, 

.- pero si esto no es posible, se le debe declarar en situación de desamparo y la comunidad en la que se encuentre debe asumir la tutela.

Desde ese momento, la situación de extranjería pasa a un segundo plano y lo relevante es proporcionar los cuidados y asistencia que necesita todo menor. El problema es que en estos momentos en Canarias hay en torno a 5 500 menores extranjeros no acompañados; sus recursos asistenciales están superados y por ello ha solicitado ayuda para que el resto de comunidades asuma un reparto de los menores a los que su sistema de protección no puede atender, de manera que puedan ser trasladados y tutelados por otras comunidades autónomas.

El apartado 12 del artículo 35 de la Ley de Extranjería dispone que “las comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con las comunidades autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración”.

Se basa, por tanto, en un voluntarismo que hasta ahora se ha manifestado insuficiente. El pasado 10 de julio, en una reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife, se logró asumir un reparto de 347 niños entre comunidades autónomas, reparto claramente insuficiente y que no ha estado exento de fricciones tanto por los gobiernos autonómicos del Partido Popular como por el gobierno de Cataluña.

La posible reforma de la Ley de Extranjería

Ante esta situación, el Gobierno pretende modificar la legislación para que el reparto sea obligatorio cuando una comunidad supere el 150 % de su capacidad. Para ello ha habido un acuerdo entre los grupos parlamentarios de PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que están promoviendo una reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de estos menores.

Ya tuvimos un precedente de colapso en el sistema de protección de menores en Ceuta en mayo de 2021, ante la llegada de un número importante de menores no acompañados procedentes de Marruecos. En aquella ocasión, el Ministerio del Interior y Ceuta quisieron solucionar esta situación de la peor manera, como así lo atestiguado el Tribunal Supremo, en reciente sentencia.

Respeto a los compromisos internacionales

En realidad, estamos ante una cuestión de solidaridad territorial entre Comunidades autónomas, de un lado y, de otro, de compromiso, como Estado, en el cumplimiento de las obligaciones que España ha asumido por ser parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Un reparto equitativo de estos menores es necesario para que se vean respetados sus derechos.

Entidades sociales como la Fundación Raíces consideran que la reforma que se lleve a cabo “debe ir de la mano de un fortalecimiento de los sistemas de protección y del impulso de otras formas de acogimiento, alternativas a la institucionalización y ya contempladas en la ley, como los acogimientos familiares o en recursos de base familiar y comunitaria de entidades privadas”.

En este sentido, esta reforma debería suponer un reto y una oportunidad para mejorar los sistemas de protección de menores, que hay que asumir desde el respeto a nuestros compromisos internacionales.

Es importante hacer hincapié en esto, ya que en un Estado social y democrático de derecho como es España existen principios y valores que, si se ponen en cuestión, dejan fuera del juego democrático a quienes lo hagan.

El racismo topa de forma frontal con el sistema. Comprobar cómo un partido político ha plagado todo su discurso de racismo genera frustración. La sociedad española merece mucho más.

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También Acceso al artículo:  

La excusa, 

de Jorge Cardona, catedrático de derecho internacional. Universitat de València.

No son menas, son niños y niñas con plena dignidad que, en la mayor parte de los casos, huyen de graves violaciones de sus derechos más básicos... 

*Antonia Durán Ayago: 

Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura con Premio Extraordinario (2004). En la actualidad, soy Profesora Titular de Derecho internacional privado en la Universidad de Salamanca.

He publicado dos monografías, La protección internacional del menor desamparado: régimen jurídico (Colex, 2004) y La protección de las pymes en el comercio internacional: propuestas de regulación (Atelier, 2008). Y soy coautora de los siguientes libros: Guía Legal Práctica de Extranjería (con Beatriz L. Carrillo Carrillo), Editorial Comares, diciembre 2006; Curso de Nacionalidad y Extranjería (con Javier Carrascosa González y Beatriz L. Carrillo Carrillo), Editorial Colex, 1ª edición, 2007 y 2ª edición, 2008 y Aplicación práctica del Derecho internacional privado: casos y soluciones (con Pilar Maestre Casas, María del Mar Velázquez Sánchez y Renata Álvares Gaspar), Editorial Ratio Legis, 2007, 2ª edición, 2010, 3ª edición, 2011 y 4ª edición, 2015.

