El Decanato del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, desde su práctica judicial, ha elaborado una Guía de buen trato que permite lograr en su desempeño una justicia amable con la infancia.
Una iniciativa de mucho merecimiento, que ha recibido el reconocimiento del Gobierno Canario "... sirvan de ejemplo a otros operadores jurídicos que deben tratar con niños y niñas y no siempre logran hacerlo como lo están haciendo los juzgados y tribunales de Las Palmas...".
Y también por esta Guía, el Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido el Premio Nacional del Consejo General del Poder Judicial: "...Se trata de un protocolo de actuación pionero en el territorio nacional para facilitar el acceso a la Justicia de menores y personas vulnerables, que acaba de ser reconocido por la IX edición de los Premios a la calidad de la Justicia en la modalidad Justicia más accesible..."
De la mano de su autor principal, el Magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez*, hemos recogido esta recensión en el
ESCAPARATE GSIA,
Prácticas y guía de buen trato a la infancia en la
Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria
Las Directrices sobre una justicia adaptada a los niños elaboradas por el Consejo de Europa en 2010, así como el informe sobre justicia adaptada a la infancia de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2015, defienden los derechos de niñas y niños a ser oídos, a ser informados, a ser protegidos y a no sufrir tratos discriminatorios, así como a la permanente aplicación del principio del interés superior del niño, durante cualquier fase de cualquier procedimiento ante la administración de justicia.
A partir de esta instrucción, y en este ámbito, surge la puesta en marcha de las Prácticas y Guía de Buen Trato a la Infancia en las Palmas de Gran Canaria, premio Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial, en la edición del año 2020.
La guía es una herramienta de trabajo que pretende constituir como protagonistas centrales a los niños y niñas que se ven incursos en un procedimiento judicial, en muchas ocasiones como víctimas de un delito. Su permanente vocación es promover una justicia adaptada a la infancia y adolescencia.
La introducción de medidas específicas para adaptar, más y mejor, los procedimientos judiciales a la infancia y adolescencia facilitan el acceso a la justicia y a su participación efectiva en los procedimientos judiciales, ayudando así a evitar la vulneración de sus derechos. La conducta de los profesionales es clave para adaptar mejor los procedimientos, y para que niños y niñas se sientan seguros y cómodos, valoren que se les trata con respeto y se tomen en serio sus opiniones, además, entonces, es más probable que describan los hechos que se pretenden investigar.
Este modo en que los profesionales tratan a la infancia y adolescencia no puede quedar al vaivén de directrices, prácticas, guías y meros protocolos. Allí donde existe el derecho, el primer paso es hacerlo cumplir. Las garantías procesales para víctimas menores de edad adoptan diversas formas desde el ámbito normativo de la Unión Europea con su normativa relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños, la pornografía infantil y las normas mínimas sobre los derechos y la protección de las víctimas de delitos. Y en el ámbito interno, sea en el Estatuto de la Víctima del Delito, o en las particulares previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en ninguna de ellas establece excepción alguna en su régimen de aplicación por razón de la edad.
La Guía trata de ordenar y concretar la procedencia de que las audiencias con víctimas menores de edad se limiten en número, se celebren en espacios especialmente diseñados y por profesionales formados; se evite el contacto visual entre los niños y los demandados; que su declaración se escuche a través de equipos de comunicación o de grabaciones audiovisuales; que las vistas sean cerradas al público, y los niños y niñas estén acompañados de un representante de su elección. Es decir, se trata de reconducir lo que se considera facultativo a obligatorio, desplazar el eje de lo que se hace y cómo se hace, hacía quienes deben ser los actores centrales del proceso, las partes, sin relativización alguna cuando de la infancia se trata.
Es aquí donde podemos señalar uno de los objetivos centrales de la Guía, el que niñas y niños sean conocedores y estén capacitados para ejercer aquellos derechos de los que son titulares. Como refiere el Consejo de Europa, la falta de información adaptada a la infancia y la carencia de servicios de información adaptados hace que les resulte más difícil entender los procedimientos, sus derechos y las consecuencias de sus declaraciones. Esto les impide tomar decisiones bien informadas y participar plenamente.
El grado de madurez del niño es un factor determinante para decidir de qué modo debe participar en los procedimientos judiciales, sin que exista un conjunto claro de criterios para su concreción y así muchos profesionales subestiman, todavía, los conocimientos y la capacidad de comprensión de los niños y niñas, porque desconocen los aspectos específicos del comportamiento de estos.
Las medidas, adaptadas, deben basarse en una evaluación individual y adecuarse a la edad, grado de madurez, nivel de comprensión y posibles dificultades de comunicación, así como a las circunstancias de cada caso particular.
En conclusión: Justicia adaptada, participativa, y propia de un Estado de Derecho que a todas luces reclama un nuevo marco legal en el que ya no sea preciso el voluntarismo acientífico de guías y otras nobles pretensiones en sus diversas formas y manifestaciones para lograr la vigencia de la Ley, con mayúsculas, aun cuando pudiera tener forma de garabato.
*Tomás Luis Martín Rodríguez. Magistrado Titular del juzgado de Instrucción Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria. Máster "Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia" por la Universidad Autónoma de Madrid. Experto en prevención, detección e intervención ante el maltrato infantil. Socio de la Asociación GSIA.
