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Tomás Luis Martín Rodríguez: Medalla de Oro de Canarias por luchar contra la violencia infantil

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria es un referente en Europa en el trato a menores víctimas de abusos


LA PROVINCIA

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

13.05.24


Medalla de Oro de Canarias por luchar contra la violencia infantil. JUAN CASTRO

Los menores que sufren algún tipo de violencia tienen un espacio seguro donde se les escucha y se sienten cómodos para contar lo que les ha ocurrido. Es un juzgado sin togas, abogados ni intensivos interrogatorios en el que se vela por el bienestar de las víctimas, que solo declaran cuando están calmadas y siempre bajo vigilancia profesional. Lleva tres años en funcionamiento en Las Palmas de Gran Canaria bajo el nombre de Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia y su labor ha sido reconocida este año con una Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.


Nació el 1 de octubre de 2021 como un proyecto piloto de 24 meses, pero sus buenos resultados han llevado a ampliar la iniciativa y a plantear su exportación a otras Islas, comunidades autónomas e incluso a otros países, que miran de cerca su evolución. «Las Palmas de Gran Canaria es la vanguardia a nivel europeo y mundial en el abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Tenemos un modelo que, evaluado científicamente, ha demostrado que funciona y ahora hay que expandirlo y lograr implantarlo en toda Canarias», subraya Tomás Martín Rodríguez, magistrado titular del Juzgado.


El foco está puesto en Tenerife, donde el juez señala a San Cristóbal de La Laguna para arrancar la expansión, aunque no haya de momento un espacio separado, con «la especialización de todos los juzgados aplicando el método de trabajo», mientras que Santa Cruz continua en tránsito hacia un nuevo Palacio de Justicia. Arrecife cuenta con el compromiso del decano, que según Martín «siempre ha apoyado» la iniciativa y «ha traspasado muchísimas cuestiones que se han hecho aquí». Otros lugares en los que se plantea crear estos juzgados son San Bartolomé de Tirajana, Arona y La Palma.


https://exteriores.webex.com/exteriores-.


En este sentido, Martín considera que el Colegio de Abogados de Las Palmas es «ejemplar» en España a la hora de designar al letrado a la víctima menor de edad. «Me llena de orgullo haber acertado en que constituir un juzgado especializado podía ser el motor que pusiera en marcha a todo un conjunto de instituciones que están dando los resultados que están dando. En Las Palmas de Gran Canaria estamos consiguiendo atacar la cifra oculta, lo que no se denunciaba», destacó.


Los padres van antes que los menores al Juzgado, lo visitan y esto les permite transmitir una sensación de sosiego a sus hijos antes de que acudan a declarar. Las víctimas leen un cuento que les explica lo que va a ocurrir y, cuando llegan, una unidad de la Policía Local se ocupa de acompañarles hasta la sala sin pasar por el control de seguridad ni identificarse. En la sala Gesell dan un relato libre en el que explican todo lo que recuerdan, sin preguntas, y la grabación de ese testimonio va a juicio sin que tenga que volver a declarar, de forma que se evita una revictimización.


Atención a las familias


La labor del Juzgado no se limita a los niños y adolescentes, sino que valora también las circunstancias en las que se encuentran sus parientes, que muchas veces forman parte del procedimiento judicial, porque «el daño a los familiares es incluso mayor que el que sufre la víctima, que por su edad ha activado todos sus mecanismos de resiliencia y está ya en la situación de luchar y de salir adelante. Pero a muchos adultos los vemos llegar aquí en un estado muy, muy malo», apunta Martín.


El proyecto ha tramitado alrededor de 1.000 asuntos; los que se presentan con más frecuencia son los casos de maltrato y violencia sexual intrafamiliar. «Tenemos que agotar la instrucción, sacar los historiales clínicos, declaraciones de vecinos, recopilar todo lo que podamos obtener del testimonio de la víctima para reforzarlo, porque el efecto que crea el abuso sexual intrafamiliar es realmente traumático. Es probablemente el delito que crea un trauma más complejo en la víctima», señaló el coordinador.


