30 de abril a 18 de mayo de 2012
Examen de los informes presentados por los Estados parte
en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Observaciones finales del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el quinto informe periódico de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/ESP/5) en sus sesiones 12.ª a 14.ª, celebradas los días 7 y 8 de mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.12 a 14), y aprobó, en su 28.ª sesión, el 18 de mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.28), las observaciones finales que figuran a continuación.
A. Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del quinto informe periódico de España, que se ajusta a las directrices del Comité y expone las medidas adoptadas en relación con las anteriores recomendaciones de este. El Comité acoge también con satisfacción las respuestas presentadas por escrito a su lista de cuestiones (E/C.12/ESP/Q/5/Add.1), así como los datos estadísticos incluidos.
3. El Comité valora la oportunidad de un dialogo constructivo con el Estado parte, así como la participación de una amplia delegación de expertos de los ministerios competentes.
B. Aspectos positivos
4. El Comité toma nota con reconocimiento de la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:
a) El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (23 de septiembre de 2010);
b) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (3 de diciembre de 2007),;
c) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (24 de septiembre de 2009);
d) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (4 de diciembre de 2006).
5. El Comité expresa su satisfacción por una serie de medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, en particular:
a) La adopción de la Ley 12/2009, del 30 de octubre de 2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que incluye las directivas europeas y la protección de los derechos consagrados por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados;
b) La adopción del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 y de la “Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020”;
c) La Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres;
d) La Ley 30/2006, del 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia;
e) La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género;
f) Las medidas adoptadas en materia de tráfico de personas, especialmente: la tipificación del delito de trata de personas en el Código Penal; la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos; y la puesta en marcha del I Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2009-2012 y del III Plan contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 2010-2013.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
6. Al Comité le preocupa que, a excepción del derecho a la educación que está incluido dentro de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, los derechos económicos, sociales y culturales solamente son considerados por el Estado parte como principios rectores de la política social y económica, de la legislación y de la práctica judicial. Al Comité también le preocupa que las disposiciones del Pacto hayan sido invocadas y aplicadas pocas veces ante los tribunales del Estado parte.
El Comité insta al Estado parte a que, en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas adecuadas para asegurar la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto por los tribunales nacionales.
7. Al Comité le preocupa que, en su mandato, el Defensor del Pueblo carece de una referencia a la promoción de los derechos humanos y a la educación en materia de derechos humanos. También le preocupa que la Defensoría del Pueblo no tenga la capacidad para llevar quejas individuales por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales.
El Comité recomienda al Estado parte que extienda la competencia de la Defensoría del Pueblo a la promoción de los derechos humanos y a la educación en la materia, así como a la facultad de presentar casos ante los tribunales.
8. El Comité expresa su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte, perjudicando de forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1).
El Comité recomienda al Estado parte que garantice que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y que tome todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. En este contexto, el Comité recomienda al Estado parte que recopile información estadística desagregada, con el objeto de identificar a las personas y grupos afectados y aumentar la eficacia de sus esfuerzos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales. El Comité también señala a la atención del Estado parte su carta abierta sobre los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis económica y financiera, con fecha 16 de mayo de 2012.
9. Al Comité le preocupa que la descentralización de las competencias relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales haya resultado en un disfrute dispar de estos derechos en las 17 comunidades autónomas (art. 2, párr. 1).
El Comité insta al Estado parte para velar por que las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales.
10. Al Comité le preocupa la disminución de la asistencia oficial al desarrollo que afecta el compromiso del Estado parte de situarla en, al menos, un 0,7% del PIB (art. 2).
El Comité recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos con vistas a elevar la asistencia oficial al desarrollo a un nivel no menor del 0,7% del PIB de acuerdo con los objetivos adquiridos a nivel internacional.
11. Preocupa al Comité que, pese a las medidas adoptadas por el Estado parte, los inmigrantes y los gitanos sigan siendo objeto de discriminación en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación. También preocupa al Comité la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes hacia estos colectivos, inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública (art. 2, párr. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que incremente las medidas adoptadas para erradicar la discriminación que sufre la población inmigrante y los gitanos, así como para sancionar todo tipo de práctica discriminatoria. El Comité recomienda al Estado parte que adopte el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. En esta perspectiva, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general N.º 20 (2009), relativa a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2, párr. 2 del Pacto).
12. El Comité está preocupado, particularmente en el contexto de la crisis económica y financiera, por el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración que afectan negativamente a un porcentaje elevado de la población del Estado parte, especialmente los jóvenes, los inmigrantes, los gitanos y las personas con discapacidad, agravando la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran (art. 2, párr. 2, y art. 6).
