En Canarias hay casi 6000 niños y niñas no acompañados que llegaron a alguna de sus islas escapando de la guerra y de la miseria, buscando una oportunidad.
07/07/2024
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| Un adolescente sentado junto a una de las ventanas del centro de protección en el que reside, en Canarias. (Unicef España/Erasmo Fenoy) |
Otros muchos murieron en el mar al intentarlo, junto con los adultos con los que se adentraron en una de las rutas más mortíferas del mundo para migrantes y solicitantes de asilo. Entre los que llegan, muchos serían sujetos de protección internacional y pueden pedir asilo, ya que provienen de zonas de guerra. Huir de la violencia y pedir refugio es un derecho humano fundamental amparado por la legislación internacional.
El desplazamiento es parte de la historia humana. Esta época no es distinta de las anteriores en esto. Lo que la diferenciará respecto a otras es cómo se protege la vida en las rutas, haciéndolas legales y seguras, y cómo se acoge a quienes llegan. Especialmente a la infancia.
La realidad en Canarias es que el sistema de protección de la infancia está desbordado. Preparado para unos 2.000 niños, hoy debe acoger y asegurar una vida digna al triple. Con déficits en cuanto a recursos, capacidades y a aplicar un enfoque de infancia robusto en las crisis, la situación actual hace imposible que se aseguren los derechos de los niños y niñas que llegan, exhaustos y con el trauma de un origen y una ruta devastadores. Se han tenido que organizar centros de acogida a toda prisa, en edificios inadecuados, con dotaciones básicas y con un personal en su mayoría comprometido, pero no siempre preparado para el cuidado y la relación con estos chicos. Una asistencia legal adecuada, la atención a su salud mental e incluso derechos básicos como el educativo, quedan comprometidos o en suspenso ante las llegadas continuas que impiden una planificación suficiente.
El Gobierno de Canarias tiene responsabilidad en la acogida y protección, ya que la legislación española marca que es la Comunidad Autónoma de llegada la que debe asumir la tutela de cada niño que arriba. Este rol conlleva una responsabilidad primaria en relación con los derechos de esa infancia. Cabe afirmar que el Gobierno Canario, y los ayuntamientos y organizaciones sociales de las Islas, están haciendo un gran esfuerzo para cumplir con sus responsabilidades. Se trata de un asunto de máxima prioridad para este Gobierno.
Dicho lo anterior, la responsabilidad no es ni puede ser exclusiva de una Comunidad Autónoma. Los niños llegan al Estado español que es quien tiene la responsabilidad de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que también se aplica a los niños y niñas que llegan o intentan acceder a nuestro territorio. Por ello, es el Estado en su conjunto el que debe asumir la respuesta a una contingencia migratoria de este calibre.
Es indispensable que se produzca una derivación de parte de estos chicos a otras Comunidades Autónomas para repartir el esfuerzo y asegurar una adecuada protección. No sería la primera vez que este reparto se produce. Tras la llegada a Ceuta en 2021 de miles de migrantes, más de 1.100 de ellos niños y niñas, la Ciudad Autónoma y las Comunidades, apoyadas por el gobierno central, se pusieron de acuerdo para derivar unos 200 niños y niñas procedentes de Ceuta.
En el caso de Canarias los traslados se producen con cuentagotas. En 2022, ya con los recursos de protección sobrepasados, se estableció un mecanismo de derivación voluntaria que facilitó un acuerdo de traslado de casi 500 niños y niñas desde Canarias. La realidad es que se han derivado muy pocos.
El bloqueo se ha debido a reticencias de otras Comunidades y a la exigencia de convenios previos, así como a las dificultades administrativas y la falta de personal para gestionar y traspasar los expedientes, una vez que la tutela está en manos canarias.
Dada la situación de emergencia existente, que solo empeorará durante el verano y el otoño, resulta indispensable que la derivación funcione. Para ello el gobierno central y el canario están planteando una reforma urgente de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) que garantice el reparto de niños y niñas, en cuanto el sistema de protección de la infancia de una Comunidad Autónoma alcance el 150% de su capacidad, cosa que en este momento ocurre en Canarias y Ceuta. El sistema funcionaría en una doble vía. Por un lado, los 3.000 chicos que suponen el exceso por encima del 150% se derivarían a otras Comunidades Autónomas. Por otro lado, los chicos que lleguen a Canarias a partir de la aprobación de la reforma de la LOEX estarían en guarda por parte de este gobierno, pero, a los 15 días y tras los primeros trámites, serían derivados a otras Comunidades que asumirían la tutela.
Para que este sistema funcione es indispensable que el reparto se haga en función de criterios consensuados, pero que sea de obligado cumplimiento por las Comunidades, tal y como prevé la reforma de la LOEX. El gobierno central debe garantizar por su parte los recursos suficientes y disponibles con la urgencia necesaria, para que las Comunidades Autónomas puedan realizar una acogida y protección adecuadas. Ello incluye abrir nuevos centros en caso de que los actuales hayan alcanzado su capacidad, y dotarlos del personal necesario en todas las disciplinas y funciones requeridas.
El hecho de que se apruebe la reforma de la LOEX y que la derivación pueda comenzar con celeridad, no quita para que el sistema de protección de la infancia en Canarias deba reforzarse. Esto es necesario para los 3.000 niños y niñas que se mantendrían en él; para los 3.000 que saldrían, en los meses que queden para que la derivación se pueda producir; y también para una correcta atención de los que lleguen de nuevas en esos 15 primeros días, cruciales para la detección de vulnerabilidades, necesidades y posibles oportunidades de reagrupación familiar en Europa.
Al igual que se hace con otras situaciones de emergencia, se deberían identificar, dotar y tener disponibles equipos móviles de profesionales con experiencia en protección de infancia, salud mental o asistencia legal, para apoyar a las administraciones públicas y organizaciones locales en contingencias de este tipo. Las contrataciones de personas, equipos y recursos deben ser todo lo ágiles que requiere una emergencia.
La respuesta a una crisis de infancia de este tipo debería hacerse desde el interés superior del niño, y negociarse con discreción, sacándola de la agenda política partidista del momento, con determinación, compromiso y humanidad. Más aún debería evitarse su uso para azuzar el miedo y el odio hacia estos niños, niñas y adolescentes que llegan a España tras pasar por rutas terribles. ¿Se trata de un reto? Sí. ¿Es asumible por un estado como el español con su capacidad económica y social? Sí. Siempre que haya corresponsabilidad entre territorios y administraciones, se pongan los recursos suficientes y adecuados, y se faciliten itinerarios de oportunidad y no de exclusión.
El énfasis magnificado en los problemas, delitos o falta de adaptación oculta miles de historias estimulantes de superación, integración, y contribución laboral, social y fiscal. Es posible. Son chicas y chicos luchadores que lo que quieren es un trabajo para ganarse la vida de manera digna. El éxito viene dado por una buena acogida desde el primer momento; estancias en familias o centros de protección dignos, dotados de profesionales especializados; un acompañamiento individualizado, contando para ello con organizaciones sociales expertas; una formación adaptada a las necesidades de la economía española; y una gestión diligente de los permisos para que, en lugar de quedar en la calle, puedan seguir estudiando y trabajando cuando cumplan los 18 años.