Las cifras reflejan un incremento de este tipo de delitos, pero el magistrado aclara que es porque el Juzgado «está sacando a la luz los que estaban ocultos», algo que se evidenció cuando empezó a funcionar la iniciativa y se hizo patente «un incremento del volumen de asuntos» que se desmarca de otras comunidades autónomas.


«No puede ser que de repente todos los agresores sexuales de España se hayan mudado a la capital grancanaria en los últimos tres años. Nuestra cifra se ha disparado y en otros lugares permanece estática porque el ámbito educativo está detectando precozmente, porque el ámbito sanitario está poniendo la voz de alarma desde que detectan cualquier indicio de violencia, porque el trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad se ha incrementado y porque contamos con una unidad de valoración forense integral que recopila pruebas, trabaja con el ADN de una forma muy distinta y mucho más segura que la anterior», concluye Martín.


Tomás Luis Martín Rodríguez:


Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Magistrado de Carrera desde 1997. Máster sobre «Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia» por la Universidad Autónoma de Madrid.

Experto Universitario, con certificado de excelencia, en Aspectos Clínicos, Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil. Formación Continua en “Estudios Jurídicos Avanzados en Derechos Humanos”.

Especialización en perspectiva de género y perspectiva de género, ámbito penal, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Miembro de GSIA.

Juzgado de Familia de Castro inicia capacitaciones y reuniones de coordinación por los derechos de la infancia en la provincia de Chiloé (Chile)

Una serie de coordinaciones interinstitucionales inició en marzo el Juzgado de Familia de Castro, con el fin de promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco del programa de trabajo correspondiente al primer semestre.

PODER JUDICIAL DE CHILE

05-abril-2024


De esta manera, el 18 de marzo, la jueza encargada de redes, María Carolina Prieto Saldivia; y la consejera técnica Daniela Oyarzún Loayza, dictaron una capacitación de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, organizada por el Servicio de Salud de Chiloé y dirigida a los profesionales del Programa Chile Crece Contigo en la provincia.


“La instancia permitió, no sólo ahondar el cambio de paradigma frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes, sino establecer los deberes y responsabilidades personales e institucionales, en especial de aquellos que guardan relación directa con el abordaje de niños niñas y adolescentes en sus diversas áreas de desarrollo”, indicó la magistrada.


Además, se abordó el rol e incorporación de las oficinas locales de la Niñez (OLN) y el deber de intersectorialidad y mirada integral de las instituciones, para hacer efectivas las garantías de protección.


Así también, el 19 de marzo, la jueza María Carolina Prieto y las consejeras técnicas del Juzgado de Familia de Castro sostuvieron una reunión informativa con el equipo de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez.


En la ocasión, se dio a conocer un diagnóstico de la oferta regional de programas y la implementación de la modalidad Acompañamiento Familiar Territorial (AFT). “En esta valiosa instancia se entregó información sobre la focalización de los nuevos proyectos del programa de Acompañamiento Familiar Territorial, a instalarse próximamente, siendo un importante recurso en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y las familias de la jurisdicción del tribunal y la Provincia de Chiloé”, destacó la magistrada.


Asimismo, el 21 de marzo, se llevó a cabo una reunión informativa y de coordinación con la nueva gestora del Sistema Intersectorial de Salud Integral (SISI) Servicio de Salud Chiloé, Paz Vargas Hernández, tras asumir funciones recientemente, en la cual participaron la jueza María Carolina Prieto, la consejera técnica coordinadora Karin Marín Villarroel y las profesionales de Servicio de Salud Chiloé Sennia Godoy González y Evelyn Alvarado Subiabre.


En la oportunidad, se establecieron diversos compromisos de trabajo conjunto, con el fin de formalizar a mediano plazo, protocolos de colaboración enmarcados en el principio de intersectorialidad de la Ley 21.430, orientados a favorecer la protección integral de los derechos de los NNA.


Mesa local


Finalmente, el 26 de marzo se realizó la primera sesión del año de la Mesa Local de Infancia que dirige la magistrada Prieto, en la cual participa la Delegación Presidencial Provincial, el Servicio Mejor Niñez, con todos sus programas de intervención especializada, y las oficinas locales de la Niñez (OLN). Como invitadas al encuentro, en tanto, asistieron las gestoras referentes de salud para la infancia del Servicio de Salud de Chiloé.