He escrito además numerosos artículos y capítulos de libros sobre distintas cuestiones del Derecho internacional privado, fundamentalmente en materia de Derecho de familia. Obtuve el XV Premio La Ley de artículos doctrinales para profesionales del Derecho con el artículo “La filiación adoptiva en el ámbito internacional” (2001). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=76017

He sido Secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (2008-2011). He dirigido el Máster en Derecho español para Juristas Extranjeros (2008-2018). He puesto en marcha la Clínica Jurídica de Acción Social de la USAL y he sido su directora desde 2016-2018. He sido Directora Académica de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca (2018-2020)

La excusa: No son menas, son niños y niñas con plena dignidad

No son menas, son niños y niñas con plena dignidad que, en la mayor parte de los casos, huyen de graves violaciones de sus derechos más básicos

LAS PROVINCIAS

Jorge Cardona

Catedrático de derecho internacional

Universidad de Valencia

15 de julio de 2024

Se ha escrito mucho sobre la retirada de Vox de los gobiernos. Tranquilo, lector, que no voy a volver sobre el tema. Me voy a limitar a reflexionar sobre la excusa que han dado: el rechazo a la reubicación de 347 niños y niñas extranjeros no acompañados.

En Canarias hay cerca de 6.000. Pero Canarias no tiene los recursos ni los medios para acogerlos en su sistema de protección. Y han solicitado al Estado que coordine una reubicación en otras Comunidades Autónomas de los que ellos no pueden atender.

El Estado propuso la reubicación de 347: Andalucía 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4. Esa cantidad es el 10% de los que habría que reubicar, pero... más vale eso que nada.

Todas las Comunidades, salvo Cataluña, aceptaron la propuesta y esta fue la excusa para que Vox rompiera los pactos autonómicos con el PP.

¿Qué argumentos ha utilizado Vox? Esto han dicho sus dirigentes: «Los menores tienen que estar con sus padres en sus países de origen» (José Mª Llanos portavoz de Vox en les Corts); «La acogida de los 347 menores migrantes condena a España a la inseguridad y ocasiona un efecto llamada que va a tener como efecto ocupaciones, delincuencia y un coste mayor para los españoles» (Santiago Abascal).

Reflexionemos: ¿por qué han venido a España esos niños? Algunos han visto como sus padres eran asesinados en diversos conflictos; otros escapan del reclutamiento por grupos armados; otros huyen de la violencia y de los abusos de todo tipo que les realizan sus progenitores o que éstos no pueden evitar por la situación del país; otros huyen del hambre o de enfermedades prevenibles, pero para las que en sus países no hay medios para hacerlo ¿Con quién quiere Vox que vuelvan? ¿Con sus padres muertos? ¿Con sus padres abusadores o que no tienen los medios para evitarlo? ¿Con sus padres que no tienen recursos para alimentarlos o curarlos?

La legislación española prevé que, cuando se localiza a la familia de un niño o niña no acompañado y los servicios sociales de su país de origen dan garantías de que va a ser atendido adecuadamente, se le devuelva a su país. Pero esa situación se da en muy pocas ocasiones porque la familia no se encuentra o porque los servicios sociales no garantizan que se vayan a respetar sus derechos. ¿Qué quiere Vox? ¿que se les devuelva para que sus derechos sean violados? ¿eso es lo que querrían para sus hijos?

Sigamos reflexionando: España tiene 48 millones de habitantes. Los 347 niños suponen el 0'00072% de la población española ¿de verdad es una invasión? ¿Alguien con un mínimo de sentido común puede pensar que 347 niños y niñas son una amenaza para la seguridad?

Sigamos con los datos: en 2022 el 1'4% de los menores extranjeros cometió un delito, mientras que el 0'6% de los menores españoles también (téngase en cuenta la población total española y la diferencia de integración social de unos y otros). Supongamos que se repite el dato con los 347: eso significaría que 4,8 de ellos podrían cometer un delito. Por su parte, el 0'6% de los menores españoles supondría que 51.840 menores españoles podrían cometer un delito ¿De qué tenemos que preocuparnos, de 5 extranjeros o de casi 52 mil españoles?