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce sus programas y adopte estrategias eficientes con miras a reducir las tasas de desempleo y cumplir progresivamente con el pleno disfrute del derecho al trabajo. El Comité recomienda al Estado parte que evite cualquier retroceso en el ámbito del empleo, incluyendo en materia de protección de los derechos laborales de los trabajadores. El Comité también requiere al Estado parte entregar en su próximo informe periódico estadísticas anuales en cuadros sobre la situación general del empleo, desagregadas por sexo, edad, nacionalidad y discapacidad. Asimismo, el Comité recomienda que la formación profesional de calidad siga siendo prioritaria, especialmente en los casos de desempleo de larga duración, tomando en cuenta las necesidades de las personas y grupos desfavorecidos y marginados. A este respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general N.º 18 (2005), sobre el derecho al trabajo (art. 6 del Pacto).
13. Preocupa al Comité que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de género sigan impidiendo que las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, del derecho al trabajo. El Comité sigue preocupado por la menor representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en el sector público como en el privado. Le preocupa, asimismo, que, pese a los esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres siga siendo considerable, en contra del principio de salario igual por trabajo de igual valor que figura en la legislación del Estado parte y en el Pacto (arts. 3, 6, 9 y 10).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos de género en la familia y en la sociedad, inclusive promoviendo la igual representación de hombres y mujeres en los cargos decisorios de los sectores público y privado. También insta al Estado parte a vigilar el cumplimiento, por los actores privados, de la legislación sobre la igualdad de trato, la no discriminación y el principio de salario igual por trabajo de igual valor. Paralelamente, el Comité pide al Estado parte que promueva una mayor participación de los hombres en las labores de atención y en el suministro de servicios de atención para niños, personas con discapacidad, personas mayores y enfermos.
14. Al Comité le preocupan los casos de las personas que siguen retenidas en los centros de internamiento para los extranjeros pendientes de expulsión en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la información y a servicios adecuados de asistencia social, médica o legal, pese a la adopción de la nueva normativa de estos centros introducida desde febrero de 1999 (art. 2, párr. 2).
El Comité insta al Estado parte a dar pleno efecto a la nueva normativa para mejorar las condiciones de vida en los centros de retención para los extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en términos de su acceso a servicios adecuados de asistencia sanitaria, social, legal y médica.
15. El Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para prevenirla, así como por los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades autónomas (art. 10).
El Comité alienta al Estado parte a seguir evaluando los efectos de la aplicación de los diversos planes y medidas en contra de la violencia doméstica y otras formas de violencia de género, en especial en contra de la mujer, asegurando la continuidad de los esfuerzos, y garantizando que las medidas restrictivas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y financiera no perjudiquen a la protección de las víctimas ni sus derechos. El Comité también recomienda que el Estado parte profundice sus medidas y se asegure de que todas las estrategias de prevención y atención en la materia lleguen a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad en razón de su entorno social, drogodependencia, enfermedad, o de cualquier otra condición desventajosa.
16. El Comité constata con preocupación que, según los datos a su alcance, el 21,8% de la población vive aún por debajo del umbral de la pobreza y que en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza (arts. 9 y 11).
El Comité recomienda vigorosamente al Estado parte que adopte e implemente un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza. El Comité recomienda que en él se incluyan medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos resultantes de la actual crisis económica y financiera, y que preste particular atención a las personas y grupos desfavorecidos y marginados. A este respecto, el Comité remite al Estado parte a su declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2001).
17. Al Comité le preocupa que, en circunstancias en que uno de cada cuatro menores de edad vive actualmente por debajo del umbral de pobreza, las prestaciones económicas a las familias hayan sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de un hijo (arts. 10 y 11).
El Comité recomienda al Estado parte que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales.
18. Al Comité le preocupa que el salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido congelado desde el año 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digno (art. 7).
El Comité recomienda al Estado parte garantizar que el SMI permita a todos los trabajadores y a sus familias gozar de condiciones de existencia dignas y que se ajuste periódicamente al costo de la vida, de conformidad con el artículo 7 del Pacto y con los estándares del Comité Europeo de Derechos Sociales.
19. El Comité está preocupado por las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012, en particular a la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte asegurar que, de conformidad con la Observación general N.º 14 (2000) del Comité sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto) y con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado parte a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal. También recomienda que el Estado parte evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.
20. El Comité constata con preocupación que los niveles de pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza. Al Comité le preocupa de forma particular la situación de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas (arts. 9, 10, 11 y 12).
El Comité recomienda al Estado parte que revise la cuantía de las pensiones contributivas y no contributivas, para garantizar un nivel de vida adecuado a todos sus beneficiarios, inclusive en tiempos de crisis económica y financiera.