“El objetivo de la reunión fue conocer las características del cargo de los referentes de salud y el programa de las actividades inmediatas del cargo, lo que generó espacios de retroalimentación intersectorial, una oportunidad para unificar lenguajes y criterios con los operadores de infancia, y así también observar la concordancia frente al nuevo paradigma que implica la Ley N°21.430”, informó la jueza de Familia.


En la sesión, se dio a conocer el equipo del Sistema Intersectorial de Salud Integral (SISI), los avances del “Sello Protege” y la implementación del “Circuito de Protección Chiloé” como piloto en la provincia. Además, se anunció la próxima visita de la directora nacional del Servicio Mejor Niñez a Chiloé, ocasión en que participará en un conversatorio con la Mesa Local.

Crímenes en contra de la maternidad. Seminario Historia Infancias y Adolescencias, México, 20 de marzo.

Niñas que fueron procesadas por aborto e infanticidio
durante 30 años del siglo pasado en la ciudad de México.

El Seminario Historia de las Infancias y las Adolescencias (SEHIA), en la UNAM - Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, la cual lleva unos años convocándolo de la mano de Susana Luisa Sosenski Correa y Beatriz Alcubierre Moya.

La Historia de la Infancia es una de esas asignaturas pendientes que tiene la humanidad con todos los niños y adolescentes.

Aquí,  os proponemos una oportunidad de participar en una de las sesiones en la que se estudiarán aquellas las niñas que fueron procesadas por aborto e infanticidio en la ciudad de México durante 30 años del siglo pasado: Daniela Lechuga Herrero, Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, y Martha Santillán Esqueda, Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centrando su investigación en el análisis de la criminalidad femenina en los años cuarenta en la ciudad de México.

.- día 20 de marzo
.- Acceso y asistencia virtuales,
.- Inscripción y participación mediante reserva al seminariohistoriainfancia@gmail.com
.- 12:00 h. de México.


La Ministra Rego quiere que el Juzgado de Infancia de Gran Canaria “sea una realidad en muchas partes de España”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, 
visitó este jueves el pionero órgano judicial de la capital grancanaria.

Tomás Martín, magistrado con especialización en Violencia contra la Infancia; Nieves Lady Barreto, consejera de Justicia del Gobierno de Canarias y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia (d).

El Juzgado de Violencia contra la Infancia recibió este jueves la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego
Se trata de un proyecto pionero en España que comenzó en Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2021 y que se espera tenga también representación en el resto del territorio nacional. “Se trata de seguir trabajando e implantando medidas para que esto sea una realidad en muchas partes de nuestro país”, señaló Rego durante la visita.

A diferencia de lo que se ha conseguido en la capital grancanaria, en el resto de España “hay otro tipo de experiencias. Tenemos la ley, que es una herramienta útil que contempla el desarrollo del marco judicial y las necesidades de niños y niñas”, apuntó la ministra de Juventud e Infancia. No obstante, para que puedan replicarse tribunales de esta índole sería necesario un “importante impulso legal como se hizo en su momento con los juzgados de violencia hacia las mujeres”, afirmó Nieves Lady Barreto, consejera de Justicia del Gobierno de Canarias. Además, quiso recalcar que la creación del Juzgado de Violencia contra la Infancia “nació gracias a la iniciativa por parte de numerosos de jueces que quisieron trabajar de una manera distinta”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, 
visitó el pionero órgano judicial en violencia contra la Infancia.

El órgano judicial lleva tres años operando con un volumen de casos que supera la cifra de 550. Tomás Martín, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y primer magistrado con especialización en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, destacó que existen “dos tipologías delictivas que están por encima de las demás. Una es la violencia sexual intrafamiliar y la otra, el maltrato físico”
Asimismo, expresó que estas dos problemáticas se enlazan con “muchísimos problemas que tenemos en nuestra sociedad como son la exclusión social o la pobreza infantil”.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia sobre niños y adolescente, Tomás Martín, socio Asociación GSIA..