Sin duda hay que trabajar mucho más para que los niños que se encuentran en los sistemas de protección (tanto los extranjeros como los nacionales, que son muchos más) sean atendidos e integrados en la sociedad. Igualmente hay que reforzar la educación en valores de todos los niños que se encuentran en España, con independencia de su origen, sexo, raza o religión. Pero Vox no reclama que se refuercen los sistemas de protección, sino que se expulse a los extranjeros.

La excusa de Vox es impresentable. Su preocupación por la dignidad de las personas, por la necesidad de proteger a los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, es inexistente. Ni siquiera les llaman niños. Utilizan el acrónimo de «menas» para ocultar el desprecio por su dignidad. Igual que hacía el nazismo con los judíos (con términos como «solución final» o «reasentamiento») o hace Netanyahu con los palestinos (para él, animales).

No, señores de Vox. No son menas, son niños y niñas con plena dignidad que, en la mayor parte de los casos, huyen de graves violaciones de sus derechos más básicos y que para llegar a España habitualmente han pasado por una ruta infernal, explotados y atravesando desiertos hasta enfrentarse con un mar donde muchos mueren. Si su política es violar sus derechos, gracias por irse de los gobiernos donde estaban. 

Un estudio científico avala al primer Juzgado sobre Infancia: controla el estrés del niño

Un estudio publicado en una de las revistas del grupo ‘Nature’ avala que 

los procedimientos que ha puesto en marcha el Jugado de Violencia 

sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, 

el primero de España especializado en la materia, 

mantienen bajo control los niveles de estrés 

que sufren los niños cuando son llamados a declarar sobre su caso.

Los resultados respaldan la nueva Política Judicial Europea, 

que incluye el establecimiento y funcionamiento de 

Tribunales Especializados adaptados a las necesidades de niños y adolescentes.

"Monitoreo del estrés en tiempo real en un tribunal amigable para los niños: un estudio de campo de medidas repetidas"(Real-time stress monitoring in a child-friendly court: a repeated measures field study)

José M. Rodríguez Pellejero, Itahisa Mulero Henríquez 

& Zaida Santana Amador

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (UGPC)

La revista “Humanities & Social Sciences Communications”

Acceso al estudio

https://doi.org/10.1057/s41599-024-03410-w 

Son los resultados del seguimiento realizado a 42 niños y niñas que han pasado por ese juzgado, abierto a modo de prueba para ensayar nuevas formas de proceder con los menores que sirvan luego en el resto de España.

El Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, al cargo del magistrado Tomás Martín, no solo ha sido dotado con instalaciones más amigables para los niños que procuran ofrecerles un entorno menos “hostil”, sino que, además, ha puesto en práctica procedimientos de instrucción que procuran no “revictimizar”.

Para ello, cuenta con salas donde el niño declara sin ver al resto de partes presentes en ese trámite procesal (Gesell) y coordina a todas para que, si es posible, el niño solo tenga que contar lo que le pasó una vez y que ese testimonio se preste con todas las garantías para que tenga valor en un juicio.

El trabajo que ahora se publica se basa en la experiencia de la declaración ante ese juzgado de la capital grancanaria de 42 menores, todos españoles, en su mayoría niñas (tres de cada cuatro) y, principalmente, con edades entre los 11 y los 12,5 años, a los que se vigiló el ritmo cardíaco y se realizaron cuestionarios enfocados a vigilar sus niveles de ansiedad y estrés.

Su conclusión es que declarar en una causa judicial por hechos de los que son víctimas sigue siendo una situación estresante para los menores, incluso si se hace con los niveles de protección que ha puesto en marcha este primer juzgado especializado de España.

Ahora bien, remarcan los autores, los indicadores de estrés medidos a esos niñas y niñas en el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria no llegaron a niveles perjudiciales para su salud.

