La ASOCIACIÓN
GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA,
ante la nota de prensa difundida por
Amnistía Internacional, relativa a la denuncia de las ONG españolas ante el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las
Naciones Unidas, en la que se alerta sobre la posible vulneración de
compromisos internacionales en materia de derechos humanos en España, desea expresar su
adhesión al contenido de la misma, haciendo hincapié en el modo en que las
“preocupaciones de las ONG” que se mencionan en la citada nota afectan a los
derechos humanos de los niños, reconocidos en la Convención de los Derechos del
Niño (CDN) de las Naciones Unidas, tal y como se detalla a continuación:
Preocupaciones de las ONG
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Artículos de la CDN afectados
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Con respecto al derecho a la vivienda, las
organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido
insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas
sin garantía de protección.
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Artº 27.1 “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”
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En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física
como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el
impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de
este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios
médicos no crean barreras de acceso.
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Artº 24 “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute
de esos servicios sanitarios”
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Las
ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora
que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática
del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas.
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Artº 27.2 “A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño”
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Manifiestan también su inquietud por la falta de
adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo,
consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
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Artº 19 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental… mientras se encuentre
bajo la custodia de los padres…”
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Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a
la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas
con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación
por motivos de género y edad en el acceso a derechos básicos como la
educación, el empleo, la vivienda.
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Artº 2 “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna…”
Artº 28 “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades de ese derecho, deberán en particular…”
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Las organizaciones han planteado su preocupación por los
significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el
desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza
y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Artº 4 “…En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional”
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Además de esto, la ASOCIACIÓN GRUPO DE
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA comparte la inquietud por la falta
de criterios adecuados para el diagnóstico, así como la sobre medicación de los
niños en los centros de protección terapéuticos, denunciada en el documento
remitido al Comité DESC por Amnistía Internacional. De igual modo recuerda, que
la situación de los núcleos de infraviviendas que se mencionan en este último
documento, viene acompañado de graves impedimentos para la escolarización
normal de los niños que habitan en los mismos.
En Madrid, a veintitrés de mayo de 2012
Asociación Grupo Sociología de la Infancia y la Adolescencia
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Texto ONGs de derechos humanos
ante los recortes de derechos sociales impulsados por
el gobierno español.
07 de mayo de 2012.
Las ONG españolas
denuncian ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por
el gobierno español
ONG de derechos humanos
presentan hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se alerta sobre la posible
vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Además, las ONG apuntan recomendaciones concretas orientadas a superar la
actual situación de crisis respetando
dichos compromisos.
Barcelona/Ginebra/Madrid.-
Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).
Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno,
educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el
Estado español en 1977. Cada año, diversos
países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las
obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados.
Amnistía Internacional
y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española
para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por
los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales presentaron informes ante los miembros del
mencionado Comité.
En
el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha
presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada
durante los últimos años.
Las organizaciones de derechos humanos, han
aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la
situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus
preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.
Todas las organizaciones han coincidido en
asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y
culturales se encuentran gravemente amenazados.
Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía
Internacional España, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir
que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es
lo que está sucediendo”.
Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo
del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas),
afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el
gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a
la salud y a una vivienda adecuada”.
Asimismo, Vanesa Valiño, directora del
Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales
impulsados por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no
regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas
por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y
efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y
social”.
Las
ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias
tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando
los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los
derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y
deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar
estos derechos.
Preocupaciones
de las ONG
Con
respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la
respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de
familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección.
Frente
a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los
desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la
obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas
que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les
afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
En
lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los
representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier
recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se
asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean
barreras de acceso.
En
este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la
reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a
las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en casos de
urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso de más de
una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se
encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en
peligro su derecho a la vida.
Las ONG de derechos humanos
lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes
reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta
a más de cinco millones y medio de personas.
Manifiestan
también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la
violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Además,
el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos
criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas
por la violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las
medidas de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la
discriminación que sufre la población gitana, el
colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las
personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en el acceso a
derechos básicos como la educación, el empleo, la vivienda.
Una
discriminación que, según la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, “las víctimas carecen de información sobre las vías para
obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la
justicia”; por otro, “no existe una política sistemática de recolección y
seguimiento de datos sobre discriminación, a pesar de la importancia
fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminación”.
Las
organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes
financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de
un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los
informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual
retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente
reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios
rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales), y con un
desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el
acceso a un recurso judicial efectivo y
a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.
Notas
Los
representantes de las ONG españolas estarán disponibles para entrevistas:
-Marta
Mendiola (Amnistía Internacional): +34 600 786 235.
-Cristina
de la Serna (AEDIDH): +34 615 564 212.
-Ignacio
Sáiz (Centro por los Derechos Económicos y Sociales):+34 692 836 864.
-Vanesa Valiño (Observatori DESC):
+34 616 46 22 49
Se puede ver la sesión de España
ante el Comité en directo
La coalición de organizaciones que elaboraron
el informe conjunto son: Center for Economic and Social Rights (CESR),
Observatorio DESC, Asociación Aspacia , Asociación
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (FEAFES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, Creación
Positiva, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar (FEPSH),
la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Triángulo, Médicos del Mundo,
Movimiento Cuarto Mundo España, la Plataforma Unitaria de Encuentro para la
Democratización de la ONCE (PUEDO), Provivienda, Red Activas, la Red de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Red Española contra la Trata
de Personas y Save the Children. El segundo
ha sido elaborado por Amnistía Internacional.
Se
puede consultar el informe completo de Amnistía Internacional en: http://bit.ly/Iwe0ch