Al ser preguntado por las dificultades a la hora de tratar este tipo de casos, después de tres años de experiencia, respondió que “obstáculos ninguno. El abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el ámbito de la administración de justicia partía desde un escalón más bajo. Por lo tanto, creo que podemos afirmar rotundamente que con una buena formación y especialización de todos los operadores intervinientes, se pueden alcanzar resultados óptimos”, destacó el magistrado.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria encarrila su tercer año de actividad. Tomás Martín, profesional de referencia dentro del organismo, señaló que durante todo este tiempo “la experiencia ha sido positiva. La voluntad de la administración y del Gobierno de Canarias es expandir este método de trabajo, contribuyendo a la creación de estos espacios en todas las Islas”. Además, la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, confesó que “se está trabajado para que el tribunal llegue a islas como Lanzarote o Tenerife”.





Premio Europeo Carlomagno de la Juventud, de 16 a 30 años.

 
¿Resides en la UE, tienes entre 16 y 30 años 
y  trabajas en un proyecto  que apoya la democracia europea? 
Si es así, ¡esto te interesa!  


El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud, organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán, distingue cada año proyectos dirigidos a fomentar la conciencia europea y facilitar modelos de convivencia en Europa que sirvan de referencia a la juventud.


¡Las solicitudes para la edición de 2024 están abiertas!  Tienes hasta el 12 de febrero para inscribirte (hasta las 23:59 CET).

No pierdas la oportunidad de dar a conocer proyectos que promuevan el entendimiento internacional, fomenten la identidad e integración europea y sirvan como modelo a seguir para los jóvenes que viven en Europa.

Your Picture

Cómo funciona

Cada año, los jurados nacionales seleccionan veintisiete proyectos nacionales —uno por cada país de la UE — y un jurado europeo escoge a los tres ganadores finales, que recibirán una invitación para acudir a la ceremonia de entrega de premios en Aquisgrán (Alemania) el 7 de mayo.
 

El primer galardón está dotado con 7.500 euros, el segundo, con 5.000 y el tercero, con 2.500.

Conoce a los ganadores de la edición anterior

 El primer premio fue para "AILEM", de Bélgica, la primera aplicación lingüística adaptada a refugiados y solicitantes de asilo. Esta app se sirve del lenguaje para acabar con los malentendidos interculturales y acortar las diferencias entre los refugiados y su país de acogida. En ella se incluyen tanto frases útiles, como historias y juegos para aprender idiomas o formas de conectar con otros usuarios.  
Sitio web AILEM
Instagram AILEM


Dos proyectos obtuvieron conjuntamente el segundo puesto: "Mobile Climate Museum", de Lituania, y "The European Correspondent", de los Países Bajos.

 El "Museo móvil del clima" fue creado en mayo de 2022 con el objetivo de que la gente adopte un estilo de vida respetuoso con el clima. Consta de cuatro contenedores marítimos móviles que representan cuatro temas: cambio climático; el Pacto Verde de la UE; agricultura sostenible y alimentación sana, y consejos prácticos para reducir el consumo.
Sitio web Museo móvil del clima
Instagram Museo móvil del clima


 “El Corresponsal Europeo” reúne a más de 140 jóvenes periodistas de toda Europa con el propósito de crear periodismo europeo. Todos los días envían por correo electrónico un boletín con las noticias europeas más relevantes, cubriendo en cada ocasión una región diferente.  

Ahora es tu turno

Presenta tu candidatura o propón proyectos innovadores que fortalezcan nuestra comunidad en este año crucial de las elecciones europeas.


 
¿Quieres saber más?

Nuestro Centro de la Juventud está repleto de iniciativas centradas en los jóvenes, desde actos locales hasta recursos educativos y oportunidades de financiación.  

No te olvides de que las elecciones europeas se celebrarán el 9 de junio de 2024 en España. Para que no se te pase la fecha, suscríbete a nuestro recordatorio de voto y pásaselo a los tuyos.    

El equipo de todosjuntos.eu


Todo para los menores, pero sin los menores "El sistema de Justicia no está pensado para la infancia"

Ante la propuesta de la Comisión Europea de presentar una recomendación sobre los sistemas de protección infantil en la Unión Europea, entendiendo que no solo es necesaria una recomendación, sino que me permitiría ir a más y abogaría por una directiva, norma que obligaría a los Estados a adaptar sus legislaciones y armonizarlas, y me permitiría ir a más, por cuanto entiendo que es urgente la misma.