“Dado que el estrés puede mantenerse en niveles no perjudiciales, nuestro estudio respalda la nueva política judicial europea, que aboga por el establecimiento y funcionamiento de tribunales especializados adaptados a las necesidades de niños y adolescentes. Estos tribunales garantizan un entorno y un lenguaje amigable para los niños que contribuyen a reducir el estrés de los menores víctimas de violencia”, apuntan los autores.

Recuerdan, asimismo, que una investigación exhaustiva de un caso penal puede depender de la participación activa de las víctima, por lo que sostienen que “los procedimientos judiciales no deberían basar sus mecanismos de protección en reducir sistemáticamente la participación del niño en el procedimiento”.

“En cambio, la atención debería centrarse en brindar justicia procesal y adaptar el entorno y el lenguaje a las necesidades de los niños, haciendo que el procedimiento sea más amigable para ellos. La presente investigación apoya la teoría de que la participación en procesos judiciales no es por necesidad traumática para los menores”, concluyen.   Fuente: jmr/pcr, agencia EFE

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Presentación de este Estudio Científico:

Monitoreo del estrés en tiempo real en un tribunal amigable para los niños: un estudio de campo de medidas repetidas.

La mayoría de las reformas de los tribunales amigables para los niños se basan en el supuesto de que el entorno judicial es una experiencia estresante. 

Nuestro objetivo fue analizar los niveles de estrés agudo de los niños que vienen a testificar en un tribunal de investigación adaptado a los niños utilizando un enfoque persona por entorno. Empleamos un diseño simple de medidas repetidas para este estudio, que incluyó a 42 menores de nacionalidad española que prestaron testimonio como víctimas de violencia en el primer Tribunal Amigo de la Infancia de España. 

Entre los participantes, el 73,8% eran niñas con una edad media de 12,5 años (DE = 3,4) y el 26,2% eran niños con una edad media de 11,4 años (DE = 3,1). Los niveles de estrés se midieron mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la ansiedad se evaluó mediante cuestionarios de estado-rasgo. 

El estudio encontró que el percentil medio de ansiedad se mantuvo en niveles moderados, mientras que el estrés se mantuvo en niveles medio-bajos. No se encontraron diferencias significativas en ansiedad o estrés según el género o el tipo de delito. 

El ANOVA de medidas repetidas reveló diferencias significativas en los niveles de estrés entre diferentes entornos judiciales. Los niveles de estrés en la sala de espera y en la sala Gesell fueron significativamente mayores que en la sala de descompresión. 

En conclusión, la experiencia de declarar en una sala Gesell sobre las agresiones sufridas aumenta los niveles de estrés. Sin embargo, en esta muestra y para este Tribunal Piloto, los niveles de estrés observados durante los testimonios no alcanzaron niveles considerados perjudiciales para la salud de los niños. 

Nuestros resultados respaldan la nueva Política Judicial Europea, que incluye el establecimiento y funcionamiento de Tribunales Especializados adaptados a las necesidades de niños y adolescentes.

Informe Anual de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía 2023

"En cumplimiento de la Ley 4/2021, de 27 julio, Infancia y Adolescencia de Andalucía, rendimos cuenta al Parlamento 

de las principales actuaciones emprendidas 

por esta Institución en el transcurso del año 2023"

 Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía,

Defensor del Pueblo Andaluz,

Acceso al Informe 2023

Resumen:

La estructura del informe es similar a ejercicios anteriores. 

Tras la Presentación, comienza el capítulo II, redactado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIA-A), con el análisis de datos cuantitativos de las personas menores de edad en nuestra comunidad autónoma. Un colectivo de más de un millón y medio de niños y niñas entre 0 y 17 años, que representa el 18 por 100 de la población residente en Andalucía, y un 19 por 100 respecto al total de chicos y chicas menores de 18 años residentes en España. Además de las cuestiones demográficas, analizamos también datos relativos al ámbito educativo, Sistema de Protección de Menores, Sistema de Justicia Juvenil, y se dedica un apartado específico a la infancia más vulnerable. 