21. Al Comité le preocupa profundamente la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración, situación que ha ocasionado que muchos hayan sido desalojados de sus viviendas y que otros estén en alto riesgo de perderla. Al Comité también le preocupa que el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo de 2012 deje a discrecionalidad de las entidades bancarias la admisión de la dación en pago (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias. Igualmente se recomienda al Estado parte que incentive a individuos y familias a considerar arrendar propiedades como forma alternativa de acceder a la vivienda. En este sentido, el Comité también recomienda que el Estado parte trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que permita cubrir la demanda, de conformidad con la Observación general N.º 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto).
22. Al Comité le preocupa que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación (art. 12).
El Comité recomienda que el Estado parte implemente un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a un desalojo, tomando en cuenta las disposiciones de la Observación general N.º 7 (1997) del Comité sobre el derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto): los desalojos forzosos, las recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda adecuada y los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo (A/HRC/4/18, anexo I).
23. Al Comité le preocupa que todavía no se haya adoptado una definición oficial de “persona sin hogar”, como base para la recolección de datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, para poder evaluar la evolución del fenómeno y adoptar medidas adecuadas en la materia (art. 12).
El Comité recomienda que el Estado parte establezca una definición oficial de “persona sin hogar” de conformidad con las recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda adecuada y las directrices de la Conferencia europea de consenso sobre las personas sin hogar (European Consensus Conference on Homelessness) celebrada en Bruselas en 2010. Recomienda también que el Estado parte recopile datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda y el impacto de la crisis económica y financiera para ellas, con el fin de formular e implementar medidas de rehabilitación efectivas.
24. El Comité constata con preocupación las dificultades encontradas por las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010. Al Comité le preocupa también que, en la mayor parte de las comunidades autónomas, los impedimentos burocráticos y temporales obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas (arts. 12, 10).
El Comité recomienda al Estado parte que garantice la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional. En este contexto, el Comité recomienda que el Estado parte adopte un procedimiento básico común a todas las comunidades autónomas para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo; y para prestar una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes.
25. Al Comité le preocupa el aumento del consumo de drogas y del abuso de alcohol, principalmente por los jóvenes, así como la ausencia de una información más detallada sobre este fenómeno y sus posibles causas (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca sus estrategias de lucha contra el consumo de drogas y el abuso de alcohol tomando en cuenta los diferentes factores de riesgo y todos los actores involucrados; que desarrolle servicios de salud y de atención psicosocial adecuados; que incorpore una propuesta metodológica para el tratamiento de desintoxicación; y que implemente medidas administrativas, sociales y educativas para atender estos problemas.
26. Al Comité le preocupa que, a pesar de los progresos realizados, la tasa de abandono escolar temprano siga siendo el doble de la media de la Unión Europea (art. 13).
El Comité recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, adoptando una estrategia que aborde los determinantes socioeconómicos que influyen en la decisión del abandono prematuro de los estudios, y otorgando prioridad a las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados.
27. El Comité advierte con preocupación que la educación ha sido uno de los sectores más afectados por los recortes en el presupuesto asignado tanto por el Estado central como por comunidades autónomas (art. 13).
El Comité recomienda que el Estado parte asegure una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los niños y niñas. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico presente datos estadísticos sobre los montos y proporciones de los fondos públicos dedicados a la educación.
28. El Comité está preocupado por las medidas regresivas adoptadas por el Estado parte que incrementan las tasas universitarias, poniendo en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria (art. 13).
El Comité recomienda al Estado parte que revise las medidas regresivas que han sido adoptadas en materia de las tasas universitarias teniendo en cuenta el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 del Pacto, y que garantice que todos tengan iguales posibilidades de acceso a los estudios superiores en función de sus capacidades.
29. Al Comité le preocupa que, en el contexto de la crisis económica y financiera, los recortes presupuestarios pongan en peligro la protección y la promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado parte, así como las oportunidades de acceso efectivo de todas las personas y comunidades a participar en la vida cultural (art. 15).
El Comité recomienda al Estado parte reforzar todas las medidas en curso y adoptar cualesquiera que fuese necesaria para garantizar los más amplios niveles de realización de los derechos culturales consagrados en el artículo 15 del Pacto.
30. El Comité alienta al Estado parte a considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
31. El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las organizaciones de la sociedad civil y que, en el próximo informe periódico, dé cuenta al Comité sobre las medidas adoptadas para aplicarlas. También alienta al Estado parte a que haga participar a las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los demás miembros de la sociedad civil en el debate nacional previo a la presentación de su próximo informe periódico.
32. El Comité pide al Estado parte que presente, a más tardar el 18 de mayo de 2017, su sexto informe periódico, preparado con arreglo a las directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto (E/C.12/2008/2).