Publicado 

A la pregunta de si de debe de consultar a los niños, y ser oídos y escuchados en cuanto a la legislación y a las iniciativas que le afectan, es necesario contestar con una respuesta afirmativa, el derecho del menor a ser oído y escuchado en todas las cuestiones que le afectan no puede simplificarse en un derecho paternalista, que se convierta en un todo para el pueblo, pero sin el pueblo, como los monarcas absolutos.


Los adultos, no podemos decidir por los menores, y muchísimo menos invocando un interés superior que creamos nosotros, y decidimos nosotros, acordar lo que es mejor para ellos, sin escucharlos ni oírlos.


El desarrollo de la convención de Derechos del Niño, de la Carta Europea de Derechos del Niño, de las observaciones de Naciones Unidas, de las múltiples resoluciones del Tribunal Superior de Justicia sobre la interpretación del artículo 8 del Tratado de Roma de la intromisión en la vida familiar por parte de los distintos sistemas de protección, la necesidad que se admitan las medidas cautelares en este ámbito en cuanto al acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como ocurre en materia de menores no acompañados, la mejor protección de las familias, la necesidad de que el menor se encuentre educado e integrado en su propia familia de origen, que la retirada del menor de su familia de origen se convierta en un excepción y no en algo habitual. La necesidad de la reintegración familiar, son cuestiones de especial relevancia que no pueden dejarse al albur de las distintas legislaciones de los Estados miembros, la colaboración incluso de los estados en los sistemas de protección hace necesario e ineludible, escuchar a los menores y sus necesidades, incluso en los múltiples problemas que crean los traslados transfronterizos.


Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso Rieme contra Suecia de 22 de abril de 1992, caso P.C.S contra el Reino Unido de 16 de julio del 2002, o caso Olson contra el Reino de Suecia de 24 de Marzo de 1988, establecen  un derecho del menor a estar y reintegrarse con su familia de origen, pero es más el interés superior del menor, debe ser definido y determinado como el derecho del menor a que se le respeten todos y cada uno de los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de esta manera entre estos derechos, también se encuentra el derecho a no ser separado de sus padres, salvo excepciones, y derecho del niño impedido física o mentalmente a recibir cuidados especiales etc.


En este tema no podemos tampoco obviar la reforma operada en cuanto al interés superior del menor por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, o la reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral de la infancia y la adolescencia. En el mismo sentido debemos de invocar las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fechas 31 de Mayo del 2011, 13 de Marzo del 2012, 6 de julio del 2010 caso Shruch contra Suiza. Sentencia de fecha 12 de julio del 2001 de la Gran Sala contra Finlandia o la Sentencia de fecha 26 de octubre del 2006 caso Wallova y Walla contra la Republica Checa.


Los actuales sistemas de Justicia no están pensados para la infancia, las carencias judiciales y de medios inciden gravemente en esta situación, no se trata de que se alegue la desprotección de los menores, se trata de que esa desprotección para la retirada del menor del seno de su familia biológica sea real, y no mediante informe de técnicos que no se han avalado judicialmente y a los que se da presunción de veracidad iure et de iure, en lugar de iuris tantum. No se puede dejar al justiciable el tener que probar que todo lo que dice la administración ante una declaración de desamparo es falso, y pese a someterse a todas las exigencias habidas y por haber, no se escuche a las familias en dichos procedimientos y lo que es aún peor, ni siquiera a los menores.


Recientemente, nuestro Tribunal Supremo ha incidido en sentencia de fecha 13 de julio de 2023, en la nulidad de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid en materia de desamparo por no escuchar a las menores mayores de 12 años, pero es que es más, desde la reforma de la Ley 26/2015 este criterio biológico no existe, cambiándose dicho criterio por el de la madurez del menor, es decir con nuestra Ley en la mano, se deben de oír y escuchar a menores por debajo de 12 años, si tienen suficientemente madurez y esta madurez la tienen muchos niños y niñas de hoy día, los cuales en muchas ocasiones con sus palabras nos hacen reflexionar a los adultos.