El capítulo III, el más extenso de todos, recoge las principales problemáticas observadas desde la actividad propia de la institución de la Defensoría, agrupadas en torno a los derechos comprometidos en ellas. Se realiza un resumen de las más de 5.500 actuaciones emprendidas y los aprendizajes obtenidos a raíz de las quejas presentadas por la ciudadanía o iniciadas de oficio por la Institución. Quedan recogidas las distintas resoluciones que en forma de recomendaciones, sugerencias o recordatorio de deberes legales se han dirigido a los distintos órganos de la administración andaluza para mejorar la defensa de los derechos de niños y niñas.

Como viene siendo habitual, un significativo número de entidades, asociaciones e instituciones universitarias han demandado la presencia de la Defensoría en distintos eventos a fin de debatir temas de interés para las personas menores de edad y, además, con el propósito de que la Institución aporte su experiencia y criterio en diversos asuntos que atañen a este sector vulnerable de la sociedad. Una actividad que se resume en el capítulo IV.

Por otro lado, la Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, atribuye a esta Defensoría la misión de promover el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos de este sector de la población en nuestra comunidad autónoma. Dentro de este amplio campo de intervención y de las diversas actuaciones emprendidas, el capítulo V se centra en el detalle pormenorizado de dos acciones. Por un lado, las actividades del Consejo de Participación de la Institución denominado “e-Foro de menores” y, por otro, los actos organizados para la conmemoración del Día de la Infancia de 2023 con la celebración de la XVI Edición del Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Viene siendo práctica habitual que anualmente se dedique un capítulo específico al abordaje de cuestiones que consideramos relevantes. En esta ocasión se anlizan las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia. Unas situaciones en las que, por diversas circunstancias, el niño o la niña se ve perjudicado en su desarrollo, bienestar o en sus derechos, siendo necesaria la intervención de las administraciones públicas para paliar el riesgo antes de tener que proceder a la adopción de una medida más drástica como es la separación del menor de su entorno familiar. El estudio que se desarrolla en el capítulo VI pretende ahondar en este fenómeno y, paralelamente, el análisis del problema ha de servir para incrementar el conocimiento de esta realidad desde la perspectiva de una institución garante de derechos para quienes, por un lado, han de ejecutar las medidas para paliar el riesgo y, por otro, han de gestionar los recursos de los poderes públicos.

El capítulo VII contiene un resumen del trabajo presentado en 2023: un informe especial titulado “Atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas”. Un trabajo que ha pretendido varios objetivos: otorgar visibilidad de esta realidad educativa, que parece estar en segundo plano en cuanto a su conocimiento; y, mejorar dicho servicio educativo. También otros objetivos no menos importantes, que pivotan sobre este trabajo: reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación en su propio entorno social y geográfico, un derecho que está reconocido por ley; y la importancia que tienen estos colegios como instrumentos en la lucha contra la despoblación.

El informe concluye con el capítulo VIII recogiendo un extenso anexo estadístico sobre las actuaciones de oficio, las materias de las quejas, o su procedencia geográfica, entre otros datos.

El impacto de la prestación universal por crianza en la reducción de la pobreza en España: un ejercicio de microsimulación.

Como si fuera un sueño, mejor un deseo, mucho mejor, una propuesta 

Gorjón, L., Romero, G. prueban y miden el impacto, 

que la prestación universal por la crianza y sus efectos,  

pudiera tener en relación a la pobreza que existe en España

Gorjón, L., Romero, G.

Informe ISEAK, Fundación Iseak, 2024, 15 p.

La prestación universal por crianza está cada vez más presente en el debate público. España, que tiene unos altos niveles estructurales de pobreza y desigualdad, carece de una prestación de este tipo, lo que la convierte en una anomalía entre los países del entorno. 

 En un resumen de esta microsimulación,  estos serían los efectos si se plantearan dos escenarios en los que el importe de la prestación es de 100 y 200 euros mensuales por menor a cargo.

• Una prestación de hasta 200 euros mensuales por menor tiene efectos sustanciales en la reducción de la pobreza infantil, tanto en su incidencia (un 43%) como en su intensidad (un 30%). 

• La extrema pobreza infantil se reduciría desde el 14% actual hasta el 8% en el caso de una prestación de 200 euros mensuales. El porcentaje de menores en riesgo de pobreza también disminuiría, desde el 29% actual hasta el 21%. 

• Los niveles de pobreza de la población general también se reducen, aunque de una manera mucho más modesta que si se atiende únicamente a la pobreza infantil. 

• Una prestación de 200 euros/mes por menor supondría un gasto de 19.000 millones de euros anuales -un 2,76% del gasto público actual-, una décima parte del gasto en pensiones. 

• Una prestación universal por crianza incrementa los niveles de pobreza de los hogares sin menores, puesto que el ingreso (mediano) de la sociedad aumenta y estos hogares con ingresos ligeramente por encima del umbral inicial ahora caerían por debajo de este...

Pantallas en la educación: los pediatras piden reevaluar su uso.

  Ante la disparidad creada y con la intención de actualizar la última evidencia al respecto y "arrojar luz" sobre un tema tan controvertido, 

el Grupo de Trabajo de Salud Digital, perteneciente al Comité de Promoción de la Salud (CPS) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), 

presentó este informe Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo.

Carla Nieto Martínez,

Medscape.

Acceso

Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo.pdf

De forma similar a lo que ocurre en otros países, en España está actualmente abierto un debate en distintas esferas (social, científica, escolar y familiar) sobre el impacto del uso de pantallas en la enseñanza de la población infanto-juvenil y sus potenciales ventajas respecto al sistema de aprendizaje tradicional.

En este contexto, durante los últimos meses, muchas comunidades autónomas (las competencias en materias de educación están transferidas a las autonomías) han adoptado distintas medidas para regular el manejo de esta metodología en las aulas. Esto ha dado lugar a una falta de homogeneidad, ya que las disposiciones varían en función de la localización y del tipo de educación que imparte el centro escolar (pública, privada o concertada).

Ante la disparidad creada y con la intención de actualizar la última evidencia al respecto y "arrojar luz" sobre un tema tan controvertido, el Grupo de Trabajo de Salud Digital, perteneciente al Comité de Promoción de la Salud (CPS) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), acaba de presentar el informe Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo.[1]

El documento se enmarca en el Plan Digital Familiar, una plataforma creada por la Asociación Española de Pediatría para ayudar a las familias en el uso de las tecnologías en el ámbito familiar.

La coordinadora de este grupo, Dra. María Salmerón, explicó a Medscape en español las razones que sustentaron la elaboración de este documento: "Las pantallas impactan en la salud física, mental, social y sexual; en el neurodesarrollo, en el desarrollo psicoafectivo y en los hábitos de vida saludables. Sin embargo, este mensaje no está llegando a la población".

"Por ejemplo, la recomendación de tiempo de uso de pantalla en menores de 2 años es cero, debido a que interfieren en su neurodesarrollo, pero los resultados de un estudio publicado en 2021, en la Revista de Salud Pública, reflejan que la media de tiempo de uso de estos dispositivos en este segmento de edad alcanza los 72 minutos".

Digitalización en las aulas: ¿demasiadas expectativas?

"Con base en estos datos y otros similares ─continuó la experta─, el Comité de Promoción de la Salud decidió que había que hacer algo, ya que la población tiene el derecho a conocer la evidencia científica respecto al uso de las pantallas y a aplicarla en su día a día".

Aunque la situación española es similar a la de los países del entorno, la Dra. Salmerón matizó: "Si bien los efectos son los mismos, el tiempo de uso de pantalla, el tipo de aplicaciones y la programación del diseño de determinadas redes sociales difieren según el país. Esta variación respecto a la exposición a las pantallas hace que el impacto final sobre la salud de niños y jóvenes pueda ser diferente de un país a otro".

Existe un debate social, escolar, familiar y científico, sobre qué impacto tienen los dispositivos digitales (televisión, teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores…) en la salud a lo largo de la vida y especialmente en la infancia y la adolescencia, al poder afectar también al neurodesarrollo, al desarrollo psicoafectivo, al aprendizaje y a la instauración de hábitos de vida saludables.