Las múltiples dilaciones indebidas en estos procesos de desamparo, la utopía que suponen los actuales artículos 779 y 780 de la vigente Ley de Enjuiciamiento, no resolviéndose en tres meses estos procesos, incluso con las acumulaciones, el rodillo que supone las continuas resoluciones administrativas, exigidas por el plazo de dos años para decidir el retorno o no del menor, que es de dos años, por mor del articulo 172 del CC, el hecho de la separación de hermanos, que realiza la propia administración judicial, el complejo sistema de derecho administrativo y derecho civil, que hace que se acuda al proceso con el menor retirado o en otra familia, o en un centro residencial, hace que el actual sistema de protección de menores español sea un sistema desigual y sin garantías para el justiciable.


Pero es más, artículos como el actual 176 bis del Código Civil que permite a la Administración suspender las visitas y el contacto con la familia biológica vulnera los derechos del propio menor, y en este punto debemos de recordar la Sentencia STEDH DE 23 DE Junio De 2020 Caso Omorefe e contra España en donde el Tribunal dice textualmente.


 “El Tribunal no está convencido de las razones invocadas por las autoridades nacionales para justificar la colocación del menor en un hogar de guarda preadoptivo y su posterior adopción, a pesar de la clara oposición de la Sra. Omorefe, que sólo pudo ejercer su derecho de visita durante tres meses al principio del procedimiento, lo que parece sugerir la existencia desde el principio de una intención por parte de la Administración de colocar al menor en un hogar de guarda preadoptivo. El Tribunal también considera que las autoridades administrativas no previeron otras medidas menos radicales previstas por la legislación española, como la acogida temporal o la acogida simple y no preadoptiva, que también es más respetuosa con los padres de acogida en la medida en que no crea falsas esperanzas. En consecuencia, el Tribunal considera que las autoridades españolas no hicieron esfuerzos adecuados y suficientes para garantizar el respeto del derecho de la Sra. Omorefe a mantener el contacto con su hijo, infringiendo así su derecho al respeto de su vida privada y familiar. A la luz del artículo 46 (fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias) del Convenio, el Tribunal invita a las autoridades nacionales a reexaminar, en un breve plazo, la situación de la Sra. Omorefe y de su hijo menor de edad y a considerar la posibilidad de establecer cualquier tipo de contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual del niño y su interés superior”.


Debemos recordar que, en España, los menores desde el año 2015 son víctimas de violencia de género, pero la violencia de género, es otra causa utilizada en muchas ocasiones por Administración para justificar la retirada alegando que la víctima mujer pone en riesgo a sus hijos, que también esta sometido a violencia, cuando en estos casos nunca es la victima la que pone en riesgo a sus hijos sino el victimario.


En un país en donde denunciar presuntos abusos sexuales, puede dar lugar a una retirada, la necesidad de una Directiva que obligue a una armonización de las legislaciones europeas y en donde se escuche al menor, y que exija un  cambio legislativo del vigente artículo 172 del Código Civil con un control judicial previo a cualquier resolución de desamparo, con una jurisdicción especializa desde los propios juzgados de menores, distinta a la de familia, se hace más que necesaria, la modificación de la Ley de Planta Judicial de manera que los Juzgados de Menores que actualmente solo llevan procesos penales de reforma se transformen en Mixtos, de manera que Jueces especializados en menores, lleven estos temas, existiendo dos jueces en cada Juzgado de Menores, con secciones civiles y penales, uno dedicado a reforma y otro a protección, y no olvidemos que los temas de extranjería con menores implicados, se incardinan en uno u otro sistema.


Finalmente, es necesaria una Directiva Europea que obligue a implementar instituciones como el Abogado el Niño, figura que se reconoce tanto en la propia Convención de Derechos del Niño, como en nuestra legislación nacional y autonómica en materia de protección de menores, y que existe con gran éxito en otros países de nuestro entorno como por ejemplo Francia, el implementar en nuestro país el Abogado del Niño es uno de los grandes retos que tenemos planteados tanto desde la Subcomisión del Consejo General de la Abogacía, como desde la Subcomisión del Consejo Andaluz de Abogados, y otro de los retos planteados desde el Grupo de Menores de la Asociacion de Abogados de Familia de Madrid, (AMAFI) organismos y asociación a las que tengo el honoR de pertenecer.