El grupo de trabajo de Salud digital, que pertenece al Comité de Promoción de la Salud (CPS) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), al igual que otras sociedades científicas a nivel internacional, dada la evidencia científica disponible del impacto del mundo digital en la salud física, mental, sexual, social y afectación al desarrollo, realizó el plan digital familiar. El plan digital es una herramienta para ayudar a minimizar los riesgos sobre la salud con recomendaciones específicas por edad.

El objetivo de este documento es realizar un acercamiento bajo el prisma de la evidencia científica disponible para realizar una serie de recomendaciones desde el punto de vista de la salud, sobre el uso de los dispositivos digitales en el sistema educativo.

Acceso

Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo.pdf

Memoria 2023 de monitorización del discurso de odio en redes sociales del OBERAXE.

El Consejo de Ministros ha aprobado (02/07/2024) la 

Memoria anual de monitorización 

del discurso de odio en redes sociales del OBERAXE.

El informe destaca que menos de la mitad de los contenidos notificados 

en las cinco principales redes sociales (49,4%) fueron retirados,

Elma Saiz: “Cada vez hay más discursos de odio racista en redes sociales 

y las principales víctimas, además, son niños, niñas y adolescentes. 

Tenemos el diagnóstico, ahora debemos preguntarnos 

qué clase de sociedad queremos ser”.

Acceso a la Memoria 2023 Monitarización Odio en Redes insociales.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

El informe constituye un compendio de todos los datos recogidos a lo largo del año en los boletines bimestrales; e incorpora un análisis más detallado incluyendo información sobre el objeto de la monitorización, la metodología de recogida de datos y del análisis de estos, y sobre los resultados de la monitorización, atendiendo a la respuesta de las plataformas de internet ante los contenidos reportados y a las características del discurso de odio en las redes sociales: grupos afectados, tipología del discurso, lenguaje utilizado y episodios prototípicos que desencadenan el discurso. Asimismo, el informe presenta una serie de ejemplos reales de contenidos de discurso de odio identificados en las diferentes redes. 

Este primer informe anual, que parte del trabajo diario de monitorización, pretende poner a disposición de la Administración Pública, la sociedad civil, las personas expertas interesadas y la ciudadanía, una información de utilidad que contribuya a la formación y a la sensibilización, permitiéndonos acercarnos al conocimiento del estado de la situación, poniendo de manifiesto el peligro que supone el discurso de odio para el conjunto de la sociedad.

Una de las conclusiones principales de esta edición es que la mayor parte de los discursos de odio tienen como objetivo a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, a quienes se deshumaniza y se presenta en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. Esta es una de las principales conclusiones que arroja. 

“Los datos ponen de manifiesto lo necesario que es seguir luchando contra el racismo y la xenofobia”, ha manifestado la ministra Elma Saiz en la presentación de la memoria. Estos datos resultan especialmente alarmantes dado que, como ha subrayado Saiz, “además de lo que supone el discurso racista y de odio contra la población migrante, a estos casos se les añade el plus de que se trata de niños y niñas sin la tutela de sus progenitores o familiares, en una situación de extrema vulnerabilidad”.  

En el 45,5% del discurso del que son objeto, se vincula a este colectivo con la inseguridad ciudadana y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en el 52% de los casos. 

Los datos obtenidos muestran que las cinco plataformas monitorizadas (X/Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube) retiraron menos de la mitad del contenido que se les notificó en 2023: un 49,4% de los 2.655 contenidos reportados que podían ser constitutivos de delito, de infracción administrativa o que violaban sus propias normas de conducta internet. 

La mayor parte de ellos, el 30,7%, fueron eliminados cuando se notificaron como trusted flagger (comunicadores de confianza), mientras que cuando se comunicaron como usuario normal, sólo se retiró el 18,8% del contenido reportado. De este modo, el informe alerta también de que los reportes de potencial discurso de odio que hace la ciudadanía como usuario normal tienen pocas probabilidades de ser retirados. 

Si el discurso de odio puede ser constitutivo de delito según los criterios establecidos a nivel internacional del Plan de Acción de Rabat, el OBERAXE remite el caso a la Fiscalía de delitos de odio. En cambio, si se sospecha que puede constituir una infracción administrativa o que viola las propias normas de conducta de las plataformas, se notifica a estas como usuario normal en primer lugar y, si no se produce respuesta en una semana, se notifica como trusted flagger o comunicadores fiables o cualificados.

Categorías diana

Las personas originarias del norte de África, seguido de la islamofobia, son las dos categorías diana a las que más contenido de odio se dirige, con un 33,7% y 26,2%, respectivamente, sobre el total monitorizado. Esto afecta principalmente a la población de origen marroquí, que es la segunda nacionalidad extranjera más numerosa en España, con 787.317 personas residiendo en este país.

El informe del OBERAXE indica en sus conclusiones finales que esta afirmación se puede relacionar con prejuicios arraigados en nuestro país que son alimentados en las redes sociales aprovechando las circunstancias actuales de inmigración desde el norte de África, y el miedo provocado por el terrorismo yihadista. 

De los 2.655 casos de contenido de odio monitorizados y reportados, en un 53,7% se deshumaniza o degrada gravemente a las personas a las que va dirigido, y en un 21,6% se incita a la expulsión del colectivo inmigrante. El episodio prototípico de “inseguridad ciudadana” (real o supuesta), constituye el desencadenante más frecuente del discurso de odio observado (39,5% de los casos) y generalmente se vincula a los grupos diana de manera gratuita. Esta estigmatización, según concluye la memoria aprobada por el Gobierno de España, “genera un ambiente hostil, que puede alimentar el miedo y resentimiento hacia ciertos grupos de la población, arrastrándonos a una mayor fragmentación y conflicto social”.  Además, la expresión de discurso de odio que más se asocia al episodio prototípico “inseguridad ciudadana” es el discurso agresivo explícito (43,3%). 

Para asegurar la inclusión social, la prosperidad y la convivencia pacífica de todos “es necesario combatir de manera efectiva este discurso y proteger a toda la ciudadanía independientemente de su origen o características personales”, explicita la Memoria.  

Metodología

Los resultados que se ofrecen en este informe son el fruto de la monitorización diaria del discurso de odio en línea que se lleva a cabo en el OBERAXE. El trabajo se realiza de una forma manual, sistemática y protocolizada, utilizando un banco de palabras que se actualiza semanalmente y con una puesta en común continuada de las personas que monitorizan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los contenidos recogidos solo suponen una pequeña muestra del universo del discurso de odio que circula por las redes sociales y, además, la actuación de monitorización manual puede estar influenciada por algún tipo de sesgo de las personas que la realizan. 

A pesar de estas limitaciones, el Ministerio que dirige Elma Saiz considera que los resultados mostrados son valiosos y “ofrecen una aproximación a las características del discurso racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitano y, en consecuencia, pueden contribuir al desarrollo de estrategias para combatirlo”. 

Colaboración con LALIGA

Precisamente para optimizar las herramientas de diagnóstico, ha explicado Elma Saiz, “vamos a firmar un convenio con LALIGA en otoño en el que, entre otras acciones, nos van a ceder su sofisticada herramienta de monitorización en redes sociales. La vamos a usar para ser mucho más efectivos en el seguimiento y la acción contra los discursos de odio”.

Esta herramienta, denominada MOOD, identifica el discurso de odio mediante expresiones, términos y palabras clave. “Va a permitir que el Ministerio, a través del OBERAXE y su experiencia en la monitorización, mida, analice y combata el discurso del odio de manera más ágil. El conocimiento de OBERAXE en la monitorización de discursos de odio se lleva desarrollando desde el año 2020 y su experiencia tiene mucho valor”.

La cesión de la herramienta de monitorización forma parte de una colaboración más extensa con LALIGA en el que se incluyen campañas de comunicación y concienciación como la reciente “Este partido lo vamos a ganar”, y, en el ámbito de la formación, un módulo sobre racismo en el fútbol de base y diferentes colaboraciones puntuales con la FUNDACIÓN LALIGA. “Estas colaboraciones estratégicas nos permiten llegar mejor a públicos extensos y diversos y vamos a seguir apostando por ellas”.

“Quiero asegurar que desde el Gobierno vamos a ser contundentes, rotundos, frente a los discursos de odio. No estáis solos”, ha aseverado Saiz.