Para terminar, decir que la necesidad de escuchar que es algo más que oír a los niños y niñas es algo fundamental para legislar a favor de ellos, y de hecho existen iniciativas a nivel local y autonómico en este sentido, con las asambleas de infancia con evidentes logros y con loables iniciativas, como las que realiza UNICEF en sus asambleas de las ciudades amigables con la infancia.

 

‘Por una justicia a la altura de la infancia’, Informe Save the Children

Los abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes 
son uno de esos delitos que causan estupor cada vez que salen a la luz. 
Para contribuir a su erradicación, el informe 
‘Por una justicia a la altura de la infancia’, publicado por Save the Children, 
trata de exponer las carencias del sistema judicial 
a la hora de enfrentarse a casos de este tipo.

La cantidad de casos que exceden el “tiempo deseable” antes de tener una sentencia se duplicó entre 2020 y 2022. Además, algunas víctimas se ven obligadas a declarar hasta en tres ocasiones antes del juicio.

/ Pixabay/ ctxt


Aquello de que la justicia en España va despacio queda preocupantemente retratado cuando se trata de juzgar delitos contra la libertad sexual de personas menores de edad. Sobre todo al observar cómo está empeorando la situación en los últimos años. Si bien los procesos judiciales ya fueron largos en el periodo 2019-2020, hasta un 67,3% de ellos llegaron a resolverse antes de los dos años, lapso temporal que el informe define como “tiempo deseable”. Sin embargo, los datos pertenecientes al bienio 2021-2022 reducen mucho esa cifra, ya que solo el 23,5% de los casos fueron resueltos dentro de ese tiempo deseable. Es decir, casi ocho de cada diez abusos sexuales a niños, niñas o adolescentes no fueron resueltos en los dos primeros años tras iniciar los procesos judiciales.

Por si esto fuera poco, entre las páginas de la publicación se alerta sobre la existencia de casos en los que la víctima se ve obligada a declarar hasta en tres ocasiones antes de que se produzca el juicio, ello a pesar de que la normativa internacional sobre protección de los derechos de los niños y niñas recomienda reducir al máximo el número de veces que se entrevista a este tipo de víctimas menores de edad. Así, el sistema fuerza a estas personas a entrar en una dinámica de revictimización o victimización secundaria en la que, una y otra vez, se ven obligadas a revivir un hecho traumático desde su posición de víctima.

En 2021-2022, el 82,9% de las agresiones fueron cometidas por personas del entorno conocido de las víctimas

Resulta interesante también el estudio realizado en el informe sobre el perfil de las víctimas y los agresores, ya que permite hacerse una idea bastante definida acerca del panorama actual de los delitos contra la libertad sexual infantil.

En 2021-2022, el 82,9% de las agresiones fueron cometidas por personas del entorno conocido de las víctimas. Dentro de esta categoría, se percibe un cambio sustancial en cuanto al porcentaje de agresores pertenecientes a la familia de la persona agredida; mientras que en los años 2019-2020 esta fue, con diferencia, la procedencia más común de este tipo de delitos (49,5% frente al 34,5% de personas conocidas, pero no de la familia), en 2021-2022 hubo una reducción significativa de agresores familiares, que representaron el 40,6% de los casos, por debajo del 42,3% conformado por los agresores procedentes de entornos conocidos no familiares.

Con respecto a las víctimas, los datos publicados por el Ministerio del Interior en 2021 demuestran que en este caso también existe una desigualdad que perjudica enormemente a las mujeres. De todas las denuncias presentadas durante ese año por delitos contra la libertad sexual que tuvieron como víctima a niños, niñas o adolescentes, en el 82,7% de las ocasiones se trataba de agresiones cometidas contra el género femenino.

Y la realidad es que no se trata de un delito excepcional, sino todo lo contrario

casi la mitad (48,8%) del total de delitos contra la libertad sexual tienen como víctima a niños, niñas o adolescentes